El secretario del Trabajo y Previsión Social, Oscar Rangel Miravete, inauguró la Feria del Empleo para Jóvenes en el Zócalo, donde se ofrecieron 790 vacantes de 53 empresas, principalmente turísticas.
El funcionario estatal firmó dos convenios de colaboración: el primero con el delegado de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), Salvador Cerecero, para capacitar a los agremiados a ese organismo, y el segundo convenio fue con el Instituto Guerrerense del emprendedor (Inge), para que aquellos jóvenes desempleados cuenten con la opción de emprender un negocio con asesoría.
“Lo que queremos es que los jóvenes que no encuentren un empleo tengan una actividad productiva a través del Instituto Guerrerense del Emprendedor y el convenio con la ANDA, porque estamos convencidos de que uno de los pilares del desarrollo humano es el desarrollo artístico y por eso vamos a capacitar algunas disciplinas”, expresó.
En declaraciones al concluir el acto inaugural, al que acudió la presidenta del DIF estatal Mercedes Calvo de Astudillo, Rangel Miravete admitió que las vacantes no representan el desarrollo profesional que los jóvenes buscan, sin embargo añadió que la consolidación de la actividad turística permite que los empresarios paguen mejores salarios y sea por más tiempo y no solo durante vacaciones.
Al final, dijo que desde la realización de la primera feria del empleo, 27 mil personas han sido vinculados con algún trabajo en la entidad. De manera simultánea se desarrollaron microferias en Ometepec y Tlapa.
Adelantó que en Chilpancingo habrá una feria del empleo para personas con discapacidad y adultos mayores el 4 de julio, pues afirmó que la especialización de empleos o dirigir las ferias a ciertos sectores de la población ayuda a identificar a las empresas que abren sus puertas a personas o grupos de personas con discapacidad.
Durante el acto inaugural, mientras la esposa del gobernador dirigía su mensaje, se escucharon los gritos de un grupo de 40 jubilados que protestaron por adeudos de hace más de 2 años, y lo hicieron fuera de la carpa donde se realizaba la feria del empleo para jóvenes en Acapulco.

 
Con paquetes cuyos costos ascienden a 2 mil pesos por persona y que incluyen transporte y hotel para tres noches y cuatro días, se busca promover a Acapulco para las vacaciones de verano durante el Acapulcazo, que comienza hoy en el World Trade Center de la Ciudad de México, informó el secretario de Turismo estatal, Ernesto Rodríguez Escalona.
La empresa Costa Line presentará los nuevos vehículos, cuya inversión fue de 500 millones de pesos, y que darán el banderazo de salida en los días que dure la venta para las próximas vacaciones.
En entrevista ayer en su oficina, Rodríguez Escalona adelantó que hoy a las 8:30 de la mañana habrá un desayuno para 750 agentes de viaje, al que asistirán representantes de Tourissste, representantes del sindicato Metro de la Ciudad de México, Fstse, un representante del Consejo de Promoción Turística de México, Sectur federal, entre otros.
Dijo que para invitar a los compradores se rifarán paquetes de viaje con una nueva atracción.
Estimó que durante los tres días del Acapulcazo habrá unas 10 mil personas y que encontrarán precios especiales que no hallarán en internet o ninguna otra empresa o venta directa, sino que se convino una serie de descuento para el verano.
“Esos paquetes y esos precios se hicieron para el Acapulcazo y para el verano”, dijo.
Agregó que además habrá representantes de aerolíneas que tienen vuelos al puerto de Acapulco y que también tendrán precios especiales durante estos tres días. (Karla Galarce Sosa).

Hay varios saldos de la Reunión de Consulta y de la Asamblea Anual de la OEA, celebradas en Cancún desde el lunes pasado. Veo tres de particular relevancia para México, y en ellos quisiera concentrarme. Sin menosprecio de las consecuencias y balances para Venezuela -tema central de los debates-, para el resto de Latinoamérica, y para Estados Unidos y Canadá.  Voy de lo más trascendente a lo de menor importancia, insisto, para México.
Por fin contamos con una posición digna y correcta, que antepone los compromisos regionales de defensa colectiva de la democracia representativa y de los derechos humanos, a los principios caducos de no intervención y de supuesta autodeterminación de los pueblos. Que bueno que México ya parezca haber vuelto a la postura que tuvimos hace poco más de 15 años, que se fue perdiendo durante el gobierno de Calderón y que se desvaneció por completo durante los primeros dos años y medio el gobierno de Peña Nieto. Se trata de un avance significativo de política exterior, que de inmediato generó repercusiones en la política interna.  No se debe disociar la postura de México ante Venezuela de aumentar, hasta duplicar, las aportaciones mexicanas y de los demás países -gracias al exhorto de México- al sistema interamericano de defensa a los derechos humanos, a saber, la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. Tampoco debemos separarla de la declaración de Videgaray de que México da la bienvenida a todo el escrutinio externo, incluyendo desde luego observadores internacionales para las elecciones del 2018. No se puede lo uno sin lo otro, aunque el abogado de los padres de Ayotzinapa admire a la dictadura de Maduro.
En segundo lugar, es cierto que gobiernos representando a más de 90%  de la población y del PIB de América Latina votaron por una resolución  vigorosa y clara sobre Venezuela en materia de la Asamblea Constituyente, la liberación de los presos políticos y un calendario electoral previamente acordado, etc. Ahí si realmente hay un avance en cuanto a que la gran mayoría de los habitantes de América Latina, representados por sus gobiernos, votó de esta manera. Es un avance importante y hay que recalcarlo. Hace muy pocos años, ni Brasil, ni Argentina, ni Perú ni México lo hubieran hecho. Ahora, solo Bolivia y Nicaragua se solidarizaron con Maduro; ni Ecuador ni El Salvador los siguieron. El cambio es notable, y se va a profundizar en las semanas por venir.
El tercer punto es que en efecto fracasamos: no tiene sentido tratar de tapar el sol con un dedo. No se obtuvieron los votos necesarios para que el proyecto de resolución fuera aprobado, y esas son las reglas de la OEA. Como en el futbol, gana el que anota más goles, no el que mete los más bonitos. Esas son las reglas de la OEA y de la ONU. México y Perú no lograron el objetivo que se plantearon. Fue imposible arrancar tres votos más a los países del Caribe, que hicieron la diferencia, entre abstenciones y votos en contra.
Ahora la pregunta es porqué. He visto tres explicaciones que enumera muy bien Andrés Oppenheimer, aunque yo agregaría una que me parece la más importante. La primera es la explicación que parte del petróleo que Venezuela le regala o le vende muy subsidiado a las islas caribeñas. Ya no es lo que era, ni en volumen ni en precio, pero persiste su pertinencia. La segunda explicación consiste en que Estados Unidos no hizo la tarea. El hecho de que Rex Tillerson el Secretario de Estado, no haya viajado a Cancún, debilitó el esfuerzo de todos, porque no pudo torcer brazos ahí. Aunque ahí no es donde se tuercen los brazos a los pequeños países del Caribe, sino por teléfono o a través de las embajadas de Washington en cada capital. Hay un caso especialmente escandaloso: el de República Dominicana. Que Estados Unidos no pueda convencer a Sato Domingo que vote con nosotros me parece increíble.
La interpretación que agregaría involucra a un país donde tal vez México tenga  que hacer más. Cuba ejerce una enorme influencia en esos pequeños países vecinos de La Habana, desde hace muchos años, porque allí ha puesto en práctica una política desde hace casi 40 años, de “cooperación”. Ha enviado a miles de agentes de inteligencia, médicos, maestros, instructores deportivos y militares a todos los pequeños países, para ayudarles con distintas formas.  Eso le ha traído a Cuba una gran ascendiente sobre sus gobernantes. No sé si México ha hecho la tarea con Cuba, diciéndole: “Hemos hecho todo lo posible para quedar bien contigo. Te perdonamos la deuda, fue Peña Nieto a Cuba, vino Raúl Castro a Mérida, todo lo que querías te hemos dado, ahora ayúdanos tú.” Ya es hora de que haya un mínimo de reciprocidad cubana por estos esfuerzos desmedidos que México ha llevado a cabo por Cuba, por cierto no adoptando la justa postura que con toda razón hemos adoptado  frente a Venezuela. Tal vez no surgieron las condiciones para buscar esta correspondencia cubana en relación a las reuniones de Cancún. Habrá otras reuniones y otras oportunidades. Habrá que trabajar para ellas.

Las justificaciones y los gemidos de dolor de los más altos funcionarios federales tratando de explicar por qué en mayo pasado se registró la tasa de homicidios dolosos más alta en la historia de México, o desde 1997, cuando se empezaron a contabilizar, son patéticos. La queja es que las deficiencias legales del nuevo Sistema Penal Acusatorio, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, ha provocado que más criminales libren en automático la cárcel y regresen a las calles a matar, y el spin mediático es que el incremento de los asesinatos está en lo alto de la numeralia en los estados que recién cambiaron de mando, de un gobernador priista, a uno panista. Los dos argumentos, si bien no serían excluyentes, se contraponen en la desesperación de buscar explicaciones externas en las deficiencias internas.
Es cierto que en el Congreso no enmendaron la iniciativa –preparada por el ex procurador Jesús Murillo Karam, y el ex consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos- para conceder prisión preventiva a quienes cometieran un asesinato y sólo se les decomisara su arma. Pero también es cierto que no se hizo un buen trabajo. En enero de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto nombró a María de los Ángeles Fromow secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del nuevo sistema penal de justicia, dentro de la Secretaría de Gobernación. Un mes antes de entrar en vigor el sistema el 18 de junio de 2016, afirmó en una entrevista con Óscar Mario Beteta en Radio Fórmula, que iba “a estar operando al 100% en todo el país”. No fue así.
Olvidado convenientemente las omisiones y deficiencias internas, se buscaron nuevos pretextos. El argumento mediático que comenzaron a utilizar en el gobierno cuando los indicadores de la seguridad mostraron una tendencia a su agravamiento, fue que era resultado del descontrol en los estados por los cambios de gobierno tras las elecciones en 12 estados el año pasado. Sin embargo, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre, revelan que las cinco entidades con el mayor número de incidencia delictiva, México, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y Baja California, no cambiaron de gobernante. Estas entidades, además, son también las que mayor número de homicidios dolosos registraron. Otro engaño.
Los pretextos son una fuga hacia delante. Disfraza con propaganda y retórica los errores de origen de la estrategia de seguridad pública, que provocó, con su fallido diagnóstico, que no se contemplaran correctamente los escenarios que provocaría el nuevo sistema penal acusatorio, una reforma legal de segunda generación, con una política de seguridad pública del siglo pasado. Gran parte de lo que se ha presumido en esta materia a lo largo del sexenio, ha sido mediante fuegos pirotécnicos y entrevistas que esconden una realidad que, probablemente, no alcanzaron a ver hasta que les corrió el cuerpo como gangrena.
Ignoraron las denuncias del desmantelamiento de Plataforma México al inicio de la administración, retrasando la construcción de la base criminal más importante, hasta la llegada de Peña Nieto a la Presidencia, de América Latina. Cancelaron drásticamente los esquemas de cooperación con Estados Unidos, con lo que perdieron el compartimiento de información de inteligencia de calidad y la ayuda para capacitar policías. La síntesis del desconocimiento del equipo de Peña Nieto lo revela la anécdota de uno de los miembros del equipo de transición cuando visitó el búnker de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal. Al abrírseles los salones secretos y mostrarles en tiempo real la persecución de un avión con cocaína desde Panamá a México, uno de esos miembros preguntó si los satélites que utilizaban podían mostrar los choques en las carreteras o ayudar a la vigilancia de las cadenas en los antros de la Ciudad de México. El proyecto de Gendarmería que le entregó el entonces secretario García Luna al presidente electo como un siguiente paso en el diseño de la seguridad pública, fue tirado a la basura por el equipo de transición. Se dejó de combatir durante ocho meses a los cárteles de la droga y se desmantelaron los protocolos de seguridad en el Sistema Penitenciario Federal.
Los resultados de mayo pasado eran previsibles desde entonces. Si la estrategia, altamente criticada por lo violento de su naturaleza, enmarcada además en los conflictos reales dentro del gabinete del ex presidente Felipe Calderón, se cambió por mucha coordinación –que se mantiene óptimamente sólo en los discursos-, y campo libre para el crimen organizado, acompañada de una reorientación de los recursos, pero manejada de manera opaca a través de ex funcionarios del gobierno de Hidalgo que protegieron del escrutinio público el destino de los dineros, con el argumento de que se trata de la seguridad nacional, era cuestión de tiempo que la tendencia a la baja de los delitos, se revirtiera.
Mayo de 2011 había sido el mes de mayor violencia en la historia de México y desde entonces, mes por mes, había una reducción en la incidencia delictiva. El cálculo, de haberse mantenido la estrategia durante el gobierno de Peña Nieto, era que para 2018, la incidencia delictiva regresaría a los niveles de los 90s. No hacerlo dio como resultado el mayo de 2017. ¿Dónde están los responsables de esta debacle de la estrategia de seguridad? Donde siempre. Protegidos, por la falta de rendición de cuentas, por su jefe el presidente.

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El que se dedica a la política lucha por el poder, bien como medio para lograr otros fines, ideales o egoístas, o bien para alcanzar el poder por el poder, es decir, para disfrutar del sentimiento de prestigio que el poder confiere. Max Weber.

El ocaso del actual régimen político que representa el PRI deviene de su más alta prioridad de origen, que es el hacerse, controlar y mantener el poder a costa de reducir al adversario, con todos los medios al alcance, fieles a la prédica del fin justifica los medios, incluidos la intimidación a los movimientos sociales, el fraude, la desaparición y el espionaje.
Esta ambición y codicia enfermiza por el poder provocó en el régimen priista que predomina en el sistema político del país, que sus gobernantes dejaran en segundo plano los temas del desarrollo, bienestar y democracia sociales, en donde crónica y anacrónicamente acabaron por demostrando desinterés, torpeza e ineficiencia, de ahí que casi tres cuartas partes de la población viva en condiciones de pobreza y a la delincuencia la vean tan normal que saben convivir y coexistir con ella hasta la permisividad, por ello en este sexenio se ha incrementado históricamente la violencia y los homicidios dolosos para ser el sexenio más violento en la historia del país.
Por eso es que la sociedad palpa, no solo en la percepción sino en los hechos, que vivimos en el mundo al revés, en el que los que hacen trampa ganan, los que comenten corrupción son listos, en el que quienes deben perseguir y encarcelar a los delincuentes se llevan con ellos como grandes amigos, que hasta compadres y socios los hacen, y en el que lugar de investigar a quienes tienen como propósito afectar a la sociedad, la vida, patrimonio y derechos de las personas, mejor espían a los defensores de estos derechos, a periodistas que investigan la corrupción y las violaciones a los derechos humanos.
El propósito de mantenerse en el poder de manera enfermiza, hasta inmoral, perdiendo toda proporción de la realidad, ha llegado muy lejos y dañado mucho al país, con una corrupción, delincuencia y malísimos gobiernos enseñoreados a lo largo y ancho de territorio nacional, al grado de que quisieran ver a los mexicanos empobrecidos, sufriendo secuestros, extorsión y la inseguridad, vitoreándolos.
No va a ser posible, sus yerros, el hecho de que haya mexicanos más conscientes de sus derechos, medios de comunicación más independientes del poder, proyectos políticos genuinos y adversarios al priismo, va a lograr desterrar esta forma de gobernar a la que solo le interesa en poder.
El fraude en el Estado de México y en Coahuila, el uso de sofisticados sistemas de espionaje como el Pegasus contra periodistas, líderes de opinión y defensores de derechos humanos  y el grave retroceso en el actual sexenio en el combate a la delincuencia organizada, son temas que deben abordarse en todos los foros y arenas posibles para develar la realidad que desde el gobierno federal no ven, el país no puede estar en manos de ciegos y en quienes de forma enfermiza solo quieren mantenerse en el poder. A Miguel Ángel Osorio Chong en lugar de comprometerse a una investigación por el presunto ilegal e inmoral espionaje con Pegasus, sólo le alcanzó para decir nosotros no fuimos. Entonces Pegasus sí existe.
Vuela vuela palomita y ve y dile: A toda la paisanada que ya estuvo bueno tener gobiernos que sólo les interesa el poder llevándonos la tiznada, o le vamos dando por otra calzada o esto va a seguir sin pasar nada.

No todo fue Venezuela en la cumbre de la OEA celebrada recientemente en Cancún. Aunque se le dedicó poco tiempo al tema indígena, se aprobó el Plan de Acción sobre la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (recordemos que esta declaración se aprobó en junio del año pasado).
Este plan deberá ser implementado por los Estados durante los próximos cuatro años, pero incluye la participación de la población en general y de los pueblos indígenas, y aclara qué tareas le corresponden a cada sector. Su objetivo principal es “contribuir al pleno reconocimiento, ejercicio y disfrute de los derechos de los pueblos indígenas en los planos nacionales y hemisférico mediante el apoyo de la Organización de los Estados Americanos y otras instancias del sistema interamericano”.
Entre sus líneas estratégicas están la difusión de la declaración y su implementación, el desarrollo de capacidades en los Estados, pueblos indígenas y sociedad civil, y el desarrollo sostenible de los pueblos.
El punto más importante, que es el de la implementación de la declaración, plantea cuestiones muy generales, como aplicar planes de acción a través de “políticas públicas y medidas legislativas, normativas y administrativas”; o promover mecanismos de participación “consulta y plataformas de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas”. Se refiere también a la aplicación de programas de salud, educación y empleo y de “políticas de acción afirmativa para fomentar el goce de los derechos humanos por parte de los pueblos indígenas, en especial, en materia de derechos económicos, sociales y culturales”.
No hace mención, en ninguna parte, al derecho al territorio o al consentimiento previo, libre e informado, que son los temas que actualmente más preocupan a los pueblos indígenas.
Representantes de estos pueblos presentaron a la cumbre un documento en el que afirman que, a pesar de que los derechos indígenas se reconocen ya en diversos instrumentos internacionales, continúan siendo víctimas de despojo, desplazamiento forzoso y represión. Manifiestan además su rechazo a las políticas implementadas por los Estados a favor de las industrias extractivas que provocan impactos negativos en sus territorios y culturas.
En el texto exhortan a los Estado miembros de la OEA al “respeto a la libre determinación y autonomía de nuestros pueblos sobre nuestros territorios y bienes naturales”, y a la implementación del consentimiento previo, libre e informado sobre todo asunto que les afecte. Igualmente, solicitan que no se realicen consultas cuando ya existan “acuerdos, permisos, licencias y contratos previos porque estas consultas forman parte de una simulación”. Afirman también que los pueblos indígenas no están en contra del desarrollo sino en las formas de éste que atentan contra la vida y la madre tierra; y solicitan que se adopten mecanismos de aplicación efectiva de la declaración, que cuenten con apoyo técnico y recursos financieros suficientes.
Mientras estas peticiones no sean tomadas realmente en cuenta y se reflejen en hechos, y mientras no haya verdadera voluntad de los Estados de poner por encima de los intereses de las empresas extractivas los derechos de los pueblos indígenas, de nada servirá la declaración y no será sino una carta más de buenas intenciones.

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que como sociedad nos sentimos espiados y que tiene cuidado con lo que habla por teléfono.
“Somos una sociedad que las más de las veces nos sentimos espiados. Yo mismo a veces recibo mensajes, cuya fuente omite o desconozco, pero como ocurre en todo caso, soy cuidadoso en lo que hablo telefónicamente porque no faltará que alguien, o que alguna vez, exhiban alguna conversación mía”, indicó.
Agregó que mienten quienes acusan a su gobierno de espiarlos, pues es muy fácil, dijo, señalar sin tener pruebas.
Aseguró que la tecnología que su administración ha adquirido es para la seguridad interna, para generar condiciones de seguridad, y jamás ha sido mal utilizada para escuchar de manera ilegal a activistas, periodistas y otros personajes.
“Resulta muy fácil señalar y apuntar, convocar para que se señale al gobierno como una entidad que espía, nada más falso que eso.
“Ninguna de las personas que se sienta agravada puede demostrar que su vida haya sido lastimada por supuestas intervenciones”, señaló el gobernante.
“No cabe intervenir de manera ilegal la vida privada de cualquier ciudadano, eso no cabe en una democracia como la que vivimos en México”, sentenció.
En su mensaje, apuntó que se tiene que actuar contra aquellos que han levantados falsos señalamientos contra su gobierno.
“Espero que la PGR con celeridad pueda deslindar responsabilidades y espero, al amparo de la ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado esos falsos señalamientos contra el Gobierno”, advirtió.
“Por ello condenamos cualquier intervención que se tenga en la vida privada de cualquier activista o periodista”.
El presidente se refirió al tema durante la inauguración del Parque Industrial Lagos de Moreno.
Horas más tarde, en Guadalajara, el presidente corrigió sus dichos.
“No sé por qué este empeño de llevar a ese escenario al gobierno, todo lo contrario. Lo que estoy queriendo afirmar es que no tenemos participación en espionaje”, argumentó.
“No lo expliqué suficientemente; advertí que se investigue si fuera de una entidad pública están teniendo intervenciones, y esta es la indicación que he dado”, matizó.

 

Agencia Proceso

Ciudad de México

El presidente venezolano Nicolás Maduro sostuvo que en México “no hay libertades políticas”, y acusó al gobierno priista de Enrique Peña Nieto de prohibir las manifestaciones a favor de ese país en Cancún, Quintana Roo, donde se llevó a cabo la 47 Asamblea General de la OEA.
“En México no hay libertades políticas. Y el gobierno mexicano prohibió cualquier manifestación pública de apoyo hacia Venezuela”, fustigó Maduro en un encuentro con medios internacionales realizado este jueves.
De acuerdo con Maduro, “miles de personas” se manifestaron a favor de Venezuela en la Ciudad de México, pero “se les prohibió” hacer protestas parecidas en Cancún.
También dijo que el gobierno mexicano “cometió una cobardía” y protegió a grupos de la derecha venezolana que atacaron a la delegación diplomática que acudió a la reunión del organismo regional.
Luego cuestionó: “¿Hasta cuándo van a intentar en la OEA hacerle daño a Venezuela? ¿Hasta cuándo?“.
A inicios de semana normalistas de Ayotzinapa protestaron frente al hotel Moon Palace, sede de la reunión de la OEA, y opositores al gobierno venezolano, entre ellos diputados de la Asamblea Nacional, también se manifestaron en el marco de los trabajos de la 47 Asamblea General del organismo.

El representante en México de Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, pidió al gobierno federal informar qué instituciones cuentan con la tecnología para realizar espionaje digital.
El lunes pasado, periodistas, activistas anticorrupción y personas defensoras de derechos humanos, acusaron al gobierno de intervenir sus equipos celulares a través del programa Pegasus.
Los hechos denunciados fueron condenados por el funcionario, quien recordó que la intromisión arbitraria en la vida personal de los individuos está prohibida por el derecho internacional.
“El hecho de que periodistas, activistas y defensores sean objeto de estas acciones resulta especialmente grave por el esencial papel que juegan en un Estado democrático de derecho, pues con su trabajo contribuyen a la fiscalización del poder, la difusión de información, la promoción y protección de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y por la justicia.
“Con independencia del avance de las investigaciones judiciales, desde mi oficina exhortamos a las autoridades para que informen qué instituciones públicas cuentan con estos recursos, de qué manera los utilizan y, sobre todo, qué medidas se adoptaron para garantizar su control, deslindando las posibles responsabilidades administrativas por su uso ilegal”, señaló Jan Jarab. (Agencia Reforma / CDMX).