Más de mil empleados municipales no trabajan, dice el alcalde de Chilpancingo

 

El alcalde capitalino, Marco Antonio Leyva Mena, dio a conocer que dentro de la nómina del gobierno de Chilpancingo hay más de mil personas que están a disposición del área de Personal, porque no “tienen una forma de donde laborar”.
“Los vamos a ubicar en áreas, lo que pasa mucho en Chilpancingo es que al municipio lo toman como el segundo trabajo, no es el primero, donde sólo vienen a checar y se van”, agregó.
En la conferencia matutina que ofrece cada martes, el priista explicó que mantiene a más de mil trabajadores dentro de la nómina del Ayuntamiento sin que trabajen, y para no lesionar sus derechos laborales no son sancionados por sólo venir a marcar su entrada y salida.
“Tenemos que respetar esos derechos y levantar el acta respectiva, lo que estamos haciendo sin lastimar los derechos de los trabajadores”, agregó.
Puntualizó que las personas que realizan esta acción se ven protegidas por la ley, por sólo realizar la acción de presentarse a checar en su hora de entrada y salida.
Comentó que ante esta situación se continúa revisando la nómina, para determinar qué hacer y cómo hacerlo, ya que una de las propuestas de su gobierno es eliminar por completo los turnos vespertinos.
“No se vale que sean cerca de 3 mil 400 trabajadores y sólo vengan a trabajar mil 700”, enfatizó.
El alcalde puntualizó que en algunos casos existen trabajadores que son respaldados por funcionarios del Ayuntamiento, quienes consienten que las personas sólo acudan a registrar su ingreso y salida.
Ante esta situación dijo que se esta realizando también una revisión sobre la situación de complicidad, pero reiteró que el trabajador se protege de manera automática al cumplir con esta acción.
En la misma tónica el alcalde reconoció que en su administración entraron a trabajar entre 400 a 450 nuevos empleado, los cuales aseguró que si están laborando en las áreas y horarios correspondientes.
Aunado a esto, recordó que uno de los problemas que enfrenta su administración es mantener activo el organismo paramunicipal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), ya que cada mes debe pagar de manera puntual 3 millones de pesos por el gasto de energía eléctrica.

No politizar el problema de la inseguridad

Al inició de la conferencia el alcalde comentó que eno se debe politizar el problema de la inseguridad, porque no abona a mejorar la situación que se enfrenta.
“Dijo que avala la política del gobernador Héctor Astudillo, quien “siempre ha contado con la participación de la federación”.
Remarcó que se vive una época delicada en muchos municipios del estado y Chilpancingo no hay excepción, por lo que se suman a la determinación de grupo de Coordinación Guerrero.
“Vemos con beneplácito que el gobierno del estado convoque a los tres órdenes, para que juntos de manera coordinada combatamos el flagelo de la sociedad moderna, que es la violencia y el amago permanente que hacen los grupos al Estado y sus instituciones”, señaló.
Dijo que ven de manera respetuosa que haya tenido un encuentro con el gobernador Héctor Astudillo Flores, para poder recibir las consideraciones que se determinen para solucionar la situación de la violencia.

Ve que hay “fuego amigo” en el PRI

En la conferencia, que duró poco más de 50 minutos, Leyva Mena habló sobre las próximas elecciones, y resaltó que existe “fuego amigo”, por lo que es urgente concentrarse, porque en caso de perder los comicios no será su responsabilidad sino de todos los priistas.
Dijo que existe un golpeteo dentro de su partido, y aunque no quiso entrar en detalles, señaló que “obviamente sabemos de dónde viene”, así como de quién se trata y con qué objetivo se hace.
Subrayó que de perder la capital del estado en 2018, no caerá la responsabilidad en su gobierno sino en la capacidad de los priistas de hacer trabajo político.
Reiteró que no existe en el PRI un trabajo de defensa de su administración, que resalte los logros obtenido por su gobierno en estos dos años que ha estado al frente.

Informa Robespierre al Congreso de su renuncia irrevocable como titular del TSJ

 
El 19 de junio se vencieron los 90 días de licencia como magistrado que solicitó Robespierre Robles Hurtado, tras renunciar al cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), pero ya no volvió a su cargo y ayer informó al pleno del Congreso local de su renuncia irrevocable como magistrado.
La renuncia del ex presidente del TSJ ocurrió en medio de las críticas por su viaje de vacaciones a Las Vegas, Estados Unidos, que su esposa Zurayma Ajuria Marbán difundió mediante las redes sociales, sin embargo justificó su renuncia argumentando problemas de salud.
El viaje generó diferentes críticas en redes sociales, por lo que Robles Hurtado contestó en su Facebook con un comentario: “A veces se la prolongan de verdad”, y continúa “Es un derecho constitucional y hasta humano tener vacaciones, no creo en la hipocresía de que por ser servidor público, uno no duerma, no coma tacos, no pueda bromear, divertirse o soñar… Salir a vacacionar (en Acapulco no podría), un fin de semana no tiene nada de espectacular, menos si fue un Sábado Santo en donde uno puede descansar (y realizar actividades familiares)”.

Desde hoy tendrá el resguardo de policías estatales, informa el líder social de Iguala que fue baleado

 
El dirigente social y miembro del Frente Amplio de Sociedad Igualteca y Organizaciones Sociales, Jorge Rubén Popoca Salgado, informó que a partir de este día le otorgarán las medidas cautelares con el resguardo permanente de efectivos de la policía estatal, en tanto, él y su familia tienen seguridad de policías federales y municipales.
Hasta la tarde, el dirigente social atacado a balazos la tarde del domingo por hombres armados que irrumpieron en su casa de la calle Hinojosa de la colonia Centro, seguía internado en el hospital general Jorge Soberón Acevedo, según lo dio a conocer él mismo en declaraciones vía telefónica.
Informó que tiene vigilancia permanente de policías federales y municipales, “para que no vaya a regresar aquel amigo a rematarme”, como se refirió a la persona que lo atacó hace dos días.
A pregunta, dio a conocer que a partir de este día se le darán medidas cautelares con escoltas permanentes de la policía estatal, y estas medidas de seguridad también se le dan a su mamá y su esposa, en la casa donde fue atacado a balazos.
Sobre los hechos, sólo recuerda que personas desconocidas entraron por la fuerza a su casa y lo atacaron a balazos sin decirle nada. Informó que le dispararon en repetidas ocasiones enfrente de su esposa y su mamá, a las que dejaron ilesas. Precisó también que recibió siete balazos, tres en el estómago, uno en la pantorrilla izquierda, dos en un codo y otro en el antebrazo.
Dijo, sin entrar en detalles, que el alcalde priista Herón Delgado Castañeda sí se ha comunicado con él para saber de su estado de salud, “y nada más”.
La última información que se tiene es que Popoca Salgado ya se encuentra fuera de peligro y consiente, y sólo se encuentra en recuperación dentro del hospital. Sólo se le escuchaba un poco débil de la voz.

Queda la propuesta del gobernador para la CEAV; toma protesta Luis Camacho

Este lunes tomó protesta en el Congreso Luis Camacho Mancilla como comisionado de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), entre señalamientos de Movimiento Ciudadano (MC), que adelantó que éste responderá a los intereses del secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y no de las víctimas en el estado.
Tras la aprobación de la Ley 450 de Víctimas, que entró en vigencia el 12 de mayo pasado, en la que se apunta que a partir de ese día quedaban sin efecto los nombramientos de José Luis Gallegos, quien presidía la Comisión, y tenía como consejeros a Javier Morlet Macho y María Elena Jaimes Martínez.
Por única ocasión, el Congreso local autorizó al gobernador Héctor Astudillo Flores que en un plazo de 30 días enviara al Poder Legislativo la propuesta de una persona, para ser nombrada como comisionada ejecutiva estatal de atención a víctimas, que durará en el cargo tres años.
El nuevo comisionado fue acompañado por un grupo de diputados hasta el pleno del Congreso local, donde la presidenta de la Mesa Directiva, Magdalena Camacho Díaz, le tomó protesta.
Su periodo en el cargo será del 20 de junio de 2017 al 19 de junio de 2020.
Por su parte, el coordinador de los diputados de MC, Ricardo Mejía Berdeja, antes de la votación anunció en tribuna la abstención de su fracción en la votación para el nombramiento de Luis Camacho Mancilla.
Argumentó que no desacreditan su capacidad y trayectoria como abogado, pero no ha tenido trabajo relacionado con los derechos humanos, atención a víctimas o trato con colectivos que ya tienen una agenda de atención.
Precisó que la propuesta del gobernador, que tomó protesta en el Congreso, formalmente cumple con los requisitos que establece la nueva ley, y a pesar de que por esta ocasión el Poder Legislativo le autorizó a Héctor Astudillo el nombramiento del comisionado, Mejía Berdeja consideró que eso no le impedía consultar a los colectivos de derechos humanos y familiares de desaparecidos.
Consideró que no debe de tratarse de un “enemigo del gobierno ni de las instituciones, pero tampoco de un subordinado” del gobierno estatal y se refirió en particular al secretario general de Gobierno.
En ese sentido, precisó: “Porque todos sabemos que aunque formalmente es una propuesta del gobernador, materialmente es una propuesta del secretario de Gobierno, Florencio Salazar”.
Por eso, afirmó que cuando Luis Camacho tenga que actuar, “más que estar del lado de las víctimas, pueda estar atendiendo las indicaciones del secretario de Gobierno y nos parece que esto no le ayuda al Estado ni le ayuda a las víctimas”.
El coordinador de los diputados de MC argumentó que en la entidad hay temas como el desplazamiento forzado interno por violencia, en el que Guerrero ocupa el primer lugar en el país, al igual que en homicidios dolosos, fosas clandestinas, desaparición forzada y tercer lugar en feminicidios, por lo que por eso un cargo tan importante debió contar con un “amplio” aval.
Dijo que a MC le preocupa que la resistencia a que se emita la alerta por violencia de género en el estado es por Florencio Salazar y que ahora habrá “un comisionado que responde a la investidura del secretario de Gobierno, entonces sí es un problema para la comisión de víctimas, por esa razón no vamos a apoyar la propuesta”.

Aprueba el IEPC que aspirantes a consejeros distritales sean probables afiliados a partidos

 

Los representantes de partido en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) exigieron la inclusión de 60 aspirantes registrados para concursar en la convocatoria de consejeros distritales en el proceso de ayuntamientos, diputados y gobernador, a pesar de que aparecen afiliados en los padrones del PRI, PRD, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y Morena.
Por la presión de los representantes de partido, que coincidieron en que los aspirantes pudieron ser afiliados contra su voluntad y que recurrieron a una jurisprudencia según la cual el padrón de los partidos “publicado en internet” es insuficiente para acreditar la militancia de un ciudadano, los consejeros estatales modificaron el punto de acuerdo y aprobaron una lista más amplia de aspirantes que cumplieron con los requisitos de para sustentar el examen de conocimiento el 1 de julio.
Sin embargo, advirtieron que se incluyen los 60 posibles militantes de partidos en el proceso de selección de consejeros distritales electorales, pero se verificará su situación política para garantizar el principio de imparcialidad de la elección.
En la sesión extraordinaria se omitió la lectura del único punto del orden del día, dado que ya había sido discutido en una reunión previa con los representantes de partido, y el consejero Jorge Valdés, explicó que de 237 aspirantes, 70 no cumplieron con los requisitos, de los cuales 60 estaban registrados en los padrones de los partidos difundidos por el Instituto Nacional Electoral (INE).
La presidenta del Consejo, Marisela Reyes Reyes, recordó que a petición de los propios representantes de partido se realizó la compulsa de los nombres de los aspirantes con el padrón del INE, y el resultado fue que 37 aparecen como militantes del PRD, nueve de Movimiento Ciudadano, seis del PRI, dos de Nueva Alianza, uno del Partido Verde Ecologista, y uno del Partido del Trabajo.
El representante del PRD, Nicanor Adame Serrano, abrió la discusión y advirtió que con la primera redacción del acuerdo, el IEPC violentaba el derecho de los aspirantes ya que la convocatoria señala como impedimento para ser consejero distrital “tener una militancia activa o pública, no (sólo) afiliación partidista”.
Argumentó una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que dice “el padrón en el portal del Instituto Nacional Electoral, constituye una fuente de información indirecta, por lo tanto no es idóneo para acreditar que un ciudadano, cuyo nombre está en ese padrón, efectivamente es militante de un partido político”.
No obstante que la jurisprudencia del 11 de marzo 2015, explica que el padrón en internet es prueba insuficiente para considerar que un ciudadano no cumple con el requisito de elegibilidad para ocupar el cargo de supervisor electoral o capacitador-asistente.
El representante de Morena, Sergio Montes Carrillo, se sumó al llamado del PRD para no violentar el derecho de los aspirantes de quienes no se ha confirmado una militancia. Sin embargo, matizó que no es lo mismo una afiliación en el padrón que una militancia activa, dado que muchos simpatizantes del PRI y del PAN que no están afiliados y buscan espacios en la estructura electoral.
El representante del PAN, Carlos Millán Sánchez, demandó al representante de Morena que “señale los casos de familiares (de políticos) de una vez”. En cuanto a los aspirantes a consejeros ubicados en los padrones de los partido, planteó que el IEPC busque otros mecanismos para valorar la militancia activa de los aspirantes y la posible participación de familiares de políticos.
El representante del PRI, César Julián Beltrán, ratificó que la convocatoria de consejeros distritales habla de una militancia activa, en la segunda ronda de tres rondas de participaciones aclaró que afiliado y militante son sinónimos en la ley general de partidos políticos.
En defensa de la primera propuesta, la consejera Alma Delia Gutiérrez Gutiérrez señaló como un foco rojo que 60 aspirantes que entregaron un escrito bajo protesta de decir verdad, diciendo que no eran militantes ni participaban en partido políticos, hayan aparecido en los padrones del INE. Consideró que se necesita una investigación para verificar si efectivamente son afiliados a los partidos.
En repuesta, el representante de Movimiento Ciudadano, Jesús Tapia Iturbide, consideró que hubo una interpretación restringida de la ley, que los consejeros están prejuzgando a los aspirantes en una etapa que no es definitiva de designación y podría generar “responsabilidades” contra ellos mismos si hay inconformidades.
El consejero Jorge Valdez añadió que el planteamiento de los partidos, de hacer una investigación profunda cuestiona la imparcialidad, “y no podemos dejar lugar a dudas de la imparcialidad que pasa por la integración de los órganos electorales”, pues afiliarse a un partido ya implica una participación activa.
Entonces, del PVEM, Juan Manuel Maciel, mencionó el antecedente de dos consejeros electorales en Acapulco, que impugnaron una presunta militancia partidista y el organismo se vio obligado a reinstalarlos cuando el partido político que los cuestionó no pudo confirmar su militancia.
La discusión de los partidos continuó sobre la legitimidad de las afiliaciones de los aspirantes, y la presidenta Marisela Reyes confrontó así, “si a ustedes no les sugiere nada este indicador, ¿cómo vamos a identificar la militancia partidista (de los aspirantes a consejeros distritales) en una etapa plenamente subjetiva que es la entrevista?”.
Señaló que la decisión de separar a los militantes fue para evitar cuestionamientos sobre la parcialidad de los consejeros electorales, de procurar una cancha pareja para todos los candidatos.
Frente a la insistencia de los partidos de que un afiliado no es lo mismo que una militancia activa, cuestionó: “¿En qué momento esta militancia se vuelve activa?”.
Aclaró que como el IEPC no puede decir que los ciudadanos fueron afiliados contra su voluntad, porque implicaría una investigación para sancionar a quien afilie a personas contra su voluntad, “esto por supuesto debilita el sistema de partidos”.
Se informó que de los 237 ciudadanos que entregaron su documentación, 222 cumplen con los requisitos y 15 no podrán continuar en el proceso de selección, siendo el examen de conocimientos la siguiente etapa para la designación de Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y será aplicado el 1 de julio del año en curso. Se anunció que las listas están publicadas en la página web www.iepcgro.mx

Van 100 vecinos que huyeron por la violencia de La Gavia en San Miguel Totolapan

Cerca de 100 vecinos salieron de la comunidad de La Gavia entre el lunes y el martes en grupos pequeños de familias, quienes abandonaron la localidad por temor a la violencia luego del enfrentamiento entre el grupo criminal Los Tequileros y policías federales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR).
Informes oficiales dicen que desde la noche de este lunes salieron alrededor de 30 personas en varias camionetas desde La Gavia, en las que iban mujeres.
En tanto que en la mañana de este martes salió otro grupo en la mañana y se dirigió hacia la carretera federal en Poliutla.
Del grupo que salió desde el lunes se reportó que en Poliutla hicieron contacto con la Policía Federal, que los escoltó a Chilpancingo.
Una denuncia por parte del grupo de autodefensa que vigiló la carretera y la zona de salida desde San Miguel Totolapan, reportó que entre los desplazados por la violencia viajaban también personas con órdenes de aprehensión identificados como integrantes del grupo criminal Los Tequileros.
Según los reportes ante las denuncias de la autodefensa, en Arcelia se acercó un grupo de la Policía Ministerial al convoy escoltado por los agentes federales, pero se retiraron del lugar porque ya no se les permitió verificar la identidad de quienes iban en el grupo.
Este grupo llegó a Chilpancingo a refugiarse con familiares que tienen ahí.
A los que salieron en la mañana de este martes se les perdió el rastro y se desconoce su paradero.
En San Miguel Totolapan se encontraban por lo menos otros 100 vecinos de La Gavia que salieron después de los hechos violentos de mayo.
La Gavia era una localidad de aproximadamente 600 habitantes antes de la violencia, y se estima que en estos dos meses cerca de 200 personas han abandonado sus hogares.
El 16 de mayo un grupo de ganaderos de la comunidad de La Gavia sacó alrededor de mil cabezas de ganado de esa localidad.

El Ejército abandona La Gavia

La base militar que se colocó en la comunidad de La Gavia fue retirada por órdenes superiores, luego del enfrentamiento que sostuvieron los agentes federales con Los Tequileros.
Como parte de las acciones del Ejército con el Operativo Relámpago desde el 11 de mayo, se estableció una base en esa comunidad en el campo de fútbol pero sin hacer labores de búsqueda del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, o de su banda solamente hacían presencia para disuadir cualquier enfrentamiento.
La postura de los militaras de las órdenes que tenían para permanecer en La Gavia fueron cuestionadas varias veces por la autodefensa de San Miguel Totolapan, que denunció que el Ejército apoya a Los Tequileros con su presencia pero que no busca a este grupo ni su detenciónn a pesar de estar justamente en la comunidad donde se consideraba que es su guarida.
Durante un mes del Operativo Relámpago no se reportó ninguna acción de búsqueda o detención de los integrantes del grupo, solamente la presencia disuasoria que permitió que durante este tiempo no hubiera ningún enfrentamiento entre grupos antagónicos del crimen organizado.
Este lunes en la noche se informó que salió de esa localidad el grupo que quedaba para la protección a la comunidad de La Gavia, y este martes no volvió.
En San Miguel Totolapan tampoco se reforzó la seguridad militar y permanecen los mismos 100 soldados mezclados con policías estatales, que mantienen en el control de siete puntos en las entradas de la cabecera municipal.
La Policía del Estado permanece en sus puestos de control, según un boletín de la Agencia de Iinvestigación Criminal ingresó a La Gavia sin coordinarse con el grupo del Operativo Relámpago e incluso los tomó por sorpresa, y fue hasta después del enfrentamiento cuando se dieron cuenta de la acción y de qué corporación había llegadom pues los federales regresaban con sus heridos y pidieron apoyo en el puesto de control que se ubica en el crucero de La Gavia.

Ejecutan a dos hombres atados y torturados al sur de la capital y al norte atacan a un chofer

La mañana de ayer dos hombres atados y con huellas de tortura fueron encontrados asesinados en la colonia Potrerito frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Servicio Médico Forense (Semefo) al sur de la capital.
En otro hecho un chofer del transporte público fue atacado a balazos en la calle principal de la colonia Norberto Flores Baños al norte de la ciudad, la Urvan quedó abandonada.
Con este hecho en lo que va del año suman 137 ejecuciones en la capital relacionadas presuntamente con el crimen organizado, según un recuento de la información publicada en El Sur.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron que a las 7:30 de la mañana recibieron un reporte de que había dos hombres asesinados a balazos atrás del hotel Tres Virreyes a unos 50 metros del bulevar río Huacapa.
La lugar llegaron policías municipales, estatales y ministeriales quienes confirmaron la presencia de los cuerpos de dos hombres tirados en la orilla de la calle de terracería frente al Semefo.
Una de las víctimas vestía una playera verde, bóxer negro y la otra sólo vestía un pantalón beige, ambas tenían atadas las manos y pies hacía atrás.
Los agresores les escribieron en el pecho con una navaja la frase “Gente Nueva”. La zona fue acordonada y peritos de la FGE hicieron las diligencias correspondientes.
Los cuerpos sin identificar fueron trasladados a Semefo para la necropsia y después ser entregados a sus familiares.
A las 7 de la noche fuentes de la FGE corroboraron que uno de los hombres murió por asfixia al ser ahorcado y el otro falleció por golpes en la cabeza y cuerpo.
Hace 24 días en este lugar dejaron los cuerpos de un hombre y una mujer, el hombre era el policía Rafael quien fue cambiado de ser custodio a agente operativo y llevaba en la corporación estatal cuatro años, la mujer llevaba un vestido de flores, no tenía ropa interior y tenía un tatuaje temporal en su pierna derecha que decía “Avisai”.

Hombres armados atacan a un chofer del transporte público

Un chofer del transporte público fue atacado a balazos en la calle principal de la colonia Norberto Flores Baños.
Fuentes de la SSP estatal informaron que minutos antes de las 5 de la tarde de ayer había una Urvan abandonada con impactos de bala en dicho asentamiento.
La Urvan 662 de la ruta Flores Baños, Tatagildo, Mercado y Comercial Mexicana  quedó en la calle principal y tenía tres impactos de bala calibre .9 milímetros.
Versiones de vecinos indicaron que el chofer pudo ser levantado por los agresores, también que el conductor huyó después del ataque para recibir atención médica.
Al asentamiento llegaron policías estatales y municipales quienes resguardaron el lugar y el vehículo fue trasladado a un corralón particular.

Acuerda el Grupo de Coordinación reforzar la seguridad en las zonas Norte y Tierra Caliente

 

Un día después de la emboscada contra policías de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de la banda criminal Los Tequileros, el Grupo de Coordinación Guerrero acordó reforzar la seguridad en las regiones Norte y Tierra Caliente.
La tarde de este martes en la Octava Región Naval de Acapulco se reunieron el comandante de la misma, Francisco Fierro Rocha y el de la Novena Región Militar Germán Javier Jiménez Mendoza con el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Vía telefónica el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia dijo que el gobierno estatal tenía conocimiento de los trabajos de investigación e inteligencia que hacía la PGR en San Miguel Totolapan.
Detalló que el gobierno estatal no estaba enterado de la operación de este lunes en la comunidad de La Gavia, donde fueron asesinados tres agentes de esa institución y siete más resultaron heridos.
En la reunión de hoy dijo que se abordó el reforzamiento de la seguridad en las regiones críticas del estado principalmente la Tierra Caliente en el municipio de San Miguel Totolapan, para proteger a la población e intensificar la coordinación.
“Hay un asunto que es el trabajar con los mismos elementos que tienen ya las instituciones en las regiones, por eso no podemos hablar de mayor número, porque para esto se debe hacer primero una gestión ante la federación”, agregó.
Comentó que uno de los acuerdos del Grupo de Coordinación es adquirir un terreno que sirva para construir el cuartel militar en el municipio de Teloloapan, ya que es un compromiso del gobierno federal.
“No habíamos podido superar el tema del terreno, ya se tiene dinero para la adquisición sobre el cual se construirá el cuartel militar del municipio de Telolopana”, agregó.
Dijo que se reforzará el corredor de Chilapa a Tixtla, así como otras zonas críticas donde actúa la policía de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Detalló que se planteó reforzar la seguridad principalmente en municipios de la región Centro, Norte, Tierra Caliente y Acapulco así como modernizar la infraestructura en distintos lugares del estado.
En un boletín de prensa el vocero lamenta la muerte de personal militar el 10 de junio por las lluvias, además de la de los policías de la PGR que fueron atacados en La Gavia.
En la reunión participaron el coordinador de la Policía Federal David Portillo Menchaca, el Delegado de la PGR José Juan Monroy García y el delegado de Gobernación Ramiro Ávila Morales, el secretario general de Gobierno Florencio Salazar Adame, el fiscal general Javier Olea Peláez, y el secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes, entre otros funcionarios federales. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).