Forma la UPOEG un Consejo de Autoridades; busca evitar su desarme y debilitamiento, dice
Declara Bruno Plácido que no entregará a ningún miembro de la organización por el caso de San Pedro Cacahuatepec porque no le gustaría que a él también lo entregaran. La estructura de dirección llevará “sangre nueva” y regulará malas acciones de integrantes como policías que están coludidos con la delincuencia, señala
Jacob Morales Antonio
Marquelia
La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) acordó ayer la conformación de su Consejo Estatal de Autoridades con el fin de evitar el desarme y el intento de debilitar a la organización rumbo a las elecciones de 2018, señaló el dirigente estatal Bruno Plácido Valerio.
Unas 300 autoridades y policías comunitarios armados con escopetas asistieron a la reunión en la playa Las Tortugas, de Marquelia, donde se acordó la conformación del Consejo, que será la máxima autoridad de la UPOEG y regirá a todas las autoridades comunitarias e integrantes del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC).
En su intervención el dirigente Plácido Valerio afirmó que mientras el gobierno no garantice la seguridad a la población no se puede hablar de desarme “estás muy tonto o no sabes lo que dices”, dijo a quienes se han manifestado a favor de desarmar a las autodefensas y a los grupos civiles armados.
Dijo que la “tendencia es debilitarnos porque vienen las elecciones”, por eso la importancia de cambiar la estructura de la organización antes de septiembre. Afirmó que habrá comandantes e integrantes que por dinero traicionarán a la organización, pero además porque “ya hay una tendencia de desarmar”.
El dirigente sostuvo que luego de que la UPOEG tocó “intereses muy fuertes” al defender a la población “más te van a chingar” y se refirió a la campaña donde lo incriminan como parte de los grupos de la delincuencia que operan en Guerrero, “ya están chingando mucho de que Bruno y la narco-UPOEG, es sano que venga el Consejo”, recordando que nadie puede ser vitalicio en el poder.
Plácido Valerio dijo que luego de los hechos de San Pedro Cacahuatepec, el 9 de junio donde fueron asesinadas siete personas, entre éstas un bebé, un niño, tres mujeres, un adolescente, y un adulto mayor, el desarme de los grupos civiles armados es agenda del gobierno y de los políticos, incluso de los empresarios como el dueño de Jobamex, Joaquín Badillo, quien llamó al desarmar a la UPOEG, CRAC y FUSDEG, y quien antepone el interés de su empresa de seguridad privada.
Afirmó que no entregará a ningún miembro de la organización por el caso de San Pedro Cacahuatepec, Acapulco, porque no le gustaría que a él también lo entregaran, “está suspendido el acuerdo, porque no soy chaquetero para entregar a ningún compañero, porque a mí no me gustaría que me entregaran. Porque un mal mensaje que yo mande de traición, golpea a todos ustedes”.
Puso de ejemplo a “los grandes capos (que) se empezaron a traicionar uno a los otros y ahora como se han hecho pedazos, todos son jefes y todos están muriendo”. El dirigente reclamó que a la Fiscalía General del Estado le falta un peritaje imparcial del caso, y que de un día para otro se tuvo, “el peritaje era ir a reconstruir los hechos”. El dirigente reconoció que integrantes de la UPOEG mataron a las siete personas.
Plácido Valerio dijo que acordó no hacer declaraciones a medios para no confrontarse con el gobierno, y no generar más conflicto. Del único detenido por los hechos, indicó que esperará que la Fiscalía haga su papel para saber si es cierto o no que el joven participó en San Pedro Cacahuatepec.
Se acabó el proyecto de “el jefe”
Durante su intervención el dirigente dijo varias veces que el Consejo de Autoridades será para “meter sangre nueva” a la organización porque se acabó el proyecto de “el jefe”, y que los que ya cumplieron un papel se tienen que hacer a un lado para que lleguen otros.
Abundó que después de que se den las primeras elecciones por usos y costumbres en Ayutla, todo cambiará en la UPOEG, incluso el sistema de seguridad de su policía, “si vamos a cambiar es para el bien de nuestros hijos, y la organización, porque se van a ver mal mañana que ni machetes traigan y se van a ver humillados”.
Plácido Valerio dijo que el Consejo de Autoridades también servirá para regular aquellas malas acciones de los integrantes de la UPOEG, como los policías de la organización que andan coludidos con acciones criminales y que permiten secuestros o extorsiones dentro de sus municipios, incluso que algunos participan en ellos, “en algunas zonas hay compañeros metidos”.
En declaraciones el dirigente dijo que el Consejo no será para protegerlo, sino para transferir los derechos que tienen las comunidades, “es una nueva etapa de ir recuperando que la población siga participando” y no quiso compararla con el modelo de asambleas que tiene la CRAC.
Al dirigente se le recordó que en las dos últimos aniversarios se había acordado dejar las armas para buscar el desarrollo de las comunidades y respondió que, “si la necesidad de la gente es prioritaria en eso, hay que permitir que eso siga”.
Luego de que el comandante regional de la UPOEG, Ernesto Gallardo Grande, señaló en su participación que había un “rompimiento” con el gobierno del estado, Plácido Valerio matizó que no lo había y que sólo es una forma distinta de pensar, y que sigue ponderando el diálogo.
Según los organizadores, a la asamblea asistieron autoridades de 14 municipios, y representantes de comunidades de la sierra, pero por no haber conformado antes sus Consejos Municipales de Autoridades, la asamblea de nombramiento de los integrantes del Consejo Estatal se pospuso para el 27 de agosto, donde serán postulados por cada municipio un comisario municipal, un comisariado, y dos civiles que hayan participado en la organización.
Además se informó que una vez que los integrantes de la Asamblea Estatal tomen protesta serán ellos quienes den solución a 16 conflictos internos que existen en la organización entre éstos el caso del Valle del Ocotito y Tierra Colorada, indicó el promotor Crisóforo García Rodríguez
A la reunión asistieron autoridades de la comunidad de Yoloxóchitl de San Luis Acatlán, que luego de dejar el sistema de la CRAC pretenden incorporarse a la UPOEG.
A la reunión asistieron los abogados Manuel Vázquez, y Norberto González, los promotores, Eneida Lozano Reyes, Carmen Leticia Aburto, Gregoria de Jesús, además del hermano de Bruno, Cirino Plácido que en declaraciones dijo que asiste y participa en las reuniones como miembro del Consejo Popular Indígena Emiliano Zapata.
Viven con miedo a otro ataque del grupo Paz y Justicia unos 40 vecinos de Quetzalcoatlán
A esta comunidad nahua del municipio de Zitlala han regresado algunas familias que habían sido desplazadas tras el asesinato de seis vecinos el 6 de enero de 2016, y este 13 de julio otra agresión dejó un muerto y un herido
Lourdes Chávez
Quetzalcoatlán de las Palmas
El temor es la marca en la población nahua de Quetzalcoatlán de las Palmas, donde quedan unas 40 personas, que habían sido desplazadas por la violencia y volvieron a sus casas pese a los riesgos de otro ataque de un grupo armado de Tlatempanapa, autodenominado Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia.
El 6 de enero de 2016 y el 13 de julio de este año hubo ataques dirigidos a sus habitantes, primero en sus viviendas de paredes de palo y techo de palma, con un saldo de seis muertos, después en Zitlala, a un grupo de vecinos que esperaba transporte para volver a la comunidad “pensando que la situación ya se había tranquilizando”, reconoció un sobreviviente.
En la segunda agresión fue asesinado Benigno Marabel Tlatempa, y fue herido con una bala en la cabeza Salomón Lara Tlatempa, que sigue en recuperación fuera de la localidad. Román “N” indicó que antes de dispararles, los agresores se acercaron para preguntar sus nombres y de dónde venían. También dispararon dos veces contra él por la espalda en el momento en que huyó, ninguna bala le dio.
El censo de INEGI de 2010 indica que la localidad tenía tenía 38 casas habitadas y una población de 211 personas, de las cuales 53 por ciento eran analfabetas y 62 por ciento no terminaron la primaria. También es sede del ejido de Quetzalcoatlán, el patrimonio más valioso de los residentes, colindante con los bienes comunales de los municipios de Zitlala y Copalillo, entre la zona Norte y Montaña del estado.
El comisario informó que el censo actual es de 70 personas, incluidos niños, sin embargo, uno de los dos grupos de la Policía Estatal que se encuentran en el sitio como medida cautelar solicitada por las Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, calculó que ya no llegan a 40 personas.
El viernes a una reunión con integrantes del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón en la iglesia de San José, llegaron 20 adultos, hombres y mujeres, que resolvieron quedarse a vivir en su pueblo y solicitar la ampliación de las medidas cautelares para la población, no obstante que los hombres no tienen libertad de salir a vender palma, una de las actividades en que se ocupan para obtener recursos.
Asimismo, se informó que los cinco niños egresados de la escuela primaria este ciclo escolar no seguirán sus estudios, porque no pueden viajar a Tlapehualapa, donde les niegan los servicios, posiblemente para no tener problemas con el grupo armado de Tlaltempanapa, tampoco los pueden enviar a la cabecera municipal, que los obliga a cruzar los dos poblados de Zitlala.
Incluso, se mencionó que en el poblado de Tlalcozotilán, de lado de Copalillo, los vecinos de Quetzalcoatlán tampoco son bien recibidos por reservas de los pobladores a verse inmiscuidos en un conflicto con el grupo Paz y Justicia de Tlatempanapa.
En Tlatempanapa como Tlalcozotitlán –que dejan en un punto medio a Quetzalcoatlán–, hay destacamentos militares vigilando permanentemente.
Desde su aparición en mayo de 2015, en una incursión en Chilapa, donde el grupo Paz y Justicia desarmó a la Policía Municipal, se relacionó a éste con la banda de narcotraficantes Los Ardillos, que tienen sede en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango en la región Centro.
Existe una pugna de Los Ardillos con la banda de Los Rojos, los últimos que tuvieron presencia unitaria en Chilapa y Zitlala, hasta la pelea por el territorio.
Para el Centro Morelos, particularmente los hombres de Quetzalcoatlán están en riesgo de nuevos ataques, porque al tener familiares asesinados, en Tlatempanapa pueden pensar que los parientes cercanos o los hijos, al alcanzar la mayoría de edad, podrían tomar venganza.
El director del Centro, Manuel Olivares Hernández, recordó que tras el ataque del 6 de enero había 34 familias de Quetzalcoatlán, 12 buscaron refugio en Zitala, durante un año antes de volver a su localidad. Otros se fueron a los campos de Sonora a trabajar como jornaleros agrícolas.
En el pueblo, un adulto mayor informó que regresó con otros vecinos hace un mes de Sonora, tras ocho meses de la temporada de cosecha de chile, pepino y tomate. Confirmó que otras familias se quedaron y no hay certeza de que regresen porque en aquella región tienen trabajo seguro todo el año.
El único de los hombres que durante la reunión no dejó de tejer la cinta de palma (actividad ordinaria de las mujeres de comunidades marginadas de la región), aclaró que él regresó a Guerrero porque aquí puede disfrutar de un clima fresco de su tierra, y en los campos agrícolas el calor del norte es insoportable.
En tanto las mujeres, colocadas en el lado contrario de los varones, estuvieron atentas a la reunión al interior de la fresca iglesia de adobe tejiendo cintas de palma. Con el apoyo de una traductora, contaron que ellas sí pueden salir cada dos meses a cobrar el apoyo del programa federal de Prospera a Tlapehualapa, que los policías estatales las han trasladado hasta el pueblo vecino para hacer el cobro.
Pero el subsidio del programa federal y la venta de la cinta de palma por 8.5 pesos por cada 20 metros de largo, son hoy los únicos ingresos del poblado, insuficientes para las necesidades básicas.
Se observó que este año volvieron a sembrar maíz en las parcelas más cercanas al poblado, y las viviendas se congregaron en el centro de la localidad. La mayoría de las casas de las orillas siguen vacías desde la primera agresión.
Lo únicos vehículos que entran al poblado, ubicado en una rama secundaria de la carretera que va de Copalillo a Zitlala, Huamuxtitlán y Puebla, son el comprador de las cintas de palma y el vendedor de pollos, además del maestro de la primaria que llegaba uno o dos días a la semana a dar clases.
Todos los demás son vistos con desconfianza desde atrás de los tecorrales hasta que son plenamente identificados por los pobladores y los policías estatales que están de guardia.
Por separado, Olivares Hernández informó que en varias ocasiones han hablado con los vecinos que volvieron en calidad de desplazados a su localidad, para que valoren la posibilidad de salirse, porque nadie puede garantizar el tiempo que puede continuar la situación de (guerra) de los grupos (armados)”.
Opinó que la gente “no ve clara la propuesta de compensación del gobierno para reubicarlos en otro lado, tampoco está dispuesta a salirse de su tierra, a la que tienen arraigo”, recordó que desde la cosmovisión indígena la tierra tiene un valor intrínseco incalculale.
Adelantó que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero ya solicitó al gobierno la ampliación de medidas cautelares que incluyen el derecho a la alimentación, a la salud y a la educación de los pobladores.
Los datos de INEGI indican que de 38 viviendas, 47 por ciento no cuentan con sanitarios, ninguna con agua potable, 81 por ciento no dispone de refrigerador, pero de 2005 a 2015, la mayoría de las casas de bajareque pasaron de 96 por ciento con piso de tierra, al 15 por ciento.
A la fecha, siguen esperando que se repare un tanque de agua que se construyó en 2013, que ese mismo año quedo averiado por las afectaciones de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, y que nunca ha sido utilizado, no obstante que opera por gravedad.
Indicaron que antes de los ataques, ingenieros del Ayuntamiento hicieron revisiones del taque que se encuentra a la intemperie, colocaron una malla que no sirve para mantener alejados a animales que caen en él, y que los tubos instalados en un manantial fuera del ejido, no han podido ser conectados por el riesgo de otra agresión.
Aclararon que no tienen comunicación con el alcalde de Zitlala, que en una sola ocasión después del atentado, el sacerdote acudió a la localidad en abril, y una joven que terminó la secundaria tiene a su cargo una dotación de medicinas, como sueros antialacrán, para aplicarlos en caso de emergencia.
El jardín de niños, con siete alumnos, no está operando por falta de maestro, y la primaria con nueve estudiantes, tampoco tiene servicio regular.
En general, los pobladores dijeron que no entienden porqué la saña del grupo de Tlatempanapa contra los de Quetzalcoatlán, incluso, imaginaron que pasado el tiempo podrían recuperar sus vidas y fueron a Zitlala a realizar trámites de programas de apoyo social, rodeando las poblaciones para evitar una confrontación.
En la salida de Zitlala, fue asesinado Benigno Marabel Tlatempa, quién fue enterrado en las tierras del ejido porque las autoridades de Tlapehualapa se negaron a permitir la inhumación en su cementerio, a pesar de que ahí tenían este servicio los pobladores de Quetzalcoatlán. Los familiares se negaron a sepultarlo en Zitlapa, por la imposibilidad de llevarle flores en medio de esta conflicto. Esperan que el Ayuntamiento apoye la creación de un cementerio en sus tierras.
Extraoficialmente, se sabe que el origen del conflicto es que Quetzalcoatlán se negó a formar un grupo de policías comunitarios por la Paz y la Justicia, y la interpretación del suceso fue que los pobladores eran parte del grupo contrario. Hoy, la comunidad indígena está aún más vulnerable.
