El delegado de Transporte, Juan Barrios Hernández, informó que del miércoles de la semana pasada al día de ayer se han detenido tres camiones urbanos del Bloque 1, de la ruta Base- Zapata, Base- Renacimiento y Hornos- Base, se han aplicado 25 infracciones por falta de licencia y se hicieron 235 revisiones a vehículos.
Consultado en su oficina, Barrios Hernández indicó que el gobierno estatal no ha entrega concesiones, sino que se han hecho sustituciones de vehículos, y mencionó el caso de las rutas Infonavit Alta Progreso, Ex Campo de Tiro, Mozimba y Potrerillo, donde ahora son Urvan.
Aseguró que se intensificaron las acciones para detectar vehículos piratas y se han detenido tres camiones porque los choferes no traían documentos para acreditar la concesión, y el que detuvieron el martes no traía “ni tarjeta de circulación”.
Sostuvo que desde el inicio de la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores se informó que no habría entrega de concesiones, “el director de Tranporte, Miguel Ángel Piña, lo ha dicho pero mucha gente se confunde, según es Urvan porque ya existía una ruta en modalidad de urbano o microbús y lo único que se hizo fue cambiar el vehículo”.
“No se ha dado ninguna concesión nueva sólo que algunos transportistas no lo entienden de esa manera, ellos al ver una Urvan piensan que es una concesión nueva”, declaró el delegado.
Abundó que se han entregado sustituciones en diferentes partes, que en la ruta Infonavit Alta Progreso fueron 25 concesiones de camiones urbanos que se cambiaron a Urvan.
Agregó que también en la colonia Ex Campo de Tiro son 33; en Mozimba 50 y en Potrerillo 23, “no son concesiones nuevas, son concesiones que eran de camión urbano pero cambiaron a Urvan”, e insistió en que no son nuevas.
Del aumento del pasaje, el delegado de Transportes reiteró que “no está autorizado, le pedimos a la ciudadanía que si alguna persona altera la tarifa que lo denuncie a la delegación y estamos al pendiente de las quejas”.

 

La madre de un niño de 11 años donó los órganos del menor, luego de que a éste se le diagnosticó muerte cerebral como consecuencia de  una malformación arteriovenosa cerebral.
El hígado, riñones y córneas fueron trasplantados a cinco niñas y niños que estaban en la lista del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra). Es la primera donación multiórganica de un menor de edad que se hace en el Hospital General Regional (HGR) número 1 del IMSS, Vicente Guerrero.
Sin ningún síntoma previo, el menor de 11 años ingresó al hospital del IMSS con un fuerte dolor de cabeza. El domingo cumpliría años y estaba esperando su graduación de sexto año de primaria.
En un comunicado, se informó que aunque no era derechohabiente del IMSS, la madre lo llevó a Urgencias al darse cuenta del dolor que sentía su hijo, que fue atendido en el hospital Vicente Guerrero por un fuerte dolor de cabeza, presentó paro cardiorespiratorio y le diagnosticaron muerte encefálica por ausencia de actividad cerebral.
La madre del menor relató que éste ansiaba sus vacaciones porque recibiría como regalo, por terminar el sexto año de primaria, un viaje a la Ciudad de México. El próximo ciclo escolar lo haría en la Secundaria Técnica número 1, a donde asistiría acompañado de una de sus primas.
Recordó la madre, que es comerciante, que su hijo “nunca” se enfermaba, que era un niño “feliz, sano y alegre” al que no le gustaba estar sin hacer nada porque se aburría: “siempre encontraba algo qué hacer, era un niño bueno, muy noble”.
Cuando los doctores le informaron que su hijo no despertaría, ella tomó la difícil decisión de donar los órganos del menor, los que sirvieron para mejorar y salvar la vida de cinco niñas y niños. Dijo que su hijo estaría de acuerdo en “salvar vidas, él era compartido, compartía sus cosas, ahora es un héroe, un ángel”.
“Yo les diría (a quienes tengan que tomar la decisión de donación) que lo hagan,  que es algo hermoso; yo lo que siento es que mi niño es un héroe y que va a ayudar a otros niños, yo me siento satisfecha con que mi hijo va a ayudar a otros niños”, expresó.
A los padres de los niños que recibieron los órganos de su hijo les mandó bendiciones y les pidió que “cuiden mucho a sus hijos porque uno no sabe cuándo va a llegar  el momento,  ámenlos  mucho”.
La donación de los órganos de este niño de 11 años fue la primera donación multiorgánica de un menor. Se donaron hígado, riñones y córneas.
Médicos del IMSS e ISSSTE fueron los que realizaron la cirugía en el menor que presentó muerte cerebral consecuencia de un aneurisma, que “se define como una conexión anormal entre las arterias y las venas en el cerebro que por lo general se forma antes de nacer, desconociéndose la causa. Se presenta cuando las arterias en el cerebro se conectan directamente con las venas cercanas, sin tener los vasos normales (capilares) entre ellas”.
De acuerdo con la lista de espera del Cenatra, los órganos procurados fueron enviados de la siguiente manera: hígado para el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE; riñón derecho y las dos córneas al hospital general del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS y el riñón izquierdo al HGR N° 36 del IMSS en Puebla. Todos fueron trasladados vía área en una avión de la Procuraduría General de la República (PGR) a los hospitales designados para ser trasplantados.
El delegado estatal del IMSS, Reyes Betancourt Linares, indicó que es la quinta procuración de órganos en el hospital Vicente Guerrero, y exhortó a la población a que platique con sus familiares sobre convertirse en donadores y salvar vidas.
Agradeció “a los familiares del niño donador, y consideró que son un ejemplo de valentía, humanismo, amor al prójimo y bondad”; asimismo reconoció el trabajo conjunto de los médicos del ISSSTE, del IMSS  y del personal de Enfermería, Anestesiología y urgenciólogos de los turnos matutino y vespertino del HGR N° 1 Vicente Guerrero”.

El subsecretario de Promoción Turística, Jesús Radilla Calderón, informó que durante el primer semestre del año aumentaron 10 frecuencias de vuelos en los aeropuertos de Guerrero, tanto para nacionales como internacionales.
Para Zihuatanejo, detalló que los vuelos nuevos son a León y a la Ciudad de México con las empresas TAR y Viva aerobús.
“A partir de invierno se inauguró el vuelo directo Chicago-Zihuatanejo con la aerolínea mexicana Volaris; Milwaukee-Zihuatanejo con la empresa Norwegian Airlines”, indicó Radilla Calderón, quien agregó que fue gracias al trabajo conjunto del Comité Estatal de Conectividad Aérea, encabezado por Daniel Martínez de Pinillos.
Para el caso de Acapulco, indicó que un nuevo vuelo es San Luis Potosí-Acapulco de la empresa Aeromar; Durango-Acapulco y Monterrey-Acapulco con la empresa TAR.
En cifras generales, informó que la empresa Aeroméxico tiene cuatro vuelos diarios, Interjet mantiene dos diarios, misma que tiene uno diario a Toluca; la empresa Viva Aerobús mantiene tres vuelos semanales Monterrey-Acapulco, Acapulco-Monterrey la empresa Volaris, que mantiene dos vuelos semanales y Acapulco-Tijuana, Tijuana-Acapulco mantiene cinco vuelos semanales; Aeromar tiene dos vuelos diarios que son Ciudad de México-Acapulco, Acapulco-Ciudad de México; la empresa TAR mantiene el vuelo Guadalajara-Acapulco, Acapulco-Querétaro con cuatro vuelos semanales; además del vuelo de United con una frecuencia semanal a Houston, y los charters que tienen las empresas Air Transat y Sun Win, que vuelan desde enero a marzo desde Canadá al puerto de Acapulco.
Para el caso de Ixtapa-Zihuatanejo, detalló Radilla Calderón, la empresa Aeroméxico está volando México-Zihuatanejo, Zihuatanejo-México, y es el mismo caso de las empresas Aeromar e Interjet que parte un vuelo del Bajío a ese destino de playa.
“Zihuatanejo en caso de vuelos internacionales mantiene conectividad con las empresas Alaska Airlines, United con vuelo a Houston, con América Airlines a Phoenix y Delta Airlines con Los Ángeles”, detalló.
Comentó que el comité de conectividad se encarga de buscar nuevos vuelos, y descartó que las alertas emitidas por los gobiernos estadunidense y canadiense, que mantienen por la inseguridad en Acapulco y Zihuatanejo, afecte la conectividad en vuelos de esos países.
Jesús Radilla dijo que por el contrario, “están llegando Delta, que vuela Zihuatanejo-Los Ángeles, Minneapolis-Zihuatanejo; Widget, que vuela de Zihuatanejo a Calgary, y la línea aérea Air Canada, que viaja de Montreal, Toronto y Vancouver hacia Zihuatanejo en viajes redondos; Air Transat, de Montreal-Zihuatanejo, Sun Country Minneapolis-Zihuatanejo, de Winnipeg a Zihuatanejo, de Saskatoon-Zihuatanejo y Regina y Vancouver”, especificó.
Son siete líneas aéreas, aseguró, que han incrementado frecuencias en estos destinos “y por el contrario seguimos incrementando y para el caso de Acapulco estamos en pláticas con Volaris para traer un vuelo de los Ángeles al puerto y después iríamos al Chicago-Acapulco, que también estamos trabajando de la mano con Volaris. Esta aerolínea está apostando mucho al mercado internacional”.
“Estamos viendo la posibilidad de conseguir un vuelo de Colombia e incrementar con el operador con quien nos reunimos en el Acapulcazo, el secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona y los integrantes del Comité de Conectividad Aérea y ver la posibilidad de conseguir vuelos de Sudamérica”, detalló.
Radilla Calderón consideró que a pesar de las alertas y los hechos de violencia, hay una recuperación en vuelos, al igual que los cruceros.

 

Integrantes de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo sesionaron ayer en la mañana con la participación de 38 comités de empresas de Acapulco. La reunión se desarrolló en el hotel Amarea.
Consultado al concluir la junta, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Oscar Rangel Miravete, dijo, sin precisar cifras ni qué empresas, que las de más accidentes registraron fueron hoteles y restaurantes, y en contraste las dedicadas al ramo de la construcción no tuvieron ninguno.
Dijo que los integrantes de los comités de Seguridad pidieron recibir capacitaciones laborales con valor curricular, que ofrecen algunas empresas certificadas.
Mencionó que una propuesta es que las empresas que no han tenido accidentes en varios años ofrezcan charlas de capacitación aquellas en las que el número de incidentes aumentó.
“Lo que estamos viendo es que las medidas de seguridad de los centros de trabajo antes no existían ni los comités de hoteles o restaurantes, y cada vez hay más y comparamos los accidentes de trabajo que hay en empresas, que no deberían tener incidentes con aquellas que son de alto riesgo, como las cementeras, pero que no los tienen por los protocolos que adoptan”, indicó el funcionario estatal.
Las compañías como las cementeras, continuó, solo han tenido un accidente en los últimos cinco años y un trabajador se luxó la mano al bajar una escalera, en cambio las empresas de servicios como hoteles que no tendrían porqué tenerlos registran muchos más.
Rangel Miravete detalló que hay 38 comités que están funcionando en igual número de empresas de Acapulco como marca la norma laboral.
Agregó que los accidentes relacionados con problemas eléctricos, así como con pisos mojados son los más frecuentes.
En el tema del reparto de utilidades, dijo que las empresas que incumplieron con esa obligación a sus trabajadores están en Iguala y Chilpancingo; sin embargo tampoco mencionó sus nombres.

 

 
El presidente de la Unión Ganadera en Guerrero, Atalo Niño Ramírez, dijo que el problema de que el seguro de siniestros no cubre las pérdidas totales por fenómenos naturales o incendios, ya se le planteó al presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), Oswaldo Chasaro Montalvo, para ver la forma de ayudar a los ganaderos.
Esto luego de que en Zihuatanejo los ganaderos se quejaron de que el seguro no cubrió 520 de las 650 reses que se reportaron como muertas.
Niño Ramírez abundó que los municipios con mayores afectaciones por muerte de ganado fueron Costa Chica, Costa Grande y región Centro, aunque no tiene cifras exactas porque algunos ganaderos no reportaron.
El martes pasado, el presidente de la Asociación Ganadera Local José Azueta, en Zihuatanejo, Armando Espinoza, manifestó que el sector ganadero en ese municipio sufrió la pérdida económica superior a los 13 millones de pesos por la sequía.
Señaló que el seguro de siniestros no cubrió el total de reses que se reportaron como muertas, debido a las cláusulas “rígidas” que maneja la actual empresa aseguradora que contrató el gobierno federal.
Consultado por teléfono, el dirigente expuso que este seguro es operado por la CNOG y lamentó que se ponen candados en los requisitos para acceder al apoyo.
Abundó que en lo que va del año con este seguro se ha apoyado con cerca de 11 millones de pesos a ganaderos de las distintas regiones y por causas de rayos, enfermedades exóticas y la sequía.
Indicó que los afectados fueron animales bovinos, caprinos, ovinos y colmenas, sin embargo aceptó que los 11 millones de pesos no corresponden al total de pérdidas, que probablemente pueda ser el doble.
“Nosotros ya hablamos, ya se lo planteamos al presidente de la CNOG, al presidente de la Confederación, es el diputado (federal, el priista) Oswaldo Chasaro Montalvo… ya ellos también ya lo están viendo también la forma cómo ayudar aquí a los ganaderos”, manifestó.
Niño Ramírez resaltó que no sólo es Zihuatanejo el que presenta ese problema, que en la capital también lo hubo, sobre todo a causa de los incendios forestales que quemaron potreros, “muchísimo” pasto y eso provocó enfermedades en los animales. Incluso, dijo que todavía hay animales que están viviendo las secuelas de estos problemas.
“Aquí lo que afectó más es la Costa Chica, Costa Grande y aquí la zona Centro, las tres regiones más afectadas por los incendios. Eso nos afectó mucho”, concluyó.

Sorprende el desbordado optimismo de Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, quien declaró que hay garantías para una elección presidencial confiable en 2018, pese a que “va a venir mucha turbulencia y especulación, natural en una elección presidencial que seguramente será tan competida…”
Pues sí, es sorprendente que pese a lo ocurrido en las recientes elecciones de los estados de México y Coahuila, donde el INE fue un convidado de piedra o, peor aún, ni siquiera fue convidado, todavía salga el principal responsable de nuestro desastroso sistema comicial a decir que hay garantías, cuando lo evidente es la actuación gubernamental abusiva y lo comprobable es que el INE, ese enorme y albo paquidermo, es también sordo, bizco y hasta ciego cuando le conviene a las autoridades priistas.
De poco sirve que el Instituto Nacional Electoral tenga 15 mil o 20 mil empleados y un presupuesto inmenso si su actuación no inspira confianza en la sociedad, si los procesos electorales siguen siendo el escenario de una intervención descarada a favor del PRI y si los resultados sólo suscitan el aplauso de los presuntos ganadores y la repulsa de los demás participantes.
En estas condiciones, no hay razón para confiar en que tendremos una elección limpia en el 2018. El INE no es capaz de garantizarla. Los miembros de su consejo general no muestran interés en vigilar rigurosamente el proceso ni parecen dispuestos a amarrarle las manos al PRI ni a fiscalizar su gasto (léase los dinerales que ilegalmente recibe ese partido del erario).
Para Lorenzo Córdova, las elecciones se realizan de manera adecuada, pues el INE garantiza condiciones como la instalación de las casillas, el acceso a medios, el padrón electoral y el financiamiento público a los partidos. Para Córdova, “eso no es asunto menor (y) quien menosprecie eso está menospreciando la base fundamental de la democracia… El INE sigue cumpliendo puntualmente eso que es la base sin la cual no habría elecciones”.
Triste idea de su responsabilidad tiene el señor Córdova, y más lamentable todavía es que para él baste con que el INE instale casillas, reparta los tiempos de radio y televisión, elabore el padrón electoral y entregue a los partidos el dinero que en mala hora se les regala en cantidades que exceden mucho lo necesario.
Para alimentar la desconfianza, al recibir los dictámenes de las cuatro elecciones estatales recientes, la Comisión de Fiscalización del propio INE declaró que prevé que no haya rebase del tope de gastos en las campañas de gobernadores, pero sí en las campañas de alcaldes ¡de Veracruz! Sí, ahí donde hay un gobernador que no se sabe bien si es del PRI, del PAN, del PRD o de ningún partido ni persona, sino sólo de él mismo.
La obstinada e interesada ceguera del INE frente a los derroches del PRI son una causa, sólo una y no menor, de la desconfianza popular. Pero también influye en la incredulidad generalizada la actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tampoco vio nada anormal en la actuación priista en el Estado de México, pero sí considera punible la participación de 12 senadores del PT-Morena en las mismas elecciones.
La resolución del TEPJF ratifica un fallo del Tribunal Electoral del Estado de México, una especie de oficina de castigos del muy priista gobernador del estado. Para ambos tribunales, la asistencia de los senadores morenistas a un acto de campaña de la candidata Delfina Gómez es una desviación de recursos públicos (no especifica cuáles) que viola “los principios de imparcialidad de las contiendas electorales”.
La acusación es porque los legisladores supuestamente se ausentaron de su escaño para ir al mitin de Delfina, pese a que el día de los hechos no hubiera sesión en el Senado. En cambio, los tribuales no se enteraron de que durante la campaña electoral y varios meses antes fue ininterrumpido el desfile de funcionarios federales (priistas) por el Edomex, desde el presidente de la República, que fue varias veces, los secretarios y subsecretarios de Estado y hasta choferes y personal de apoyo por miles. Pero eso no lo vieron los señores magistrados.
En el fallo de los tribunales electorales importó poco la validez jurídica. Fue, nada más, parte de las garantías que anuncia Lorenzo Córdova, garantías para cerrarle el paso a la oposición e imponer al candidato priista a cualquier precio. ¿Está claro?

Nadie debe llamarse a engaño: para el 2018 el gobierno ya diseñó su estrategia electoral: repetir la fórmula mexiquense a escala
nacional.

A estas alturas, cuando sólo le quedan 15 meses de vida al gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN), su atención y energía ya no están centradas en afianzar lo logrado –que no fue mucho, pues pese a las “reformas estructurales”, este año el PIB crecerá apenas 2% (Fitch Ratings), en tanto que los secuestros, homicidios, extorsiones y robos a negocios, crecieron, sólo en este semestre, entre el 18% y el 47% respecto del anterior, según Semáforo Delictivo–, sino en asegurar que el proceso electoral de 2018 no sea la vía por la cual el desencanto, la frustración y el resentimiento colectivos contra el estado de cosas imperante, permitan el triunfo de una oposición en ascenso –la de Morena– y eso desemboque no sólo en un cambio de grupo en el poder sino en trasformaciones del contenido de las políticas económicas y sociales.
El esfuerzo del aparato institucional ya está centrado en lograr que dentro de un año los ganadores y perdedores de la política –ese proceso que determina “quién consigue qué, cómo y cuándo”– sean los mismos del 2012 y de todo el rosario electoral de los últimos 77 años que contienen los capítulos de la postrevolución y del neoliberalismo autoritario mexicano.
Las elecciones de junio pasado en ese desastre político y administrativo que es el Estado de México, fueron el ensayo general de la que será la estrategia del gobierno saliente para entregar el poder presidencial a un personaje y a un equipo que pueden ser o no “priistas de cepa”, pero que en cualquier caso deberán ser priistas funcionales para garantizar los intereses y posiciones de quienes hasta hoy han sostenido y controlado un arreglo político notable por su longevidad, su corrupción irrefrenable y su impunidad; para que una auténtica minoría, para que ese 1% de la población siga quedándose con el equivalente al 22% del PIB mexicano, (Gerardo Esquivel, Desigualdad extrema en México, Oxfam, 2015, p.15).
Las últimas elecciones mexiquenses probaron que el PRI, por sí mismo y pese a jugar con todos los dados cargados en su favor, ya no puede ganar incluso en ambientes donde ha monopolizado el poder por 88 años continuos. En ese bastión priista, un partido de oposición, con menos de tres años de existencia, Morena, logró este año que una autoridad electoral renuente le reconociera 57 mil 913 votos más de los que obtuvo por sí mismo el PRI, (nacion321.com/elecciones/morena-obtuvo-mas-votos-que-el-pri-este-y-otros-datos-sobre-la-eleccion-edomex). De ahí la necesidad del gobierno de mantener y reforzar sus alianzas formales con el PVEM, Panal y PES y, sobre todo, las informales con su “oposición leal” –PRD y PAN– que deberán jugar un papel crucial para dividir y fragmentar el creciente voto anti PRI (ver, como ejemplo, la negociación PRI-PRD, Proceso, 4 de junio).
Dicha elección dejó en claro la voluntad, capacidad y eficacia relativa del gobierno para lanzar todo el peso y el gasto del sector público local y federal para que, vía la obra pública, reparto de tarjetas, despensas, electrodomésticos, etcétera, la vieja y bien organizada maquinaria clientelar priista movilice en favor del no cambio, al México pobre, a ese que, según cifras oficiales, constituye el 45.5% del país (Coneval).
Para que el aparato clientelar del PRI se moviera a sus anchas fue necesario que el Instituto Nacional Electoral (INE) se mostrara muy eficiente en abrir a tiempo las casillas, poner la papelería y, a veces, contar bien los votos, pero que estuviera ciego ante la forma como se consiguieron una parte crucial de los mismos: comprándolos. El resultado de dicho sesgo fue el triunfo del candidato del gobierno, pero no de la credibilidad.
Para asegurar que, creíbles o no, las posibles impugnaciones de la oposición sean formalmente desechadas –justo como ha ocurrido desde la última elección de Porfirio Díaz–, la Suprema Corte acaba de declarar, por una votación de 6 contra 5, que es perfectamente legal la conformación de un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde cuatro de sus siete magistrados ampliaron su tiempo de permanencia en el cargo entre dos y cuatro años más. Así el gobierno se asegura de que no se cuelen imparciales y disonantes en un órgano probadamente leal. Conviene recordar que el nombramiento de los actuales miembros del TEPJF fue el resultado de un acuerdo entre los tres partidos que son el sostén del actual sistema político: PRI, PAN y PRD. En fin, que el TEPJF del 2018 seguirá siendo uno de “cuotas” y, por eso, sospechoso de parcialidad (Reforma, 28 de junio).
El espionaje político no es nuevo, pero el descubrimiento del uso del poderoso malware Pegasus por parte de agencias gubernamentales para espiar ilegalmente a críticos y opositores al mejor estilo soviético, (Proceso, 25 de junio), muestra que el gobierno recopila un caudal de información confidencial sobre las estrategias de opositores y aliados a fin de intentar neutralizarlas en el momento oportuno.
En suma, ya está claro que las elecciones de 2018 se van a dar “a la mexiquense”, es decir, en condiciones de inequidad extrema para impedir el cambio. Por tal razón, para frustrar esa estrategia, se va a requerir de una auténtica insurrección electoral de quienes consideran injusto e intolerable prolongar el actual desastre nacional un sexenio más.

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La creciente inseguridad en el país que se constata con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública consistentes en que en los cuatro años y seis meses –hasta mayo del 2017– del gobierno de Enrique Peña Nieto, los homicidios dolosos registrados ascendieron a 83 mil 209 frente a los 70 mil 693 del anterior gobierno federal y en Guerrero de acuerdo con los datos de este diario –El Sur 03/07/2017– de enero a junio hubo mil 141 ejecuciones –64 más que en el 2016– traen de cabeza a responsables de los distintos órdenes de gobierno, toda vez que ante el fracaso de tantos planes, programas y acciones anunciadas en múltiples eventos públicos, no aciertan a resolver este grave problema que agravia a la población.
1.- Ahora resulta que la Conferencia Nacional de Gobernadores –Conago– por voz de su presidente en turno Miguel Ángel Mancera, anuncia un nuevo programa impulsado por este organismo denominado Fuerza Conago para hacer frente a este flagelo social que ha terminado con decenas de miles de personas en los dos últimos gobiernos federales. Este programa daría inicio en Acapulco, lugar donde asistirían en principio cien policías, de los cuales veinte serían de la Ciudad de México y el resto de otras entidades de la república. Habría que esperar también el programa que ha anunciado el secretario de Turismo federal Enrique de la Madrid consistente en policías turísticos que realizarían funciones de seguridad en los principales destinos de esparcimiento del país, y con ello habría una variedad de cuerpos de seguridad: Ejército, Marina, Gendarmería, Policía Federal, policías federales turísticos, policías de la Conago, policías estatales y policías municipales.
2.- La Conago se comenzó a organizar por los gobernadores del PRI para hacer un contrapeso y convertirse en un grupo de presión al gobierno federal que surgió de la alternancia en el año 2000. Su primera asamblea la llevaron a cabo el 10 de agosto del 2001 en Mazatlán, Sinaloa. Vicente Fox, un presidente temeroso y conservador se dejó presionar por los gobernadores de ese entonces a quienes les entregó miles de millones de pesos –producto de los excedentes petroleros– para que los ejecutivos locales los gastaran y derrocharan a su antojo, sin rendir cuentas. De acuerdo con los atributos que dice tener la propia Conago quien explica que para dar cumplimiento al artículo 117 de la Constitución federal en el sentido de que los estados no pueden celebrar alianzas, coaliciones o tratados entre sí ni con potencias extranjeras, sólo delibera y toma decisiones no vinculantes pero sí propositivas. https://www.conago.org.mx/
3.- Lo primero que habría que precisar es que la Conago no es un organismo oficial, en razón de que no tiene un fundamento constitucional, legal ni reglamentario. Se trata de un ente eminentemente político cuyo origen se ha ido modificando para convertirse en una instancia legitimadora de las decisiones de Peña Nieto. ¿Qué ha hecho la Conago para deslindarse de sus miembros gobernadores corruptos y de la corrupción gubernamental? Nada, su silencio ha sido una prueba de solapamiento. La Conago no tiene facultades normativas para crear cuerpos propios de seguridad como lo pretende hacer Mancera. ¿Cómo es que habría policías de otros estados en Acapulco, Guerrero? ¿Bajo qué mando estarían estos policías? ¿A quien le rendirían cuentas? ¿Quién respondería por sus actuaciones? Si con los distintos cuerpos de seguridad que existen federales, estatales y municipales se ha hecho muy compleja la coordinación, hay que imaginarse qué ocurriría con policías de otras entidades de la república. Sería un caos.
4.- Toda iniciativa que busque combatir la inseguridad debe ser analizada con responsabilidad, pero la Fuerza Conago propuesta por Mancera es una ocurrencia de contenido exclusivamente político, en virtud de que ciertamente el problema más sentido por la población es el de la inseguridad y Mancera se quiere colgar de éste para promocionarse y posicionarse como aspirante presidencial. No es una casualidad que la mayoría de gobernadores del PRI y del PAN hayan permitido que Mancera presida la Conago en este periodo previo a la elección presidencial y a las elecciones federales y estatales del 2018; lo han consentido y auspiciado porque la Conago le dará reflectores, mucha publicidad a Mancera en todos los medios electrónicos, impresos y en redes sociales con el único objetivo de posicionarlo y así restarle votos al seguro candidato presidencial de Morena Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que hay en el fondo de la iniciativa de Fuerza Conago, este es el verdadero rol que está jugando y jugará Mancera en el proceso electoral del 2017-2018, pero además con su iniciativa busca diluir la responsabilidad que tienen Peña Nieto, los gobernadores y alcaldes en la creciente inseguridad en México.
marcialrodriguez60@
hotmail.com
Twitter: @marcialRS

Los campos de batalla en el PRI se han establecido. Por un lado, Enrique Ochoa, impuesto por el presidente Enrique Peña Nieto como líder del PRI para enviar una señal al interior del partido que él era el jefe supremo. Por el otro, Manlio Fabio Beltrones, quien renunció al CEN del PRI tras las derrotas en 2016 en la contienda de 12 gubernaturas, donde ofreció su cabeza al presidente como un sacrificio para que ajustara el rumbo de su gobierno, que tanto daño había causado en las urnas. Peña Nieto lo ignoró y sólo Beltrones pagó el costo de la humillación. Desde entonces, las fisuras en el PRI se han acentuado, donde la minoría, ubicada en el entorno peñista, controla a la mayoría por la vía de los recursos que tiene la Presidencia para destruir a quien sea, si así se lo propone.
Beltrones, que probablemente tiene más prestigio hoy en día dentro del PRI que Peña Nieto y todo su gabinete junto, fue crecientemente presionado por los cuadros más experimentados del partido para que definiera su posición y dijera qué quería. Buscaban tener en él la cabeza del desafío a Peña Nieto, pero rechazaba las presiones. Hasta después de las elecciones en el Estado de México podría darse un posicionamiento, insistía a quien le preguntaba. Finalmente, esa definición se dio en una entrevista con Reforma, donde anticipó que definirá si compite por la candidatura presidencial después de la Asamblea Nacional del PRI en cinco semanas, pero advirtió que su partido no puede servir de “taxi” de aspirantes sin identidad partidista.
Ante el pañuelo lanzado, Ochoa aceptó el reto. Al hablar con periodistas sobre la Asamblea, dijo que serán sus delegados quienes decidirán si aceptan o no a un candidato sin identificación partidista, que podrían ser él mismo o el secretario de Educación, Aurelio Nuño, entre el grupo presidencial que se encuentra entre los aspirantes. Ochoa fue más ambicioso y abrió la baraja para darle a Peña Nieto mayores márgenes para su decisión. Dirán los priistas, adelantó, si permiten que sea un no militante candidato por el partido a la Presidencia, con lo que abrió al debate público el cabildeo intramuros para que se modifique el estatuto que exige 10 años mínimo de militancia y que hayan tenido algún cargo de representación priista, que pudiera ser incluso representante en su casilla en una elección, que permitiría contender por la franquicia al secretario de Hacienda, José Antonio Meade.
Este candado es la piedra de toque de la Asamblea General del PRI y en donde se juega el destino de la sucesión presidencial. Ochoa es la avanzada para el cabildeo que trata de eliminar ese candado de los estatutos, incorporado por los priistas en la ola de furia contra el ex presidente Ernesto Zedillo, a quien muchos consideran trabajó contra el PRI desde el interior del PRI, y allanó el camino para que Vicente Fox acabara con el reinado priista en el poder. Impedir la llegada de otro perfil como Zedillo a una candidatura, sirvió durante años tanto como el modificado artículo 82 de la Constitución, escrito en 1917 con dedicatoria al ministro de Hacienda, José Yves Limantour, y que evitó que figuras como Carlos Hank González pudieran aspirar por la candidatura presidencial al haber nacido uno de sus padres en el extranjero. La disidencia priista ya planteó a la secretaria general del partido, Claudia Ruiz Massieu, que estarían dispuestos a eliminar ese candado a cambio de que Peña Nieto abriera el proceso de selección de candidato presidencial.
La respuesta de Los Pinos no ha llegado. Aceptar esa propuesta sería el equivalente para Peña Nieto de entregar la facultad, intocada hasta ahora, de decidir a quien desee como sucesor. Los resultados de la elección del Estado de México le permitieron afianzar ese recurso metafísico de la política priista, y no hay señales de que abra el proceso de sucesión para hacerlo más incluyente, como lo hizo Miguel de la Madrid en 1987. Pero hay algo más. En la Asamblea General se espera que participen cerca de 10 mil priistas, pero más del 70% serán música de acompañamiento para efectos prácticos, pues unos dos mil 500 delegados serán los únicos que tomen las decisiones sobre el rumbo del partido.
Los preparativos de la Asamblea General no los ha realizado Ochoa. Peña Nieto encargó esa responsabilidad a Ruiz Massieu, que es una negociadora dura y con bajos niveles de tolerancia, y al ex procurador Jesús Murillo Karam, quien ha trabajado estrechamente con el presidente en materia electoral y partidista desde hace más de una década. La convocatoria de la Asamblea, redactada por Murillo Karam, no deja espacios para el debate abierto, menos aún para sorpresas. Es decir, podría argumentarse que si la mayoría de esos cerca de dos mil 500 delegados deciden respaldar los deseos de Peña Nieto, podrá haber eliminación de los candados y construir el andamiaje para que decida por quien le plazca como su sucesor.
Una decisión vertical, como esa, mandaría un mensaje al PRI, donde Peña Nieto ha perdido sistemáticamente influencia, de autocracia partidista. Pero ¿llevaría a una fractura como en 1987? La mayor parte de los priistas consultados piensan que no, y que habría subordinación. Pero esas preguntas se hicieron antes de la definición de Beltrones, quien ya habló y a quien todos escuchan. El choque entre el PRI de Peña Nieto y el de Beltrones, en todo caso, comenzó.

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