EFE

Miami

Los gobiernos de Estados Unidos, México, Salvador, Guatemala y Honduras acordaron en una cumbre en Miami trabajar juntos para enfrentar, desde una perspectiva regional, los problemas de violencia, corrupción y bandas criminales que azotan a la región.
Los secretarios de Estado y Seguridad del país norteamericano, Rex Tillerson y John Kelly, respectivamente, así como el vicepresidente, Mike Pence, reiteraron en nombre del gobierno del presidente Donald Trump el respaldo a la lucha contra la criminalidad y la ilegalidad en América Central.
Al cierre del evento, que reunió a líderes de todo el continente, además de la Unión Europea, España y organismos multilaterales, Kelly insistió en que los aportes en dólares que su país plantea para 2018, pese a ser menores que los años anteriores, “siguen siendo generosos”.
“Estados Unidos ve ese dinero como una inversión y no como una ayuda. La cooperación entre Norteamérica y el Triángulo es muy cercana”, sostuvo el secretario, quien además llamó a sus vecinos a trabajar en bloque contra la corrupción y el crimen organizado.
“Los problemas de los países centroamericanos están relacionados con la demanda estadunidense de drogas, que causa violencia devastadora en el sur, con las pérdidas de gente uniformada en México, así como periodistas y otras personas”, reconoció.
En medio del cierre de la Conferencia, el secretario confirmó que su país está revisando “los tiempos” del Estatus de Protección Temporal (TPS), el beneficio que Estados Unidos concedió hace casi dos décadas a miles de ciudadanos provenientes de Honduras y El Salvador, que vence en 2018 era otro tema que preocupaba a los asistentes.
“Hemos tenido unas conversaciones tremendamente importantes en seguridad. Hemos hablado de esfuerzos compartido contra corrupción, tráfico de personas, bandas y violencia. Los países involucrados han alcanzado acuerdos para colaborar”, dijo el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, en una rueda de prensa al final de la conferencia.
“Estos acuerdos se desarrollarán durante un largo tiempo y contribuirán de sobremanera al mejoramiento de sus regiones”, añadió Kelly, sin especificar cuáles son esos acuerdos alcanzados.
Por su parte, el secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, detalló que durante el día de ayer, centrado en seguridad, los diferentes países hablaron de la necesidad de emprender un fortalecimiento institucional y de trazar “una agenda común” para el futuro.
“Es básico reafirmar que es más lo que nos une que lo que nos divide, requerimos los unos de los otros para lograr el bienestar de nuestras poblaciones”, dijo Chong, que habló de la importancia de desarrollar una estrategia “a largo plazo” y, sobre todo, desde una perspectiva “regional”.
“Ante los problemas comunes debe haber soluciones comunes”, añadió el secretario mexicano.
Los líderes de los diferentes países no hicieron público ningún acuerdo concreto sobre seguridad, el tema que centró ayer la cumbre y cuyas sesiones se desarrollaron a puerta cerrada.
Más allá de los temas propios de la cumbre, Kelly, responsable de la política migratoria de Estados Unidos, recibió preguntas en la rueda de prensa sobre el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS), un permiso migratorio que tienen entre otros nacionales de El Salvador y Honduras y que expira a principios de 2018.
“Con el tiempo trabajaremos en una resolución sobre este asunto”, se limitó a decir Kelly, que aseguró haber tratado el tema durante las reuniones bilaterales que mantuvo con los líderes de Centroamérica.
Los periodistas también preguntaron a Kelly sobre la decisión que tomó este jueves por la noche su departamento para rescindir el programa de Acción Diferida que beneficiaba a los padres indocumentados con hijos estadounidenses o residencia permanente, un plan proclamado por el expresidente Barack Obama mediante un memorándum y que nunca entró en vigor por decisión de la Justicia.
“DAPA -siglas con las que se conoce el plan- fue frenado inmediatamente por las cortes y estuvo en el limbo por 2 o 3 años. Mi decisión ayer fue solamente limpiar un poco la casa y quitar el memorándum”, explicó Kelly.
El titular de Seguridad Nacional dijo que el programa para los padres es diferente a DACA, el plan proclamado también por Obama en 2012 y que ha permitido frenar la deportación de 750 mil jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños y a los que se conoce como dreamers (“soñadores”).
Aunque Kelly dijo que ese programa es diferente al proclamado para sus padres, no detalló cuáles son las diferencias y tampoco explicó cuál será el futuro para los jóvenes que se beneficiaron de DACA y que han podido estudiar, conducir y trabajar desde que fue proclamado hace cinco años.
“El uno aplica a los padres, el otro aplica a los estudiantes. Ninguno de los dos fue proclamado a través del trámite normal de las leyes”, dijo Kelly, en referencia a que los planes de Obama fueron órdenes ejecutivas y no leyes aprobadas por el Congreso, el único con capacidad para cambiar el sistema migratorio de Estados Unidos.
Con la conferencia de prensa, se dio por concluida la cumbre sobre Centroamérica que este jueves giró en torno al desarrollo económico y que ayer se centró en temas de seguridad, desde el fortalecimiento de zonas fronterizas hasta el combate al narcotráfico.
La cumbre se desarrolla en el marco del Plan para la Alianza de Prosperidad para el Triángulo Norte de Centroamérica, implementado desde 2014 por Honduras, Guatemala y El Salvador, y respaldado con fondos de Estados Unidos.

EFE

Washington

El gobierno del presidente Donald Trump confirmó ayer que los jóvenes indocumentados conocidos como dreamers (soñadores) y protegidos de la deportación podrán seguir, de momento, en Estados Unidos, pero dejó en el aire su futuro.
Desde su promulgación en 2012 bajo la presidencia de Barack Obama, el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) ha servido para frenar la deportación de 750 mil jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños.
Este jueves, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un memorando en el que aseguraba que la DACA “seguirá en efecto”.
Sin embargo, el gobierno indicó ayer que Trump no ha tomado una decisión sobre el futuro del programa y que ese memorando solo pretendía aclarar que los beneficiarios de la DACA no se verían afectados por la rescisión de un programa similar para padres indocumentados de ciudadanos estadunidenses o hijos con residencia permanente.
“No ha habido una determinación final sobre el programa DACA, que el presidente ha subrayado que necesita ser abordado con compasión y corazón”, afirmó el subsecretario de Asunto Públicos del DHS, Jonathan Hoffman, en un comunicado.
Un funcionario de la Casa Blanca señaló ayer que el memorando del jueves no buscaba afectar a la DACA, pero no precisó si el gobierno todavía revisa ese programa de alivio migratorio.
“Sinceramente, la inmigración es algo que debe ser resuelto por el Congreso”, agregó el funcionario, que mantuvo el anonimato, en declaraciones a los periodistas.
El pasado febrero, Trump reconoció que la derogación de la DACA, una de sus promesas en la campaña electoral que en 2016 le llevó a la Casa Blanca, es “uno de los temas más difíciles” con los que se enfrenta y aseguró que lo encarará “con corazón”.
Este jueves, el DHS rescindió el programa Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que beneficiaba a los padres indocumentados de hijos con ciudadanía o residencia permanente.
El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, anunció en un comunicado que se ponía fin al programa promulgado en 2014 por el Gobierno de Obama y que eximía temporalmente de la deportación a padres de hijos regularizados.
La DAPA está bloqueada por los tribunales estadunidenses desde 2015 y lo que el Departamento de Seguridad Nacional señaló es que no “litigará” más para defender la puesta en marcha de esta medida de alivio migratorio.
Donald Trump ha adoptado una línea dura con la inmigración indocumentada desde que llegó al poder en enero pasado.
El presidente ha ordenado aumentar la seguridad fronteriza e intensificar las redadas de indocumentados, especialmente de aquellos que pertenecen a bandas criminales o tienen delitos pendientes, entre otras medidas.

Un día después de anunciar su asistencia a la Asamblea General que la OEA celebrará la semana que viene en Cancún, el secretario de Estado Rex Tillerson canceló ayer su viaje a la cumbre de México.
La razón aducida es la situación en Cercano Oriente, donde varios países han impuesto un bloqueo a Qatar.
“El secretario de Estado continuará sus esfuerzos para reducir las tensiones en la región de Cercano Oriente a través de reuniones en persona y conversaciones telefónicas con líderes del Golfo y regionales”, indicó un comunicado del Departamento de Estado.
El vicesecretario de Estado, John J. Sullivan, será el que viaje el lunes a Cancún al frente de la delegación de Estados Unidos que participará en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El jueves, poco después de anunciarse la participación de Tillerson en el encuentro, la Casa Blanca informó de que el presidente Donald Trump le había instruido para promover el debate sobre Venezuela en la Asamblea General. (DPA / Washington).

Agencia Proceso

Ciudad de México

Al secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, no le agrada mucho la idea de la creación de un consejo fiscal independiente que garantice el buen manejo de las finanzas públicas.
Apenas en la semana que termina, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), así como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se manifestaron en favor de que México cuente con dicho consejo, como lo tienen países desarrollados.
Eso no es todo. Según el director del CEESP, Luis Foncerrada Pascal, será a principios del 2018 cuando probablemente el Congreso de la Unión dé entrada a la propuesta y se discuta en los recintos legislativos.
Ayer, el encargado de la política fiscal del país aseguró que el país prescinde de ese órgano, pues sus finanzas están a prueba de las mejores prácticas internacionales y a los ojos de los grandes organismos financieros y agencias calificadoras.
“México se revisa anualmente por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en dos vertientes, a través del artículo Cuarto de la revisión que se hace para la Línea de Crédito Flexible (LCF); es revisado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en su política fiscal y es calificado y recibimos retroalimentación por las agencias calificadoras de riesgo”, explicó al finalizar el acto del Día Internacional de las Remesas en al Antiguo Palacio del Arzobispado.
A decir de Meade, el país también cuenta con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que obliga a tener metas en finanzas públicas; además presumió que México es uno de los países “más transparentes” en la materia.
Sin embargo, la Coparmex advirtió que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la deuda del país se ha elevado al representar más de 48% en el 2016, cuando en el 2012 estaba en 37.7% del Producto Interno Bruto (PIB).
“Si bien se han tomado medidas en el paquete económico 2017, que esperamos ayuden a frenar dicho ritmo de crecimiento de la deuda del país, consideramos necesario e inaplazable fortalecer a nuestras instituciones con una mayor evaluación y toma de decisiones en la vida de las finanzas públicas que inciden en la vida de los mexicanos”, sentenció el organismo empresarial.

Verónica Espinosa / Agencia Proceso

San Luis Potosí

En un nuevo capítulo del video escándalo que mostró a diputados locales y funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en presuntos actos de corrupción, esta tarde se conoció la renuncia del diputado Enrique Flores Flores a su militancia en el Partido Acción Nacional (PAN).
El legislador había renunciado previamente a la coordinación de la bancada panista y, en consecuencia, a la presidencia de la Junta de coordinación del Congreso local, tras aparecer en videos en los que presuntamente detalla la manera en que operan él y otros diputados del PRI, PVEM y PRD para pedir a presidentes municipales entre 10 y 20 por ciento de los montos observados a cambio de “desaparecer” las anomalías en sus cuentas públicas.
En una carta dirigida a Ricardo Anaya Cortés, fechada ayer, Flores Flores refiere que está en las filas de Acción Nacional desde 1997, pero afirma que el actual es un partido muy distinto al que conoció, y se dice víctima de una “cacería de brujas” interna por parte de la dirigencia estatal que encabeza Xavier Azuara, por disentir con la misma.
“Hoy encuentro un partido que dista mucho de ser el que conocí, enfrascado en una lucha de intereses y proyectos personales, sin ánimo de procurar el bien común, con una dirigencia que no busca la unidad de todos los panistas sino todo lo contrario, que busca eliminar cualquier disentimiento de ideas, cobrando revanchas que distraigan de su incapacidad y el miedo a levantar la voz contra los gobiernos”, dice la carta dirigida al presidente del CEN.
Y afirma que esperará a que termine el periodo de la actual dirigencia, a la que define como protagonista de “una época de tiranía, revanchismo, intolerancia, frustraciones e intereses personales”.
De acuerdo con el diputado, también renuncia a su militancia para no ser “un factor más de división” en el partido.
Finalmente, advierte que la dirigencia panista tendrá que rendir cuentas por los resultados que se obtengan en las elecciones de 2018, y concluye su carta citando a Carlos Castillo Peraza, quien se definió como un panista de la barda, la casilla y las candidaturas entre tiros.
Al conocer la renuncia, el dirigente estatal Xavier Azuara la festejó, pero advirtió que ello no significa que se interrumpan los procesos de expulsión de Flores que se llevan en el CEN, además de que –dijo– no descarta la posibilidad de solicitar un juicio político para el ahora exdiputado del PAN.

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa; el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, se reunieron este viernes para revisar el caso Nochixtlán.
En un comunicado, la CNDH informó que también se trataron planteamientos para fortalecer las capacidades de los cuerpos de policía del estado de Oaxaca para temas de seguridad pública, en cumplimiento de la protección y preservación de los derechos humanos, así como la generación de protocolos y el fortalecimiento de los mandos de seguridad, sobre todo cuando participen de manera coordinada los tres niveles de gobierno.
Entre ellos se incluyó la revisión de las investigaciones de presuntas violaciones a derechos humanos en los acontecimientos ocurridos hace un año en el municipio de Asunción Nochixtlán.
Se destacó que en la solución de los problemas siempre deben prevalecer el diálogo y el respeto al estado de derecho, así como la implementación de la consulta previa, libre, informada y de buena fe de los pueblos indígenas en todas aquellas acciones que busquen implementar políticas públicas para el desarrollo regional integral.
Finalmente se habló sobre la atención preventiva y, en su caso, exhaustiva a las investigaciones de violación de derechos humanos de defensores y periodistas. (Agencia Proceso / Ciudad de México).

Benito Jiménez / Agencia Reforma

Ciudad de México

Tres personas descuartizadas fueron halladas la madrugada del viernes en la zona hotelera de Cancún, informaron autoridades de Quintana Roo.
El hallazgo ocurrió a unas horas de que en este destino turístico se reportaran balaceras con saldo de un presunto delincuente abatido, otros dos más heridos y dos detenidos.
Los cuerpos fueron encontrados en el interior de varias maletas, localizadas en una área de manglar en el kilómetro 23 de la zona hotelera, sobre el bulevar Kukulkán, de acuerdo con personal militar.
Los reportes indican que uno de los cadáveres está relacionado con el denominado Cártel de Cancún que encabeza Leticia Rodríguez Lara, Doña Lety, una ex policía federal, identificada por autoridades locales como su líder y supuestamente ligada al Cártel de Sinaloa.

Piden empresarios recuperar Cancún

Empresarios de Cancún exigieron evitar que la violencia se apodere de este destino turístico de Quintana Roo.
Luego de una serie de balaceras que cimbraron la noche del jueves a turistas y habitantes en pleno centro de la ciudad, integrantes de la IP hicieron un llamado a las autoridades.
De cara a la temporada vacacional, demandaron un plan de seguridad para Cancún, donde además el próximo lunes se llevará a cabo la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“No podemos permitir que la delincuencia se apodere de Cancún”, advirtió Eloy Peniche, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE) del Caribe.
“Es importante que digamos que nos preocupan estas situaciones de violencia. Que bueno que hay trabajo detrás, que hay detenciones, que bueno que hay coordinación en los cuerpos policiacos, pero también es de suma importancia que la prevención sea reforzada para que no se den esta serie de hechos que lastiman la imagen de Quintana Roo y de México”, urgió Peniche a nombre de un frente amplio de empresarios inconformes con la violencia.
La balacera del jueves, reportada en las Avenidas de Tulum y Cobá, alertó al sector empresarial, pues decenas de comercios, principalmente restaurantes, fueron afectados.
Además, estos enfrentamientos se suman a una cadena de hechos violentos reportados en Cancún desde inicios del año, como el ataque armado a la Fiscalía estatal que dejó 4 abatidos.
“Quintana Roo representa el 35 por ciento de las remesas que el país recibe, para el país representa la tercera fuente de ingresos y estos hechos que se dan ponen en riesgo todas las situaciones, todo el trabajo que se ha ido desarrollando por parte de los empresarios durante muchos años”, manifestó Peniche
“(La inseguridad) si nos preocupa, y es también repudiar a esta parte de la delincuencia que actúa sin tener conciencia del daño que nos está provocando, somos el turismo más importante de México y también de Latinoamérica”, insistió el presidente del CCE.
Los empresarios solicitaron también que las autoridades se coordinen en las operaciones de seguridad y no trabajen de manera aislada.
“El llamado a las autoridades es que haya coordinación y no haya esfuerzos aislados”, dijo el presidente de Coparmex en Cancún, Adrián López.
En respuesta, la Fiscalía de Quintana Roo aseguró que las autoridades del estado trabajan de manera coordinada con los demás órdenes de gobierno y anunciaron una serie de operativos.
“A partir de esos hechos violentos se mantienen diversos operativos de vigilancia en distintas zonas de la ciudad para inhibir los delitos de alto impacto y en busca de personas armadas”, indicó la vicefiscal Rosaura Villanueva.