La invitación que recibimos del embajador de Alemania en México Viktor Elbling, de reunirnos con la canciller Ángela Merkel en el marco de su visita oficial a nuestro país, fue una grata sorpresa. Difícilmente imaginaríamos que dentro de la agenda del Estado alemán se contemplaría un espacio para entablar un diálogo directo entre la canciller y miembros de la sociedad civil. En un sistema verdaderamente democrático estos intercambios de opinión entre sociedad y gobierno, deberían ser prácticas cotidianas.
En México esta relación es inexistente, por el contrario, hay un abismo que nos coloca en polos contrapuestos. No hay la apertura ni la disposición de las autoridades para construir puentes que nos acerquen y permitan transitar a un diálogo franco y respetuoso. Tampoco hay el interés de abrir canales de interlocución, porque los funcionarios públicos identifican a los ciudadanos y ciudadanas como los enemigos a vencer, como la gran amenaza a la estabilidad política. Los partidos políticos y los gobernantes sólo requieren una población que vaya a las urnas a emitir su voto, pero no toleran que existan ciudadanos y ciudadanas que demanden sus derechos y que ejerzan sus libertades.
Se cataloga como actores nefastos a quienes increpan a la autoridad, la critican y de forma recurrente cuestionan su forma de gobernar. Esta visión negativa que predomina entre la clase política (que no está dispuesta a aceptar que los gobernados deterioren su imagen), ha causado graves retrocesos en nuestro sistema democrático. Los saldos son desastrosos, porque se ha fortalecido el ejercicio autoritario del poder. Persiste un despotismo que ha privilegiado el uso permanente de la fuerza para reprimir protestas que son producto de la cerrazón política. Hay una concentración del poder en el Ejecutivo que en los hechos ha supeditado a los poderes Legislativo y Judicial, que cumplen a pie juntillas los dictados del jefe supremo. Se vulnera el Estado de derecho con el uso faccioso del poder y la aplicación de la ley se circunscribe al ámbito de los intereses económicos y políticos de las elites. Se llega a establecer alianzas funestas con las organizaciones criminales, que se transforman en la correa de transmisión para hacer del ejercicio del poder un negocio redondo, que vuelve lícito lo ilícito.
Lo peor de nuestro sistema es que a los ciudadanos y ciudadanas, así como a toda la gama de organizaciones sociales y civiles, no se nos reconoce como actores legítimos, que tenemos un lugar relevante dentro de la vida democrática. No se nos valora como protagonistas que buscan mejorar nuestro sistema democrático, que nuestro interés legítimo es impulsar el cambio en beneficio de las mayorías silenciadas. Esta visión de la realidad es imprescindible, por lo mismo, debe tomarse muy en cuenta, no la pueden soslayar, mucho menos ignorar ni descalificar. El poder de los ciudadanos y ciudadanas es para generar una sinergia política que destierre vicios y libere a las instituciones de los intereses mezquinos y mafiosos de los grupos políticos que se han instalado en el poder para pisotear los derechos fundamentales de la población.
Este encuentro con la canciller, el más alto cargo político de Alemania, fue aleccionador. La apertura para dialogar, la disposición para escuchar, el interés genuino por entender la realidad mexicana desde nuestra perspectiva como miembros de la sociedad civil, el intercambio de puntos de vista y la preocupación por el momento crítico que vive nuestro país, nos dio la pauta para entrar en confianza y hablar con franqueza. Escuchar en su saludo que le alegraba encontrarse con nosotros, y expresar con mucha claridad que para ella en todas sus visitas de Estado siempre prioriza reunirse con ciudadanos y ciudadanas que defienden los derechos humanos, que trabajan como periodistas y que luchan al lado de las mujeres y de las víctimas de la violencia, fue algo que no escuchamos normalmente entre los gobernantes. Son expresiones que no son comunes entre la clase política mexicana. La plática de una hora compartiendo el desayuno nos dio una muestra de que sí es posible entablar un diálogo plural y horizontal con las autoridades que a la postre redunda en mayor legitimidad y reafirman, en el caso de la canciller Ángela Merkel, su liderazgo mundial y su prestigio internacional.
En este marco de la visita, la Coordinación Alemana para los Derechos Humanos en México, una red de organizaciones no gubernamentales alemanas que trabajan el tema de los derechos humanos en México, y la Red Nacional “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por más de 80 organizaciones mexicanas, de la que es miembro Tlachinollan, hicieron pública una carta dirigida a Merkel solicitándole que durante su visita aborde frente al gobierno mexicano la alarmante crisis de derechos humanos y la convierta en un eje central para el desarrollo y el futuro de las relaciones bilaterales entre estos dos países. Por la importancia de este documento firmado por Ongs alemanas y mexicanas, que fija posturas claras y plantea propuestas concretas, que fueron comentadas directamente, reproducimos el contenido de esta misiva.
“De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), 200 mil personas han sido asesinadas entre el 2006 y el 2017. Durante el mismo periodo fueron asesinados 126 periodistas y en los últimos 10 años han desaparecido más de 30 mil personas
Instituciones internacionales y regionales tales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ven a la impunidad como la principal causa de la violencia estructural en México: sólo el 1-2 % de los crímenes violentos son aclarados. Las razones principales son los deficientes procedimientos de investigación y el involucramiento de agentes del Estado, sobre todo de las fuerzas de seguridad, en violaciones a los derechos humanos.
Las organizaciones alemanas y mexicanas, esperamos que la Canciller Federal alemana apoye iniciativas internacionales que combatan las causas estructurales de la crisis de derechos humanos en México. Entre éstas se encuentran la instauración de un “Consejo Asesor contra la Impunidad” tal como lo recomendó el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, a fin de asesorar al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción para revertir la tasa de impunidad imperante en el país. Reconociendo el importante papel que la Organización de las Naciones Unidas ha desempeñado en la asistencia a los Estados en la planificación, creación y puesta en funcionamiento de mecanismos de justicia y en el fomento del Estado de derecho, consideramos fundamental que el Consejo Asesor esté integrado por personas expertas nacionales e internacionales y que su establecimiento se realice a través de un acuerdo de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU en el cual se prevean mecanismos para la participación de la sociedad civil.
Además creemos que es fundamental que la transición de la Procuraduría General de la República hacia una Fiscalía independiente no sólo consista en cambios superficiales, sino en una transformación estructural sustentable que culmine en una institución autónoma. No sobra mencionar que en su último encuentro con el titular del Ejecutivo mexicano en abril del 2016, la Canciller Federal alemana ya expresó su voluntad por brindar apoyo a México en materia de investigación criminal y en la lucha comprometida por la defensa y promoción de los derechos humanos, incluso en casos específicos de graves violaciones de derechos humanos.
Así mismo esperamos de la Canciller Federal de Alemania una clara postura de apoyo con relación a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México, teniendo en cuenta los numerosos ataques que tristemente en este año alcanzaron nuevamente un punto culminante con el asesinato de la activista Miriam Rodríguez, quien se dedicaba al esclarecimiento de casos de personas desaparecidas, y del periodista Javier Valdez, quién por años descubrió las conexiones entre el Estado y el crimen organizado.
Por otro lado, solicitamos a la Canciller, llame a las cerca de dos mil empresas alemanas basadas en México, a adoptar una política de derechos humanos y procedimientos de debida diligencia, que abarque la responsabilidad de prevenir, mitigar y remediar los efectos adversos causados por sus actividades.
En ese sentido, hacemos un llamado al gobierno alemán, para que en el proceso de renovación del Acuerdo Global entre la Unión Europea y México –instrumento que regula las relaciones comerciales y políticas entre la UE y México– se incluyan cláusulas efectivas para el respeto y promoción de los derechos humanos, y se prevean mecanismos de cooperación para combatir la impunidad y corrupción en México”.
La canciller también escuchó la grave situación que vivimos en Guerrero a causa de la violencia y la inseguridad, pero sobre todo porque enfrentamos una guerra que no puede simplificarse diciendo que es entre las organizaciones criminales y el gobierno, sino lo que es peor, la delincuencia organizada ha permeado las instituciones gubernamentales. La línea divisoria entre las dos partes se ha desdibujado, por eso es más riesgoso defender los derechos humanos y ejercer el trabajo periodístico. El movimiento de las víctimas, liderado por los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa son un referente nacional por su exigencia de justicia y verdad. Ha faltado voluntad política de las autoridades para atender las líneas de investigación trazadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y siguen empecinadas en mantener la llamada “verdad histórica” de que fueron incinerados en el bsurero de Cocula. La lucha de los papás y mamás es con toda su fuerza para que no se llegue al tercer aniversario sin saber de su paradero, sobre todo, para que el gobierno de Enrique Peña Nieto cumpla con su compromiso de dar con la verdad de lo que sucedió la noche del 26 de septiembre en Iguala, “tope donde tope”.

El alcalde Evodio Velázquez Aguirre respaldó el anuncio del gobernador Héctor Astudillo Flores de que con el gobierno fedeeral se debe poner “un hasta aquí” a los grupos de policías como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
“El municipio de Acapulco y el presidente municipal están a favor” y urge que se tome “una decisión pronta y contundente”, dijo el alcalde perredista en declaraciones después de particoar en un acto de siembra de árboles en el Parque Nacional El Veladero.
Agregó que el Grupo Coordinación Guerrero debe decidir si se desarma a las policías que operan fuera de los territorios indígenas y al Ejecutivo, al Ejército y la Policía Estatal definir si van a mantener coordinación con esos grupos para la seguridad.
Este sábado el gobernador dijo que es momento de poner un “hasta aquí” a las policías como la de la UPOEG luego de que integrantes de ésta atacaron a familias de San Pedro Cacahuatepec, en el Acapulco rural, y dejaron siete muertos seis de ellos de bala.
“Creo que es el momento de poner un alto, verdaderamente un alto en el camino, regular las policías comunitarias, porque las policías comunitarias nacieron con un espíritu en las zonas indígenas y ahora pareciera que se dispersan en muchos territorios y eso no podemos permitirlo”, dijo Velázquez Aguirre.
Luego dijo que se suponía que este tipo de policías “son para ayudar la tranquilidad de algunas zonas”, y el viernes en Cacahuatepec ocurrió lo contrario.
El alcalde pidió entonces al Congreso “que pueda legislar con mayor contundencia” y al gobernador Héctor Astudillo solicitó “lo necesario para que esto pueda funcionar”. Y advirtió que mientras no haya “una regulación específica” predominará la “incertidumbre en muchos lugares” donde ya todo es “muy peligroso”, en alusión a las diversas zonas del estado donde operan este tipo de policías, en particular las que mantienen una decena de retenes a lo largo de la carretera federal Acapulco-Chilpancingo.
“Por supuesto que se les debe de poner un hasta aquí pero no sólo a la policía comunitaria de una asociación sino de todas las asociaciones para regular y que la ley se haga valer y se cumpla”, subrayó.

Otra vez Astudillo en Acapulco sin Evodio

El pasado sábado el gobernador Héctor Astudillo inauguró en Acapulco, sin la presencia del alcalde, un tanque de almacenamiento de agua potable, y Velázquez Aguirre informó que no asistió porque no fue invitado.
El alcalde indicó que la obra no ha sido entregada a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) organismo que hizo unas observaciones mismas que no han sido atendidas.
“La realidad es que el tanque Hornos, CAPAMA estaba haciendo una supervisión porque tiene algunas inconsistencias que se hicieron saber”, dijo el alcalde.
“No podemos recibir obras que no sean en buen estado o que (no) sean con las especificaciones que se comprometieron, por lo tanto CAPAMA estará recibiendo esta obra cuando así lo dictamine la instancia pertinente y estaremos dando a conocer las observaciones que tengamos”, abundó.
A pregunta expresa sobre cuáles son las observaciones de la CAPAMA, el alcalde respondió que corresponde a director de la paramunicipal Javier Chona Gutiérrez informarlas, y sólo mencionó que hay “corrosiones” en el interior del tanque.
Dijo que no sabe porque no fue invitado a la ceremonia de inauguración y recordó que esa obra se hizo con inversión federal, estatal y municipal.
Llamó a que las obras de la Federación y del estado en el municipio se hagan en coordinación, es “lo único que pido”.
De lo dicho por el gobernador el sábado de que las policías municipales deben de participar en la prevención de la violencia,  el alcalde sostuvo que en Acapulco sí hacen su trabajo de prevención.
Informó que en la reparación de los semáforos en la ciudad se invirtieron 250 mil pesos y que esta semana estarán en funcionamiento.

Los niveles de violencia en Chilapa y el desplazamiento forzado de pueblos enteros a causa de la delincuencia es una muestra de lo que está pasando en Guerrero, de la corrupción que prevalece y de los probables compromisos de las autoridades con el crimen organizado, declaró en esta ciudad el obispo Salvador Rangel Mendoza.
Y ante el hecho de que pueblos enteros de la sierra se dedican a la siembra de amapola y mariguana, alertó: “El hambre es la madre de todas las guerras y tenemos que poner mucha atención en estos pueblos porque se nos pueden rebelar”.
Ayer a la una de la tarde, el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa entregó la orden a los cuatro diáconos de la catedral – Félix Ignacio López Avila; Bernardo Osorio Gutiérrez; Miguel Ángel Ramírez Ramírez y Lucio Casiano Miranda– , acompañado de párrocos de su demarcación, ante una iglesia repleta de familiares de los nuevos curas y de feligreses.
Los diáconos considerados como transitorios, serán ordenados en enero próximo al sacerdocio cuando el seminario diocesano cumpla 150 años de su fundación.
Consultado al final de la ceremonia sobre el desplazamiento forzado de todos los habitantes de Tepozcuautla y Ahuihuiyuco a causa de una serie de homicidios y amenazas de ataques armados, el prelado pidió, de entrada, la solidaridad de los católicos hacia las víctimas.
“Estamos con ellos, debemos de ser solidarios, todos los católicos, debemos ayudarlos, apoyarlos, darles algún alojamiento, comida, trabajo si es posible”, solicitó.
El desplazamiento “es simplemente una muestra de lo que está sucediendo en Guerrero, en el país, la corrupción por la que estamos pasando, da pena la situación de estas personas, que de esa forma sean desplazadas y aquí la gran responsabilidad la tienen los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, porque han sido desplazadas por el crimen organizado”.
“¿Para qué queremos al Ejército en las calles, para qué los queremos en los retenes o en las ciudades”, preguntó y demandó que mejor “vayan a estos lugares dónde están atacando estos señores” de la delincuencia organizada. Y a pregunta expresa, el obispo respondió que la estrategia de seguridad en Guerrero está fallando y que le hace falta labor de inteligencia.
“Si sabemos que los grupos del crimen no son muchos, no pasan de 20, ellos saben quiénes son y dónde operan, esa ha sido mi insistencia, ¿por qué no van directamente a esos lugares, por qué no peinan los lugares?”. Y remató: “Es allí dónde uno sospecha que posiblemente haya ciertos compromisos porque siguen operando” los grupos delictivos.
Sobre las causas que originan la violencia diagnosticó que en la entidad existe pobreza, desempleo y una educación deficiente.
“Es algo muy difícil, desgraciadamente Guerrero es uno de los estados donde más crímenes hemos tenido últimamente y en la raíz está la pobreza, la falta de empleo, la educación deficiente, la falta de oportunidades, todo eso que no vamos atacar en cinco o diez años”.
Luego criticó: “Tanto dinero que se gasta en campañas políticas y no pueden ayudar a estos pueblos necesitados, ellos han optado por la siembra de la mariguana o la amapola porque no tienen otra opción, si hubiera alguien más que les diera otra opción posiblemente dejarían eso, pero esas gentes tienen hambre, tienen necesidad y si les quitamos eso, ¿de qué se van a mantener?”.
“El hambre es la madre de todas las guerras y tenemos que poner mucha atención en estos pueblos porque se nos pueden rebelar”, advirtió.
Llamó a los vecinos de Chilapa a orar, confiar en Dios y apoderarse de la ciudad para no ceder espacio a otras personas.
“Que confíen en ellos mismos, en Dios, que oren, él nos puede quitar estas pestes que estamos viviendo; los mismos habitantes se tienen que apoderar de su ciudad, no cederles a otras personas, que tengan confianza, que se sacudan el miedo, porque el miedo ocasiona muchas cosas y sobre todo exigirle a las autoridades que se cumplan con su deber de protegerlos”, finalizó.

De acuerdo con los datos preliminares, el método de elegir a autoridades municipales por asambleas en el proceso de 2018 obtuvo el 52 por ciento de los votos, mientras que el que propone que sea mediante planillas obtuvo el 45 por ciento, lo que se interpeta como un revés para los partidos políticos y la propia alcaldesa de Ayutla Hortencia Aldaco Quintana que promovieron el apoyo a la segunda opción.
Este sábado y domingo 140 colonias y comunidades en asambleas eligieron qué modelo utilizar para nombrar a sus próximas autoridades por usos y costumbres, en un proceso que fue supervisado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudaana. Según los datos recabados por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPEOG) al menos 12 mil 500 ciudadanos acudieron a las reuniones.
De acuerdo con los datos del corte de las 6 de la tarde de un total de 140 colonias y comunidades, tenían actas de 128, y el 52 por ciento votó el modelo A de que las autoridades municipales sean elegidas en asambleas, mientras el 45 por ciento optó por el modelo B, de que sea por planillas, y hubo un 3 por ciento de gente que asistió pero que no se identificó con ninguno de las dos opciones.
La presidenta del IEPC, Marisela Reyes Reyes, informó el sábado que este miércoles se darán a conocer los resultados finales de las asambleas de los dos días.
Ayer la presidenta municipal de Ayutla, junto a su familia acudió a la asamblea en la colonia de La Villa, donde por pelotón, ganó el modelo B, con 339 votos, contra 160 del modelo A. Durante la asamblea, la alcaldesa estuvo grabando con su teléfono celular a los votantes que se colocaron en el grupo del modelo A.
Además el ex secretario del Ayuntamiento Luis Alberto González, en una computadora portátil estuvo anotando al parecer nombres de las personas que veía que estaban a favor del modelo A.
En declaraciones, la alcaldesa del PVEM, Aldaco Quintana afirmó que no intervino para favorecer al modelo B, que es el que más se asemeja a la elección actual en urnas con candidatos presentados por los partidos políticos, y negó que haya entregado despensas y productos a los votantes, como denunció la UPOEG.
“Siempre he sido una mujer recta, y una mujer seria.  No tuvimos que hacer eso porque no son elecciones, y creo que eso no se hace, porque al final de cuentas la persona decide por sí sola”, expresó.
Durante la instalación de los integrantes de la mesa de los debates en la colonia La Villa, algunos simpatizantes de la UPOEG y trabajadores del Ayuntamiento se hicieron de palabras e incluso hubo jaloneos, luego de que se trató de imponer la consulta por pelotón y no hubo un consenso previo, lo que causó la molestia de la gente que apoyó el modelo B.
De acuerdo con observadores e integrantes de la UPOEG, en las comunidades no se presentaron incidentes ayer domingo, al igual que el sábado. Algunos de los datos recabados y de acuerdo con las actas de las asambleas, en las comunidades fue donde la gente respaldó el modelo A por asambleas, mientras el modelo B tuvo mayor simpatía en las colonias de la cabecera.
En la comunidad de Ahuacachahue donde opera la Policía Ciudadana, el modelo A obtuvo 580 votos y cero el modelo B. En Tepango el modelo A obtuvo 210 votos, y cero la B, en Chacalapa 190 votos para la A, y cero para la B.
Mientras en las colonias de la cabecera los números se inclinaron al modelo B, como en San Felipe, donde la B obtuvo 255, y la A 69. En Nuevo Horizonte, el modelo B sumó 39 votos, y la A, 10. En la colonia Siglo XXI, 47 a favor de la B y 17 la A.

 
La organización Artículo 19 emitió una alerta por la intimidación de hombres armados afuera de la casa en Chilpancingo del corresponsal del semanario Proceso, Ezequiel Flores Contreras.
El reportero informó a la organización mundial defensora de periodistas con sede en Londres que la noche del viernes pasado le informaron que enfrente de su casa estaba desde hace una hora un automóvil verde con cristales polarizados con hombres presuntamente armados, y que un día antes personas que iban en ese vehículo preguntaron “donde vive el corresponsal de Proceso”.
“Me siento en una situación de riesgo porque los niveles de impunidad y violencia son extremos en la entidad, es decir, la inseguridad afecta a todos los ciudadanos e impide el desarrollo integral de la sociedad. La falta de investigación de los crímenes y la corrupción gubernamental así como la omisión institucional frente a la delincuencia que opera impunemente, atentan contra el ejercicio periodístico y el derecho humano de la libertad de expresión”, dijo el periodista a Artículo 19.
Por este hecho se emitió la alerta para que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) lleve a cabo medidas necesarias para garantizar la seguridad de Flores Contreras de “manera pronta y de acuerdo al riesgo que enfrenta”. Se expuso que la falta de respuesta y atención ponen en riesgo la seguridad del reportero y otros periodistas.
“Asimismo, exige a la Fiscalía Especial en Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) investigue de acuerdo a sus obligaciones constitucionales los delitos cometidos contra Flores Conteras en posible vínculo con su labor periodística”. A las autoridades del estado les solicitó abstenerse de obstaculizar de manera directa o indirecta la labor de prensa en el estado.
El corresponsal dijo que solicitó el apoyo del mecanismo de la Segob del cual es beneficiario por agresiones pasadas, sin embargo las autoridades federales tardaron dos horas en activar el protocolo de seguridad “ante la falta de canales efectivos de comunicación”.
El reportero tuvo que llamar directamente a funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal para agilizar la atención de los agentes federales adscritos en Guerrero para que lo acompañaran a su domicilio. Aunque se comprometieron a mantener vigilancia afuera de la casa, Flores Contreras manifestó que no había notado la presencia de la Policía Federal (PF) y no lo habían contactado del mecanismo o la PF para dar seguimiento a las medidas de protección.
En la nota de Proceso, su corresponsal indicó que no solicitó ayuda a las autoridades estatales ante la “falta de confianza y certeza jurídica del mecanismo de protección para periodistas recién anunciado por el gobernador, Héctor Astudillo Flores, en una reunión realizada la semana pasada en Chilpancingo”.
En su trabajo periodístico, Ezequiel Flores da seguimiento frecuente a la violencia del crimen organizado y a sus vínculos con políticos y autoridades de los tres niveles de gobierno.