El pasado domingo concluyó un proceso político de poco más de 340 días que transformó la vida política de Francia, y tendrá consecuencias no sólo en la Unión Europea, sino también en el mundo entero. A raíz de la instauración de la Constitución de la Quinta República por el general Charles de Gaulle en 1958, dos grandes partidos políticos se habían repartido el poder, tanto a nivel nacional como local: el Partido Socialista y el partido Los Republicanos. Para ellos, la postulación presidencial del joven ex banquero del banco Rothschild no podía significar una amenaza, en el sentido que no dirigía un partido político, nunca había ganado una elección popular y no disponía de los recursos financieros para pagar el costo de una campaña electoral. Mientras tanto, Emmanuel Macron consiguió levantar casi veinte millones de euros para financiar su campaña (incluido un préstamo personal de ocho millones de euros), montó una estructura territorial a partir de su movimiento político “En Marche!” (¡En Marcha!), y construyó un discurso que le permitió conquistar los sufragios de los franceses, hasta llegar a la Presidencia de la República. Pasó de ser un neófito ministro de Economía, sin ninguna experiencia electoral, a ser el contrapunto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a nivel mundial. Sin duda un hecho histórico, que tal vez sólo haya sido igualado en su momento por el ex presidente de Ecuador Rafael Correa, que fue candidato independiente en 2006 y no presentó en su momento candidatos al Congreso, lo cual no le impidió posteriormente tener una mayoría absoluta después de la elección de una asamblea constituyente un año después.
Ahora bien, si es cierto que Macron acaba de hacer historia obteniendo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, con más de 300 diputados para su partido (se necesitan 289 escaños de 577 curules en total) sin contar a los diputados electos por el partido del ministro de la Justicia, François Bayrou, el Movimiento Democrático (Modem), los desafíos que tiene el nuevo presidente son inmensos. En primer lugar, darle coherencia al grupo parlamentario de En Marche! en el Congreso, dado que el 75 por ciento de los diputados nunca había ejercido una función electiva antes de ganar el pasado domingo. Si bien podemos destacar y celebrar el hecho que más del 40 por ciento de los nuevos diputados serán mujeres, en buena parte gracias al gran número de candidatas vencedoras, habrá un número históricamente reducido de empleados o ex obreros. Es decir, lo que se gana en diversidad de género se pierde en la homogeneidad de los perfiles socioeconómicos de los nuevos diputados. Por otro lado, el contenido de las reformas que serán impulsadas en el plano doméstico también serán el centro de la atención política, en particular para determinar la correlación de fuerzas dentro del gobierno. Durante la campaña legislativa, de mayo al pasado domingo, el gobierno encabezado por el primer ministro Edouard Philippe (ex alcalde de la ciudad de Le Havre y miembro del partido Los Republicanos) anunció su voluntad de hacer votar tres proyectos de ley inmediatamente después de la instalación de la nueva legislatura: una ley de “moralización de la vida pública”, otra de lucha contra el terrorismo, así como una vasta ley de reforma del mercado laboral. Si bien las dos primeras disponen de fuerte apoyo en la opinión pública, la ley del mercado laboral será, sin duda, la primera prueba de fuego de la capacidad de articulación política del nuevo gobierno. Para buena parte de los electores de Emmanuel Macron, este proyecto de ley tiene mucho más retrocesos que avances. Los sindicatos, por su lado, han anunciado movilizaciones de envergadura en las próximas semanas.
Por el momento, el presidente Macron se ha focalizado en la agenda internacional, en particular en su voluntad de crear una polarización con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump en la agenda climática internacional. Sin embargo, su gobierno tiene que dar resultados en el corto plazo en la economía para que su ascenso meteórico se confirme y se afiance.
* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada

Unas cuantas horas después de que circulara el reportaje del The New York Times sobre el spyware para intervenir comunicaciones de periodistas, abogados de derechos humanos y activistas, el gobierno de México envió una carta al editor del periódico, donde afirmó que “no (había) prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano (fueran) responsables del supuesto espionaje descrito en (el) artículo”. Firmada por un funcionario de segundo nivel de Los Pinos, la carta subrayaba el respeto a la privacidad y la protección de datos personales, como “valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de derecho”. La carta jugó con la semántica.
Como el reportaje no identificó qué dependencia utilizó el programa llamado Pegaso, se escabulló afirmando que no se tenían pruebas de participación oficial. El Times, sin embargo, lo dejó claro. Desde 2011, apuntó, al menos tres dependencias federales compraron 80 millones de dólares en spyware a la empresa israelita NSO Group que aclaró, a petición directa de las instituciones que hicieron la investigación publicada por el diario, que sólo vende ese programa a gobiernos con el acuerdo explícito de ser usado únicamente en el combate de terroristas, narcotraficantes o criminales. Es decir, si Pegaso sólo era vendido a gobiernos, el gobierno mexicano es el único que pudo haberlo utilizado contra objetivos que no son criminales ni terroristas.
El gobierno no quiso dar una respuesta directa a la opinión pública mexicana, y se escudó en la carta que decidieron, antes de que fuera publicada por el Times, divulgar su traducción a través de la cuenta de Twitter del vocero presidencial, Eduardo Sánchez, y presentarla como la respuesta oficial. La Presidencia, decía la carta, respetaba la privacidad de las personas y condenó “cualquier intento de vulnerarla”. Esta respuesta, sin embargo, es insuficiente. Llena los espacios de opinión pública, pero no va ni al fondo del problema, ni atiende los problemas que arrastran desde que inició la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
El caso de un periodista, fuera de la investigación que publicó el Times, es sintomático de la dialéctica entre algunos periodistas y medios de comunicación, y algunos funcionarios del gobierno. Entre varios incidentes, dentro del contexto del hostigamiento, intimidación y espionaje, sobresalen:
1.- A mediados de 2014, después de varios textos sobre la ilegalidad de los grupos de autodefensa en Michoacán, comenzó a ser seguido. El periodista descubrió la cola y los confrontó. “Si me están tomando fotografías”, les dijo, “les voy a tomar fotografías yo”. Dos fotografías fueron entregadas al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien ofreció investigar quiénes eran. Hasta la fecha, nunca dio respuesta. El periodista investigó y encontró que las placas del vehículo correspondían a una empresa de seguridad en el Estado de México.
2.- A finales de 2014, molestos en la PGR por su cobertura sobre la investigación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, desde la oficina del entonces procurador Jesús Murillo Karam, se ordenó que investigaran su vida privada, y durante semanas se recopiló información a través de intercepción de teléfonos y de otros periodistas, para conocer su patrón de comportamiento.
3.- En 2015 recibió varios mensajes de texto en su teléfono celular, similares a los descritos en la investigación que publicó el Times, así como también uno repetido que llegó como mensaje directo en su cuenta de Twitter, que procedía de la cuenta del periodista Ricardo Alemán –muy probablemente clonada–, que decía: “Ya viste esta foto tuya que esta en Twitter  goo.gl/c85E4F Es real? si eres tu? Que te paso ese día!”.
4.- Durante 2015 y 2016 continuaron llegando mensajes de esa naturaleza a su teléfono celular, referidos a presuntos robos en su casa, supuestas fotografías comprometedoras de él o amigos suyos, o peticiones de apoyos solidarios.
5.- En el mismo periodo, varios intentos de penetrar a su teléfono celular fueron hechos desde dos números telefónicos de direcciones inexistentes. Los números desde donde se hicieron los intentos de penetración, aparecían siempre ocupados cuando se marcó para rastrear esas llamadas.
Varios de estos episodios fueron presentados informalmente en instancias de gobierno que escucharon con atención, pero nunca actuaron. Tampoco mostraron alerta por lo que sucedía. Lo único que algunos altos funcionarios aseguraron, era que no se trataba de un tema ordenado por el gobierno. No era el caso más serio ni más sistemático que se había hecho contra un periodista, pero al ser denunciado ante las mismas instancias, tampoco hubo una respuesta de interés por resolverlo. Lo que sí sucedió fue que cuando publicó una información que relacionaba al Cisen con este espionaje, plumas oficiosas descalificaron el texto, sugiriendo que se trataba de una mentira.
El caso del periodista revela un patrón de intimidación, hostigamiento y espionaje que muestra en su conjunto, una vigilancia sistemática contra él. Como probó la investigación en el Times, el uso político de las herramientas de inteligencia es mucho más grande de lo imaginado, que abarca no sólo a periodistas, abogados o activistas, sino a quienes consideren un adversario o enemigo potencial, aún cuando este se encuentre –como irá emergiendo gradualmente–, dentro del mismo gobierno. Por esta última razón, fue lamentable la respuesta del gobierno al periódico neoyorquino. Ojalá se hubiera abierto una investigación interna que pudiera sostener la palabra inicial del gobierno o encontrar a quien dentro del propio gobierno está abusando del poder y los recursos a su disposición. La negación absolutista cubre de sombras y sospechas el comunicado que eso quiso disipar. En estos tiempos, la apertura, no la cerrazón, es algo que debe considerar.

[email protected]
twitter: @rivapa

Venezuela protagonizó una nueva jornada de la 47 Asamblea General de OEA defendiéndose con ferocidad de las críticas de varios países en la primera sesión plenaria, mientras que un grupo negocia una resolución sobre la crisis en la nación caribeña.
Chile y Perú lanzaron la primera piedra. Ricardo Luna, canciller peruano, advirtió que la iniciativa de la Asamblea Constituyente en Venezuela puede abocar a una situación “crítica e irreversible”, dentro de una crisis que “exige una urgente concertación”.
Llegó la primera réplica de varias de la canciller venezolana, Delcy Rodríguez: “Si ellos forman parte de la camada de perritos simpáticos para el imperio, Venezuela no, y no va a aceptar intromisiones indebidas”.
Estas palabras marcaron el tono de las contestaciones de Venezuela a naciones como Canadá, Brasil, Colombia y Honduras.
Entre otras perlas, la canciller definió a su homólogo de Costa Rica, Manuel González Sanz, de “analfabeto político” por no conocer la situación en el país caribeño, advirtiendo que alimenta “las protestas violentas” en las calles.
En contraposición, Rodríguez defendió el “modelo exitoso de inclusión” del país petrolero y arremetió con ahínco contra el secretario general de la OEA, Luis Almagro, una de las voces internacionales más críticas contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Almagro “promueve, protagoniza y encabeza la direccionalidad de la guerra civil en Venezuela, y así lo denuncio”, afirmó con dureza la canciller.
Anunció que esta será la última participación del país en la Asamblea General de la OEA, después de que a finales de abril pasado solicitara la salida del organismo, que no se concretará hasta 2019.
Acto seguido, se levantó de la silla y abandonó la sala, escenificando así la salida de Venezuela del organismo multilateral y repitiendo el desaire de la reunión de cancilleres acontecida este lunes.
Con Estados Unidos, “el Imperio”, tuvo otro sonado, aunque previsible, choque frontal.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, John Sullivan, propuso en la plenaria formar un grupo de naciones para “facilitar una salida” a la crisis venezolana, que la canciller rechazó por “inútil e innecesario”.
En una rueda de prensa celebrada mientras todavía tenía lugar la sesión, que duró siete horas, acusó a Estados Unidos de “recrear la Guerra Fría” y de “extorsionar” y “presionar” a miembros de la OEA para lograr la resolución.
Estados Unidos forma parte de un grupo de países liderado por México -que califica de “gravísima crisis” la realidad del país caribeño- que busca una resolución conjunta de la OEA sobre Venezuela para aprobarla en la Asamblea General de Cancún, tras no lograr acuerdo en la reunión de cancilleres del lunes.
El Tribunal Supremo venezolano aprueba antejuicio contra la fiscal crítica Luisa Ortega

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aprobó ayer un procedimiento contra la fiscal general Luisa Ortega solicitado por el oficialismo para su posible destitución, en una jornada en la que Maduro relevó al jefe de la Guardia Nacional que actúa en las manifestaciones.
El TSJ anunció ayer la aprobación de una ponencia de la magistrada Marjorie Calderón, presidenta de la Sala de Casación Social, para emprender un antejuicio de mérito contra la fiscal Ortega y determinar su eventual destitución.
En otros hechos, previamente, por la mañana de ayer, un grupo de diputados opositores se presentó a las puertas del comando de la Guardia Nacional para exigir justicia por la muerte de un adolescente de un tiro, presuntamente disparado por un soldado en una manifestación contra el gobierno el lunes.
La muertes aumentaron a 75 en más de dos meses de protestas contra el gobierno, según cifras actualizadas por el Ministerio Público.
La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática anunció ayer su decisión de desconocer al gobierno de Maduro y la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente al tiempo que llamó a organizar una “protesta permanente”.
En tanto, Maduro ratificó en su cargo al ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, pero relevó al mayor general Antonio Benavides como jefe de la Guardia Nacional, la fuerza encargada de mantener el orden y enfrentar las manifestaciones.
Al respecto designó como nuevo jefe de la Guardia Nacional al mayor general Sergio Rivero, en sustitución de Benavides, quien ha sido acusado de violaciones de derechos humanos en las protestas y ha sido blanco de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos.

EFE

Bruselas

El presunto terrorista neutralizado ayer por militares belgas en la estación de Bruselas ha fallecido, según informó la fiscalía federal, que no ha aportado datos sobre su identidad.
El individuo, sucumbió a las heridas y falleció tras ser neutralizado por soldados que se encontraban en el lugar, según recogen medios como la agencia Belga o la cadena pública RTBF.
La Fiscalía confirmó que trata el incidente como un “atentado terrorista”.
El portavoz de la Fiscalía Eric Van Der Sypt indicó en una declaración a la prensa que se produjo una “pequeña explosión” hacia las 20.30 horas en la estación Central y que el presunto autor fue “neutralizado” por militares que se encontraban en el lugar.
La detonación, de baja intensidad, no causó heridos.
Por el momento, el portavoz dijo que no tienen ninguna información sobre la identidad del sospechoso, y rechazó hacer comentarios sobre “rumores de lo que se haya visto o dicho” ya que eso forma parte de la investigación abierta.
Según un agente y varios testigos presenciales citados por la agencia Belga, el hombre gritó “Alá es grande” antes de la explosión, y portaba un cinturón de explosivos.

La policía británica ha incrementado desde ayer la vigilancia en lugares donde se reúne la comunidad musulmana, ante el temor a ataques inspirados por la extrema derecha tras el atentado frente a una mezquita en Londres en la madrugada del lunes.
Siete de los diez heridos en el atropello ante el templo de Finsbury Park continúan hospitalizados, tres de ellos en cuidados intensivos, mientras sigue la investigación para determinar si el hombre que murió durante el ataque falleció debido a la embestida de una furgoneta o por un problema de salud previo.
Darren Osborne, un mecánico en paro de 47 años de Cardiff (Gales) que no estaba fichado, está detenido como sospechoso de haber alquilado un vehículo con el que arrolló a los musulmanes que terminaban de celebrar los rezos del mes sagrado del Ramadán.
Los medios locales han revelado que Osborne, que acaba de separarse de su pareja y tiene cuatro hijos, había protagonizado incidentes xenófobos con sus vecinos, aunque su familia ha asegurado que sufre problemas mentales y que nunca ha expresado opiniones racistas. (EFE / DPA / Londres / Luxemburgo).

La ministra de Defensa francesa, Sylvie Goulard, saldrá del Ejecutivo de Emmanuel Macron en medio de una investigación sobre los contratos de personal de su partido político (MoDem), informaron ayer varios medios.
Goulard aseguró que se va porque quiere poder defender libremente su “buena voluntad” en caso de que se investiguen las condiciones en las que empleó a su personal cuando era miembro del Parlamento Europeo.
La hasta ahora ministra destacó que Macron quiere recuperar la confianza en la política, reformar Francia e impulsar Europa. “Esos planes de reconstrucción deben estar por encima de cualquier consideración personal”, apuntó.
Según la prensa, Macron aceptó la decisión de Goulard, aunque fuentes del Elíseo no comentaron la información. La política fue eurodiputada por MoDem hasta que en mayo dimitió para asumir el Ministerio de Defensa en el Ejecutivo de Macron.
A principios de mes, las autoridades francesas abrieron una investigación preliminar por acusaciones de que supuestamente se pagó a personal que trabajaba para MoDem (Movimiento Democrático) en parte con fondos destinados a asesores de los políticos del partido en el Parlamento Europeo.
Por otro lado, menos de 24 horas después del atentado frustrado en los Campos Elíseos de París contra un furgón de la Gendarmería, la investigación judicial ha llevado a la detención de cuatro familiares del agresor, que, aunque estaba fichado por radicalismo islamista desde 2015, poseía un permiso de armas. (DPA / EFE / París).

 

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a un juez federal una orden de aprehensión contra el exgobernador, César Duarte Jáquez, por el delito de peculado electoral, confirmó la secretaria de la Función Pública estatal, Stefany Rocío Olmos Loya.
a funcionaria explicó que la dependencia a su cargo tiene documentado el desvío de más de 79 millones de pesos presuntamente retenidos a servidores públicos del gobierno duartista para transferirlos al PRI.
Sin embargo, aclaró que la orden de aprehensión solicitada por la dependencia federal contra el exmandatario corresponde sólo al desvío de 14 millones de pesos hacia la campaña política federal de ese partido en 2015.
“Los 14 millones son solo una parte de los 79 millones de pesos que durante el sexenio duartista se retuvieron ilegalmente a servidores públicos estatales para ser transferidos al Partido Revolucionario Institucional”, señaló Olmos Loya.
Detalló que un juez solicitó girar orden de aprehensión contra el exgobernador chihuahuense.
“Esta parte del juicio que inicia el 23 de junio va a estar centrada en 14 millones de pesos, que corresponden a 2015, que son los meses del proceso electoral federal y en los que se centra esta acusación de la Fepade, por tener competencia federal”, abundó.
Agregó que el juicio “se basa en una investigación seria que durante meses realizó la Fepade, con base en la denuncia que presentó la SPF, respecto a las retenciones que por más de 79 millones de pesos se hicieron a servidores públicos en el sector centralizado, durante los años en que César Duarte Jáquez fue mandatario estatal”. (Agencia Proceso / Chihuahua).

 

Agencia Proceso

Tuxtla Gutiérrez

Cientos de policías estatales desalojaron a golpes y con gases lacrimógenos a unos 2 mil maestros de la Sección 40 que mantenían bloqueada por segundo día consecutivo la Torre Chiapas, sede de la Secretaría de Hacienda y otras dependencias estatales y federales, para exigir el cumplimiento de acuerdos.
Los mentores fueron sorprendidos por los cientos de policías estatales que con gases lacrimógenos, escudos y toletes en mano llegaron para desalojarlos pasada las 16 horas de esta tarde.
Los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) también tomaron la sede de su edificio sindical, ubicado a 500 metros, y con varios camiones de carga bloquearon el crucero del Libramiento Norte, una importante vialidad en la capital del estado.
A los maestros les habían prometido una mesa de diálogo para las 13 horas de hoy, posteriormente les dijeron que se cancelaba y que tenían hasta las 14 horas para levantar su movimiento, de lo contrario serían desalojados por la fuerza pública.
Y así fue. Cientos de policías los corretearon, y algunos fueron alcanzados, golpeados y detenidos para ser llevados a los camiones de los uniformados.
Aún no se sabe la cifra de maestros detenidos, aunque extraoficialmente se habla de unos ocho.
Hasta ahora ni los maestros de la Sección 40 del SNTE ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSYPC) han dado detalles del saldo del operativo de desalojo.
Todavía en la tarde, cientos de mentores seguían escondidos o refugiados en edificios de hospitales y escuelas de los alrededores en tanto policías estatales resguardan la zona.

Víctor Fuentes / Agencia Reforma

Ciudad de México

Jorge Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad del Partido Verde que busca eliminar la reforma al financiamiento de partidos políticos aprobada en Jalisco, conocida como Ley #SinVotoNoHayDinero.
El ministro emplazó el lunes pasado al Congreso y Ejecutivo de Jalisco para que, en seis días naturales, rindan su informe para defender las reformas a la Constitución y el Código Electoral de Jalisco, publicadas el pasado 2 de junio.
La acción del PVEM impugna la reforma al artículo 13 de la Constitución local, que establece que el financiamiento a los partidos políticos nacionales en años no electorales, se fijará multiplicando el número de electores registrados por el 20 por ciento del valor de la Unidad de Medida y Actualización.
El artículo 41 de la Constitución federal prevé que el financiamiento que reparte el Instituto Nacional Electoral se calcula multiplicando a los electores registrados en el padrón por el 65 por ciento del valor de la UMA, por lo que la reforma de Jalisco reduce notablemente el monto de dinero estatal que será asignado a los partidos.
También señala que, en años electorales, el financiamiento se calculará tomando en cuenta el total de votos válidos obtenidos en la elección previa de diputados –no del padrón de electores–, por 65 por ciento de la UMA, cuando el esquema federal contempla simplemente agregar un monto igual al 50 por ciento del financiamiento ordinario.
Pedro Kumamoto, diputado local independiente que impulsó la reforma, estimó que se reducirá entre 48 y 69 por ciento el monto asignado a los partidos.
Para invalidar la reforma será necesario el voto de al menos ocho de los once ministros de la Corte.
En tanto el diputado independiente, Pedro Kumamoto, llamó a sus homólogos de MC, PRI y PAN a defender la reforma electoral que establece recortar financiamiento público a partidos.
Con la ley #SinVotoNoHayDinero los partidos recibirían entre 48 y 69 por ciento menos recursos, dependiendo si es o no año electoral.
“La entrada, a la Suprema Corte, de la acción de inconstitucionalidad del Verde no significa absolutamente nada, más que cumplieron los requisitos de forma; eso no significa que la Corte les esté dando la razón”, expuso Kumamoto.
El diputado independiente señaló que en la acción de inconstitucionalidad el Partido Verde argumentó que se violentó el párrafo uno del Artículo 52 de la Ley General de Partidos, el cual refiere que para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales deberá obtener 3 por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral anterior en la entidad.
Sin embargo, afirmó, el PVEM omitió el párrafo dos de ese artículo, donde se expresa que las reglas para determinar el financiamiento local a partidos que alcancen el 3 por ciento, se establecerán en las legislaciones locales.