El presidente municipal Felipe Vázquez Neri de Movimiento Ciudadano, pidió al gobernador Héctor Astudillo Flores y a la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), Nuvia Mayorga Delgado, apoyo para terminar pavimentaciones de calles, la red de electrificación y una unidad médica del IMSS-Prospera para 10 comunidades, así como médicos para un centro de salud que está cerrado.
Las peticiones fueron en su intervención en la inauguración de la Casa del Niño Indígena General Vicente Guerrero en esta cabecera municipal, y siguió con su lista: un puente de ocho metros, ya que el que tienen es de cuatro y apoyo con la unidad deportiva.
Agradeció el apoyo de los gobiernos que le han dado empuje y desarrollo al municipio con varias obras, la construcción del libramiento en Tlapa que beneficiará a La Montaña.
Astudillo Flores recordó la deuda histórica con el pueblo que cedió las campanas de la iglesia a Vicente Guerrero en su lucha de independencia, y remarcó los 50 millones de pesos de la Cdi en la construcción del libramiento en Tlapa.
Agregó que era una obra pedida años atrás y que era costosa pues se invertirán 100 millones.
Dijo que en La Montaña el programa Escuelas al 100 tiene varias obras en cada municipio, y preguntó a los presidentes municipales cuántas tenían, el de Malinaltepec respondió que más de 40, el Xalpatláhuac más de 20 al igual que en Tlacoapa, y dijo que eso era una inversión del gobierno federal interesado en la educación.
En la actividad Nuvia Mayorga entregó certificados de proyectos productivos de panaderías en la comunidad de Tototepec y de truchas en Ixtlahuazaca, pidió a los beneficiarios que hablaran de sus experiencias de trabajo y que les darán recursos cada año durante tres años para consolidarlos, aunque los beneficiarios dijeron que eran insuficientes.
El beneficiario del proyecto de truchas agradeció el apoyo del diputado petista Victoriano Wences Real, y se quejó de que otros les cierran las puertas como “el Alberto”, dijo señalando al secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Gilberto Solano Arreaga, e insistió en que se necesita más inversión.
Agregó que quería saber dónde estaba el dinero del proyecto ecoturístico, “se desvío ese recurso, ya habíamos abierto la cuenta y no hay nada”.
Mencionó que la inversión de la Casa del Niño Indígena fue de 12 millones de pesos y que en el país eran 34 las que estaban remodelando o reconstruyendo, que era para 100 personas, 50 hombres y 50 mujeres con la intención de apoyar a los niños y jóvenes para que siguieran estudiando y tuvieran buenas calificaciones.
De la unidad médica del IMSS-Prospera que solicitaron dijo que se iba buscar la manera para que se concretara, al igual que le darían seguimiento al proyecto ecoturístico.
La alumna de secundaria Técnica, Monserrat Campos dijo que estaba agradecida porque las nuevas instalaciones eran nuevas y contaban con comedor, sala de usos múltiples, baños, computadoras que no tenían y ahora les servirán para hacer sus tareas.
Pidió Internet para poder investigar y apoyos a sus compañeros que tienen que caminar desde sus comunidades, porque no tienen 150 pesos para pagar el transporte y eso los expone a peligros.
Antes de la llegada del gobernador y la directora de la Cdi personal del gobierno ensayaba con los niños cómo caminar, las porras a gritar y cómo sonreír cuando ya estuvieran los funcionarios. El acceso fue restringido hasta que llegaron al lugar.
También les pidieron a los policías federales apostados en los cerros que se ocultaran porque saldrían en las fotografías.

La directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), Nuvia Mayorga Delgado y el gobernador Héctor Astudillo Flores coincidieron en que se cumple la entrega de maíz, frijol y arroz a los integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña.
Consultados por separado al concluir la inauguración de la Casa del Niño Indígena, la directora de la Cdi dijo que el apoyo alimentario al Consejo está bien, que es un recurso de la institución que administra el gobierno del estado, y que es una cantidad menor a la que se aportaba, pero hace unas tres semanas se entregaron los granos básicos a las comunidades.
De la denuncia del delegado Lenin Carbajal Cabrera de un presunto desvío de recursos en el programa alimentario por el Consejo de Damnificados dijo que no existe, porque la parte que aporta la Cdi se transfiere a Diconsa que es la encargada de distribuir los granos básicos, y que si había señalamientos de otras personas los desconocía y lo iba a checar.
Al respecto en un primer momento Carbajal Cabrera se negó a responder y al abordarlo nuevamente sobre la petición de integrantes del Consejo de Damnificados de que se retractara dijo que no lo haría, porque él no había dicho nada ya que “el manejo de los recursos y la operatividad lo hacemos en la Cdi por lo que no hay ninguna retractación”.
Remarcó que el programa es manejado por la Cdi y la federación y que no hizo ninguna declaración sobre el tema.
El gobernador dijo que no es que no se atiendan los planteamientos de las comunidades, “sino que el Consejo hace sus planteamientos y nosotros respondemos en la medida de nuestras posibilidades, hay un apoyo que se va a entregar en los próximos días”.
“Insisto, no todo lo que se pide se puede resolver, el estado hace una distribución, tanto el gobierno federal que apoya con los planteamientos a este grupo de damnificados, nos interesa mucho seguir ayudando, pero también constatar cómo se entregan los apoyos”, enfatizó.
Del cierre de la carretera Tlapa-Chilapa porque padres exigen la clave de una escuela dijo que se dialoga y que debía haber comprensión de la gente porque ahí no se podía construir una escuela, por un dictamen de Protección Civil de que es zona de riesgo.
De por qué en diciembre les fue entregada una clave que resultó falsa dijo que desconocía esa información.
En cuanto a la emboscada en Cualac donde fueron asesinados cuatro policías para robarles el dinero de Prospera, dijo que ya había avances y que todos los alcaldes que tuvieran recursos de seguridad deberían de fortalecerla porque no sólo es responsabilidad del estado.
Sobre el presidente de Copanatoyac que vecinos denunciaron que no quería brindar seguridad al personal de Prospera dijo que debía hacerlo, porque el estado no se puede responsabilizar de todo y los municipios deben apoyar.

La alcaldesa perredista de Tlalchapa, Amalia Mora Euguiluz, informó que no le ha llegado ninguna notificación que la advierta de un proceso legal en su contra por el retraso en la entrega de la Cuenta Pública 2016.
Este miércoles, el auditor general del estado, Alfonso Damián Peralta, dio a conocer que trabaja en coordinación con el fiscal anticorrupción para poner demandas penales de manera inmediata en contra de servidores públicos que no cumplan con la ley de fiscalización, como las presentadas contra tres alcaldes que no presentaron la cuenta pública 2016.
Ante esto, la alcaldesa perredista aseguró que no le ha llegado ningún requerimiento en este tema legal, inclusive se enteró a través de esa nota sobre el proceso legal que se realiza.
Reconoció que su gobierno se ha retrasado en la entrega de la Cuenta Pública, pero se debe a “cuestiones contables” que no están relacionadas de manera directa en querer ocultar algo.
“Es por el exceso de trabajo y el poco personal que tenemos, no tenemos mucho presupuesto para pagar un despacho, hay despachos que te elaboran toda la cuenta y nosotros sólo tenemos a un contador que lleva la cuenta”, describió.
Reiteró que se han puesto a trabajar diariamente para atender la situación, a pesar de la falta de personal para atender este procedimiento anual.
“Es falta de personal, pero ya estamos avocados a cumplir con los mandatos de ley que implican entregar las cuentas a tiempo, estamos tratado de corregir que se entregue tarde, tratamos de que se entregue en tiempo y forma”, señaló.
Señaló que la Cuenta Pública del 2016 se entregó, pero su contador le informó que por una observación técnica le regresaron la documentación presentada, por lo que el lunes de la próxima semana se estará entregado.
Agregó que se le informó que deben contar con un programa especial, que cuesta 600 mil pesos, dinero que no tiene su administración y deberá analizar cómo adquirirlo para hacer su trabajo.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, negó que exista “fuego amigo” en contra del alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, y precisó que lo que sí existe son críticas constructivas y propositivas de militantes del PRI al gobierno municipal, para fortalecer a la actual administración.
Consultado vía telefónica por las declaraciones del alcalde Marco Antonio Leyva Mena, quien desde el martes se ha quejado de que no tiene apoyo de la militancia del PRI y que dentro del partido existe “fuego amigo”, el dirigente estatal dijo que, “hay que reconocer que están a dos tercios de la administración y siempre habrá opiniones, críticas constructivas y propositivas de la militancia del PRI al gobierno de Chilpancingo, pero es para ir corrigiendo las deficiencias de la administración, es para fortalecerla”.
Aseveró que no hay problemas dentro de la militancia del PRI, con el alcalde no tienen ningún problema, tampoco ha recibido una queja, hay un buen trato de la militancia.
Heriberto Huicochea aseveró que se debe de entender que hay críticas y autocríticas en el partido, que en las administraciones si se hace un señalamiento es constructivo, por lo que lejos de afectar deberá de ayudar.
Incluso dijo que el PRI municipal ha apoyado a algunas actividades, como la limpieza de las barrancas.
Agregó que en los próximos días se reunirá con el alcalde de Chilpancingo para que le informe de las obras que está realizando para que concluya bien su administración.
Resaltó que “tal vez Marco (Antonio Leyva) está hablando de otros actores, porque con la militancia no hay problemas ni pleitos, no hay fuego amigo”.
En cuanto a las cifras que en mayo colocan a Guerrero el estado más violento en todo el país, con 216 homicidios, dijo que en reiteradas ocasiones ha mencionado que es un problema grave, que son muchas las causas que ha provocado la violencia, ya que en el caso de la entidad no se atendieron en años anteriores.
las elecciones de 2018, y respondió que es un tema general no solo en Guerrero, “debe de quedar claro que no hay una receta mágica, ni un mesías que lo venga a resolver de la noche a la mañana”.
Informó que no se deberá de caer en el “populismo” de que el problema de la violencia lo arreglan en 10 minutos, porque es un problema estructural y socioeconómico, tiene que ver con problemas graves como es la corrupción y la violencia.

El gobernador Héctor Astudillo Flores supo con anticipación que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) iba a dictar la alerta de violencia de género en ocho municipios este jueves, y el miércoles anunció la aplicación por decreto de otra alerta, evidenciando que no tiene seriedad ni voluntad para resolver el problema, denunció la Alianza Feminista.
A las 10:30 de la mañana, en conferencia de prensa, la promovente Marina Reyna Aguilar informó que muy temprano recibió una llamada de la comisionada presidenta, Alejandra Negrete Morayta, para informarle que en el transcurso del día recibirían vía electrónica, ella y el gobernador, el dictamen de decreto de la alerta de género, y a partir del viernes el gobierno del estado tendrá diez días hábiles, que se vencen el 6 de julio, para entregar a la Comisión un cronograma y programa de trabajo, que integre alrededor de 40 acciones de seguridad, prevención y justicia.
Lo anterior, al margen de las acciones que anunció el ejecutivo anticipadamente, para otra alerta.
La feminista María Garfias Marín opinó que si el gobernador se adelantó a la alerta de género de la Conavim, fue porque dos integrantes del grupo de trabajo que revisó la solicitud de la alerta responden intereses del gobierno estatal. Se refirió a la universitaria Elia Moreno del Moral, a la que la Alianza Feminista impugnó cuando se integró el grupo; y a la representante de la Secretaría de la Mujer, quien también forma parte del equipo de expertos.
En este sentido, denunció que Astudillo Flores supo que se iba declarar la alerta de género porque no cumplió con las recomendaciones que planteó el grupo de trabajo, con las que pretendía evitar la declaración en Guerrero
“Es un golpe para este gobierno, que se negó durante muchos meses, casi dos años, a aceptar que en Guerrero hay feminicidios; que decía que era más importante el turismo que la vida de las mujeres”, sentenció.
La universitaria Violeta Pino Girón señaló que en seis meses el gobierno del estado “no le dio importancia al desarrollo de las acciones que propuso el grupo de trabajo, y en su decreto (de alerta) incluyó acciones que dejó de hacer, pero evidencia que no hay voluntad ni seriedad para realizar trabajo en coordinación con los demás entes de gobierno”.
No obstante, opinó que con las dos alertas, la anticipada y la que emitió la Conavim, se reconoce el nivel de violencia feminicida en Guerrero, y que la Alianza Feminista seguirá reclamando justicia y responsabilidades para los agresores de las mujeres.
La feminista Isabel Chautla Dircio, del municipio de Chilapa, consideró el decreto del gobierno del estado un acto desesperado, con el que pierde credibilidad. Afirmó que las integrantes de la Alianza Feminista continuarán siendo observadoras de todo el proceso.
Marina Reyna añadió que tras la notificación de la alerta de género, que ocurrió a la 1 de la tarde, se abre otro proceso que debe ampliarse a todos los municipios del estado, y al que la Conavim estará dando seguimiento puntual.
Aclaró que el procedimiento del gobierno del estado no tiene legalidad, porque se hizo al margen del proceso formal.
Precisaron que tienen claridad en que la alerta no va a desaparecer la violencia y/o los feminicidios por sí sola, pero visibiliza el problema y obliga a la coordinación de gobiernos e instituciones, para que se profesionalicen los servidores públicos, se reformen u homolguen leyes con perspectiva de género y se asignen presupuestos para atender a las mujeres, “donde todos deben ponerse las pilas para trabajar y no para la simulación”.

El ex procurador del estado, Alberto López Rosas, informó que en su calidad de miembro del Movimiento Ciudadano de Acapulco presentará una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el ex presidente Vicente Fox Quezada, por poner en peligro la próxima elección presidencial al declarar que se va a encargar personalmente de impedir que Andrés Manuel López Obrador sea presidente de la República.
López Rosas, acompañado de cerca de 50 seguidores, presentó dos videos, uno de nueve minutos de una entrevistas de la televisora Telemundo y otro de un minuto del noticiario de Denise Maerker, en Televisa. Este último, cuando declaró el ex presidente de que por su cuenta corre que el político tabasqueño no llegue a la Presidencia de la República.
Después de la presentación de los videos, manifestó que Vicente Fox se caracteriza por un discurso de rencor e inestabilidad, que “sin pudor alguno y de manera provocadora amenaza con aplicar mañas para impedir que Andrés Manuel López Obrador gane la Presidencia de la República”.
Afirmo que la advertencia a Andrés Manuel también va dirigida a la democracia mexicana, porque en esa declaración sentenció “que si el pueblo de México no se opone, él aplicaría esas mañas”.
La confesión, aseguró que amerita que el INE lo llame a cuentas. Consideró que no se debe olvidar que en 2006 maniobró para que se reconociera “fraudulentamente” el triunfo de Felipe Calderón, lo que tuvo un alto costo para el país, pues generó una guerra en el país.
Dijo que su asociación tomó la decisión de iniciar una denuncia ante el INE, con base en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que Fox Quezada sea llamado a un juicio administrativo y se aplique desde una multa hasta un arresto.
Explicó que al recibir una pensión vitalicia de los mexicanos, el ex presidente debe mantenerse al margen de la voluntad popular, “no hay duda de que Vicente Fox es un delincuente electoral, en categoría de reincidente”.
En la conferencia de prensa, en un salón de negocios del centro comercial Costera 125, dijo que no pertenecía a un partido político y recordó que hace tres años renunció al PRD. Reconoció que tiene interés en apoyar a Morena y conformar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

La Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitió la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en ocho municipios del estado: Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa y Ayutla.
La alerta se dio un día después de que el gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que el gobierno del estado determinó declarar la alerta de género, en los mismo municipios, aceptando que no cumplieron con las propuestas a las que se comprometió en septiembre del año pasado.
En el dictamen se indica que el gobierno del estado de Guerrero tendrá que cumplir con 20 medidas de prevención, seguridad y justicia para las mujeres. El gobierno del estado tiene diez días hábiles, a partir de la notificación de la declaratoria, para informar de los recursos presupuestales que serán asignados para hacer frente a la contingencia de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
Gobernación publicó este jueves la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres para ocho municipios. Se determinó la conveniencia de coordinar acciones interinstitucionales que permitan poner en marcha una estrategia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, porque el gobierno del estado no cumplió con las acciones que se le encomendaron en el periodo de seis meses que se le dio.
“Del análisis de la información presentada por el gobierno del estado de Guerrero y del dictamen emitido por el grupo de trabajo, se observa que durante el plazo de seis meses, si bien la entidad federativa realizó diversas acciones para cumplir con las propuestas del grupo de trabajo, no se actualizaron los elementos suficientes para alcanzar los objetivos planteados”.
El 12 de septiembre de 2016 el gobierno estatal aceptó las conclusiones y propuestas sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres y el 14 de marzo de este año la Conavim entregó un informe de las acciones implementadas.
En el dictamen que el grupo de trabajo de la Conavim entregó el miércoles pasado, concluyó por unanimidad que no se cumplieron en su totalidad las propuestas a las que se comprometió el gobierno.
En los resolutivos de la alerta se indica que el gobierno del estado deberá adoptar 20 acciones necesarias para ejecutar las medidas de seguridad, prevención y justicia, para garantizar a las mujeres y niñas el derecho a vivir una vida libre de violencia. Medidas que se indica son complementarias, no excluyentes, y que se suman a las propuestas firmadas en septiembre.
Las medidas de seguridad son cinco: la primera es publicar y divulgar la alerta de violencia de género con información accesible a la población. La segunda medida es diseñar y ejecutar “inmediatamente” la estrategia de recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia, con medidas específicas en zonas de riesgo o de alto índice de violencia contra las mujeres.
Entre las acciones está el reforzar el patrullaje preventivo, instalar alumbrado público y mejorar el existente, implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública, como cámaras de video o postes de emergencia; incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte público, difundir información de líneas de apoyo a víctimas y crear los protocolos necesarios para su efectivo funcionamiento. Así como crear una aplicación para teléfonos celulares que le permita a las mujeres víctimas de violencia acceso inmediato a servicios de atención y seguridad. La tercera medida de seguridad es la creación de módulos de atención inmediata a mujeres en riesgo, en los municipios en los que se declaró la alerta. En estos módulos debe haber asistencia multidisciplinaria y un protocolo de actuación de los servidores públicos encargados de dar los servicios.
La Secretaría de Gobernación le pide al gobierno del estado que emprenda acciones “inmediatas y exhaustivas” para valorar, implementar y monitorear objetiva y diligentemente a las mujeres víctimas de violencia. Donde se deberá dar protección inmediata en los casos de violencia familiar.
La última medida de seguridad es crear o fortalecer las agrupaciones estatales y municipales de seguridad pública, las cuales deben de actuar “coordinadamente entre ellas y otros actores estratégicos, y su personal deberá estar capacitado para ejecutar sus funciones con perspectiva de género”.
La dependencia determinó ocho medidas de prevención de la violencia contra la mujer, estas consisten en elabora un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia, de acuerdo con la definición de la Ley General de Acceso, para identificar los problemas particulares de cada región y generar acciones específicas de prevención, en coordinación con la Conavim.
El gobierno del estado debe de integrar y actualizar adecuadamente el banco estatal de datos e información de casos de violencia contra las mujeres, para realizar estadísticas, diagnósticos, análisis y reportes para conocer las características y patrones de la violencia, para así instrumentar políticas públicas efectivas.
Se sugiere crear un semáforo de violencia feminicida que permita diseñar y ejecutar los planes de atención preventiva al comportamiento de la incidencia delictiva.
Otra de las medidas de prevención es establecer un programa único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en derechos humanos de las mujeres a los servidores públicos del gobierno estatal. Lo que debe de permanecer permanente, continuo, obligatorio y focalizado en servidores públicos vinculados a los servicios de salud, atención a víctimas, procuración y administración de justicia.
Para esta capacitación se sugiere evaluar las condiciones de vida de los servidores públicos, para eliminar la violencia de género desde su entorno primario.
Diseñar una estrategia de educación en derechos humanos y perspectiva de género, para transformar los patrones culturales y la prevención de la violencia mediante la identificación, abstención y denuncia. Así como capacitar al personal docente de escuelas públicas y privadas, para detectar casos de niños o adolescentes en situación de violencia y denunciarlo en las instancias correspondientes.
Realizar campañas “permanentes, disuasivas, reeducativas, expansivas e integrales” para la prevención de la violencia de género. Crear un programa de atención a hombres generadores de violencia basado en la perspectiva de género, para lo que se debe de tomar como base el modelo de la Conavim.
También diseñar y ejecutar una estrategia de atención y prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público, así como generar una estrategia de empoderamiento económico para las mujeres víctimas de la violencia.
Las medidas de justica y reparación son siete, la primera es garantizar el derecho de acceso a la justicia, que se investiguen y resuelvan todos los casos de violencia contra las mujeres y feminicidios.
La efectividad de esa medida, indica la alerta, está relacionada con el fortalecimiento de la Fiscalía General, particularmente a las agencias especializadas en investigación y atención a los delitos de feminicidio y homicidio doloso de mujeres. Además de agencias especializadas en delitos sexuales, violencia familiar y la desaparición forzada de personas no localizadas.
Se indica que el gobierno del estado deberá crear una unidad de análisis y evaluación de las labores de investigación y proceso de los delitos de género que se denuncien. Crear una Unidad de Contexto para la investigación de feminicidios, homicidios dolosos de mujeres, violencia sexual y desaparición de mujeres. Así como realizar un mapeo de los delitos cometidos contra las mujeres, para generar políticas públicas focalizadas para la atención y erradicación de la violencia contra la mujer.
Dentro de estas medidas el gobierno del estado debe conformar un grupo-unidad especializada para revisar los expedientes y carpetas de investigación de los hechos relacionados con mujeres en los últimos ocho años. Unidad que identifique las posibles deficiencias en las investigaciones, para sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo para esclarecer los hechos.
Crear otra unidad o grupo especializado en la que estén involucradas las autoridades de procuración e impartición de justicia para sancionar.
Según el artículo 26 de la fracción tercera, inciso b de la Ley General de Acceso, el gobierno del estado debe de establecer mecanismos de supervisión y sanción a los servidores públicos que no cumplan con el orden jurídico aplicable en materia de violencia de género. Así como darle seguimiento a los procesos iniciados por posibles omisiones de servidores públicos en la integración de carpetas de investigación.
En el mismo artículo se indica que se debe de realizar un plan individual de reparación integral del daño respecto a los casos de homicidios de mujeres o feminicidios. Considerando estándares básicos en esa materia reconocidos por el derecho internacional. Además de una medida de reparación simbólica para todas las mujeres víctimas de feminicidio, para lo que se tomará en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil y los familiares de las víctimas.
También se debe de conformar un grupo de análisis de la legislación estatal, para detectar que no se menoscaben o anulen derechos en las mujeres y niñas.
En el dictamen de la alerta de género emitida por Gobernación hay un apartado para visibilizar la violencia y enviar un mensaje de cero tolerancia. Por ello el gobernador Héctor Astudillo debe de enviar un mensaje a la ciudadanía de cero tolerancia ante la comisión de conductas de violencia contra las mujeres, el cual debe de ser divulgado principalmente en los municipios donde se declaró la alerta.
El gobierno del estado debe de cumplir con las propuestas y conclusiones que firmó en septiembre de 2016, además de las incluidas en la declaratoria de alerta. Diseñar un programa de trabajo multi e intercultual para cumplir con lo establecido en el artículo 23, fracción cuarta de la ley General de Acceso y 38 Bis fracción segunda del reglamento.
Con base en la Ley General de Acceso se conformará un grupo de trabajo que dará seguimiento y evaluará las acciones implementadas por el gobierno del estado para atender la alerta.
En el último resolutivo se indica que se debe notificar de la declaratoria al gobernador y a la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacía las Mujeres, que fue la solicitante de este procedimiento.

Dos ex perredistas y funcionarios de la administración aguirrista se adhirieron a Morena con la presencia del presidente del Comité Ejecutivo estatal del partido, Pablo Amílcar Sandoval: Zeferino Gómez y Moisés Reyes Sandoval, quienes anunciaron su integración.
El dirigente estatal previó que para 2018 partidos antagónicos, como el PRI, PRD y el PAN podrían aliarse para cerrarle el paso a Andrés Manuel López Obrador, por ello están abiertos a la ciudadanía, “nosotros haremos alianza con el pueblo”.
En conferencia de prensa en el restaurante El Portón, el dirigente estatal manifestó que todavía no se han definido las candidaturas locales para las próximas elecciones y en caso de incurrir en violaciones a reglamentos, podrían ser sancionados quienes ya se promuevan para alguna posición.
Pablo Amílcar indicó que Morena no busca alianzas “no acepta afiliaciones corporativas, no estamos buscando alianzas, digamos partidistas, pero sí estamos buscando la gran alianza que este país necesita”.
De los ex funcionarios Moisés Reyes y Zeferino Gómez, recordó que fueron miembros del PRD, consejeros estatales y dirigentes del partido. Afirmó que Morena no está repartiendo candidaturas y por el momento están en la fase de colocarse como un partido “distinto”, que busca la transformación nacional.
Por su parte Zeferino Gómez leyó sus antecedentes como fundador de la izquierda, en ese entonces del Partido de la Revolución Democrática. Recordó que fue en 2005 cuando el partido se consolidó y ganó la gubernatura, pero terminó en el desencanto tras dos administraciones perredistas.
El ex subsecretario de Desarrollo Social en la administración de Ángel Aguirre, postulado por el PRD, indicó que con la llegada de “personajes sin escrúpulos que volcaron sus ambiciones a través del PRD, como antes lo hacían a través del PRI, derivaron en gobiernos lamentables”.
En la intervención de Reyes Sandoval, éste informó que la noche del miércoles se reunió junto a Zeferino Gómez con el dirigente municipal, Isaías Arellano Maldonado, para entregarle la renuncia de la militancia.
El integrante del Consejo estatal del PRD y ex subsecretario de Atención a Migrantes en la administración aguirrista, dijo que después de 16 años de pertenecer al partido decidió renunciar al PRD, porque ya no es “loable”. Argumentó que las alianzas con el PAN, y la posibilidad de que sea Margarita Zavala a quien apoyen, “es repugnante”. Puntualizó que la militancia del PRD es noble, pero sus dirigentes no.
Acompañados de integrantes de los comités estatal y municipal, consejeros y militantes de Morena, entre ellos el cirujano y presidente de Reconstrucción Ciudadana AC de Acapulco, Javier Solorio Almazán, aspirante a la candidatura para la alcaldía de Acapulco por Morena.
En sesión de preguntas y respuestas Amílcar Sandoval expuso que Morena está abierto a la ciudadanía, para “construir el cambio”; sin embargo, dijo que se reservan el derecho de admisión y cuidarán las postulaciones para las candidaturas. Se le preguntó si ex gobernadores como Zeferino Torreblanca Galindo se ha acercado a ellos y respondió que no, pero reiteró que Morena “tiene los canales abiertos”.