
Con un llamado de justicia y castigo a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición forzada de siete líderes de la Unidad Popular (UP) y el asesinato de tres de ellos, la mañana de ayer familiares y amigos del dirigente Arturo Hernández Cardona, conmemoraron su cuarto aniversario luctuoso en la caseta de cobros de la carretera Iguala-Cuernavaca, que fue el último sitio en el que se vio con vida a los dirigentes sociales el 30 de mayo de 2013 durante una protesta en demanda de obra pública y fertilizante.
Durante un mitin tras la colocación de una ofrenda floral y una misa, la ex regidora del PRD y pareja de Hernández Cardona, Sofía Mendoza Martínez, la viuda del ex presidente del Congreso local Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso y la hermana de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) Rocío Mesino, Norma Mesino, exigieron a los tres niveles de gobierno que cese a la represión y hostigamiento a los líderes y luchadores sociales, demandaron justicia y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
También exigieron la renuncia del fiscal general del estado Javier Olea Peláez por la falta de resultados en las investigaciones de los diferentes asesinatos ocurridos en el estado. Se solidarizaron con periodistas que han sido asesinados y agredidos, y exigieron justicia por los asesinatos cometidos en contra de estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
En información que dio a reporteros después del mitin, la ex regidora del PRD, Sofía Mendoza dio a conocer que a cuatro años de los hechos y a pesar del testimonio del sobreviviente, Nicolás Mendoza, el ex alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez no ha rendido su declaración sobre los hechos al estar tramitando sus abogados distintos amparos, y pretenden cerrar el caso sin que el ex edil sea juzgado por este delito con la posibilidad de ser liberado.
Exigió que el expediente sea trasladado a un juzgado federal más cercano, de preferencia a uno de Iguala, que fue donde ocurrieron los hechos, ya que como familias se les dificulta trasladarse a Matamoros, Tamaulipas para tener acceso a los expedientes.
Mendoza Martínez dio a conocer también que las medidas cautelares para los familiares de las víctimas han disminuido considerablemente, y en su caso ahora comparte la vigilancia “a medias” de policías estatales con la hija de Cardona, Soledad Hernández. Además que dio a conocer que desde hace un año el botón de pánico que se le entregó por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) no sirve.
En su discurso la activista Sofía Mendoza señaló que a cuatro años de cometerse estos hechos, “seguimos exigiendo justicia, llevamos cuatro años de impunidad, el sistema de justicia en este país es ineficaz, lo estamos viendo ahora, en los casos de desaparición de líderes sociales”.
Dijo que Guerrero es un estado histórico por sus luchas, y por los asesinatos de los líderes sociales, “hoy se registran los niveles más críticos de injusticia cometidos contra la gente que decide organizarse, cuando los líderes se organizan y exigen lo que corresponde al pueblo, quedan vulnerables ante el estado quienes buscan atacarlos y terminan cometiendo los peores asesinatos. Tratan a los líderes sociales como si fueran delincuentes que se dedican a las peores cosas”.
Hoy seguimos exigiendo al estado y a los tres niveles de gobierno que haga justicia, esta fecha es para conmemorar, no para llorar, para recordar que el caso del asesinato de Arturo, Ángel y Rafael se dio por que se organizaron para pedir lo justo, fijó la ex regidora del PRD
Y exigió que cese al hostigamiento en contra de las personas que deciden organizarse, “que las autoridades también hagan algo para detener e investigar los feminicidios en Guerrero. Exigimos que cese el hostigamiento en contra de los periodistas que se dedican a informar sobre los hechos que ocurren en el estado”.
“Todo lo atribuyen al crimen organizado”
En su intervención, la viuda del ex presidente del congreso local, Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso Cazares, repudió que no haya justicia ni respuesta en ninguno de los casos “y todo lo atribuyen al crimen organizado, que resulta más fácil y sencillo a la Fiscalía general del estado, qué vergüenza y qué desatino, qué aberrante que no den respuesta en ninguno de los casos. Queremos decir que no estamos dispuestas a permitir nosotras, mujeres, compañeras viudas y hermanas de las víctimas, que aquí estamos hoy acompañando”.
Exigió al fiscal del estado, Javier Olea que renuncie por su falta de capacidad y falta de resultados en las investigaciones, “le decimos al fiscal que deje de simular, es vergonzosa su postura si no van hacer un caso y si solo van a inventar, que renuncie, que se vaya pero que se vayan todos, si no van a poder eso les decimos, ni perdón ni olvido”.
Advirtió que no bajarán la voz ni se quedarán en sus casas llorando, “este no es un acto para llorar, somos de carne y hueso, pero lloramos en la intimidad en nuestros altares a nuestros muertos y afuera salimos a exigir justicia, y decir al gobierno que tiene una deuda a la que se le siguen sumando agravios todos los días contra el pueblo y la sociedad”.
“Vamos a insistir que estamos convencidas que el único camino que puede abrirnos una ventana de esperanza es la justicia. No podemos continuar caminado por un camino pavimentado de muertos, y también este ambiente envenenado que se reproduce todos los días con esta dupla infernal que es la corrupción y la impunidad. Queremos justicia, desde aquí nos solidarizamos con los reporteros por el asesinato de Miroslava y Javier Valdez”.
Se solidarizó también con los siete periodistas que fueron amenazados y robados durante el cumplimiento de su labor en la región de Tierra Caliente, “sin ustedes difícilmente podríamos, quienes luchamos por la justicia dar a conocer lo que está ocurriendo”.
Manifestó su apoyo también a los médicos y maestros que son amenazados y hostigados por miembros de la delincuencia, y demandó justicia por los cinco estudiantes de la UAG que fueron asesinados en los últimos meses, “lo que acontece es producto de una política de un Estado fallido que ha renunciado a esa obligación que tiene de proteger y de cuidar la integridad física y el patrimonio de todos”.
En su participación, la hermana de la asesinada dirigente de la OCSS, Rocío Mesino Mesino, Norma Mesino demandó a los diferentes órdenes de gobierno que estos crímenes no queden en la impunidad, “vamos a llegar y estaremos donde debamos estar para exigir justicia, y que no olvidamos las muertos”.
Y demando que “aquí donde también fueron desaparecidos 43 jóvenes, y asesinados compañeros de Ayotzinapa, y que provocó que en diferentes partes del país retumbara la palabra justicia, demandamos que el gobierno cumpla con su obligación de investigar y llevar a los asesinos ante la justicia”.
“Exigimos la presentación de los 43 y exigimos a este gobierno la libertad de nuestros compañeros presos y respaldamos al compañero Nicolás Chávez y Clemencia Guevara Tejedor, quienes han sido hostigados por su actividad social”.
Demandó que casos como el de su hermana y del diputado Chavarría no queden en la impunidad.