Ayer se cumplió un mes del asesinato de siete personas en la comunidad de San Pedro Cacahuatepec, por parte de integrantes de la policía de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y la Fiscalía de estado aún no informa de los avances de las investigaciones o si hay detenidos por los hechos.
El pasado 9 de junio, policías de la UPOEG asesinaron a balazos a tres mujeres, un hombre, un adolescente, un bebé y un niño que falleció en el hospital, según los vecinos.
El dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, explicó que los policías seguían a unos extorsionadores que se refugiaron en sus casas, versión que fue rechazada por los familiares de la víctimas que indicaron que las personas habían ido a buscar a un familiar desaparecido, mismo que fue detenido por la UPOEG.
En un recorrido en las tres comunidades a las orillas de la carretera, desde la comunidad de Aguacaliente, pasando por El Ranchito y la base en la comunidad de San Pedro Cacahuatepec, no se observó a ningún policía de la UPOEG.
Los vecinos con temor señalaron que una semana después del crimen, los policías de la UPOEG se fueron del lugar y ahora las comunidades tratan de recuperar la normalidad, como beber en los pasillos de sus casas con sus amigos, lo que no podían hacer cuando estaban ellos porque los detenían, o vender alcohol preparado en la carretera.
En la entrada del poblado Aguacaliente quedaron unos costales arrumbados que servían como protección del retén instalado en El Ranchito, y se observó a tres hombres vestidos de civil sentados dentro del terreno que era base de los policías de la UPOEG. Algunos vecinos indicaron que pese a que no están con los uniformes de la organización portan armas.
En la casa que ocupaba la UPOEG sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en San Pedro Cacahuatepec, hasta las siglas de la organización fueron retiradas. Otros vecinos indicaron que el dueño de la casa las quitó para no tener problemas con la autoridad.
Los mismos vecinos dijeron que no han vuelto a ver a los familiares de la siete personas que fueron asesinadas.

 

La Arquidiócesis de Acapulco se pronunció para que se mejore el sistema penitenciario y que contribuya a una “verdadera” reinserción social, luego de la riña del jueves pasado en la que murieron 28 reclusos.
En el comunicado dominical se enfatizó que no sólo se trata de castigar los malos comportamientos, sino de trabajar en la formación integral inculcando valores, además de enfatizar la importancia de la prevención.
En el mensaje, repartido por la oficina de prensa de la Arquidiócesis de Acapulco y titulado: “La violencia, un flagelo que lastima gravemente a la comunidad”, la Iglesia católica lamentó la riña que sucedió la madrugada del jueves en el interior del penal de Acapulco.
El hecho, se indicó en el escrito, hace reflexionar sobre la necesidad de promover una sociedad libre de violencia y encaminada a defender y promover la vida, por eso considera necesario continuar la construcción de la paz. “La población no puede vivir inmersa en esta espiral de violencia que ha dañado a familias y el tejido social”.
“Nos solidarizamos con la pena de quienes lamentablemente perdieron a algún familiar durante estos hechos y, al igual que la sociedad en su conjunto, nos pronunciamos porque realmente alcancemos un sistema penitenciario en mejores condiciones, que contribuya a una verdadera reinserción social”, agrega.
En el texto se indica que lo que ocurrió en el penal desafía a seguir trabajando a favor de la paz, y que se requiere un frente común para poder combatir el flagelo que daña a la comunidad. “No se trata sólo de buscar medidas correctivas que castiguen los malos comportamientos, sino de un proceso en el que las familias contribuyan a una forma integral, inculcando los valores”.
La Arquidiócesis consideró que la prevención es importante para evitar que sigan casos como el que ocurrió en el penal, porque “parece que nos hemos acostumbrado y los vemos con toda normalidad”.
Se recordó que desde la iglesia se contribuye con acciones para tener una sociedad con paz, e incluso proyectos específicos que impulsa la pastoral penitenciaria para evangelizar a quienes purgan alguna condena, así como familiares para poderlos reintegrar a la sociedad y promoviéndo su dignidad.
En el boletín también se confirmó la fecha de llegada del nuevo arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, quien será recibido en una ceremonia el 29 de agosto al mediodía.

 

El director de Finanzas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), Guillermo Galeana Salas, informó que la paramunicipal ha pagado, en lo que va del año, 30 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el servicio de energía eléctrica, y pidió que se analicen las tarifas que se cobran.
El pasado viernes, El Sur publicó que la CFE informó que la CAPAMA sólo ha pagado este año 10 millones 300 mil pesos, por lo que la deuda actual es de 194 millones 300 mil pesos; indicó que en febrero se revisó y analizó la facturación del alumbrado público de la ciudad y las tarifas de los servicios de bombeo de agua potable, y se determinó que “son correctas”.
Consultado por reporteros ayer antes de una reunión de perredistas, Galeana Salas dijo que “salió un reportaje de la CFE de que habíamos abonado 10.2 millones de pesos en este año, pero es total mentira debido a que en marzo nos exigieron un pago de 30 millones y se hizo, fraccionado pero se hizo, 10, 15 y 5 millones de pesos, porque era la condicionante para poder llevar a cabo el convenio, que finalmente no se llevó a cabo”.
Explicó que no se hizo el convenio porque la paramunicipal no puede aceptar unas tarifas de energía eléctrica “o un consumo que no es de nosotros”.
–Las tarifas no se van a modificar ¿van a pagar o no?
–No es una tarifa, es como si a ti te llega un recibo de luz y tu consumo es de 10 kilowat-horas, pero hace un año esos 10 te costaban 5 pesos y este año, después de que te amparaste, te cuestan 15 pesos ¿tú lo pagarías? así simple. Es la postura de la CAPAMA, que se analice ¿si estás consumiendo lo mismo porqué están subiendo?.
Galeana Salas admitió que hubo un incremento en las tarifas del servicio de energía eléctrica en Acapulco, en la doméstica y comercial, pero en el caso de la CAPAMA se pagaba un recibo máximo de 10 millones de pesos en 2016 y ahorita “una facturación de 18 millones, yo creo que no es el incremento que todos sufrimos, es por ello que no se ha pagado”.
Detalló que son 72 millones de pesos que se arrastran desde la “deuda histórica”, como así le han llamado, y el resto que son cerca de 100 millones de pesos de todo un año.
Recordó que la CFE “confirmó que efectivamente estamos en proceso de amparo y que no pueden cortar la luz, no es que tengamos el temor de que nos corten, no, tan es así que no lo han hecho, pero estamos trabajando no para incrementar deuda sino pagar lo justo como todos los usuarios piden que se pague, lo justo”.

Mariana Labastida

Vecinos del condominio Orizaba, de la colonia Progreso, denunciaron que les hicieron fraude al venderles sus departamentos, debido a que se tiene una deuda de más de 400 mil pesos por la factibilidad para el uso del agua potable, tramite que debió pagar la empresa constructora, además de que la licencia de construcción que les mostraron para la compra no existe en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas municipal.
Otras irregularidades, dijeron, son que a unos les ofrecieron como área común la azotea del edificio y a otros como un espacio considerado como cuarto de servicio, siendo la misma zona para ambos.
Según saben los vecinos, el constructor es Raúl Schulz Loyo, quien sólo aparece como vendedor de uno de los departamentos. El que firma las escrituras y aparece en los documentos es Carlos Ignacio Serrano Peredo, quien es chofer Shulz Loyo, y la vendedora de los departamentos es Amelia Elena Hernández Toscano, quien no hizo la entrega formal del departamento a ninguno de los compradores.
En 2013, Rafael López Núñez y Martha Ortega Salinas vieron la oportunidad de comprar un departamento en el condominio Orizaba, ubicado en la calle del mismo nombre en la colonia Progreso.
Es un edificio de 18 departamentos, cuatro por piso, y de un lado están los que son de dos habitaciones y el otro lado los de tres.
Los compradores no tardaron mucho tiempo en darse cuenta de las irregularidades del lugar, y lo primero que les pareció raro es que la vendedora nunca les hizo entrega formal del inmueble, sino que en la notaría, donde firmaron las escrituras, les entregaron las llaves como seguridad porque ya habían pagado.
La visita que les prometieron para la entrega formal nunca se hizo, por lo que los detalles que tenía el departamento, como que las puertas no cerraran bien o las goteras nunca se pudieron reportar al constructor porque no volvieron a ver a la vendedora, que después de un tiempo dejó de responderles el teléfono y cambió la oficina que tenía.
A los pocos meses, dijeron los afectados, les notificaron de la CAPAMA de un adeudo de una toma de agua, que después descubrieron que estaba sin funcionar pero que el constructor no dio de baja.
Al intentar los vecinos que la CAPAMA les colocara medidores para cada vivienda y no tener que pagar entre todos el recibo, se dieron cuenta que la carta de no adeudo en la paramunicipal que les dieron era falsa porque se debía la factibilidad para la construcción y la toma estaba a nombre del propietario anterior.
Eso derivó en que los vecinos se organizaran para investigar más sobre la situación del lugar que habían comprado, y se encontraron con que la licencia de construcción, expedida el 17 de septiembre de 2012, en la administración de Verónica Escobar, quien se quedó en lugar de Manuel Añorve Baños al irse como candidato a gobernador, no existía.
La autorización que supuestamente se expidió a Carlos Ignacio Serrano Peredo para la construcción del edificio de 18 viviendas, cuyo director Responsable de Obra, según aparece es Víctor Cortés Crespo, no existe en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, sólo es un número de registro pero para la remodelación del segundo nivel de una vivienda.
“Nos dijeron que a Shulz lo conocen como una persona fraudulenta”, señaló Rafael López, quien resaltó que el problema es que ellos compraron un lugar para vivir, pero sólo adquirieron problemas por las deudas que dejó el constructor. “Además de vivir con la zozobra de si se va a caer o no el edificio”, porque, señaló, descubrieron en una revisión de Protección Civil que no tiene columnas, que las que están en el estacionamiento sólo sostienen el primer piso y el resto de los departamento no están seguros cómo están sostenidos.
“Estamos en un pedazo de cielo”, expuso Martha, e indicó que las paredes de la entrada tienen fisuras y les dijeron que porque están como sobrepuestas, que no las hicieron conforme se levantó el edificio.
Los afectados reprocharon que las autoridades no hayan puesto atención a dicha construcción, lo que les hace pensar que nunca se supervisó y que la CAPAMA hasta que ya estaba ocupado apareció para cobrar los adeudos y no durante el desarrollo del proyecto.
Lamentaron que las autoridades se presten para entregar documentos falsos al Registro Público de la Propiedad.afectados

 

 

La ocupación hotelera en Acapulco registró ayer un 74.6 por ciento, a cinco días de que inicien las vacaciones, mientras el Triángulo del Sol obtuvo 75.1 puntos, informó la Secretaría de Turismo estatal.
Por zonas, el Acapulco Dorado llegó a 89.9 por ciento, el Tradicional a 45.7 por ciento y la zona Diamante obtuvo 56.1 puntos.
Pot su parte, Ixtapa logró 83.2 por ciento mientras Zihuatanejo alcanzó 43.6, con una ocupación general de 78.2 por ciento.
Taxco de Alarcón alcanzó 64.9 de ocupación, 30.6 por ciento más que la registrada un día antes.

 

Ciudadanos que acuden a realizar actividad física y deportiva al parque de La Reina solicitaron al gobierno municipal que se le dé mantenimiento a los aparatos para hacer ejercicio porque ya están oxidados y en mal estado.
Ayer por la mañana un ciudadano mostró a reporteros las condiciones en las que se encuentran los aparatos para hacer ejercicio, los que están oxidados y algunos sin asientos, mientras que a otros les faltaban piezas para poner los pies y las manos.
Adrian Edu, que pidió al gobierno municipal, Zonatur o a quién corresponda rehabilitar los aparatos, dijo que también los de la playa Manzanillo se encuentran en esas condiciones: “rotos, oxidados, y no tiene caso que los pongan si no les van a dar mantenimiento”.
Indicó que en su caso acude todos los fines de semana al parque y desde hace más de dos años están los aparatos en esas condiciones, “se entienden que por la salinidad, pero se le puede poner un material que utilizan los carros para que no se oxiden”.
Por su parte, Efraín Sánchez dijo que la autoridad “si no puede cambiarlos, por lo menos que les dé mantenimiento, arreglarlos para que se puedan utilizar”.
Criticó que las autoridades no den mantenimiento a las obras que se hacen, “si se pintaran los aparatos no estarían en esas condiciones, entonces la petición es que si no se pueden cambiar que los rehabiliten y que se cuiden”.
Abundó que cuando no está en dicho lugar haciendo ejercicio acude al parque Papagayo, donde también se requiere mantenimiento a los aparatos.

 

Un vecino del fraccionamiento San Agustín, que habló en representación de los habitantes de esa colonia, solicitó al gobierno municipal la rehabilitación de las lámparas de alumbrado público, pues aseguró que en la calle principal no funcionan y está oscuro.
Hugo Sandoval indicó que ya se han hecho las solicitudes al municipio para que se rehabilite el alumbrado, pero no les han hecho caso.
“En la calle Circuito Lago Michigan no hemos tenido alumbrado público, en la calle principal de la colonia unas dos lámparas prenden y las demás no. Los focos de los vecinos ayudan a que esté un poco más iluminado pero se requieren más lámparas”, dijo.
Agregó que por el lado de Casas Palenque tampoco hay alumbrado, que la calle es terracería y está llena de hoyos, por lo que se requiere iluminación para que en la noche los vehículos que circulan por allí no sufran daños.
También a pidió al gobierno municipal que envíe maquinaria para que arregle el camino, que es terracería, porque con las recientes lluvias se abrieron hoyos.

El director de Ecología municipal, Christian Garnica San Román, informó que los inspectores de esa dependencia atienden de ocho a 10 denuncias diarias por descargas de aguas residuales en la vía pública, quema de basura y árboles frondosos que invaden viviendas.
En declaraciones, el funcionario dijo que la dependencia también recibe 40 solicitudes cada semana para hacer la verificación en negocios de control ambiental, a los cuales sí se descubre alguna irregularidad se hacen las observaciones y se les pide a los encargados que las atiendan.
“De ocho a 10 denuncias en diferentes aspectos por humo, hay gente que tiene negocios que utilizan leña, gente que quema basura o su descarga está conectada a la vía pública, ese tipo de denuncias, o porque hay un árbol frondoso y afecta al colindante, ese tipo de denuncias son las que se reciben en la dirección”, explicó.
Garnica San Román agregó que la dependencia da un registro de control ambiental a los establecimientos que de una u otra manera impactan en el medio ambiente, como restaurantes, talleres mecánicos, hoteles y salones de fiestas, y que se reciben de 40 a 50 solicitudes cada semana.
Detalló que a la fecha, en cuatro meses que lleva al frente de la dependencia, no se ha clausurado a ningún establecimiento. “Son más de 32 mil negocios en todo Acapulco y desde enero empiezan a solicitar su control de registro ambiental, y más o menos se cubre de 200 mensuales, casi a todos se les hace observación porque nadie cubre al 100 por ciento, porque les hizo falta poder notarial o porque faltó el comprobante de domicilio”.
En otro tema, dijo que junto con Zonatur y la CAPAMA estarán pendientes, durante esta temporada de vacaciones, para atender las denuncias sobre descargas de aguas negras a la playa, pero aclaró que luego la gente se confunde cuando hay descargas de aguas residuales con aguas de drenaje.

No digo que sea el infierno mismo porque allí suele haber condenados inocentes. Lo que pasó en el penal de Las Cruces en Acapulco la semana pasada donde, según cifras oficiales, fueron asesinados 28 presos, como si fuera un evento cotidiano en el sistema penitenciario de este país, da una idea de lo que puede ser el infierno. Antes se le llamaba cárcel y hora se le llama Centro de Readaptación Social (Cereso). Este es un botón de muestra de lo que sucede en la mayoría de las cárceles del país. Lo que sucedió en el penal de Las Cruces es una consecuencia de los antecedentes que tiene el sistema penitenciario que tenemos en México. En penales de Nuevo León y de Tamaulipas se han dado hechos semejantes en los últimos años.
¿Por qué tenía que suceder una masacre como ésta? ¿Tenemos que sorprendernos de esa masacre en un sitio tan “cuidado” por las fuerzas de seguridad pública? ¿Cuáles son las condiciones que permitieron que sucediera este hecho tan doloroso para las familias de los asesinados y para toda la sociedad? ¿Es posible prevenir que estos acontecimientos tan trágicos se repitan? Quiero señalar tres condiciones que se dan en todo el sistema penitenciario del país, que favorecen que este tipo de eventos puedan suceder con relativa facilidad.
La primera condición tiene que ver con el modelo vigente en el sistema penitenciario en el que prevalece un interés por la justicia punitiva. El primer objetivo de los penales es castigar a los internos mediante la reclusión y la imposición de reglas, muchas de ellas, inhumanas que lesionan la dignidad de las personas. La supuesta “readaptación social” es sólo un eufemismo, pero no está previsto ni están puestos los medios para lograrlo. La clave de los penales está en el castigo, que es una especie de venganza con el aval de la ley y de las instituciones que procuran y administran la justicia. El carácter preponderantemente punitivo de los penales es una apuesta por la deshumanización de los internos, que ya no son considerados como personas con futuro.
Se va abriendo paso, poco a poco, el interés en un cambio de modelo penal, pasando de la justicia punitiva a la justicia restaurativa. En estos momentos Colombia tiene previsto un proceso de justicia restaurativa y transicional, para lo cual creó la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, con el objeto de juzgar, castigar y buscar la reconciliación incluyendo a ex guerrilleros y a militares que hayan cometido delitos durante el conflicto armado. Es una apuesta por la restauración de quienes cometieron delitos en el contexto del conflicto armado para transitar hacia la paz. La justicia pone el acento en la restauración de las personas, tanto de víctimas como de victimarios, teniendo en la mira una eventual restauración de sus relaciones y la reconciliación nacional.
Para la justicia restaurativa, el delincuente tiene que ser sometido a un estatuto específico que lo ponga en condiciones de ser restaurado como persona, y el castigo está previsto como parte de su restauración. Un caso cercano lo tenemos en los pueblos indígenas, como los que están organizados en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que tienen un sistema de justicia que se ocupa de la reeducación mediante el servicio a la comunidad y la reinserción social. Con los defectos y debilidades que pueda tener este sistema de justicia restaurativa, es más humano y da resultados. Y no es tan costoso.
Un sistema penitenciario que sólo busca el castigo, refuerza la psicología criminal y convierte a las cárceles en escuelas o universidades del crimen. Eso es lo que ha pasado y seguirá pasando, mientras no se busque recuperar la humanidad del delincuente.
La segunda condición está relacionada con el carácter corrupto del sistema político mexicano. La anhelada “readaptación social” queda cancelada desde el momento en el que intereses bastardos controlan el sistema penitenciario mediante prácticas corruptas que constituyen su modus operandi. Lo corrupto del sistema lo pudre todo, como en este caso, pudre la administración de la justicia. Tantos criminales gozan de impunidad mientras que los penales albergan a inocentes que tienen que sufrir el escarnio público por no contar con los medios para defenderse. Es tan frecuente la venta de la justicia al mejor postor y el retorcer las leyes para salvaguardar a los poderosos de la política o de la economía. Un sistema político corrupto produce un sistema penitenciario corrupto, así de fácil. Se trafica con la justicia y se castiga la disidencia y la inconformidad.
La tercera condición que facilita masacres en los Ceresos está en los llamados autogobiernos que funcionan en dichos penales desde hace mucho tiempo, que en los últimos años están controlados por las organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico. Esta condición se desprende de la maldita corrupción, ya que las mafias tienen mucho dinero para comprar espacios en las instituciones públicas, como es el caso de las cárceles. La corrupción ha abierto las puertas a los cárteles para que se apoderen y controlen muchos reclusorios en el país, entre ellos el de Acapulco. Infinidad de historias se escuchan sobre este hecho que suena ilógico: son las bandas criminales las que gobiernan en estos lugares tan “seguros”. Desde las cárceles se sigue extorsionando y se controlan muchas actividades criminales que afectan a la población. Incluso, es cosa común que en ellas fluyan las drogas para el consumo de los internos. Tal parece que las autoridades de los penales y el personal de vigilancia y seguridad, en la práctica, están subordinados a las organizaciones criminales que imponen sus caprichos y sus intereses.
Así las cosas, no debieran extrañarnos masacres como la de la semana pasada. Tanto el modelo de justicia punitiva, como la corrupción del sistema penitenciario, y el poder de las mafias de narcotraficantes hacen posible este tipo de eventos. En la práctica, los internos de los penales están condenados a vivir en el mismo infierno donde el poder y el dinero gobiernan y en donde nadie tiene posibilidades de redención.

Aix-en-Provence es una ciudad de 140 mil habitantes en el sur de Francia, cerca de Marsella. Es la zona del hexágono del idioma del poeta Federico Mistral, la cuna del pintor Cézanne, y dónde millones de franceses vienen a pasar parte o todo el verano desde hace más de un siglo. Hoy pertenece a la demarcación regional llamada Provence-Alpes Maritimes-Cote d’Azur o PACA.
Es una ciudad más o menos con la misma población que Tulancingo, en Hidalgo. En realidad Tulancingo tiene unos 20 mil habitantes más. No es ni la más rica de Francia ni la más pobre. Es quizás una de las de mayor tradición o abolengo o de belleza natural, aunque no necesariamente arquitectónica. Las plazas son preciosas sin ser espectaculares; la catedral en plena restauración es buena pero desde luego no es Chartres o Reims o Estrasburgo; quizás lo que más caracteriza esta región es la luminosidad que inspiró a artistas como Cézanne, Van Gogh, Sisley, y a un buen número adicional de impresionistas.
La comparación con Tulancingo es válida. No solo por las dimensiones demográficas idénticas, sino también porque Francia es un país de pequeñas ciudades y México es un país de ciudades medianas. La diferencia reside en lo que cada una de estas dos ciudades encierra para sus habitantes y visitantes. La primera comparación que impacta, quizás injustamente pero no del todo, porque si bien Francia es una nación con una cultura milenaria, México también lo es. El museo de la ciudad, insisto, que tiene 140 mil habitantes, tiene una exposición permanente que incluye varias obras de Cézanne, como es lógico, de Picasso, Giacometti –esculturas y caballete– y desde luego exposiciones temporales de enorme calidad. Dos llaman en este momento la atención. La de Sisley, uno de los primeros impresionistas, y la de la galerista Jeanne Bucher Jaeger con una colección con más de 100 obras entre las que destacan Picasso, Renoir, Monet, Van Gogh, Klee, Dubuffet y Nicolas de Stael.
Aix también ofrece a sus habitantes y visitantes la sede de la Universidad de Provence-Marsella, una de las universidades públicas más avanzadas en Francia en materia de “digital o numérico” como le dicen ahí, y es sede también desde hace 17 años, de las reuniones de jornadas de economía donde se congregan altos funcionarios, los mayores empresarios de Francia y economistas, politólogos y científicos sociales de toda índole del mundo entero. Insisto, todo esto en una ciudad de 140 mil habitantes.
Y como todas estas ciudades, Aix tiene tres centros fundamentales para la vida local y turística. La primera es la famosa Office de Tourisme, ubicada en el centro de la ciudad donde todos los turistas pueden dirigirse a preguntar por alojamiento, restauración, obras de teatro, museos, paseos y parques, y viajes alrededor de la ciudad. El propósito del Office de Tourisme es sólo ese. Informarle a los visitantes qué pueden hacer: no estafarlos, no engañarlos, no decirles que no –el deporte preferido francés.
En segundo lugar, Aix, como todas las ciudades francesas de este tamaño o incluso menores, tiene por lo menos una Maison de la Jeunesse de la Culture –MJC– fundadas por Andrés Malraux a principios de los años sesenta cuando fue el primer ministro de cultura del general De Gaulle. Ahí se reúnen jóvenes, niños y viejos, que pierden el tiempo o lo disfrutan y lo aprovechan, aprenden cosas o sólo se divierten, pero donde existe un centro cultural abierto a todos y animado por el Estado francés.
Y en tercer lugar, Aix, como casi todas las ciudades francesas de estas dimensiones, tiene su alcaldía, el llamado Hotel de Ville, que se coordina con la policía nacional (la famosa Gendarmería que tanto le gustaba a Peña Nieto), y se vincula también con la administración nacional: el famoso Prefecto y ahora desde los años 80 con los presidentes regionales.
Francia tiene una enorme cantidad de problemas. Aix no está exenta de ellos. Tulancingo tampoco. Dentro de unos 50 o 60 años, quizás tendremos el nivel de vida en Tulancingo que el que tiene Aix hoy. Pero algunas de las cosas que tiene Aix las podría tener Tulancingo. No dependen del PIB per cápita. Dependen de unas ciertas ganas de hacer las cosas y de gastar dinero en ellas. ¿Dinero de quién? De los contribuyentes, los que en México no queremos pagar impuestos, como si a los franceses les diera mucho gusto.