En varios ámbitos se ha criticado el encuentro entre Peña Nieto y Trump en Hamburgo, desde antes de que tuviera lugar, y por supuesto después del mismo, al comprobarse lo que muchos habían previsto. Las razones de la crítica de buena fe eran que no hay nada controlable con Trump y que era altamente probable que de nuevo sucediera algo que transformara la reunión, por muy bien “planchada” que estuviera, en un fiasco. Otros, los de menor buena fe, han comentado, con mayor o menor ironía, que todo esto era obvio y que para qué juntarse.
El verdadero problema aquí es otro. Por razones propias del sistema político mexicano, del chip priista de los funcionarios de este gobierno, y de la poca pericia de la mayor parte de la comentocracia mexicana en materia internacional –con notables excepciones–, no es fácil que un presidente o su canciller le filtren a columnistas conocedores e influyentes las verdaderas razones de una decisión de política exterior, sin asumir la argumentación pertinente. Esto sucede en todos los países democráticos del mundo, y hasta en algunos autoritarios como China. Es una forma ya consagrada a la vez de informar y de poder negar el carácter oficial de la información.
Desde luego que no tengo la menor idea de las verdaderas razones por las cuales Peña Nieto y Videgaray decidieron llevar a cabo esta reunión con Trump en Hamburgo. Pero si a mí me hubieran preguntado, hubiera respondido lo siguiente. Es conveniente la reunión, no porque tengamos la certeza de que vaya a salir bien, incluso tomando en cuenta la elevada probabilidad de que salga mal, sino porque debe compararse este encuentro con los otros posibles. Partiendo de una premisa: no era, ni es, factible que el presidente de México pase los últimos dos años de su mandato sin reunirse con el nuevo presidente de Estados Unidos.
Trump tomó posesión el 20 de enero; Peña se va el 30 de noviembre de 2018; entre una fecha y otra transcurre un año y 10 meses. No es concebible que no se reunieran ni una sola vez. Aceptando esta premisa, las opciones eran evidentes. O bien se llevaba a cabo este encuentro en Hamburgo, al margen del G20. O bien en el marco de la Asamblea General de la ONU. O se podía realizar la reunión en la próxima conferencia de APEC que siempre tiene lugar en los últimos meses del año, en un contexto prácticamente idéntico, con casi el mismo número de participantes que el G20. O Peña viajaría a algún punto de EU (Washington, Mar-a-Lago o alguna otra ciudad) donde se reuniría con Trump. O Trump viajaría a alguna ciudad mexicana para reunirse con Peña, tomando en cuenta que no pareciera ser una gran idea que vuelva a venir a nuestro país.
La reunión del G20, la de la ONU o la de APEC son más o menos equivalentes; probablemente convenía ésta mejor que las otras dos, pero no hay ninguna razón para suponer que alguna de ellas hubiera evitado los escollos o nos hubiera ahorrado las probabilidades de un incidente.
La del viaje de Peña a EU sería mucho más difícil de manejar –se trataría 100% del terreno de Trump–; y la de Trump viniendo a México no quiero ni pensar en las complicaciones que entrañaría. De tal suerte que la decisión de Peña y de Videgaray, no fue, en mi opinión, e insisto, no tengo la menor idea cuál fue su opinión, en optar entre una buena opción y una mala, partiendo de que era inevitable un encuentro entre Trump y Peña antes de la salida del segundo. De las opciones posibles, ésta, Hamburgo, era el mal menor. No porque estuviera “planchada”, no porque fuera perfecta, no porque había condiciones óptimas para su celebración, sino únicamente porque eran menos malas esas condiciones que las otras opciones.
Esto es lo que alguien de Los Pinos y de Cancillería debió haberle filtrado a uno o varios columnistas y comentaristas de radio o de televisión sin atribución a la fuente, pero con la autoridad que tiene el columnista gracias a sus accesos. Simplemente atribuiría la versión a una fuente autorizada, de alto nivel del gobierno de México. Si esta es la explicación, debió haberla sido. Como esto no se puede hacer en México, ahora resulta que el gobierno se halla indefenso frente a los ataques de varios orígenes a su reunión con Trump, que en efecto no salió bien, pero que, si podía salir mejor, que alguien diga cómo.

La reunión entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump en Hamburgo la semana pasada tuvo un resultado totalmente inesperado y lamentable, anunciado por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, al término del encuentro. Los presidentes acordaron, dijo, negociar un acuerdo de trabajadores temporales de México para que vayan durante periodos específicos a apoyar al sector agrícola de Estados Unidos y lo ayuden a mantener sus niveles de competencia. Frente a la anécdota del “absolutamente”, con lo cual Trump, en respuesta a una pregunta de la prensa, ratificó su idea de que México pague por un eventual muro fronterizo, pasó desapercibida la aberración de tan semejante intención. Un acuerdo de esa naturaleza revive el nefasto Programa Bracero, vigente entre 1942 y 1964.
El spin que le dieron las autoridades mexicanas al acuerdo es que reconocía la realidad mexicana (¿cuál?, ¿qué México es un país cuyo destino manifiesto es ser el patio de Estados Unidos?), y que era un avance dentro del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con relación a la regulación del sector laboral, que en Washington quieren que sea renegociado (en el entendido que este paso no abre las puertas del mercado estadunidense a todos los que tengan la capacidad y entrenamiento para competir, sino sólo a la mano de obra intensiva en el sector primario). En cualquier caso, la visión mexicana es cortoplacista y vergonzosa.
No se sabe aún de quién fue iniciativa este nuevo programa, pero caben dos interpretaciones: si la idea es estadunidense, los mexicanos están bailando al ritmo que les impuso Trump; pero si la idea es mexicana, la ignorancia histórica sobre lo que este tipo de programa significa, conduce a una subordinación política y el final de la búsqueda del ideal asimétrico en las relaciones bilaterales. Sin embargo, hay razones para suponer que el planteamiento surgió de los estadunidenses. Videgaray explicó que la idea salió del déficit de mano de obra en algunas partes de la economía de Estados Unidos, como el campo y la industria de la construcción, con lo cual se subrayaba el mejoramiento de las relaciones bilaterales. De dónde sacó el canciller esa idea, no se sabe. El acuerdo que quieren estudiar no incluiría a obreros, sino solamente campesinos.
La analogía con el Programa Bracero es monumental. Durante los 22 años que funcionó este programa, conocido como el Mexican Farm Labor Agreement, firmado en agosto de 1942, permitió que casi 5 millones de campesinos mexicanos trabajaran en los campos de 22 estados de la Unión Americana, principalmente en California y Texas. Una vez concluido, nunca se remplazó. Años más tarde se crearon las visas de trabajo temporal, conocidas como H2A, para trabajadores en el campo, y H2B, para trabajadores no agrícolas. Otro programa, el H-1B, conocido como visas de negocios, ha sido reducido significativamente por Trump.
El Programa Bracero, de acuerdo con lo negociado, garantizaba para los mexicanos condiciones de vida adecuados, en cuanto a salud, vivienda y comida, así como un salario mínimo de 30 centavos por hora. Una parte muy importante que contenía el documento, es que los mexicanos no podrían ser sujetos de ningún tipo de discriminación o que fueran excluidos de las zonas reservadas sólo para los blancos. Nada de esto se cumplió. En Texas, los mexicanos fueron tratados como perros en el transporte público, donde los obligaban a viajar en la misma zona de los animales, y lejos de asegurarles las condiciones de vida y los salarios comprometidos entre los dos gobiernos, sufrieron una explotación sistemática que violaban lo suscrito por los dos gobiernos, que incluía abusos físicos. En California, los orillaron a vivir en cuevas dentro de los campos de cultivo. Los braceros rara vez se quejaban del maltrato, por el temor de que se les cancelara la visa.
Por años, el Programa fue criticado. Los gobiernos mexicanos alentaron la expulsión económica de sus campesinos al ser incapaces de abrir oportunidades en su país, mientras que en Estados Unidos produjo externalidades, como la caída de los salarios de los campesinos estadunidenses. La Comisión sobre el Trabajo Migratorio creada por el presidente Harry Truman, afirmó en un reporte en 1951 que mientras los sindicatos se oponían a la inmigración mexicana sin restricciones, los agroindustriales, con respaldos en el Capitolio, querían garantizar la continuidad de la mano de obra “barata y dócil” mexicana.
El programa otorgó alrededor de 200 mil visas anuales durante ese periodo y fue utilizado con otros fines por Washington. El Departamento de Estado lo utilizó como un mecanismo para frenar el creciente apoyo al Partido Comunista –ilegal en ese entonces–, y el Pentágono encontró en él un mecanismo de reclutamiento para las guerras en las que se embarcaba. De esa forma, reclutaron mexicanos para la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la de Vietnam. El programa obligaba a los mexicanos a regresar al término de la vigencia de la visa, sin generar antigüedad ni derechos, y sólo podía ser utilizado para resolver los déficits laborales, sin desplazar o remplazar a los trabajadores estadunidenses.
De acuerdo con lo que dijo Videgaray, para allá van. El lobby agroindustrial ha presionado como ningún otro a Trump para que fortalezca ese sector durante la renegociación del TLCAN, y uno de sus impulsores es el senador texano John Cornyn, a quien visitó en su oficina el canciller mexicano el lunes. ¿Indignidad completa la de los mexicanos, y desdén por la historia y por los mexicanos? Si se trata de complacer a Trump y el lobby agroindustrial, este será el primer paso, una genuflexión ante los ojos de todos los mexicanos.

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En Brasil, la triple crisis política, económica y social sigue su curso de manera irremediable, sin que se vislumbre una salida a corto plazo. Como lo hemos venido comentando en este espacio desde 2015, no han terminado los efectos nocivos producidos por el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, iniciado a principios de diciembre de aquel año, y finalizado en septiembre de 2016. El antiguo vicepresidente de Rousseff, Michel Temer, parece vivir en carne propia el demonio de la traición. Durante la mayor parte del año 2015, juró lealtad a la presidenta. Frente a los crecientes problemas de ingobernabilidad del Congreso, el presidente de honor del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) le propuso a Rousseff volverse su principal operador político en las cámaras. El resultado fue la destitución de la presidenta, gracias al apoyo de la mayor parte del gran empresariado y de los medios de comunicación. A raíz de su destitución, la prensa decía que “un nuevo Brasil” estaría por llegar, y las ansiadas reformas económicas, hechas a la medida de los mercados, que apoyaron la instalación de Temer en el palacio del Planalto, comenzaron a ser votadas. Todo parecía marchar sobre ruedas.
Sin embargo, los impulsores de la destitución de Rousseff no se dieron cuenta que su maniobra tendría consecuencias políticas graves en el equilibrio de los poderes y en el funcionamiento mismo de la democracia brasileña. En pocas palabras, quisieron transformar el régimen de ese país, que es presidencialista, pero que funciona en el marco de un sistema de partidos altamente fragmentado, en un régimen parlamentarista, en el cual la pérdida de la confianza de la mayoría parlamentaria se traduce por la destitución del Ejecutivo. En este caso, se disfrazó una voluntad política de quitar del poder a una presidenta elegida democráticamente, bajo el pretexto de “maniobras contables” que no constituían una justificación legal para ello. Para los defensores de esta solución, Dilma no estaba en condiciones de gobernar, al no disponer de una mayoría política. Sin embargo, olvidaban que en Estados Unidos, por ejemplo, no es raro que un presidente no disponga de la mayoría en el Congreso; de hecho, se trata de una situación bastante común durante la segunda parte de los mandatos de cada presidente. Así le pasó a George W. Bush a partir de 2006, a Barack Obama a partir de 2010.
El problema para Michel Temer es que la destitución de Dilma dio un poder de chantaje al Congreso ante el Ejecutivo nunca antes visto, y hoy todo apunta a que Temer sea destituido por una buena parte de los grupos políticos que lo llevaron al poder hace poco más de un año. El actual presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, hijo del ex alcalde de Río de Janeiro, y cercano a la familia Marinho, los dueños del poderoso emporio de medios Globo, se apunta para reemplazar a Michel Temer como presidente interino de Brasil, prometiendo a los grandes grupos económicos la continuidad de la política económica de austeridad implantada por el ministro de economía, Henrique Meirelles. El problema de Temer no es tanto haber incumplido sus promesas al mercado financiero y a la clase política –logró sacar adelante el congelamiento de los gastos públicos para los próximos veinte años, y construyó su gobierno a la imagen del Congreso, es decir un gobierno de ricos para ricos–, sino más bien su falta de peso político. Es decir, al no haber sido elegido en urnas se trata de una pieza dispensable por las personas que lo instalaron en el poder. Y como Temer tiene menos del 10 por ciento de aprobación ciudadana, en función del desastre económico del país, y de los escándalos de corrupción que lo agobian, es mejor para estos grupos de interés cambiarlo por una cara fresca.
El problema, de nueva cuenta, es que un eventual gobierno no electo no dispondrá del capital político para enfrentar a estos grupos políticos que tienen el poder real hoy en Brasil. Para ello, habrá que esperar la elección presidencial del 2018.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

En 1954, en Estados Unidos se aprobó la Enmienda Johnson que prohibía a las iglesias hacer política, respaldar u oponerse a un candidato, si se quería conservar la exención fiscal a la cual tienen derecho.
El pasado 4 de mayo, el presidente Trump derogó esta ley después de 63 años de aplicación. Ese día dijo a los líderes religiosos que “desde hoy ya pueden decir lo que quieran”. Esto abre el espacio para el activismo político de las iglesias.
Trump se ligó en la campaña a las iglesias más conservadoras a quienes pidió su apoyo. Se lo dieron. Ahora les agradece al otorgarles esta concesión que desde hace años exigen estos grupos.
El presidente sostiene que “nadie debería censurar sermones o perseguir a pastores”. Con esta medida cumple una de sus promesas de campaña y se asegura la simpatía de los sectores religiosos más conservadores.
La Casa Blanca eligió para la firma del decreto el Día Nacional de la Oración. Trump dijo a sus seguidores lo que querían oír: “Por demasiado tiempo el gobierno federal ha usado al Estado como una arma contra la gente de fe. Esto ha terminado (…) La libertad de expresión no acaba en la escalera de una iglesia”.
Una buena parte de los políticos estadunidenses mencionan con frecuencia a Dios en sus discursos. No importa si son demócratas o republicanos. Trump y su vicepresidente, Mike Pence, han intensificado el lenguaje de tipo religioso y le han dado un tono más radical.
Es muy probable que Trump pierda esta iniciativa en los tribunales como ya ha sucedido con otras, pero por lo pronto ya cumplió a los grupos religiosos más conservadores. Si es derrotado el caso ya no será culpa de él y tendrá a quién responsabilizar.
Trump, ante la dificultad de eliminar la enmienda, que exige complicados trámites parlamentarios, tomó el camino corto y solicitó, está en el marco de sus posibilidades, que el órgano encargado de dar cumplimiento a esa ley haga caso omiso a cualquier violación de la misma por parte de las iglesias.
En Estados Unidos no hay una prohibición expresa para que las iglesias no se puedan meter en la política promoviendo o denostando candidatos. Hasta ahora hacerlo implicaba perder el privilegio de la exención fiscal a la que tienen derecho.
Esta enmienda es una iniciativa del entonces senador texano Lyndon B. Johnson, que, como vicepresidente, sustituyó al presidente John Kennedy cuando éste fue asesinado. Por el momento, mientras dure la propuesta de Trump, no está claro cuál va a ser el real impacto político del activismo de las iglesias desde el púlpito.

Twitter: @RubenAguilar

En una de sus editoriales de este martes, el periódico estadunidense New York Times volvió a abordar el espionaje a activistas y periodistas y solicitó que el Presidente Enrique Peña Nieto sea sincero cuando dice que aceptará ayuda extranjera para indagar el hecho.
El diario indica que este ‘obvio’ abuso de la teconología Pegasus, el spyware israelí, amerita otra investigación internacional, puesto que la imagen del país sólo se ha visto empeorada.
De acuerdo con lo publicado por un reportero del Times, primero llegó la revelación de que destacados luchadores anticorrupción mexicanos, activistas de derechos humanos y otros críticos del gobierno fueron objeto de vigilancia con un sofisticado software espía vendido al gobierno mexicano, para combatir el crimen y el terrorismo.
Después, según el diario, vino la “sorprendente” adición de que un equipo internacional encargado de investigar la desaparición de 43 estudiantes, también estaba siendo vigilado con el software espía conocido como Pegasus, que secretamente monitorea los teléfonos celulares.
El editorial agrega que las alarmantes revelaciones plantean dos cuestiones relacionadas. Una es el abuso por el gobierno –o por algunos elementos deshonestos en él– de la tecnología de ciberguerra altamente sofisticada y costosa. México ha negado la responsabilidad por el espionaje, pero adquirió el armamento; el haberlo usado contra los ciudadanos plantea profundas cuestiones legales y éticas, especialmente para un gobierno que ya se enfrenta a severas críticas sobre los derechos humanos.
La otra cuestión, según el NYT, es si los vendedores comerciales de herramientas de vigilancia masiva, por bien intencionados que sean, pueden realmente controlar cómo se utilizan. En este caso, el Grupo NSO, una firma israelí, dijo que vendió Pegasus a los gobiernos, sólo después de comprobar sus prácticas de derechos humanos y sólo con la condición de que se utilizara únicamente para el seguimiento de criminales y los terroristas. Sin embargo, NSO admitió que después de venderlo, no tenía control sobre cómo se utilizó el spyware; y una vez descubierto en un teléfono, no es posible determinar quién lo plantó.
Lo que se sabe es que las agencias federales mexicanas han gastado, desde 2011, cerca de 80 millones de dólares en el spyware creado por NSO, que fue desplegado contra académicos, abogados, periodistas influyentes y miembros de su familia, y un grupo de investigadores internacionales.
Según el reportaje compartido ayer por Azam Ahmed, reportero del NYT, los investigadores fueron asignados, con el consentimiento de México, a examinar la desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014.
El gobierno afirmó que los policías locales y una banda de narcotraficantes para los que trabajaban mataron a los estudiantes. Meses de protestas públicas obligaron al gobierno a aceptar una investigación externa, pero una vez que ésta puso en duda su versión, el equipo estuvo bajo acoso y vigilancia.
Los investigadores abandonaron México en abril de 2016, y el caso sigue siendo un misterio. De acuerdo con el editorial del NYT, la desaparición de normalistas ya ha causado grandes daños al país y al presidente Peña Nieto, quien asumió el cargo prometiendo cambiar la imagen de la nación.
Además, el diario estadunidense indicó que se debe hacer mucho más para controlar y controlar el spyware comercial, pues la tentación de que los gobiernos abusen de ella es intensa, y las prohibiciones de fabricantes como el Grupo NSO son obviamente insuficientes.
Ven ONG mala fe por espionaje

Las organizaciones defensoras de derechos humanos que acompañan el caso Ayotzinapa dudaron de la buena voluntad del gobierno federal tras confirmarse que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recibieron mensajes con el programa espía Pegasus.
El laboratorio canadiense Citizen Lab comprobó que mensajes recibidos por el GIEI en marzo de 2016 contenían enlaces maliciosos vinculados a la infraestructura de la empresa israelí NSO Group, fabricante de Pegasus, un spyware que afirma vender sólo a agencias gubernamentales.
Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y una de las personas que han presentado una denuncia ante la Procuraduría General de la República por la infección de su teléfono con Pegasus, destacó que el GIEI fue designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El principio del derecho internacional de los derechos humanos y de la asistencia técnica es la buena fe, y si hubieron intentos de espionaje en contra del GIEI provenientes de sectores estatales, claramente estaríamos ante una evidencia de que esa fe nunca existió”, planteó.
Aguirre agregó que esto puede tener implicaciones de derecho internacional para México, en particular en el sistema interamericano de protección a derechos humanos, pues el GIEI llegó al país a petición formal del Estado mexicano, que se comprometió a brindar inmunidad diplomática a sus integrantes.
“Se continúa mostrando a un Estado mexicano que, a pesar del discurso, en la práctica sigue teniendo expresiones de mala fe respecto a los mecanismos internacionales y esto da cuenta de un régimen que no está abierto al escrutinio internacional genuinamente”, expuso.
En tanto, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacó la figura novedosa que se logró al conformar al GIEI.
“Pero ahí está el gran tema, ¿hasta dónde el gobierno mexicano iba a aceptar que esta asistencia técnica realmente fuera independiente?”, cuestionó Barrera, uno de los primeros defensores en tomar el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Independientemente de que sea un aporte sustantivo para mejorar las investigaciones, todos los actores civiles nacionales e internacionales siempre estamos bajo la mira de la observación policiaca, una percepción conspirativa que tienen las autoridades, y esto es una postura retrógrada”. (Con información del New York Times).

 

El canciller Luis Videgaray calificó como inaceptable cualquier actividad de espionaje en México que no ocurra bajo los términos de ley, pero evito comentar de forma específica sobre las acusaciones del uso gubernamental del programa electrónico conocido como Pegasus.
“El espionaje en términos que no correspondan estrictamente a la Ley es algo absolutamente inaceptable. Es algo que no corresponde a una democracia y a una sociedad libre”, dijo Videgaray a preguntas de la prensa durante una visita de trabajo a la sede del Congreso de Estados Unidos.
Un día después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitara a México una pesquisa independiente sobre intentos de espionaje con Pegasus contra integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Videgaray evitó referirse a tales señalamientos.
“No estoy haciendo ninguna declaración al respecto. Simplemente, señalar que la Cancillería estará muy atenta a las determinaciones que tomen las instancias correspondientes”, dijo.
De acuerdo con el canciller mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) deberá esperar a lo que decidan sobre la acusación otras áreas del gobierno mexicano para expresar una posición.
“Yo insisto: la SRE estará atenta a las determinaciones que tomen las áreas competentes. Son las áreas a las que les compete por un lado la impartición de justicia y por otro el uso de estas tecnologías”, dijo Videgaray a pregunta de periodistas mexicanos aquí.
El canciller mexicano hizo las declaraciones previo a una reunión con el congresista demócrata por Texas Henry Cuellar, con quien discutió principalmente temas relacionados al Tratado de Libre Comercio (TLC,) además de diversos temas sobre la infraestructura fronteriza.

Se reúne con Jared Kushner

Luis Videgaray sostuvo también una reunión con Jared Kushner en la Casa Blanca, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
En un comunicado, precisó que el objetivo del encuentro con el asesor y yerno de Donald Trump fue dar seguimiento a los temas conversados entre los presidentes de ambas naciones durante la reunión que sostuvieron en Hamburgo, en la Cumbre G20.
La SRE indicó que durante su gira de trabajo de dos días por Washington, DC, Videgaray sostuvo reuniones con congresistas y senadores de los Partidos Demócrata y Republicano.
El lunes, indicó la dependencia, Videgaray se reunió con el senador John Cornyn, Vicecoordinador Parlamentario del Partido Republicano en el Senado, y con el Congresista Republicano por Texas Will Hurd. (José Díaz Briseño / Agencia Reforma /?Washington).

Dolores Padierna, coordinadora del PRD en el Senado, pidió que se castigue a los responsables del espionaje realizado contra de integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que participaron en las indagatorias del caso Ayotzinapa.
La legisladora consideró que es grave el posible involucramiento de instancias gubernamentales en este tipo de actos ilegales, también cometidos contra extranjeros.
“Nos parece muy grave, ya no solamente somos espiados los mexicanos, sino también los extranjeros y ha sido un abuso de parte de la autoridad, creo que esto no debe de quedar así. Exigimos que se entregue toda la información por parte de la PGR y que el Congreso tome cartas en el asunto”, dijo.
“No estamos buscando tanto conocer la verdad, porque esa ya está demostrada, ya está dicha, lo que necesitamos ahora es que se haga toda la investigación de carácter penal y se castigue a los responsables”.
Padierna recordó que ninguna autoridad puede espiar a un ciudadano sin la existencia de una orden judicial y responsabilizó de manera directa al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
“El hecho de que el secretario de Gobernación y las autoridades de seguridad en México ocupen un delito para investigar o con los fines que ellos quieran, no es admisible en una democracia”, agregó. (Claudia Guerrero / Agencia Reforma / Ciudad de México).

De llegar a ser presidente no perdonaría a Salinas, Fox y Calderón, afirma el líder de Morena

René Delgado y Guadalupe Irízar / Agencia Reforma

Ciudad de México

Andrés Manuel López Obrador asegura que Morena va por la Presidencia y la mayoría en el Congreso con 20 millones de votos.
Sostiene que el partido está abierto a ciudadanos, empresarios y políticos, aunque exceptuando a quienes han traicionado la democracia.
–Todo esto que hablas exigiría un Presidente fuerte. Si no tienes la mayoría, ¿qué vas a hacer con el Congreso?
–La gente nos va a dar su apoyo por completo. Vamos a ganar la Presidencia y la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.
–Hace 20 años que no ocurre eso.
–Bueno, va a ocurrir, porque la gente está harta del PRI y del PAN, y quiere un cambio verdadero.
–¿Cuántos millones de votos quieres tener tú?
–Pues hemos tenido 15, 16 millones. Ahora están mucho mejor las cosas. Yo creo que van a votar más de 20 millones de mexicanos. Vamos a ganar con 10, 15 por ciento de ventaja, 10, 15 puntos arriba. Tiene que ser así porque son muy tramposos y tenemos que despegarnos.
–Dices que todos tenemos una segunda oportunidad.
–Sí, todos, y tenemos que practicar el perdón en el ejercicio del noble oficio de la política.
–¿Incluye la segunda oportunidad a Carlos Salinas?
–Hay casos en donde no se aplica la regla. Hay excepciones. Los que han dañado mucho al país.
–Mencióname cinco excepciones. Nombre y apellido.
–Los que yo considero integran la mafia del poder. Salinas, que es el jefe, que fue el creador del grupo compacto que domina a México y que ha sido el responsable principal de la tragedia de nuestro país.
“Vicente Fox, que es un traidor a la democracia, engañó a mucha gente, hizo creer que iba a luchar por un cambio y le dio continuidad al régimen corrupto”.
“No tendría entrada en Morena, Felipe Calderón. Él se robó la Presidencia y convirtió al país en un cementerio irracional, le declaró la guerra al narcotráfico sin tener elementos, sin tener una estrategia, le pegó un garrotazo al avispero.
“Te diría algún empresario como Roberto Hernández, que ha financiado siempre a quienes se oponen al cambio porque no quieren dejar de hacer negocios al amparo del poder público. Claudio X. González, que es una especie de Fidel Velázquez del sector empresarial”.
–Ya sabemos que para ti los pobres son primero. ¿Los empresarios qué lugar tienen?
–Son un motor para la transformación de México. Hay motores para lograr un cambio verdadero: lo que es el sector público, el Estado, que tiene que promover el desarrollo. Nada de que los asuntos de la economía se dejen al mercado solamente, no creo en eso. O sea, el Estado debe de jugar la función de promover el desarrollo. Ese es un motor. El otro motor es el sector privado.
–Mencióname cinco empresarios honestos, que te gusten…
–El que me está ayudando ahora, Alfonso Romo. La señora Aramburuzabala, Asunción. La acabo de ver hace relativamente poco. Es una mujer destacable.
“Te diría Carlos Slim, te diría Ricardo Salinas Pliego, incluso Emilio Azcárraga, Olegario Vázquez hijo, Miguel Rincón, y así te diría de muchos otros. Estoy buscando convencer de que a todos nos conviene que haya un cambio”.
–¿Qué garantías les das a esos empresarios en torno al libre mercado?
–De que va a haber un Estado de derecho que no ha habido. Va a ser un Estado de derecho que va a garantizar las libertades, la inversión privada.
–¿Sí crees en el libre mercado?
–Creo en el libre mercado con la participación del Estado. El Estado tiene que jugar un papel para que no sólo se genere riqueza en el país, se distribuya la riqueza. Creo que ese es el matiz. Tiene que haber crecimiento, pero también debe de haber bienestar. Para decirlo en una palabra: desarrollo.
–A veces me causa la impresión de que a Andrés Manuel López Obrador le gusta hacer política en el arroyo vehicular, ni se sube a la banqueta ni se sube a la montaña.
–Es que no me gusta lo políticamente correcto. Además no sirve eso, menos en las circunstancias actuales. Se requiere lo heterodoxo. El camino trillado de siempre no es la salida.
“Muchos quisieran que yo saliera a reiterar que no tenemos que ver con Venezuela, por ejemplo. Claro que no tenemos nada que ver con el gobierno de Venezuela. No conocí al finado Chávez, no conozco a Maduro. No conozco Venezuela. Soy de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, México. No me gusta estar contestando a todo”.
“Todos los días es Venezuela, todos los días es Venezuela y te llegan a decir algunos ciudadanos: ‘Andrés Manuel, qué grave lo de Venezuela, ¿verdad?’. Y me lo dicen al día siguiente de una masacre en el reclusorio de Acapulco, a tres días de otra masacre en Chihuahua, y a una semana de otra masacre en Veracruz.
“El caso de Venezuela no sé, 50, 60 muertos. Muy lamentable lo que está sucediendo, sí, pero en nuestro país tenemos 50, 60 muertos por semana”.