Hoy se prevén tormentas muy fuertes en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y estado de México debido a la onda tropical número 13 junto a un canal de baja presión en el interior del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
A las 7 de la noche la dependencia señaló en un boletín de prensa que la tormenta tropical  Eugene  a las 4 de la mañana se ubicó en el océano Pacífico a 840 kilómetros  al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur, que tiene vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas de 100 kilómetros por hora, sin afectar al país.
El secretario de Protección Civil (PC) estatal, Marco César Mayares Salvador informó que al inicio de la temporada de lluvias  en el estado han sido afectadas 150 casas por inundación y desprendimiento de techo y agregó que continuarán las lluvias fuertes por la entrada de humedad y una onda tropical.
Consultado al concluir el programa de la estructura de los mil 220 comedores comunitarios que se hizo en las instalaciones del Sexto Batallón de Ingenieros de Combate, Mayares Salvador comentó que los municipios más afectados por las lluvias son Acapulco, Chilpancingo, Coahuayutla, Iguala y Tlapa.
El funcionario estatal señaló que el 15 de mayo inició  la temporada de lluvias que concluirá hasta el 30 de septiembre, que por el momento no hay lesionados ni muertos por estos fenómenos naturales.
Mayares Salvador  indicó que por la entrada de humedad y una onda tropical en las costas de Guerrero continuarán las lluvias fuertes hasta el viernes en la entidad.
Comentó que el huracán Eugene se encuentra en el océano Pacífico y las costas de Baja California  y que no representa riesgo para el estado pero estarán pendientes de su evolución y de tormentas locales para dar aviso a la población y cuidar su integridad física.
Por otro lado, en un boletín de la Secretaría de PC estatal informó que las lluvias que se registraron la noche del lunes y madrugada de ayer ocasionaron el colapso de la barda de una casa de adobe en la localidad Llano del Carmen en Xochistlahuaca, no se reportaron lesionados en este hecho. En Chilpancingo se registró la caída de cableado telefónico en la avenida Guerrero y fue retirado por trabajadores de esta dependencia.
Además policías estatales auxiliaron a un conductor de una Urvan de transporte público de la ruta Tepeyac-Centro-Renacimiento que quedó atascada en el río Jale, en colonia Lázaro Cárdenas en Tlapa.
Y en la carretera Paraíso-Puerto del Gallo en el municipio de Atoyac de Álvarez ocurrió un derrumbe, autoridades municipales con apoyo de los pobladores retiraron los escombros.

 

 

El director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Arturo Palma Carro propuso la creación de más organismos operadores municipales de agua potable, de los que sólo hay cinco en el estado, y fortalecerlos con estrategias probadas con éxito en otras ciudades del país.
Tras una reunión con diputados integrantes de la comisión del Agua y Recursos Hidráulicos del Congreso local, donde informó sobre la dotación y cobertura de agua potable, drenaje y saneamiento, y proyectos en marcha, también habló de la crisis de los organismos operadores de agua potable y alcantarillado en Guerrero.
Señaló que los organismo están inmersos en un círculo vicioso porque no tienen suficiente dinero para cubrir el servicio de energía eléctrica o la nómina, porque no hay suficientes ingresos del pago del servicio de agua y alcantarillado, cuando la distribución es irregular ante la reducción de costos de operación para solventar sus gastos.
En consulta, señaló que sí es posible mejorar los servicios, como lo hizo Tecate, Baja California, que ahora tiene los más altos índices de cobertura del servicio y de pago de los usuarios.
Indicó que la iniciativa privada se encarga de la administración del organismo operador, pero para Guerrero recomendaría otro modelo, similar al de Nuevo León, donde el ayuntamiento sigue operando al organismo acompañado de un consejo ciudadano trasparente, con voz y voto en las decisiones de inversión.
Dijo que la visión de empresarios en calidad de ciudadanos en la toma de decisiones fortaleció a la institución, y añadió que Guerrero, a través de reformas puede fortalecer a los organismos operadores de agua potable y alcantarillado.
Recordó que Acapulco, alguna vez estuvo en los primeros sitios de cobertura nacional, y ciudades que estuvieron muy mal han podido remontar en la eficiencia en el servicio.
En la reunión con la comisión legislativa, informó que, según datos de 2015 del Insituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), actualmente Guerrero tiene una cobertura de 80.7 por ciento de suministro de agua potable, y 77.1 de drenaje.
Habló de los proyectos estratégicos como la nueva fuente de agua potable para Chilpancingo, la construcción de la presa La Laja y la Línea de conducción y la potabilizadora de Zihuatanejo, la construcción de cuatro pozos radiales en Acapulco, de la presa Aguasmilpas, la línea de conducción en Taxco, y la construcción del acueducto de Copalillo-Atenango-Hitzuco, así como de la inversión de unos 500 millones de pesos para la construcción del acueducto que beneficiará a la zona norte de la entidad, que construye la Comisión Nacional del Agua, en Huitzuco.
Dijo que tienen programadas 150 obras y acciones programadas para lo que resta de 2017, con un presupuesto de unos 750 millones de pesos, para incorporar a por lo menos 41 mil habitantes a los servicios de agua potable, y a más de 11 mil al alcantarillado sanitario, como nuevos usuarios.
También estuvieron en la reunión, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Humberto Gastélum Espinoza, y los diputados integrantes de la comisión del Agua y Recursos Hidráulicos del Congreso de Guerrero, que preside Eduardo Cueva Ruiz, los diputados Flor Añorve Ocampo, Eloísa Hernández Valle y Carmen Iliana Castillo Ávila.

 

La comunidad de San Miguel del Progreso (Júuba Wajiín, en me’phaa), municipio de Malinaltepec, ganó un segundo amparo contra la ley minera, que obliga a la Secretaría de Economía (SE) a cancelar la Declaratoria de Libertad de Terrenos que permite otorgar concesiones mineras previamente concesionadas en el territorio indígena sin la consulta a los habitantes.
Con este amparo se abre el camino legal para que otras comunidades contengan la explotación minera en sus territorios, afirmó el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
Desde 2010, los habitantes de San Miguel mantienen la defensa jurídica. Obtuvieron su primer amparo contra las concesiones otorgadas en Reducción Norte de Corazón Tinieblas (título 232560) y Corazón de Tinieblas (título 237861); con esta resolución evitan nuevas asignaciones.
San Miguel del Progreso es una comunidad de Malinaltepec, en la Montaña, habitada por 3 mil 800 indígenas me’phaa, 833 comuneros que producen papayas, mangos, guayabas y café.
En las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Maribel González Pedro explicó que el pasado 28 de junio, la jueza primero de distrito, Estela Platero Salado dictó sentencia dentro del juicio de amparo 429/2016, promovido en Chilpancingo.
La sentencia contempla tres puntos resolutorios: “ordena a la SE, a través del director general de regulación Minera, dejar insubsistente la Declaratoria de Libertad de terreno 02-2015 que correspondían a las concesiones canceladas. En caso de insistir la SE del gobierno federal en continuar este procedimiento, una vez cancelada, tendría que respetar los derechos colectivos de la comunidad, incluyendo el derecho a la consulta”.
La SE tiene que dejar sin efectos la declaratoria que además, contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que privilegian el derecho de los pueblos originarios y su autonomía, y que fueron firmados por México.
La abogada dijo que la SE tiene hasta el 21 de julio para impugnar la nueva resolución. Sin embargo, consideró que San Miguel del Progreso tiene la razón. “Llevan dos amparos y los han ganado. (La SE) está orillando a los pueblos indígenas de México a acudir a instancias judiciales para defender sus derechos. Es un ejemplo de que se puede hacer justicia en las comunidades indígenas”.

Llevan siete años luchando contra las mineras, relata su abogada

La lucha contra la minería inició en 2010, cuando la comunidad de San Miguel El Progreso empieza a informarse; en 2011, hace su levantamiento de actas de rechazo contra la minería y en 2012 se inscribe esta acta; entonces nace el Consejo de Autoridades Agrarias en defensa del territorio.
Al año siguiente, el 15 de julio de 2013, interponen la primera demanda contra dos grandes concesiones mineras, que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En este proceso, Minera Hochschild México SA de CV, de capital británico, desistió de su concesión, y la SE la cancela; “esto obligó a la SCJN a sobreseer este amparo que era importante para la comunidad y para todos los pueblos de México, dado que se pedía que se analizara de fondo la inconstitucionalidad de los artículos 6, 10, 15, 19, de la Ley Minera”.
El segundo amparo apela al derecho colectivo a la Consulta, a la propiedad territorial y a la protección integral de las tierras indígenas reconocidos en los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de los convenios mencionados.

La comunidad defiende su territorio, de acuerdo con el peritaje antropológico

Las antropólogas del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Teresa Sierra y Yuri Escalante, y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Rubén Luna, se encargaron del peritaje con el que se demostró que los habitantes indígenas de San Miguel del Progreso defienden su territorio, cuando uno de los argumentos del gobierno federal para continuar otorgando concesiones es que el territorio es de la nación.
Teresa Sierra explicó que, “es una expresión de una resistencia de largo tiempo… El argumento era justificar no sólo que se está violando el derecho a la tierra, sino el territorio mismo. ¿Qué es lo que hay en este territorio?… Este territorio que se pretende liberar es un territorio ocupado en toda su extensión, es una comunidad que tienen un reconocimiento comunal, y que el 80 por ciento de estos terrenos”, podría ser afectado con la concesión.
Con su peritaje, los autores se propusieron conocer los usos, formas de organización, ejercicio de la autoridad, vínculo ritual con la tierra, cómo las comunidades indígenas conciben el territorio como parte central de sus vidas, conocieron a sus divinidades que se localizan en sus cerros, manantiales, en los ojos de agua; el territorio es parte fundamental de su vida, como presentaron en la argumentación los peritos antropólogos.
El presidente del comisariado de Bienes Comunales de San Miguel del Progreso, Valerio Mauro Amado Solano dijo que en el Consejo de Autoridades Agrarias en defensa del territorio hay 20 núcleos agrarios que, como San Miguel, rechazan la minería.
Por su parte, el comisariado de los Bienes Ejidales del municipio de Metlatonoc, Miguel Santiago Lorenzo dijo a la SE y a las mineras, que “la región de la Montaña no está en venta. El campo y nuestras aves no está en venta”.
Del área de Fortalecimiento de Tlachinollan, Armando Campos dijo que la mitad de las 44 concesiones mineras está candelada. “Los principales municipios afectados serían Iliatenco y Malinaltepec… en el punto más alto de la región Montaña, (de donde) se alimentan diferentes ríos, el Balsas, cuenca del Papagayo, Marquelia, Quetzala, en Ometepec”.
Los proyectos activos son Los Tajos, Filos Bermejal, que vendió recientemente la minera canadiense Gold Corp en Zumpango del Río; Proyecto Morelos, Media Luna, Torex Gold, en Cocula; Rey de Plata, en San Miguel Totolapan; proyecto en Arcelia, Campo Morado, empresa Farallón; empresa Temixco, en Arcelia.
A la conferencia de prensa asistió el directo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera; autoridades de la comunidad; y la investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Magda Gómez.

El alcalde capitalino, Marco Antonio Leyva Mena dio a conocer que presentó una denuncia penal, por secuestro, contra los vecinos que bloquearon una calle y la entrada a las oficinas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach).
En la conferencia matutina de los martes, el alcalde aprovechó para señalar la responsabilidad que el Congreso local debe asumir para resolver los problemas que enfrentan los municipios, y no sólo llamarlos a comparecer.
Leyva Mena abrió su conferencia diciendo que daba un reconocimiento a la libertad en cualquiera de sus manifestaciones, “pero muchas veces, estas manifestaciones bloquean la libertad de terceros… Ayer fue una posición de nuestra administración el hecho de levantar una denuncia por secuestro de las instalaciones de Capach, creemos que los intereses que puedan tener, por más legítimos, las organizaciones, no les dan el derecho de tomar instalaciones”, señaló.
La mañana de este lunes, 40 colonos de Chilpancingo, integrantes de la asociación Bloque Sur, bloquearon más de cuatro horas la calle 16 de Septiembre, del Barrio de San Mateo, frente a las instalaciones de la Capach, para exigir al director de la dependencia, Juan Antonio Ramírez Valle, que restablezca el servicio de agua y repare el drenaje en las colonias Lomas de Ocotepec y Zapata.
Leyva Mena criticó que los vecinos aglutinados en esta organización, no hayan considerado, antes de tomar las calles y oficinas, dialogar con el Ayuntamiento para solucionar sus peticiones.
A pesar de esta determinación tomada por su gobierno, Leyva Mena enfatizó que no es una política represora, y que tienen derecho a manifestarse, siempre y cuando no afecten a terceros.
“A lo que no tienen derecho es a tomar una oficina… a secuestrar a los trabajadores que están adentro… a que las personas que van a cumplir el pago del servicio estén impedidas”, comentó.
Agregó que la intención de la organización era obtener seis contratos gratuitos para ellos, lo que calificó como injusto. “No dejen pagar, no dejen pasar, yo respeto su derecho a su expresión, creo que si antes de hacerlo, hubieran venido a tocar la puerta para dialogar”.
Aprovechó para comparar con la organización Antorcha Campesina, con la que si se pudo llegar acuerdos antes de que continuaran protestando en las calles.
En la misma conferencia fue consultado sobre la solicitud del Congreso local, tornada a comisión, de que compareciera ante los diputados, a lo que contestó que la responsabilidad de este poder es resolver los problemas que enfrentan los municipios, y no el de sólo llamar a los diputados.
Hace una semana se propuso en el Poder Legislativo que los alcaldes de los municipios más grandes de Guerrero comparecieran ante los diputados para explicar cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan.
Dijo que el Congreso local debe aportar una solución para resolver estos problemas que enfrentan, y que no sólo se trate de una actividad para exponer a los Ayuntamientos.
Agregó que este tipo de propuestas presentadas por le poder Legislativo tiene un interés político, como el que ha se ha presentado en otras ocasiones como en su mismo partido.

 

El presidente municipal perredista de Zihuatanejo, Gustavo García Bello dijo que todos los sindicatos tienen derecho a emplazar a huelga, ante la acusación de los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de que no cumplió con el contrato colectivo de trabajo; dijo que analizará cuáles de sus peticiones se pueden atender y cuáles no.
La líder sindical, Claudia Mancilla Robles dio a conocer en conferencia de prensa el lunes pasado, que trabajadores del Ayuntamiento están emplazado a huelga para el próximo 14 de agosto ante el evidente incumplimiento del contrato colectivo de trabajo, en la falta de entrega de uniformes, seguridad social, incremento salarial retroactivo y retención de cuotas sindicales, así como el despido de trabajadores solamente por pertenecer al sindicato.
Ayer, reporteros preguntaron a García Bello sobre este asunto al término del acto de entrega de un comedor en el jardín de niños Carmen Norma Monroy, de la colonia El Embalse. Se le planteó que la representante sindical dijo que, pese a que él se ha mantenido respetuoso de los trabajadores sindicalizados, no es así con sus colaboradores, a lo que el alcalde respondió, “lo que pasa es que decir ‘no’ a veces a algunas demandas equivale a pensar que no tienen un buen trato, pero nosotros, todo tipo de autoridad, solamente hace lo que le permite la ley… más tratándose de un presidente que es abogado, de un secretario del Ayuntamiento que es abogado, de un secretario particular que es abogado, aparte del departamento jurídico; entonces, nosotros tenemos que ceñirnos a lo que nos marca la ley y sobre eso vamos a darle respuestas a los planteamientos del sindicato”.
Enseguida, pidió a la líder sindical, “que se mantenga dentro del marco legal, seremos respetuosos dentro de ese marco legal, y que tenga la seguridad de que lo que proceda, lo vamos a conceder… lo que no, le vamos a decir que no”. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).
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El director de Salud del Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Rutilo Valdovinos Torres reconoció que el municipio contrata médicos y enfermeras por su cuenta para laborar en centros de salud que han abandonado doctores de la Secretaría de Salud (Ssa) quienes argumentan inseguridad.
El funcionario fue entrevistado en Atoyac donde asistió a la reunión regional de evaluación del combate al dengue por parte de la Jurisdicción Sanitaria 05 de la región Costa Grande.
Dijo que a fin de dar solución y coordinarse se convino a contratar médicos y comprar medicinas en los centros de salud por acuerdo del alcalde, Javier Escobar Parra, para solucionar la falta de médicos e insumos en las unidades médicas donde se requiere.
Precisó que en las comunidades serranas de Las Compuertas y Yerbasantita se contrató a doctores por parte del Ayuntamiento.
Actualmente sólo en Tepetixtla en la colonia Del Río siguen sin médico ya que el que estaba asignado se retiró por la inseguridad.
Con respecto a medicamentos reconoció que el Ayuntamiento adquirió dosis por su cuenta para dotar los centros de salud luego de que el 2016 hubo desabasto del suero antialacrán. (Francisco Magaña/ Atoyac).
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Pescadores de Petacalco, municipio de La Unión, volvieron a tomar la caseta de cobro Feliciano de la autopista Siglo XXI Morelia-Lázaro Cárdenas para exigir una indemnización de la empresa Flemsa, que contaminó su área de pesca con combustóleo.
Desde las 8 de la mañana, unos 200 manifestantes llegaron a la caseta para tomarla y hacer presión para reiterar su exigencia de una audiencia con el subsecretario de Gobernación federal, René Juárez Cisneros, y con el gobernador, Héctor Astudillo Flores.
Los manifestantes, encabezados por Gilberto Barrera Reyes, pidieron cooperación a los automovilistas y aseguraron que continuarán protestando hasta que los gobiernos estatal y federal los ayuden a que la empresa Flensa SA de CV les pague las pérdidas que han tenido ante la contaminación de su zona de pesca con el derramamiento de 32 mil litros de combustóleo, hace más de un año.
Ayer, vía telefónica, el líder de los pescadores aseveró que a los gobiernos federal y al estatal, “no les interesa nuestro problema; nosotros estamos aquí porque nos compete estar reclamando el derecho que nos corresponde y ellos piensan que estamos haciendo mal… es una humillación dejar tanto tiempo a los pescadores aquí por el reclamo que estamos haciendo”.
Dijo que supieron que hubo en la Ciudad de México una reunión sobre el problema, “no sé qué vaya a pasar… si no hay respuesta aquí vamos a estar, viene el periodo vacacional y aquí nos vamos a asolear.
Nuevamente pidió la atención del gobierno para evitar que se agrave la situación, “porque ya ahora sí nos están viendo los mineros, nos están viendo los maestros para que hagamos otro desorden y crezca este movimiento, yo creo que ya es justo y necesario que haya la buena disponibilidad, la buena voluntad de los funcionarios del gobierno federal y estatal para que se arregle este asunto”.

El presidente del comisariado ejidal de Iguala, Daniel Salgado Bustamante dijo ayer que los representantes de la Secretaría de la Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se pusieron como límite el jueves para entregar los 3 mil paquetes del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (Pimaf) que les habían ofrecido entregar el lunes.
Declaró que, ayer la Sagarpa estaría publicando en el sistema el listado de beneficiarios y se comprometió a que a más tardar el jueves los proveedores ya estarían en posibilidades de entregarles los 3 mil paquetes de semilla mejorada y agroquímicos para unos mil 500 productores de Iguala, Cocula, Apaxtla, Tepecoacuilco y Huitzuco.
De antemano, dijo, “ya se pasó por mucho tiempo el periodo en el que tuvieron que entregar los beneficios, porque la siembra debería estar a finales de junio, y para julio ya es tarde en la siembra”.
A pregunta expresa, dijo que por estos días no se movilizarán y que respetarán el acuerdo que tomaron miembros de la comisión que el lunes fue a la Sagarpa en Chilpancingo, donde les ofrecieron la entrega de los apoyos para el jueves, a más tardar.
En consulta telefónica, insistió en que si incumplen en la nueva fecha que les dieron, convocarían a los agricultores de la Unión de Auténticos Productores de Granos de la región Norte a valorar el plan de acción.
Por separado y sobre el caso de los casi 150 campesinos adheridos al Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, fuentes de la organización consultadas dieron a conocer que el lunes, en una reunión con el alcalde priista Herón Delgado Castañeda, éste les ofreció entregar las casi 37 toneladas de fertilizante este jueves. (Alejandro Guerrero / Iguala).