Mientras no detenga a los responsables de la violencia, no hay condiciones para que regresen a sus casas las familias desplazadas de las comunidades de Tepozcuautla y Ahuihuiyuco, municipio de Chilapa, refutaron al gobernador Héctor Astudillo Flores el presidente del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos, José Díaz Navarro, y el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández.
Mientras tanto el vocero en materia de seguridad del Gobierno, Roberto Álvarez Heredia informó en la tarde en un boletín que 80 familias desplazadas por la inseguridad regresaron a tres comunidades de Chilapa.
En la mañana fueron consultados por separado vía telefónica Díaz Navarro y Olivares Hernández, y coincidieron en que la presencia de los militares y policías estatales en la zona no es garantía de seguridad para las familias desplazadas, y que su regreso corría riesgo.
El presidente de Siempre Vivos denunció que el gobierno no actúa contra los delincuentes. Dijo que ha presentado denuncias contra quienes provocan la violencia y los desplazamientos y que desde hace año y medio hay cuatro órdenes de aprehensión que no se han ejecutado.
Olivares Hernández agregó que mientras los delincuentes no sean detenidos van a permanecer en la zona, porque si antes se peleaban por el control de la plaza para la venta y comercialización de la droga, ahora se pelean por el control del territorio para adueñarse de las rutas de trasiego, las tierras para la producción y la mano de obra.
El gobernador Astudillo Flores declaró el martes que se debe de insistir a los pobladores desplazados por la violencia de las comunidades de Tepozcuautla y Ahuihuiyuco del municipio de Chilapa que regresen y a sus casas porque ya no habrá problemas, “yo creo que hay que insistirles de que pueden regresar a sus pueblos y a sus casas porque no habrá problemas”.
Pero el director del Centro Morelos, Olivares Hernández, quien ha dado acompañamiento a las familias desplazadas, dijo que no hay condiciones para que la gente regrese a sus comunidades, y agregó que las del gobernador son declaraciones “no objetivas” porque la única garantía de seguridad que pudieran tener las familias desplazadas, sería que los responsables de su desplazamiento fueran detenidos y castigados.
“Mientras los grupos de la delincuencia organizada sigan actuando no hay ninguna garantía para ésta gente aunque el Ejército se encuentre en la comunidad, porque, finalmente, la gente tiene que hacer su vida normal, tiene que salir al campo, tiene que viajar y en el camino pasan muchas cosas”, explicó.
Mencionó que el viernes cuando defensores de derechos humanos visitaron estas comunidades, constataron la presencia de militares y policías estatales “pero ellos están en puntos fijos, y después de estos puestos fijos ya nadie le garantiza a la gente que está segura”.
Dijo que para que se resuelva el problema de fondo se tiene que investigar y detener a los responsables de estos desplazamientos y después impulsar políticas públicas preventivas, para que se vaya inhibiendo el accionar de la delincuencia organizada, así como su crecimiento.
“Antes se hablaba de la lucha por la plaza, hoy se habla de la lucha por el control del territorio, es decir ahora no sólo quieren controlar la venta y comercialización de la droga, sino las rutas de trasiego, áreas productivas y mano de obra. O sea incorporar por las buenas, ofreciendo dinero, o por la fuerza, mediante la amenaza a los habitantes de estas comunidades, y los que se niegan son obligados a abandonar las comunidades”.

En Tepozcuautla están habitadas 20 de 235 viviendas y casi todas las 361 se fueron de Ahuihuiyuco

El diagnóstico que tiene el Centro Morelos es que en Tepozcuautla de un total de 235 viviendas, sólo unas 20 estaban habitadas el viernes pasado cuando hicieron un recorrido.
Mientras tanto en Ahuihuiyuco, de 361 familias “casi todas las familias han abandonado la comunidad, sólo quedan algunas familias que solicitan seguridad, no sólo para su comunidad sino para todas las de los alrededores”. Según el organismo, en Tetitlán de las Limas, otra comunidad vecina, es donde más gente se ve en las calles.
En un boletín emitido este miércoles, el Centro Morelos dijo que el gobernador “tiene que entender la magnitud de riesgo para estas familias, porque el problema siempre va a existir mientras no se atienda de fondo la causa del desplazamiento forzado”.
Díaz Navarro dijo que el peligro sigue latente para las familias desplazadas porque no han sido capturados los delincuentes que están actuando allí, “yo no sé cómo se puede garantizar la seguridad para los habitantes si los que los amenazan siguen libres”.
Recordó que las Bases de Operaciones Mixtas (BOM) han estado allí por mucho tiempo y sin embargo el peligro y la violencia siguen igual.
Mencionó como ejemplo Chilapa, la cabecera municipal, donde hay presencia de militares y policías estatales desde hace dos años y los homicidios siguen a diario.
“Garantías habría si empezaran a capturar a los delincuentes que hemos denunciado y que tienen órdenes de aprehensión, pero siguen libres, operando impunemente”, se quejó.
Recordó que por las denuncias que personalmente ha presentado en contra de integrantes de un grupo de la delincuencia organizada que opera en esta plaza, Los Ardillos, hay cuatro órdenes de aprehensión que no se han ejecutado desde hace un año y medio.
“La gente del pueblo sabe quiénes son, incluso las autoridades saben porque ellas han liberado estas órdenes de aprehensión, pero sigue en el aire la pregunta, ¿por qué no los capturan?”, expuso.
Insistió: “desde mi punto de vista, ahorita, todavía no hay garantías de seguridad para que las familias regresen, porque no ha habido una repuesta efectiva para combatir a la delincuencia”.
En su boletín el Centro Morelos dijo que el gobernador tiene que entender la magnitud de riesgo para estas familias de Tepozcuautla, Ahuihuiyuco y Tetitlan de la Lima que se vieron obligadas a desplazarse ante las amenazas de un grupo de la delincuencia organizada, para salvaguardar su vida y la de su familia, dejando todo su patrimonio a la deriva.
Informó que también habitantes de la comunidad Lodo Grande se desplazaron “a causa del miedo y la sicosis” que se vive en comunidades donde la violencia ha llegado a tal grado que la única opción para las familias es refugiarse en otros lugares.
Asegura que se conoce por declaraciones del presidente municipal que 580 familias huyeron de sus hogares en tres días. “Lo anterior es una muestra más de que nos encontramos ante un Estado fallido, rebasado por la corrupción que permite el accionar de los grupos de la delincuencia organizada, ya que en los últimos meses en estas comunidades y sus alrededores han sido asesinados varios hombres, y mujeres, incluidos niños”.
Agregó que también ha sido notorio el dominio de algún grupo de la delincuencia organizada que controla la salida de las personas que tienen que hacer sus compras en la cabecera municipal, checando quiénes viajan en las camionetas del servicio público y quiénes regresan, además ya Chilapa vigilan con quién platican o se relacionan.

Hay garantías del Ejército y de la Policía del Estado, dice el vocero

En el boletín del vocero de seguridad Álvarez Heredia que se difundió en la tarde se asegura que 80 familias regresaron a tres comunidades de Chilapa “por las garantías ofrecidas por el Ejército Mexicano y la Policía del Estado de resguardar su integridad y detener a los grupos delictivos que operan en la zona”.
Álvarez Heredia informó que aún quedan 20 familias desplazadas de las poblaciones de Tepozcuautla, Lodo Grande y Ahuihuiyuco. El funcionario informó que actualmente se encuentran en esas comunidades tres Bases de Operaciones Mixtas compuestas por soldados del Ejército y seis grupos de la Policía del Estado.
Al respecto el Centro Morelos confirmó que las familias que regresaron a sus comunidades son las que su salida de las comunidades fue resguardadas por militares, policías estatales y municipales, pero que las familias que se salieron por su cuenta y que buscaron refugio en otros lugares distintos al que les propuso el Ayuntamiento aún no quieren regresar.

 

 

Dos empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desaparecieron la tarde del lunes en la carretera federal 51 en el tramo Arcelia-Teloloapan, el hecho fue reportado ayer ante autoridades ministeriales.
Según la información obtenida con fuentes policiacas de Seguridad Pública estatal, los dos empleados salieron después de la 1 de la tarde de Ciudad Altamirano (Pungarabato) con dirección a Teloloapan.
Los hombres iban en una camioneta con grúa blanca de la marca International tipo Navipar modelo 2013 con rótulos de la CFE y placas de Guerrero, los empleados mantenían comunicación vía radio y dejaron de transmitir cerca de las 2:30 de la tarde cuando reportaron que iban por el municipio de Arcelia.
Familiares y amigos reportaron el hecho ante las autoridades y de acuerdo con las fuentes consultadas hasta ayer se desconocía del paradero de los dos empleados así como del vehículo en el que iban.

 

 

Un taxista de 33 años se enfrentó a balazos con hombres armados que lo interceptaron cerca de la media noche del martes en la colonia Adrián Castrejón al sur de Iguala, el chofer resultó con cuatro heridas de bala.
Reportes policiacos detallaron que vecinos de dicha colonia denunciaron al 911 una balacera y persecución y que había una persona lesionada.
Al lugar llegaron policías estatales, federales y municipales y en la calle Fresnos localizaron a un taxista vecino de ese asentamiento con un balazo en cada pierna, otro en la pelvis y uno más en el abdomen y quien fue trasladado en ambulancia a una clínica y donde hasta ayer su salud era estable.
Según la versión de testigos y del propio taxista, éste llegó a su casa y fue interceptado por hombres armados que iban en un Cavalier rojo y lo atacaron.
Se informó que el taxista iba armado y repelió la agresión y los pistoleros huyeron.
Se indicó que al hacer las diligencias en el lugar fueron decomisados 13 casquillos percutidos calibre .9 milímetros y se abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

 

Las familias desplazadas por amenazas de grupos criminales de las comunidades de Tepozcuautla, Ahuihuiyuco y Tetitlán de la Lima rechazaron un albergue temporal del gobierno municipal por que no querían estar expuestos en la violenta ciudad de Chilapa, informó el alcalde priista Jesús Parra García.
Según sus cifras dijo que en Tepozcuatla de 250 familias huyeron más de 200, en Ahuihuiyuco de 400 se fueron 350, mientras que en Tetitlán de la Lima 40 familias abandonaron el pueblo.
En este año en Chilapa han ocurrido 107 ejecuciones en las que presuntamente está involucrada la delincuencia organizada, según un recuento de las notas publicadas en El Sur.
Al paso de los días, aseguró, “mucha gente” ha regresado, “han ido regresando poco a poco, pero también hay que decirlo, que mucha gente ha regresado a la región pero por sus pertenencias”.
La tarde de este martes el alcalde agasajó con el platillo conocido como gallina rellena y la entrega de electrodomésticos a 55 periodistas en lo que llamaron el festejo del Día de la Libertad de Expresión, fecha instaurada en 1951 por el gobierno de Miguel Alemán Valdés en la época de la hegemonía del PRI.
Al llamado acudieron periodistas de este y otros municipios, la mayoría afines al gobierno municipal, en un lugar donde los contados reporteros que ejercen han asegurado que no existen garantías de seguridad, que han optado no acudir a zonas de alto riesgo y han tomado medidas de autoprotección ante la desconfianza en las autoridades civiles y en las corporaciones de seguridad pública, según consignó este diario el ocho de junio.
Consultado al final de la celebración, el alcalde informó que desde que supo que familias de Tepozcuautla, Ahuihuiyuco y Tetitlán de la Lima estaban huyendo ante amenazas de ataques armados contra la población, se les atendió y platicaron con los comisarios, quienes también huyeron.
“Los invitamos a un refugio temporal y albergue en al auditorio municipal pero la mayoría de los habitantes no quisieron, obviamente el temor, el miedo lo tienen, ellos decidieron ir a otros municipios y fuera del estado o con sus familiares”, informó.
“Nuestros paisanos no quisieron por el temor, dijeron ‘no queremos estar en Chilapa expuestos’, les ofrecimos seguridad en el auditorio municipal, dijeron que no, es entendible. Buscaron el refugio de familiares y parientes en otros estados, en lo que se calma la situación”, agregó.
“Ellos dicen ‘nos vamos un tiempo y regresamos cuando ya estén calmadas las cosas’ pero si se van hay mucha desolación, mucha tristeza”, añadió.
“Son muchas familias, en Tetitlán de la Lima, de una población de 150 personas, 40 familias abandonaron el pueblo, Ahuihuiyuco que es una de las comunidades más grandes en el municipio de una población de mil 340 pobladores, de unas 400 familias como 350 han abandonado el pueblo. Tepozcuautla, una comunidad grande con una población de más de mil 200 pobladores, de unas 250 familias se han ido más de 200”, afirmó.
Aseguró que mandos militares encargados de la seguridad de la zona, y que entre el jueves y viernes resguardaban a las familias que huían, le han informado que desde el han estado regresando a sus hogares algunos vecinos.
“Al paso de los días mucha gente también ha ido poco a poco regresando, pero también hay que decirlo que mucha gente ha regresado a la región pero por sus pertenencias. Es una situación delicada la que se está viviendo, es una situación difícil que estamos atendiendo, a mí me duele demasiado todo lo que vivimos, hemos platicado con los maestros, con las autoridades educativas, con las autoridades de salud para que nos apoyen”, dijo.
Añadió que su gobierno ha apoyado a los desplazados instalando mesas de atención y les ha entregado despensas, cobertores y cobijas.
“Aquí hay un operativo permanente, hemos solicitado al gobernador el reforzamiento de estas Bases Mixtas de Operación de esa región para que den seguridad”, agregó.
A pregunta expresa respondió que espera que el fenómeno del desplazamiento forzado no se extienda a otras poblaciones, pero advirió que “empezó a crearse un miedo generalizado”.

 

El representante legal de la hermana del preso político Gonzalo Molina González, Claudia, Hegel Mariano Ramírez informó que está presa por terrorismo, privación de la libertad, lesiones agravadas y robo específico, que ya se desahogaron las pruebas y esperan que este jueves se le dicte auto de libertad.
Del caso de Gonzalo Molina expuso que su situación jurídica se ha complicado porque tres personas que lo acusaron cambiaron de domicilio, se están localizando para interrogarlos, pueda darse por terminado el proceso y se le dicte una sentencia definitiva.
Claudia González fue detenida el 7 de junio cuando llegó al puerto de Los Cabos, Baja California, donde pensaba establecerse por un tiempo y trabajar, fue trasladada al reclusorio de la capital.
“El día de hoy ya hemos desahogado las pruebas que hicimos dentro del plazo constitucional, ya el día de mañana a las 7 de la tarde se le vence el plazo a los jueces para que le resuelvan su situación jurídica, y determinen en qué situación va a quedar. Agregó que hay dos procedimientos ante dos jueces que desde el sábado hasta ayer se ofrecieron testimonios, algunas pruebas documentales, pidiendo que se inspeccionaran algunas fotos que había en los expedientes para demostrar que ella no ha incurrido en ninguno de los delitos que se le están imputando, y para demostrar las inconsistencias de las acusaciones que tiene en su contra.
“Lamento mucho la ejecución de estas órdenes de aprehensión, porque recientemente en una reunión con el fiscal (Javier Olea Peláez), donde estuvieron familiares de Molina González, el fiscal se comprometió a que todas las órdenes de aprehensión que se encontraban vigentes quedarían suspendidas”, informó.
Dijo que en enero se ejecutó una orden de aprehensión contra un integrante de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia Mi Patria Es Primero, del barrio El Fortín en Tixtla, pero que no se hizo público porque los familiares no quisieron, pero quedó libre en el plazo constitucional.
Informó que todavía hay otras órdenes de aprehensión vigentes que son cerca de 10 contra integrantes de la Policía Comunitaria de Tixtla y de Olinalá, que se había comprometido a suspender el fiscal pero no lo hizo.
De la situación jurídica de Gonzalo Molina, el abogado expuso que se ha complicado porque algunas personas que declararon en su contra cambiaron de domicilio, algunos que eran policías se dieron de baja y no se han podido localizar.

Los tres hombres y dos mujeres que fueron encontrados en una casa en la colonia Lomas de San Mateo a dos cuadras del viejo libramiento a Tixtla, presuntamente pertenecen a los grupos criminales Los Rojos y el Cártel del Sur, cuatro fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) y una menor de edad fue llevada ente la Agencia de Justicia para Adolescentes, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP).
El martes tres hombres y dos mujeres (una de ellas menor de edad) fueron hallados en una casa por policías municipales, estatales y ministeriales después de un enfrentamiento a balazos con civiles armados en ese lugar, los cinco dijeron que estaban secuestrados.
Ese día fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que fueron puestos a disposición de la agencia del Ministerio Público para determinar si fueron secuestrados o están relacionados con grupos criminales, luego de que vecinos de este asentamiento dijeron que “las dos mujeres hacían vida normal en la casa donde estaba en cautiverio porque entraban y salían de la vivienda”.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó en un boletín de prensa una de las cinco personas halladas en la casa se llama Jazmín de 19 años, y otra es una menor de 15 años y que presuntamente pertenecen al grupo delictivo Los Rojos, mientras que los tres hombres son Gerardo de 55 años, Agustín de 48 y Edwin de 19, a quienes señala como integrantes del Cártel del Sur.
En la operación fueron decomisados un fusil Barret calibre .50 milímetros, tres granadas de mano de fragmentación, cinco fusiles AK-47 conocidos como cuerno de chivo, un fusil G3, otro HK-36, cinco cargadores para cuerno de chivo, un cargador para fusil Barret abastecido, 484 cartuchos calibre .223 milímetros y 400 calibre 7.62×39, un vehículo Mazda blanco, dos motocicletas y una cuatrimoto.
La SSP precisó que a las 5:40 de la tarde del martes dentro de una casa en esa colonia había disparos de arma de fuego y las corporaciones policiacas acudieron al lugar.
Los uniformados observaron dos motocicletas en las que iban dos hombres y dos mujeres, “quienes al notar la presencia policial abrieron fuego en contra de los policías y se introdujeron a una vivienda, dejando abandonadas afuera las motocicletas y un arma de fuego”.
La dependencia informó que los agentes estatales al acercarse a la casa fueron otra vez agredidos a balazos, “la puerta de la vivienda estaba abierta y los policías entraron y detuvieron a Jazmín de 19 años y a una menor de 15 años, que intentaban huir a bordo de un vehículo marca Mazda, ambas manifestaron ser integrantes del grupo delictivo Los Rojos, mientras que dos de sus acompañantes huyeron”.
En el boletín se indica que “dentro de la casa había tres hombres quienes dijeron pertenecer al Cártel del Sur y se llaman Gerardo de 55 años de edad, quien portaba un fusil calibre 7.62 milímetros con un cargador desabastecido, Agustín de 48 portaba un fusil y Edwin de 19 años quien portaba un fusil del mismo calibre”.
La dependencia informó que los cuatro detenidos, el armamento, el vehículo y las motocicletas fueron puestos a disposición de la PGR y la menor de 15 años a la Agencia Especializada en Justicia para Adolescentes quienes se encargarán de hacer las investigaciones y deslindar responsabilidades.

 

La Secretaría de Gobernación (Segob) notificó a la coordinación del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), que será revisado el armamento y la actuación de los policías comunitarios de esta agrupación, al igual que el de los policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), a raíz de la masacre de siete personas en San Pedro Cacahuatepec, municipio de Acapulco.
La coordinadora del FUSDEG, Ruth Delgado Bahena, declaró vía telefónica que en esa agrupación están de acuerdo en la revisión pero no en el desarme de la policía del FUSDEG, y que por tanto, “los ciudadanos nos vamos a activar por cualquier circunstancia”.
Argumentó que la policía comunitaria cuentan con base social, no usa armamento exclusivo del Ejército y no sale de la comunidad a la que pertenece, a diferencia de la Policía Ciudadana de la UPOEG.
El gobernador Héctor Astudillo Flores declaró el martes que “lo más conveniente es desarmar a policías como la de la UPOEG, porque son puros problemas los que generan, no soluciones”. Su declaración fue luego de que el viernes pasado policías ciudadanos de la UPOEG atacaron cuatro casas en San Pedro Cacahuatepec, en las que mataron a siete personas y dejaron a dos heridos. Entre los muertos hubo tres niños (uno de cuatro meses), así como tres mujeres y un hombre.
La coordinadora del FUSDEG en Tierra Colorada, Ruth Delgado informó que a raíz de esa masacre el delegado de Gobernación en Guerrero, Ramiro Ávila Morales, quien es enlace entre la agrupación con el gobierno federal, les comunicó que va a iniciar un proceso de investigación tanto a la policía de la UPOEG como a ellos, “y queremos decirles que la ley se va a aplicar parejo”, les advirtió.
Informó que está de acuerdo en que los gobiernos federal y estatal revisen el funcionamiento de las policías de las dos agrupaciones para que se vea quién actúa fuera de la ley, y en ese sentido se aplique el desarme.
Sin embargo advirtió que no están de acuerdo con el desarme de su policía, y que “los ciudadanos nos vamos a activar por cualquier circunstancia”.
Delgado Bahena aseguró que la policía comunitaria del FUSDEG que tiene su base en Tierra Colorada, cuenta con base social, no usa armas de alto poder y no sale de las comunidades de donde los policías son originarios, a diferencia de la Policía Ciudadana de la UPOEG.
Añadió que el delegado de Gobernación les dijo, “yo les creo a ustedes, pero eso es diferente a lo que arrojen los resultados de la investigación y la ley se va a aplicar parejo, a quienes se encuentren con armas de uso exclusivo del Ejército se va a proceder”.
Reconoció que ante la advertencia en esa organización hay temor porque existe la posibilidad de que se les desarme, “a pesar de que nosotros, a diferencia de la UPOEG, tenemos base social y aquí los ciudadanos nos vamos a activar por cualquier circunstancia, porque pareciera que apenas andamos respirando porque los delincuentes ya se salieron y ahora nos vamos a cuidar del gobierno”.
Agregó que la masacre en San Pedro Cacahuatepec refleja el grado de peligrosidad de la Policía Ciudadana UPOEG, y que en esas condiciones sí se justifica la revisión que anunció el gobierno.
Ruth Delgado calificó los ataques como “actos reprobables, a pesar de que ellos (la UPOEG) se justifican diciendo que repelieron una agresión, pero eso no justifica que maten a inocentes, ellos quiénes son para juzgar a delincuentes y matar a inocentes, se supone que hay instancias a donde los pudieron poner a disposición si eran delincuentes”.
Agregó que la policía comunitaria del FUSDEG se manifiesta en contra de esos hechos “porque no por portar un arma tienes el derecho de matar a ningún ciudadano, y mucho menos a menores de edad”.
“Es cierto que las policías comunitarias carecen de amparos legales, sin embargo la policía comunitaria como concepto está para cuidar a tu comunidad”, agregó.
Añadió que la policía del FUSDEG ha sostenido enfrentamientos pero en defensa de la comunidad, “en ningún momento hemos irrumpido en comunidades que no sean las nuestras”.
Insistió en que “jamás hemos amenazado a municipios colindantes como San Marcos o Tecoanapa, en el sentido de que vamos a ir para poner orden allá, ¿Nosotros quiénes somos para impartir justicia en un lugar en donde no nos conocen ni conocemos?”, preguntó en referencia a que la UPOEG así lo hace.

 

El apoderado legal del ejido Barrio Nuevo, Gregorio Valencia Bracamontes denunció que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo (CAPAZ) está violando el amparo de suspensión que el Juzgado Octavo Federal otorgó a dicho núcleo para que la paramunicipal no haga excavaciones en sus tierras ejidales, agregó que actualmente la CAPAZ está perforando en el interior de una parcela de un empresario que el que está en contubernio. Ayer se llevó a cabo una prueba de inspección para avisar al juez octavo de dicha violación al amparo.
El 30 de abril pasado los ejidatarios de Barrio Nuevo encabezados por el presidente del comisariado ejidal, Obdulio Valencia Rumbo, se plantaron en el pozo 4 de la CAPAZ a un costado del cauce del río Ixtapa para impedir que la empresa Perflores SA de CV perforara la tierra pues aseguraron que la CAPAZ nunca tomó en cuenta a las autoridades ejidales.
El plantón duró más de 12 días, durante ese tiempo los campesinos por medio Valencia Bracamontes tramitaron un amparo ante la federación para que la CAPAZ se abstenga de perforar en las tierras de ese núcleo agrario, la paramunicipal decidió retirar la maquinaria y se fueron a perforar en un fraccionamiento habitacional a poco más de 1 kilómetro del mar.
Valencia Bracamontes manifestó a la CAPAZ “no le resultó y regresaron de nuevo al ejido pero en contubernio con el empresario de material pétreo, Fernando Meraza Catalán, quien desde hace años explota de manera irregular varias parcelas del núcleo agrario para sacar piedra, grava y arena, y ahora él le prestó a la CAPAZ una parte en una de esas parcelas para que sigan haciendo perforaciones en perjuicio del ejido”.
Ayer el secretario del Segundo Juzgado Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito de Azueta, Lucio Pano Valdez acompañado de Valencia Bracamontes y de las autoridades ejidales y un grupo de campesinos acudieron al sitio donde se encuentra la maquinaria de Perflores que es contratada por la CAPAZ para llevar a cabo la perforación en busca de agua, esto para desahogar una prueba de inspección judicial ordenada por el juez octavo de distrito para cerciorarse si la CAPAZ está violando o no la suspensión otorgada por dicho magistrado.
Valencia Bracamontes señaló que “en este caso consideramos que sí están violando la suspensión otorgada por el juez porque encontramos funcionando y perforando un pozo para la CAPAZ, y consideramos que el empresario (Fernando) Meraza no tiene facultades para meter a terceras personas a su parcela y hacerle daños al ejido, que ya basta con lo que él está dañando con las perforaciones que está haciendo en todas las parcelas que tiene supuestamente en renta- venta, quién sabe de qué se trate, pero jurídicamente no está haciendo las cosas conforme a derecho”.