San Miguel el Progreso, municipio de Malinaltepec, está asentado en algo más que una inmensa estepa verde. Sus habitantes viven en cerros sagrados, donde nacen ríos que surten de agua no sólo a ese pueblo, sino a los que están río abajo. También hay bosques de los que, quienes habitan aquí, sólo se sirven para proveerse de servicios públicos por el abandono del gobierno, pero no para negociar con la madera.
Pero lo más importante, es sitio sagrado en el que los habitantes de Júuba Wajiín (en lengua me’phaa) realizan sus ritos ceremoniales ancestrales. Allí habita el Dios de la Montaña al que para matar un venado, un conejo, ardilla, o cortar quelites para comer, hay que pedirle permiso, o en su defecto perdón por haberlo hecho, es un rito que se conoce como Mathani idxuun xuku (ofrenda al Dios de la Montaña).
Es en estas tierras, la Secretaría de Economía (SE) del gobierno federal había autorizado una concesión para explotar las minas Reducción Norte Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas, a la minera peruana de capital británico Hochschild Mining. Contra esa concesión, San Miguel el Progreso ganó un amparo en 2016 y en junio de este año acaba de obtener otro contra la libertad de terreno que había emitido la Secretaría de Economía (SE) y le daba libertad para decidir sobre las tierras de los indígenas.
Para los habitantes de la localidad es impensable ceder este territorio, que han venido cuidando y defendiendo sus padres, sus abuelos, sus ancestros de toda la vida. Cómo cree el gobierno y las mineras extranjeras que van a cederlo para la extracción del oro que hay aquí, si en estos cerros hay deidades, hay centros ceremoniales. “Si vienen a destruirlo para llevarse el oro, nos caería una desgracia a todos”, sostiene Valerio Mauro Amado Solano, presidente del comisariado de Bienes Comunales.
Y por si había dudas de que podrían “negociar” como ha ocurrido en otras partes del estado, habían colocado hasta hace poco en la entrada del pueblo un letrero a manera de advertencia que decía: “Se secará el río, se secará el último árbol, se morirá el último pescado, pero cuándo vamos a entender que el dinero no se come”. El letrero ya no está, pero el mensaje está grabado en la memoria de todos los habitantes del pueblo, cuenta el representante comunal.
Tres victorias legales en defensa del territorio
La lucha de este pueblo me’phaa no ha sido en vano. De las 44 concesiones que había otorgado la SE y que abarcaban una extensión de 142 mil 430 hectáreas en las regiones Montaña y Costa Chica, a partir del 2011 se han disminuido a 22 que afectarían una extensión de 32 mil 616 hectáreas, según datos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan).
En julio del 2016, los habitantes de San Miguel el Progreso obtuvieron el amparo 429/2016 de la titular del Juzgado Primero de Distrito de Chilpancingo, Estela Platero Salado, en contra de la concesión que había otorgado la SE a la Hochschild Mining para explotar las minas Reducción Norte Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas, asentadas en territorio de San Miguel el Progreso.
Asimismo, en junio pasado obtuvo otro de la misma jueza en contra de la Declaratoria de Libertad de Terrenos que consideraba su territorio libre para la actividad minera. En la sentencia se otorga el amparo y la protección de la justicia federal al resultar esencialmente fundados los conceptos de violación, y por ende, demostrado el incumplimiento de la obligación constitucional y convencional del Estado Mexicano de respetar los derechos de esta comunidad indígena.
Antes del primer amparo, en mayo del 2013, San Miguel el Progreso, aglutinado en el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio y en Contra de las Minería, logro la cancelación del proyecto de la Reserva de la Biosfera que promovían la Comisión Nacional de Áreas Protegidas del Gobierno federal, el gobierno estatal y la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG) que daría el derecho al gobierno federal para administrar una extensión de 157 mil 896 hectáreas en la Montaña y Costa Chica, en medio de esa extensión se encuentra el núcleo agrario de San Miguel el Progreso, que con ese decreto perdería los derechos a su territorio.
Para los habitantes de este núcleo agrario, tiene mucho significado el segundo amparo que obtuvieron en junio pasado, pero no es definitivo pues están seguros de que el riesgo sigue latente.
Don Luis Gálvez Ortega, comisario municipal, dice que por eso siguen organizados, “para defender nuestro lugar nativo”.
Sostiene: “Pensamos en el bienestar de nuestros hijos, queremos que nadie nos venga a defraudar o a destruir en el lugar donde hemos nacido. Desde nuestros abuelos y nuestros padres nos inculcaron que siempre hay que defender el lugar nativo de uno, que nadie nos venga a pisotear”, dice el indígena me’phaa.
Cuenta que desde sus ancestros, “aunque sea pobremente”, supieron defender el lugar donde nacieron. “Siempre fueron celosos de sus lugar nativo y eso es lo que hemos aprendido nosotros también, saber defender nuestro lugar y no permitimos que el gobierno mande alguna empresa que venga a decirnos: saben qué, sálganse de aquí porque el gobierno ya negoció, ya pagamos por ustedes. Nunca esperamos ni vamos a aceptar eso”.
Comenta que como sus antepasados, los actuales habitantes también van a defender su territorio “hasta el último instante de nuestra vida”, y que es la misma herencia que quieren dejar a sus hijos y a sus nietos, “y así debe seguir de generación en generación, en cuanto Dios nos permita el tiempo. Toda nuestra vida pensamos defender nuestro territorio, porque aquí nacimos, aquí crecimos, aquí trabajamos”.
Los habitantes de San Miguel el Progreso, son pequeños productores de café, de maíz y de frijol “y de todo cuanto Dios nos permite dar de nuestro suelo que pisamos”, explica el comisario municipal, quien agrega que siempre viven esperanzados en que la cosecha sea buena, porque son cosechas que tienen una vez al año para vivir.
Se queja de que por aquí no cuentan con el apoyo del gobierno y que lo único que reciben es el del Pro Agro pero que éste se los dan cada año, y cuestiona: “¿Acaso el gobierno gana su dinero una vez al año?, no, él está ganando quincenal y nosotros como campesinos tenemos una cosecha al año y si se nos vienen las plagas, como la roya del café, entonces no viene el gobierno a preguntarnos qué necesitamos para sostenernos, y aunque le pidamos por escrito que nos apoye con programas, nomás no”.
Frente a ese desamparo de las autoridades, el comisario comenta que por lo menos ahora tienen un medio ambiente sano, “tenemos yerbas, quelites qué recoger para comer, pero queremos que estén sanos”, lo que no ocurría si les vienen abrir las minas, insiste en el tema y agrega que tampoco quieren tener contaminada el agua que baja del cerro en donde están los manantiales.
“Esa agua es la que poco a poco va formando ríos, esos ríos que bajan y pasan más allá abajo en Totomixtlahuaca y llegan hasta Marquelia y de Marquelia se van al mar, y si de aquí va a ir esa agua contaminada, entonces todos los habitantes que están más abajo van a salir amolados, y también se van a ver afectados los animales de los grandes ganaderos que hay rumbo a la Costa Chica, a todos les va a afectar esa agua contaminada”, advierte el comisario Gálvez Ortega.
Añade que por esa razón, lo que defienden aquí en la alta Montaña favorece a otras comunidades rumbo a la Costa Chica, y que por eso no quieren que alguien venga a contaminarles su medio ambiente.
Reclama que si ellos como comunidad no molestan al gobierno federal, estatal o municipal, quieren que por lo menos tampoco los vengan a molestar a su territorio.
Denuncia que llevan años sin obras por parte de los tres niveles de gobierno, “vemos que otras comunidades están bien arregladas sus calles y tienen agua entubada, mientras que nosotros nos hemos quedado sin apoyo del gobierno”.
Dice que hasta ahora con la actual administración municipal les están construyendo una comisaría que a la vez servirá para sus oficinas agrarias, para el Registro Civil y como comandancia de Seguridad Pública Municipal.
Su acceso principal está destrozado y lo abrieron en 1985 con la venta de madera, y para que llegara la energía eléctrica tuvieron que pagar con refrescos y cervezas a los habitantes de Paraje Montero, la comunidad vecina, para que autorizara que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ampliara a su comunidad la red.n Para construir su iglesia también vendieron madera de sus bosques, pero actualmente suspendieron el corte de árboles “porque se están quedando pobres nuestros cerriles, y si viene un deslave acaba con todo lo que encuentra el río”, se preocupa el comisario municipal.
“Nuestra lucha ha sido brazo a brazo. Así es como se va logrando este pueblo, a través de sacrificio.
Vieron el peligro en sus tierras en 2011 cuando volaron helicópteros muy bajito cerca de sus casas
El núcleo agrario de San Miguel el Progreso tiene 4 mil 449 hectáreas y no sólo es uno de los más cuidados de la zona, sino que también es el más asediado por las empresas mineras. El presidente de los Bienes Comunales, Valerio Mauro Amado Solano, comenta que los comuneros no saben en qué punto exacto quieren explotar y quiénes son, pero que, por lo pronto, los han frenado con el fallo que emitió la jueza Estela Platero Salado.
Fue de mucha importancia para la comunidad, “con eso no nos puede mover tan fácil la minería”, celebra.
Igual que el comisario municipal, advierte que si se llegara a instalar la minera en la zona lo primero que contaminará es el agua que consumen porque la tubería baja de los manantiales que se encuentran en el Tepilzahuatl, “nos quedaríamos sin agua, sin territorio, todo lo vamos a perder”.
Dice que por eso el pueblo está organizado desde antes de que metieran el primer amparo. Se percataron del peligro de que trabajaría la minería en sus tierras en el 2011 cuando vieron volar los helicópteros muy bajito cerca de sus casas.
El comisario municipal, Luis Gálvez Ortega, recuerda que un día enterito anduvo el helicóptero sobrevolando la zona, “daba vueltas desde Tenamazapa, Tlacoapa, Tomixtlahuaca, Colombia de Gadalupe, Iliatenco, (los pueblos vecinos), bajaba, se metía por todas las barrancas, se salía y después volvía”.
Agrega: “fue entonces cuando nos saltó la duda y nos preguntamos qué andaba haciendo ese helicóptero”. Después se enteraron de que en el helicóptero supervisaban qué tanto oro había en el cerro y abajo del suelo, explica el comisario sentado al lado del presidente del Comisariado de Bienes Comunales en una improvisada comisaría municipal, mientras se construye la nueva que será multifuncional.
El presidente del comisariado cuenta que la autoridad que estaba entonces en función en su comunidad convocó a una reunión en la que se recogieron firmas en un acta, rechazando por completo la minería en su pueblo.
Dice que después preguntaron en la Secretaría de Economía, “y sí, efectivamente, contestaron que se estaba concesionado nuestro territorio, y entonces fue cuando se metió el amparo en el 2013”.
Ese amparo se resolvió en el 2016 a favor de San Miguel el Progreso y después la SE emitió una declaratoria de libertad de terreno, “pero cómo iba a ser libre si estamos habitándolo”, exclama.
Comenta que la mina que se pretende abrir es a cielo abierto y que abarcaría varios pueblos de la zona, a los que nunca les consultaron su opinión a pesar de que es un derecho internacional que tienen los pueblos indígenas establecido en el Convenio 169 de la OIT, “que dice que debemos ser consultados, cosa que no hizo el gobierno”.
Reprocha: “todo lo hizo bajo del agua, no nos tomó en cuenta. No hubo ninguna consulta y ahora aunque vengan a realizar la consulta ya el pueblo decidió. No queremos que nos molesten, que nos desplacen de aquí a otro lado, porque gracias a Dios tenemos lo suficiente para vivir. No somos ricos, ni somos pobres, pero que no nos moleste el gobierno”, insiste el comisario.
Con el segundo amparo que obtuvieron a su favor, el pueblo de San Miguel el Progreso logró el tercer triunfo. Antes, en el 2013, habían echado el proyecto de la Reserva de la Biosfera con la que el territorio quedaba bajo la administración del gobierno federal.
“Solamente muertos y sobre nuestros cadáveres van a poder entrar las mineras a nuestro territorio”, acordaron 20 núcleos agrarios de seis municipios
Sin embargo, los habitantes de San Miguel el Progreso aún no consideran que hayan triunfado totalmente, “todavía hay peligro, los resultados son sólo para el territorio de San Miguel, pero hay otras comunidades y otros territorios en donde se han entregado concesiones, hay 22 concesiones vigentes, recuerda, el presidente del comisariado de Bienes Comunales Amado Solano.
Al respecto el comisario Luis Gálvez habla del riesgo: “si nosotros no lo permitimos, hay otras comunidades que son débiles”, dice mientras con el dedo índice y el pulgar forma un círculo simulando una moneda, para insinuar que se pueden vender, “quién va a decir que no, si ofrecen miles y millones de pesos para que se hagan a un lado y los dejen entrar a trabajar”, acusa.
Además menciona que algunos de los núcleos agrarios están mal organizados y que son varias empresas que están al acecho, “por aquí rechazan a unos y por el otro hay otros muy listos echando ojo por donde está débil el lugar”.
El presidente de Bienes Comunales Amado Solano insiste en que por eso en San Miguel el Progreso los pararon en seco. Recuera que en el 2013 cuando él era comisario municipal un juez de distrito de Acapulco le preguntó que si les daban un beneficio a cambio sí permitirían la entrada de las mieras. “Le respondimos que no”.
Pero asegura que otros núcleos agrarios han sucumbido a los ofrecimientos y cita el caso de Paraje Montero, también del municipio de Malinaltepec y su anexo Xuchiatenco que ya aceptaron vender sus áreas, “no sé cuántas hectáreas ya exploró la mina”, pero aclara que por los amparos que han ganado ellos el proyecto está suspendido.
Tomando el ejemplo de Paraje Montero y su anexo, vieron la necesidad de que el ejemplo de organización de su pueblo trascendiera a los demás núcleos agrarios y comenzaron a realizar reuniones con otros núcleos agrarios de la zona e integraron un consejo regional.
El presidente del Comisariado de Bienes Comunales comenta que ahora el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio y en contra de la Minería que comenzó a conformarse en 2012 para rechazar la reserva de la biosfera ya está integrado por 20 núcleos agrarios y sus anexos de los municipios de Malinaltepec, Iliatenco, Tlacoapa, Cochoapa el Grande, Metlatónoc y Acatepec.
Desde entonces el Comité del Consejo ha estado sesionando cada dos meses, la más reciente sesión fue en Tlacoachistlahuaca, y la próxima será el 7 y 8 de octubre en Malinaltepec.
“En las reuniones el acuerdo ha sido que solamente muertos y sobre nuestros cadáveres van a poder entrar las mineras a nuestro territorio”, sostiene don Valerio Mauro.
Asegura que en esas reuniones muchos de los pueblos se están dando cuenta del riesgo que corren con la autorización de las concesiones a mineras.
Pero añade que es necesario que se incluyan más pueblos porque aún no alcanzan a convencer a todos los núcleos agrarios que comprende el territorio que pretenden las mineras.
Dice que, por ejemplo, no todos los núcleos agrarios del municipio de Tlacoapa han participado, entre éstos Totomixtlahuaca y Tenamazapa que también están en riesgo porque el proyecto pasa por ese territorio en donde quieren explotar el oro.
En San Miguel el Progreso son 3 mil 800 habitantes, y con derechos agrarios 837 comuneros.
Los habitantes se rigen con reglas estrictas para el aprovechamiento de la madera, si van a cortar madera aunque sea en terreno propio necesariamente tienen que dar aviso al Comité de Bienes comunales, “y no tumbar más de lo que se va a ocupar, tampoco se puede negociar con la madera”, sostiene el presidente del Comisariado de Bienes Comunales y con ello nadie, mucho menos extranjeros, van a venir a saquear sus recursos naturales.
