“El 95 por ciento de comunidades de La Sierra guerrerense tiene contacto, directo o indirecto, con la siembra de amapola y eso toca otros intereses que no posibilitan que se instrumente el reconocimiento pleno y rápido de la octava región (en el estado)”, señaló Rigoberto Acosta González, uno de los impulsores de esa zona de la entidad como una región más de Guerrero, propuesta desde 1994 por 15 organizaciones.
Consideró que la reorganización de distritos electorales, la falta de cabeceras municipales y que la diputada priista en el Congreso local, María de los Ángeles Salomón Galeana, no contempló a La Sierra como propuesta regional en el presupuesto para que contara con uno propio, han impedido la existencia constitucional de la octava región de la entidad.
En declaraciones después de la presentación del proyecto integral de producción del Mezcal en Guerrero ayer en un salón del hotel Emporio de Acapulco, Rigoberto Acosta, dirigente del Consejo Regional de la Sierra de Guerrero (Cresig), dijo: “hoy La Sierra de Guerrero sólo tiene un diputado que le corresponde a Tierra Caliente, de ahí en fuera no hay diputados; entiendo que estos dos últimos elementos, los nuevos municipios y distritos electorales es lo que tiene frenada la iniciativa en el Congreso y también hay en particular diputados que no ven más allá de su nariz, porque hay los que mandan una iniciativa que no contempla La Sierra de Guerrero; me refiero a Ángeles (Salomón Galeana) de la Costa Grande de Guerrero, que recién hemos conversado con el gobernador (Héctor Astudillo Flores) y hemos vuelto a pedir que nos ayude con su equipo de trabajo para cabildear, sensibilizar al Congreso local, para que esta legislatura reconozca la octava región y las ocho regiones en la Constitución de Guerrero”, expresó.
Señaló que las inversiones que llegan a La Sierra de Guerrero dependen y “están a contentillo de un funcionario porque no hay un mandato legal que obligue a atender temas de desarrollo en la región”, dijo.
Mencionó que un tercer elemento “es que el 95 por ciento de comunidades de La Sierra guerrerense tienen contacto directo o indirecto con la siembra de amapola, y eso también toca otros intereses que no posibilitan que se instrumente el reconocimiento pleno y rápido de la Sierra guerrerense”.
Recordó que durante los primeros días de gobierno de Héctor Astudillo Flores, en un evento en El Paraíso, informó que a través de “una diputada” enviaría la iniciativa al Congreso local, para que además de validar y reconocer el plan de desarrollo, también se incorporaran las otras siete regiones a la Constitución política del Estado de Guerrero, para que se instrumentasen planes de desarrollo regional de las ocho regiones, como el que propuso La Sierra.
“Y lo que dijo el gobernador entonces, si me permiten citar fue que ‘por el trabajo de la octava región tenemos que reconocer las otras siete en el marco de la Constitución, para que ahí las políticas públicas de desarrollo y las distintas secretarías, en los diferentes niveles de gobierno, puedan empujar elementos de desarrollo en la región’”, expuso.
Además de generar planes de gobierno, dijo, también se potencializarían los ejes de desarrollo en la región, para que el gobierno federal participara.
Mencionó que por el plan de desarrollo regional y la delimitación regional de La Sierra, sería una de las más amplias de la entidad con 15 mil kilómetros cuadrados, pero con poca población -155 mil habitantes aproximadamente en 1 mil 257 comunidades.
“El punto de partida fue la identificación de necesidades, la cuantificación de una superficie y potencialidades de desarrollo de dicha región”, acotó.
Rigoberto Acosta señaló que durante el período de Zeferino Torreblanca Galindo “fue imposible avanzar en algo”, en cambio durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, obtuvieron un decreto para establecer una comisión de desarrollo regional y que permitiera una mejor organización.
“En ese período, 20 organizaciones respaldadas por la Secretaría de Gobierno y por el Congreso del estado elaboramos un diagnóstico y un intento de plan de desarrollo estratégico de la región, en el que se contemplan varios ejes, entre los que destaca el tema de la biodiversidad, la parte de infraestructura, el componente social, su gente sus poblaciones y la parte productiva, que incluyó producciones como el aguacate, madera, mineral y otros”, dijo.
Otro componente, destacó, fue el de los recursos hídricos, dado que La Sierra tiene 23 de los 27 ríos de Guerrero, y resaltó el río Papagayo del que Acapulco toma el 98 por ciento del agua dulce.
“En el gobierno interino de Rogelio Ortega Martínez mencionó que se reconoció a La Sierra de Guerrero como octava región a partir del diagnóstico, porque se cuenta con un plan de desarrollo que incluye montos en cada acción. En el caso de infraestructura, electrificación, pavimentación de calles de algunos pueblos o pavimentación de caminos rurales, se habla de un techo presupuestal de cerca de 15 mil millones de pesos como una primera fase; y eso nos llevó a entregarlo al presidente Enrique Peña Nieto y a través de Sedesol en aquel momento, para que pudiera comenzar a instrumentarse una coordinación más efectiva para las inversiones dirigidas a la Sierra”, detalló.
Comentó que entre las limitantes se encontraban primero que sólo cuenta con dos cabeceras municipales, una de ellas, Heliodoro Castillo en Tlacotepec; y Coahuayutla, de José María Izazaga; el resto de las cabeceras de 14 municipios que integran La Sierra están la parte baja de Tierra Caliente o la parte baja de la Costa Grande y zona Centro.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA) ha desatendido el conflicto que sigue latente entre los habitantes de Juquila Yucucani, municipio de Tlacoachistlahuaca, y el presidente municipal, el petista Javier Carmona Villavicencio, denunció el abogado Mardonio Ramírez García, asesor legal del pueblo.
El 27 de marzo, los indígenas ñu savi de esa comunidad retuvieron en la cárcel del pueblo al edil, para protestar por obras incumplidas y lo liberaron hasta que firmó un documento en el que se compromete a entregar un millón y medio de pesos para beneficio de la comunidad.
Como garantía, los habitantes se quedaron con una camioneta del alcalde y una pistola que le quitaron al director de seguridad pública, Jesús Grandeño López. La camioneta y la pistola continúan en la comunidad, porque el edil no ha regresado a entregarles el dinero que exigen.
El abogado Ramírez García, quien está dando acompañamiento jurídico a los indígenas de Juquila Yucucani, informó que el caso ya está en manos de la SAICA y que el miércoles pasado tendrían la primera reunión, pero que funcionarios de la dependencia dejaron “plantados” a los indígenas.
Dijo que el lunes los citaron en la dependencia para el miércoles, sin embargo ese día nadie los atendió.
Agregó que la petición concreta es que el gobierno del estado construya la comisaría municipal, que fue lo que originó el conflicto con el edil, debido a que éste incumplió con ello a pesar de que fue uno de sus ofrecimientos de campaña, y después, ya cuando era alcalde.
También dijo que la intención es que la dependencia sea mediadora para que se reinicien las pláticas con el alcalde, debido a que desde el 27 de marzo que lo retuvieron está suspendido el diálogo con él, y no ha entregado los recursos a los que se comprometió por escrito, motivo por el cual los habitantes tampoco le han regresado la camioneta y la pistola que le quitaron.
“El asunto no se ha podido destrabar, porque el presidente municipal no ha querido regresar a la comunidad”, dijo el abogado consultado vía telefónica.
Ante esta situación, Mardonio Ramírez dijo que van a buscar un nuevo acercamiento con el edil, para decirle que si no entrega el dinero que se comprometió el 27 de marzo, que construya la comisaría municipal para que le puedan entregar la camioneta y el arma, “vamos a presionarlo jurídicamente para que cumpla sus compromisos con esa comunidad”, dijo el abogado Ramírez García.
Semanas antes del encarcelamiento del presidente municipal, hubo incidentes entre habitantes de la zona donde está ubicada Juquila Yucucani y soldados que llegaron a destruir plantíos de amapola.
Además, a finales de enero se difundió un video en redes sociales donde aparecen mujeres indígenas, quienes con palos amenazan a militares en medio de un sembradío de amapola.
El 16 de marzo un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue atacado a balazos en una zona cercana a Santa Cruz Yucucani, Juquila Yucucani y Putla Villa de Guerrero, Oaxaca. Dirigentes del Movimiento Unificador de la Lucha Triqui (MULT) declararon que el ataque fue del lado de Guerrero.
Tras su encarcelamiento, el presidente municipal Carmona Villavicencio denunció que los pobladores le pidieron dinero como reparación por la droga destruida por los militares, lo cual desmintieron los habitantes mediante el escrito firmado por él mismo, en el que se establece que el millón y medio de pesos es “para beneficio de la comunidad”.
El abogado dijo ayer que hay recursos asignados para las comunidades, pero que el alcalde no ha realizado ninguna obra en Juquila Yucucani desde que llegó, en septiembre de 2015, “y él tiene la obligación de hacerlo”, dijo.

Acapulco y Atoyac

Un hombre fue asesinado de un balazo en la vereda de Ejido Viejo perteneciente al municipio de Coyuca de Benítez.
Con este hecho suman 29 ejecuciones durante el año en este municipio, de acuerdo con un recuento de El Sur.
El hallazgo fue reportado después de las 9 de la mañana de ayer cerca de la carretera Acapulco-Zihuatanejo entre los poblados de Cerrito de Oro y Conchero, según el reporte policiaco.
Peritos informaron que los policías hallaron el cuerpo de un hombre con un balazo en la cabeza en un basurero clandestino.
Agentes de la fiscalía regional de Acapulco indicaron que el cuerpo tenía golpes contusos, al parecer fue torturado por sus agresores.
El hombre de unos 30 años vestía pantalón azul, playera roja y estaba descalzo.
Después de las diligencias el cuerpo sin identificar fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Acapulco.

Tenía dos disparos el de San Luis Acatlán

El cuerpo de un hombre de 30 años fue encontrado dentro de una camioneta de redilas en la carretera que va a la comunidad de El Carmen en el municipio de San Luis Acatlán. La víctima tenía dos impactos de bala; uno en el tórax y otro en la cabeza.
Según fuentes de Seguridad Pública, el hecho fue a las 7 de la mañana, el cuerpo estaba en la parte trasera de una camioneta Ford gris y roja cabina y media.
El lugar fue resguardado por policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), rescatistas de Protección Civil (PC) de San Luis Acatlán y policías ministeriales.
Los familiares del hombre identificado como Ramón levantaron el cuerpo y se lo llevaron a su casa junto con la camioneta. Los peritos no pudieron hacer las diligencias.
Según versiones el hombre fue visto en El Carmen la noche del jueves en estado de ebriedad.

Ejecutan a balazos a un hombre en la periferia de Atoyac; tenía 40 años

El cuerpo de un hombre muerto a balazos fue hallado la mañana del viernes en la carretera serrana Atoyac-El Paraíso.
Según la Policía Municipal el hecho fue a las 9 de la mañana cerca de un basurero de la colonia El Parazal, en la periferia de la ciudad de Atoyac.
Según fuentes policiacas el hecho fue reportado por automovilistas que circulaban en la carretera Atoyac-El Paraíso y observaron el cuerpo cerca del basurero y un camino de herradura en El Ranchito.
El hombre fue identificado como Federico de 40 años vecino de la colonia Mártires en Atoyac.
Tenía disparos en la espalda y en la cara de calibre .9 milímetros y .38 súper.
El cuerpo fue llevado a la funeraria Sarabia para la necropsia de ley.

Familiares de una niña que fue violada en mayo del año pasado por el comandante de la Policía Estatal, Ismael Jiménez Téllez, denunciaron que de manera arbitraria policías estatales quieren desalojarlos de su casa como forma de hostigamiento luego de que denunciaron el delito.
El padre de la menor, Jorge Antonio Rufino Jiménez informó que continúan los avances de la investigación de la violación de su hija, “estamos en el procedimiento de juicios orales pero el comandante de la corporación sigue trabajando”. 
A la 1 de la tarde unos 30 vecinos de la colonia Alianza Popular se congregaron en el andador Héroes de Guerrero frente a la Secundaria Técnica 30 en apoyo de la familia para impedir que los policías estatales la desalojaran, algunos portaban palos de escoba y tubos.
Los vecinos traían pancartas que decían, “La colonia Alianza Popular queremos justicia para la menor y su familia”, “Sr. Pedro Almazán director de la Fuerza Estatal dónde queda su elemento Ismael Jiménez Téllez acusado de abuso sexual hacía una menor de edad”.
Consultado afuera de su casa, el papá Jorge Antonio Rufino Jiménez comentó que le hicieron llegar a su casa una orden de desalojo que se haría ayer a la 1 de la tarde por policías estatales, lo cual no ocurrió, agregó que en el documento se indicó que la agraviada, su mamá, señala que invadieron su terreno.
Explicó que en el 2014 compró el terreno a su mamá y tiene el documento de compra-venta del predio.
“Con el apoyo de los vecinos nos congregamos frente a mi casa para evitar que los policías traten de despojar a mi y mi familia de manera irregular porque tengo documentos que avalan que compré el terreno”, declaró.
Detalló que su familia vive atrás de la casa de su mamá, “mi madre es manipulada por su esposo quien es el comandante (Jiménez Téllez) para que nos saquen del terreno, y apoyado por las autoridades nos mandaron el oficio de desalojo, eso lo hace porque lo denunciamos por violar a mi hija”.
El padre de la menor comentó que ha sido intimidado y acusado de manera arbitraria por la Policía Estatal, “dicen ellos por pertenecer al crimen organizado y vender droga a los estudiantes de la secundaria lo cuál no es cierto, por eso me ha querido detener”.
La casa de Rufino Jiménez es de tabique y tiene tres cuartos y un corredor.
El 23 de febrero en una visita a su casa, Jorge Antonio Rufino Jiménez denunció que fue intimidado por seis policías quienes pretendían desalojarlos de manera irregular de su vivienda.
El 8 de ese mismo mes en conferencia de prensa los familiares denunciaron que el comandante Ismael Jiménez Téllez violó a la niña y exigieron al secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, que intervenga para que éste sea sancionado y separado del cargo. (Luis Blancas / Chilpancingo).

Luis Blancas

Chilpancingo

Ayer dos locales de lavanderías de esta ciudad fueron atacados a balazos en hechos distintos en la madrugada y la tarde ayer, uno está frente al Congreso local.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informaron que en la madrugada fue atacada la tintorería y lavandería Wash & Wear frente al Congreso y a un lado del restaurante El Señorial, en la avenida Trébol.
A las 2 de la tarde llegaron peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para las investigaciones correspondientes, en el lugar se hallaron 19 casquillos percutidos calibre .9 milímetros.
En un hecho distinto, a la 1:20 de la tarde se reportó que fue atacada la tintorería y lavandería Lagoon Express en la transitada avenida Lázaro Cárdenas, cerca del monumento Unidos por Guerrero.
Al lugar acudieron policías estatales y municipales quienes acordonaron la zona y peritos de la FGE hicieron las diligencias.
En la zona las autoridades hallaron 12 casquillos percutidos calibre .9 milímetros.
Una fuente de la FGE informó que esta lavandería fue atacada a balazos hace 10 diez días.

Carmen González Benicio

Tlapa

El presidente priista de Copanatoyac, Francisco Campos Ramírez reconoció que no designa policías para resguardar a los pagadores del programa Prospera en la comunidad de Ocotequila, porque no contaba con dos patrullas el día que se lo pidieron, señaló que lo hizo en la fecha que se reprogramó en el resto de comunidades.
Agregó que en los días 13, 14, 15 y 16 de junio se apoyó a los de Prospera que acudieron a otras localidades.
El alcalde dijo que su municipio no tiene condiciones para brindar ese tipo de seguridad, “transportar valores es complicado, se necesita un vehículo especial”.
Agregó que eso se lo planteó al responsable de Prospera en Atlixtac a quien le pidió un documento formal y de compromiso por lo que le pueda pasar a los policías.
Agregó que sólo le envían oficios simples donde no hay responsabilidad por la integridad de los policías, por lo que busca un convenio para que se cambien esas condiciones y se compartan responsabilidades, ya que al ser un programa federal amerita que se tomen nuevos acuerdos ante los robos que han sucedido en la región y en otros estados.
Recalcó que el programa Prospera es federal y desde ahí se deben ver mecanismos “porque al solicitarnos seguridad no hay certeza en nuestros policías, ellos no se hacen responsables de lo que les pase, no me niego a dar seguridad pero se deben tomar nuevos compromisos y cambiar condiciones con los responsables del programa”.
Campos Ramírez dijo que el día 12 de junio se falló con el acompañamiento de patrulla y policías porque de las dos patrullas con las que cuenta una estaba en el taller y a la otra se le poncharon las llantas, y cuando esto fue subsanado ya era muy tarde.
Mencionó que el comité de Prospera acudió al día siguiente de la cancelación del pago a la cabecera municipal para preguntar porque se negó el apoyo y les contó los motivos al igual que a los de Prospera y fue por eso que se reprogramó para el día 17 “cuando ya subió la patrulla y ocho policías, por lo que es falso que la gente vino por ellos”, dijo en respuesta a las declaraciones de vecinos que dijeron que las beneficiarias de Prospera acudieron a resguardar a los pagadores de Prospera ante la negativa del edil.
Según los vecinos, el alcalde Campos Ramírez se negaba a designar seguridad  durante la entrega de Prospera porque en Cualac emboscaron la patrulla en la que llevaban los pagos,  ahí murieron cuatro policías y hubo tres heridos, dos eran policías y una empleada de Bansefi.
El edil dijo que su municipio tiene 42 policías en dos turnos y dos patrullas para dar seguridad y recibe fondos de seguridad por 732 mil pesos que se gastan en sueldos, gasolina, pagos de energía eléctrica. 
Se le preguntó si los policías contaban con seguro de vida y dijo que sí, pero que este estaba a 15 días de perder su vigencia anual y que las aseguradoras no querían venderles seguros al desempeñar este trabajo.

Brenda Escobar

Zihuatanejo

El presidente municipal perredista de Zihuatanejo, Gustavo García Bello rechazó que policías preventivos municipales resguarden edificios públicos del Ayuntamiento, y dio a conocer que sólo 71 están acreditados para portar armas.
Informó que continúa la evaluación de cuántos no irán a evaluarse por problemas de salud o drogas, “vamos a hablar con ellos para ver la manera de pagarles una indemnización”.
Este jueves policías municipales que permanecen en espera de saber qué pasará con su situación laboral tras ser desarmados por soldados del Ejército y policías estatales, denunciaron que algunos de sus compañeros están trabajando cuidando instalaciones del gobierno municipal, aunque vestidos de civil, por lo que dijeron sentirse desconcertados, pues mientras a unos los tienen en espera otros laboran.
Al término del acto donde ayer al mediodía inauguró una cocina y un comedor en la escuela primaria Mateana Orbe Lecuanda, en la comunidad Agua de Correa, al alcalde se le preguntó de esa denuncia, y lo rechazó, “no, ese servicio no lo presta el municipio, no se da el caso, no hay ningún supuesto donde haya civiles trabajando como policías, no hay, es inexistente ese supuesto”.
“Estamos haciendo las evaluaciones correspondientes ahorita, expediente por expediente de los policías, ahorita tenemos ubicados a 71 que sí pueden portar o se les puede expedir su licencia de portación de arma, son 71 y ya estamos ubicando el número de policías que no pueden ser re-evaluados, es decir, que si se vuelen a evaluar no van a pasar porque tienen problemas de salud, porque tienen problemas de drogadicción, entonces estamos clasificando ahorita el estado de fuerza de la policía para poder ya sentarnos con ellos y hablar con los que no van a poder continuar para una posible indemnización”.
A pregunta expresa manifestó que no tiene precisa una fecha en la que ya puedan salir a las calles los policías municipales certificados, “de entrada tenemos que iniciar desde lo administrativo, desde el director, no tengo precisado si pueden ser 15 días o un mes, yo pienso que cuando más en un mes ya estamos regularizando”.
“Se tienen que integrar en unos días más se integra toda la policía, ahorita nada más aprovechamos el periodo vacacional, se le dio vacaciones a algunos, pero unos días se integran cuando ya se habiliten fuera del periodo vacacional y ya cobre vigencia su servicio público”, agregó.

Agentes de la Policía Estatal y militares decomisaron una camioneta con armas, cartuchos y uniformes tipo militar en la comunidad Palos Blancos en Petatlán. 
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informó en un boletín de prensa que agentes estatales y militares hicieron un recorrido en esta comunidad y encontraron hombres armados a bordo de una camioneta blanca estacionada en la orilla de la carretera federal Acapulco -Zihuatanejo.
Los civiles armados huyeron cuando vieron el convoy policiaco y abandonaron el vehículo.
La camioneta es una Mazda tipo CX5 con reporte de robo, dentro se halló un fusil AK-47 conocido como Cuerno de chivo, cinco cargadores metálicos y uno de plástico para AK-47, 220 cartuchos útiles calibre 7.62 por 39 milímetros, 15 cartuchos útiles de calibre .223 milímetros, un gorra y una fornitura y cuatro cartucheras para cargadores tipo militar.
El vehículo, las armas y el uniforme militar fueron puestos a disposición del Ministerio Público (MP) del fuero federal en Acapulco para hacer las investigaciones y dar con los responsables. (Redacción / Chilpancingo).