El gobernador Héctor Astudillo Flores señaló que mientras la UPOEG “use armas de uso exclusivo para el Ejército y esté fuera de los territorios indígenas, está fuera de la ley”. Esto, en respuesta al rechazo de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) al desarme de sus policías ciudadanos.
En conferencia de prensa en el palacio de gobierno, se le preguntó si existe una comunicación con la UPOEG tras el acuerdo de su asamblea de conformar un Consejo Estatal de Autoridades para evitar el desarme de sus policías ciudadanos. Astudillo ratificó que la organización se encuentra fuera de la ley.
En la breve declaración, denunció que la organización usa armamento de uso exclusivo del Ejército y que no se puede amparar en leyes que dan cobertura a los pueblos originarios.
El gobernador descartó asimismo la propuesta de organizaciones y el Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), para reformar la constitución en materia de derechos indígenas y afromexicanos, de acuerdo con una iniciativa que con apoyo de los partidos de oposición llevaron al Congreso local.
Aclaró que una ley “es general aquí y en China”, no puede incluir cuestiones de grupos ni de organizaciones. En este sentido, evidenció que los términos de la propuesta de las organizaciones no son apropiados para el diseño de una iniciativa de ley.
En la entrevista, recordó que hay un proceso legislativo sobre la Ley 701 de Reconocimiento, derechos y cultura indígena, que debe ser homologada con la constitución del estado de Guerrero.
“Lo que tratamos de hacer es que la 701 quede colocada correctamente en términos jurídicos. La Constitución y las leyes son generales, no pueden tener dedicatoria, es muy importante decirlo como abogado y como gobernador. No puede haber una ley para una organización en particular. No pueden contemplar cuestiones de grupos o de organizaciones. Si es una ley que tiene que ver con cuestiones hacendarias en general, con cuestiones indígenas, es general, no para una organización de carácter indígena”. Sin embargo, no mencionó que la Ley 701 ya reconoce el carácter de la CRAC-PC, como parte del estructura institucional del gobierno del estado.
La semana pasada, en la celebración del Día del Abogado en Casa Guerrero, Astudillo adelantó que una vez que los diputados aprueben la reforma del artículo 14 de la Constitución que se refiere a las acciones para garantizar la seguridad pública y la prevención del delito, y las que implementen los pueblos originarios, el ejecutivo enviará una iniciativa de reformar la Ley 701.
De la oposición de comunidades del municipio de San Miguel del Progreso, a las actividades mineras en la región Montaña, dijo que el gobierno del estado apoya todas las iniciativas de empresas canadienses, incluso mexicanas, interesadas en la minería, siempre y cuando sea viable hacerlo, “donde no es viable no es hace”.
Asimismo, se le preguntó su opinión sobre el anuncio del fiscal general del estado, Javier Olea Peláez, de que en tres semanas daría a conocer el nombre del asesino del quien fuera presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, y vencido el plazo no envió la información al Congreso. Astudillo dijo que antes de la conferencia tuvo comunicación con el fiscal “y seguramente en los próximos días enviará informe como lo ofreció”.
Finalmente habló de las jornadas comunitarias de soldados en comunidades con grupos ciudadanos armados por la seguridad, en Tlatempanapa, municipio de Zitlapa, y en San Miguel Totolapan, en Tierra Caliente, han sido vinculados a grupos delictivos.
Astudillo señaló que las jornadas comunitarias de carácter social está a cargo de los militares y se realizan en localidades donde “ha habido problemas, y estamos de acuerdo y estamos apoyando para que se hagan”. Agregó que en los próximos días habrá una reunión para definir donde continuarán las jornadas.

El presidente estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, confirmó que en la investigación del asesinato del alcalde perredista de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, no hay avances y tampoco en el secuestro del ex diputado federal Catalino Duarte Ortuño, que ocurrió hace más de tres meses. Exigió que se investiguen todos los casos para evitar que la impunidad siga generando más violencia.
Consultado por teléfono, el dirigente estatal del PRD confirmó que a un año del asesinato del alcalde de Pungarabato, la Procuraduría General de la República (PGR) que atrajo el caso no ha dado resultados en su investigación.
“Con mucha pena recordamos a un año la muerte de nuestro amigo y alcalde Ambrosio Soto”, dijo el perredista, quien apuntó que la mayor preocupación del PRD es porque en el estado hay “mucha impunidad que es la que genera más violencia, porque pasan hechos muy lamentables como éste y ahí quedan, no se sabe nada, abren una carpeta de investigación y ahí queda”.
Recordó que en la reunión del 27 de abril pasado con miembros del CEE y la secretaria general del CEN Beatriz Mojica Morga, el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, les dijo que estaban investigando los casos de perredistas asesinados.
En el caso de Ambrosio Soto, el procurador les dijo lo que ya era público, que habían exhumado el cuerpo del alcalde asesinado y que “estaban integrando la averiguación” pero desde esa ocasión hasta ayer no tienen información del avance de la investigación. “No tenían ni tienen absolutamente nada, no hay orden de aprehensión, nada”, reclamó el presidente del PRD.
Celestino Cesáreo comentó que le expresaron a los funcionarios la preocupación del PRD de Guerrero y “la exigencia de que se esclarezcan los hechos”, pero los funcionarios de la PGR les contestaron “que están haciendo su trabajo y que por la complejidad de la zona les es difícil”.
Del caso del ex diputado federal perredista Catalino Duarte Ortuño que el 13 de julio pasado cumplió tres meses secuestrado, el dirigente perredista dijo que para el PRD el hecho representa una “profunda pena”, porque también la familia “está sufriendo mucho” por la incertidumbre.
Tras el secuestro de Catalino Duarte, quien también fue alcalde de Zirándaro, durante la primera semana hubo negociaciones y comunicación entre la familia del perredista y los captores que pedían un cuantioso rescate, pero se perdió contacto con éstos.
Incluso la familia pidió a través de la red social Facebook reactivar las negociaciones: “Por medio de este comunicado les pedimos muy atentamente a las personas que tienen a Catalino Duarte Ortuño, que se retome la comunicación con la familia para llegar a un buen arreglo. Ustedes ya saben dónde y con quién comunicarse, muchas gracias”.
Pero la comunicación no se restableció. El dirigente del PRD dijo que “la familia ha sufrido mucho, porque no solamente desapareció Catalino, se trata de la incertidumbre, de si está vivo o está muerto y donde está, es una situación terrible”.
Dijo que según los funcionarios de la PGR, la investigación del caso no inició tras el secuestro del perredista, sino hasta tiempo después cuando los familiares presentaron la denuncia.
Comentó que a partir de la falta de información, acordó con la secretaria general Beatriz Mojica Morga, buscar una nueva reunión con la PGR para que la familia de Catalino Duarte sea atendida.

La investigadora feminista de la Organización Todas MX y Las Constituyentes Feministas de la CDMX, Rosalinda Pimentel Bermúdez, consideró que las estrategias para atender la alerta de género no sirven porque no integran a todos los sectores poblacionales.
Indicó que los crímenes más frecuentes a las mujeres en Acapulco son la violencia sexual, feminicidios y violencia física. En conferencia de prensa para anunciar el foro Construyendo la Agenda Ciudadana de las Mujeres, mañana miércoles, expuso que en el municipio el 95 por ciento de las sexoservidoras son víctimas de trata.
La investigadora destacó que en Acapulco los delitos más destacados son la violencia sexual, feminicidio, acoso sexual, violencia física y comunitaria. El delito que menos se castiga en México es la violación sexual a una mujer, afirmó.
Expuso que las mujeres jóvenes de 15 a 24 años son las más vulnerables, “si bien todas las mujeres vivimos rangos de desigualdad bárbaros, no es lo mismo una mujer adulta con preparación académica que un estudiante o quien no lo es”.
Expuso que al decretarse la alerta de feminicidios por parte de la federación y el gobierno estatal se considera un mayor “acceso a la justicia”.
La alerta podría suponer un avance “siempre y cuando exista la capacitación adecuada de los juzgadores para juzgar con perspectiva de género y que la víctima no se convierta la principal enjuiciada en su propia muerte.
El siguiente paso para hacer complementaria la alerta de género, sostuvo, es el de “poner dientes”, que son reglamentos que permitan hacer una denuncia, que el agresor sea sancionado y que sufra alguna consecuencia.
A los agresores por feminicidio se les dan condenas desde seis meses a 15 años, indicó Pimentel Bermúdez.
Para la activista, Acapulco supera los registros de feminicidios que Ciudad Juárez, Chihuahua, en el año 2000 cuando se presentaron los índices más altos históricos del país, aunque no dio cifras para comparar. “Hoy es un tema más grave que Juárez en su momento y ojo, en Ciudad Juárez han disminuido los feminicidios y desapariciones”, remarcó Pimentel Bermúdez.
Al mes, según ella, podrían superar las 350 mujeres asesinadas (aunque la cifra extraoficial es de 412 crímenes, en total de hombres y mujeres). Precisó que esos datos son de denuncias pero podrían aumentar las cifras porque no siempre se toma en cuenta a las desaparecidas y se especula que siguen vivas, “pero muchas de las mujeres que se secuestran no sólo es con fines de explotación, también es con fines de trata que las convierten en mulas: mujeres en las que vacían su cuerpo y lo rellenan de droga. Hay quienes también llegan a pagar por asesinar a una mujer”.
Destacó que a pesar de una reducción de feminicidios este año en Acapulco con relación al año pasado, no se debe tomar como una mejora porque los meses con más feminicidios son los tres últimos del año.
La activista que participó en la conferencia de prensa en el auditorio de la Universidad Hipócrates para anunciar el foro que se realizará en esa escuela, destacó que la violencia de género no discrimina, “puedes estar en el mayor estrato social y ser desigual, puedes estar en un lugar donde no hay para comer y es desigual “, la desigualdad de las mujeres tienen matices.
Afirmó que el delito creciente en el crimen organizado es la trata de personas porque es más redituable que la comercialización de drogas: “comercializar una persona es más rentable que vender drogas porque una dosis de drogas la vendes una vez, a una mujer que la puedes vender cien veces. Esto ha permitido que la violencia se prolifere de manera alarmante”.
Otro dato que remarcó con relación a la explotación sexual es el de las sexoservidoras en Acapulco, casi en su totalidad de quienes se dedican, son víctimas de trata “porque incluso de quienes lo hacen por su propia voluntad sufren explotación. Pero es el 95 por ciento de las mujeres que entra a este tipo de actividades sin su consentimiento”.
El 4.7 por ciento forman parte de la trata de personas pero son mujeres que fueron violadas, que no tiene estudios ni preparación “y que sufrió una alienación de su persona desde muy pequeña o que no hay un nivel de empoderamiento que le hayan permitido vivir de otra manera.
El 0.3 por ciento son mujeres que tomaron la decisión propia de ejercer un trabajo sexual, afirmó la investigadora.
En el caso de las mujeres en el crimen organizado, dijo que son orilladas por la violencia que sufrieron, orfandad, rezago económico y social.
En la conferencia participaron la directora del Instituto municipal de la Mujer, Perla Espinoza Valdovinos; la rectora de la Universidad Hipócrates, Marisol Manzanarez Nava, y la presidenta del Bloque de Mujeres al Poder, Silvia Galeana Valente.

Las cifras que ha dado el gobierno municipal sobre el monto total del adeudo del municipio son contradictorias. En dos años la administración de Evodio Velázquez Aguirre ha dado tres cifras distintas sobre el adeudo del gobierno municipal el acumulado en las administraciones anteriores.
Al principio de la actual administración, en noviembre de 2015 se informó que la deuda era de 2 mil 219 millones de pesos. Después en septiembre de 2016 se informó que era de 2 mil 591 millones y el pasado viernes el alcalde dijo que recibió una deuda de 3 mil 300 millones de pesos y que su gobierno la ha disminuido ha 2 mil 500 millones de pesos.
El 5 de noviembre de 2015, el entonces secretario de Planeación y Desarrollo Económico, José Natividad Calixto Díaz, informó que la deuda “histórica” que encontró la actual administración es de 2 mil 210.9 millones de pesos.
De acuerdo con el boletín de esa fecha emitido por el gobierno municipal, “el desglose del adeudo histórico que arrastra el Ayuntamiento de Acapulco, el cual asciende a 2 mil 210.9 millones de pesos, monto del que se desprenden dos rubros más significativos, siendo el adeudo de CAPAMA por 693.9 millones y el de juicios laborales en proceso por 468.3 millones de pesos”.
“Otros rubros son por concepto de condenas judiciales por 125 millones, adeudos del DIF por 11.1 millones, déficit general de 207.8 millones y adeudos de diversos conceptos por 704.8 millones de pesos”.
“De este último rubro se detallan los conceptos de Servicios Personales (aguinaldo proporcional a nueve meses, prima vacacional, adeudos a casas prestamistas, impuestos y cuotas) por 228.2 millones; Materiales y Suministros (material de oficina, combustibles, lubricantes y refacciones) por 13.7 millones; Servicios Generales (recolección de basura, medios de comunicación y arrendamiento de inmuebles) por 100.1 millones; Subsidios y Transferencias (aportación a ZOFEMAT) por 1 millón; Obras Públicas por 55 millones; Cheques sin Fondos 2.1 millones y Deuda Pública (préstamos bancarios) por 304.7 millones de pesos”.
Un año después en el contexto de la discusión sobre la solicitud de un préstamo al Banco Interacciones por 158 millones de pesos, el gobierno municipal publicó un desplegado el 2 de septiembre en el que informó que la deuda heredada fue de 2 mil 591.2 millones de pesos.
En esa ocasión, el gobierno municipal detalló que en sueldos y salarios, ISSSPEG, casas prestamistas, materiales y suministros (combustible a patrullas) y servicios públicos municipales (recolección de basura y alumbrado público) el adeudo recibido fue de 544.2 millones de pesos.
En Obra pública, proyectos productivos y acciones sociales (fondos federales), Proveedores y contratistas (vía factoraje financiero) y reintegro del adelanto de participaciones otorgado a la administración anterior y Aportación Zona Federal Marítima, el adeudo era de 389.7 millones de pesos.
En deuda bancaria a largo plazo (contratada por el ex alcalde Manuel Añorve a diez años con término a 2021 y una reestructuración de esta misma deuda por Luis Walton a 20 años), un monto por 456.8 millones de pesos; deuda de la CAPAMA y del DIF por 734.2 millones de pesos.
En el caso de Óptima Energía empresa a la que le fue concesionado el servicio de alumbrado público en la administración del priista Manuel Añorve Baños, el gobierno municipal identifico adeudos por 293.4 millones de pesos.
Otros adeudos detallados por el gobierno municipal fueron los laudos en condena por un monto de 172.9 millones de pesos.
El pasado viernes Velázquez Aguirre declaró que el déficit de Acapulco es ahora de 2 mil 500 millones de pesos, pues antes era de 3 mil 300 millones pero se bajaron 800 millones de pesos en los últimos dos años. El alcalde también dijo que la situación financiera del municipio está a “punto de quiebre”.
En junio, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que la Comisión de Agua Potable del Municipio de Acapulco (CAPAMA) le adeuda 170 millones de pesos por consumo de energía eléctrica que no ha pagado desde junio del año pasado.
Otras deudas que acumula el municipio son con el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG) por mas de cien millones de pesos y con el Banco Interacciones por 158 millones de pesos.

El Foro Permanente de Organizaciones Sociales de Guerrero, en conferencia de prensa demandó que se regularicen las sesiones del Consejo Guerrerense para el Desarrollo Rural Sustentable (CGDRS), porque en lo que va del año sólo han tenido una de cuatro que deben hacerse anualmente.
Calificaron de “sintomático” que algunos programas públicos se estén impulsando sin que previamente se haya puesto a consideración del Consejo, para conocer las metas, mecánica de operación, cobertura de atención y presupuestos, como los programas productivos Más Maíz, Incentivos para Maíz y Frijol (Pimaf), Proagro y Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA).
En su intervención, el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Evencio Romero Sotelo comentó que el CGDRS tiene su origen en la Ley Federal que también regula el Consejo Nacional de Desarrollo Rural, y que se encarga de fijar las políticas públicas para el campo.
“Que se nos informe a las organizaciones que somos consejeras cómo se va a distribuir el recurso en el campo, obviamente hay muchas limitaciones; normalmente a estos consejos no asisten la mayoría de las delegaciones federales que tienen que ver, a excepción de la Sagarpa (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) que es secretario técnico”, reclamó.
Dijo que en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y la Secretaría de Economía (SE), “se pasan por el arco del triunfo” las convocatorias a las sesiones, y que hacen con sus recursos económicos lo que quieren.
Indicó que el objetivo del Consejo es uniformar los recursos del gobierno federal con los recursos del gobierno del estado, porque muchas veces hay duplicidad de beneficiarios entre unas dependencias y otras, que por eso es importante que en el Consejo Guerrerense se fijen este tipo de políticas.
Agregó que la mayoría de las organizaciones que integran el Foro Permanente tienen presencia local y nacional.
“Hay organizaciones nacionales que negocian en México, ustedes interpreten quiénes; y allá en México negocian un chingo de dinero, que supuestamente viene a entregar a los campesinos y campesinas de Guerrero, ustedes interpreten… lo hacen a bases de componendas… hay un programa que se llama Pimaf, para Productores de Maíz y Frijol, imagínense ustedes, el año pasado, esa organización bajó 40 mil paquetes, a 2 mil pesos, estamos hablando de más de 80 millones de pesos”, contó.
Romero Sotelo expuso que se han presentado denuncias, pero que hay funcionarios de la Sagarpa que actúan de común acuerdo con esas organizaciones, “que se dicen revolucionarias”.
Agregó que ya solicitaron una audiencia con el delegado de la Sagarpa, y también enlace del gobierno federal, José Calzada Rovirosa, que se comprometió a recibir al Foro en la próxima visita que haga a Guerrero, cuando le dirán cómo las dependencias distribuyen los recursos económicos a su conveniencia.
Reprochó que los apoyos del Pimaf se están entregando apenas, y ya los productores sembraron, que la semilla mejorada que se les va a entregar como parte de este programa va a servir para dárselas a los animales, pero que en la reunión que sostendrán, “ahí, como decimos en la Costa Grande, nos vamos a descalzonar”.
Finalmente reveló que un ex delegado de la Sagarpa –no quiso decir el nombre– le informó que el año pasado se le entregaron a la Confederación Nacional Campesina (CNC) 40 mil paquetes del Pimaf, a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) 25 mil, y a la Central Campesina Independiente (CCI) 15 mil paquetes. Mientras que al Foro Permanente no le llegaron ni 3 mil paquetes, de un total de 100 mil.
Por su parte, el secretario técnico del Foro, Carlos García Jiménez informó que se reunieron con el delegado de Sagarpa, Eugenio Treviño Garza, y con el titular de la Sagadegro, Juan José Castro Justo, y que uno de los acuerdos a los que llegaron fue que se va a convocar para que funcione el Consejo como debe ser, así como las comisiones que la integran.
La semana pasada acordaron que el Consejo Guerrerense y sus comisiones van a funcionar, para que así se asuman como la instancia rectora de las políticas públicas, de los programas y de las acciones de gobierno.
Convinieron que, a partir de la segunda semana de agosto se instalarán las 10 comisiones, en estas reuniones se informará del avance del ejercicio presupuestal de este año, y de la mecánica de elaboración del presupuesto rural para el siguiente año, y se preparará la agenda de la sesión del CGDRS del 18 de agosto.

El director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), Javier Chona Gutiérrez, no envió al Congreso local el informe de facturación así como los ingresos y gastos de esa empresa, como se comprometió durante su comparecencia ante diputados.
El miércoles pasado, durante la accidentada comparecencia del director de la CAPAMA, que se realizó en la sala José Francisco Ruiz Massieu, ante diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión de Agua, Infraestructura y Recursos Hidráulicos, el funcionario se fijó un plazo de 48 horas para entregar esa información.
Pero el funcionario de la paramunicipal no cumplió con el compromiso de entregar el informe de facturación del pago a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que fue uno de los asuntos más cuestionados durante su comparecencia a partir de que se suspendió el pago mensual establecido en un convenio.
Entre lo que el funcionario se comprometió a enviar al Congreso local está el informe de los ingresos y gastos que CAPAMA luego de que los legisladores hicieran señalamientos sobre actos de corrupción.
Este no es el primer compromiso incumplido de funcionarios a diputados. El 26 de junio el fiscal del estado Javier Olea Peláez, fuera del protocolo de su informe, hizo un anuncio con el que descargó la tensión que se generó con las preguntas y respuestas y dijo que en dos semanas, a más tardar tres diría quiénes son los responsables del asesinato del ex presidente del Congreso local, Armando Chavarría Barrera.
Pero a cuatro semanas del anuncio, no se sabe nada de nuevo del la investigación del asesinato del perredista asesinado el 20 de agosto de 2019.
El 19 pasado, el director de CAPAMA también acudió a comparecer ante diputados y realizó un compromiso que se cumplió el viernes por la tarde, pero hasta la noche de ayer tampoco había llegado la información al poder Legislativo.

El Consejo Nacional del PRD definirá si se renuevan las dirigencias nacional y estatales, así como las municipales, o se prolonga su periodo durante un año más hasta que concluya el proceso electoral del 2018.
Estatutariamente el periodo del actual Consejo y las dirigencias termina el 16 de noviembre y a partir de esa fecha debería entrar en funciones otros.
Sin embargo, el Consejo Nacional ha postergado la emisión de la convocatoria para la elección de los órganos internos de dirección programada inicialmente para realizarse en septiembre.
Consultado al respecto, el presidente estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, comentó que el líder nacional de la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN), Héctor Bautista López, a la que él pertenece, les dijo el domingo que es “es muy poco probable que haya elección interna en esta etapa”.
Pero que eso no impide que los órganos de dirección interna del partido se renueven por un mandato del Consejo Nacional que se espera que sesione estos 28 y 29 de julio, pero comentó que la fecha aún no está confirmada.
Sin embargo si el Consejo Nacional no sesiona esta viernes y sábado, tendrá que hacerlo durante la primer semana de agosto porque se tiene que aprobar la política de alianzas para las elecciones presidenciales y concurrentes de junio del año próximo.
Consultado por separado vía telefónica, el dirigente del Movimiento Alternativo Social (MAS) y aspirante a la dirigencia estatal del PRD, Bernardo Ortega Jiménez, comentó que como integrantes de la nueva corriente Militantes de Izquierda  (Miz), espera que se apruebe la convocatoria para las elecciones internas porque “nos queremos medir, para saber qué tanto pesamos en Guerrero y a nivel nacional”.
Reconoció no obstante que a pesar de ser lo que establecen los estatutos, ya es poco probable que se realicen las elecciones internas.
Ante el nuevo escenario, dijo que la dirigencia nacional pudiera realizar una reestructuración o el Consejo Nacional pudiera emitir un acuerdo en donde se prolonguen por un año más las funciones de los consejeros estatales, nacionales, así como las dirigencias.
Por su parte, el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal del PRD Pánfilo Sánchez Almazán explicó que la actual restructuración de los 25 comités municipales se debe a que algunos dirigentes fallecieron, otros cambiaron de partido o están ocupando otros espacios políticos.
Por eso los cambios en los comités son únicamente para reforzarlos y no se trata de cambios generales de las dirigencias municipales.