El fiscal general, Javier Olea Peláez, dijo que el grupo de El Tequilero tiene “calibres gruesos, muchas armas largas”, pero su líder “está disminuido, aunque ustedes me pregunten, a la vista se dice lo contrario, está totalmente disminuido”.
En declaraciones a reporteros en Acapulco, cuando uno de éstos le dijo al fiscal que por la emboscada que dejó tres agentes de la PGR muertos el lunes en La Gavia no parece que ese grupo criminal esté debilitado, Olea dijo que pareciera que no está “disminuido”, pero “él no trae más de 12 gentes.
Y pese a que se trata, en sus palabras, de un grupo criminal “disminuido”, el fiscal rechazó que las operaciones para aprehender a Raybel Jacobo Dealmonte, El Tequilero, hayan fracasado y volvió a decir que es “difícil detenerlo por lo abrupto del asunto (del terreno donde se mueve)” y porque “los pobladores a veces lo apoyan en ciertas comunidades”.
Se le preguntó si los civiles detenidos luego del enfrentamiento en La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, son familiares de El Tequilero, respondió que “ahí en La Gavia hay muchos halcones, entonces es evidente que hay familiares en ese poblado”.
Dijo que la deención de El Tequilero es una prioridad de la Fiscalía “pero tenemos que ir con inteligencia, y usar la cabeza para lograrlo entre los tres órdenes de gobierno”.
De la exigencia de trabajadores supernumerarios de la Fiscalía, que pararon labores y cerraron sus oficinas el lunes en demanda del pago de 3 mil pesos de un bono por el Día del Padre, respondió: “Se ajustó a lo que la Secretaría de Finanzas señaló, se les explicó profundamente la cuestión administrativa y salieron satisfechos”.

 
El contralor del estado, Mario Ramos del Carmen, indicó que se va investigar la denuncia sobre el manejo irregular de los recursos en la compra de insumos, que planteó el subsecretario del Migrante, Adolfo Vergara de la Paz contra el secretario de esa dependencia, Fabián Morales Marchán.
Mientras que el gobernador Héctor Astudillo Flores sobre el tema nada más señaló que se va revisar y “seguramente si él incurrió en una responsabilidad, pues lo vamos a revisar y lo vamos a sancionar, de eso no hay ningún problema. No estamos nosotros para cubrir o encubrir o hacer cosas que no tengan que hacerse, seré el primero, por supuesto, en intervenir”.
En declaraciones al finalizar la reunión del Comité Rector del Programa Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción, en su segunda sesión ordinaria 2017, al contralor Mario Ramos del Carmen se le preguntó sobre la denuncia contra el secretario de Migrantes, Fabián Morales, y si ya se inició el proceso, a lo que respondió que si hay una denuncia se va atender el asunto.
El funcionario agregó que se va revisar bien si ya se “planteó formalmente ante la contraloría, para que nosotros podamos iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa”. Se le dijo que el subsecretario Adolfo Vergara aseguró que ya denunció ante la contraloría el mal manejo de los recursos que hizo el secretario, durante la compra de insumos para proyectos productivos, y dijo que si es así se abrirá un procedimiento de responsabilidades.
Sobre cuánto tiempo lleva el procedimiento, Ramos del Carmen indicó que es un procedimiento, si hay señalamientos directos se le tienen que notificar y tienen pueda aclarar las situaciones que les están imputando.
Indicó que se va investigar todo y que por eso hacen auditorías, tanto en el área estatal como federal, y que cuando es federal se tienen que solventar todas las observaciones ante la Auditoría Superior de la Federación o en la Secretaría de la Función Pública y ya le mandan a ellos para dar continuidad en cuando a la responsabilidad administrativa.
Sobre cuántos procedimientos se le siguen a funcionarios, el contralor respondió que “muchos”, que no tenía el dato a la mano, pues además de los que ellos han iniciado ya hay otros a los que se les está dando continuidad.

El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad la comparecencia del fiscal general del estado, Javier Olea Peláez, ante la Comisión de Justicia para que informe cuáles son las políticas públicas, acciones, estrategias que realiza y sus resultados.
Pero previo a la comparecencia, el fiscal debe enviar al Congreso un informe de diferentes temas, entre los que están lo referente a feminicidios en el estado y el caso del diputado priista con licencia Saúl Beltrán Orozco.
Durante varios meses, en el Congreso local se han generado llamados e iniciativas para llamarlo a comparecer ante el pleno del Congreso local, pero ninguna fue dictaminada hasta que estuvo de acuerdo la fracción priista y finalmente este martes, a propuesta de la Junta de Coordinación Política.
El pleno aprobó la propuesta por la que se llama a comparecer al fiscal ante la Comisión de Justicia, que es presidida por el diputado Héctor Vicario Castrejón, Ricardo Moreno Arcos y Cuauhtémoc Salgado Romero, también son integrantes, los tres diputados priistas.
La secretaria de la Comisión es la perredista Rosa Coral Mendoza Falcón y otra integrante es la presidenta de la Mesa Directiva, Magdalena Camacho Díaz, de Movimiento Ciudadano.
La comparecencia será el próximo lunes 26 de junio a las 10 de la mañana, en la sala José Francisco Ruiz Massieu en el Congreso local, la que según el dictamen será para que “informe cuáles son las políticas públicas, acciones y estrategias que ha implementado al frente del órgano que dirige, y los resultados de las mismas”.
Antes de la comparecencia, los grupos y representaciones parlamentarias registrarán a más tardar a las 3 de la tarde del próximo viernes a los diputados que participarán haciendo preguntas. El PRI podrá realizar cinco preguntas, cuatro el PRD, tres el PVEM, dos MC, mientras que el PT, PAN y Morena sólo una cada uno.
Antes de la sesión de comparecencia, el fiscal debe enviar a la presidencia de la Comisión de Justicia, a más tardar a las 3 de la tarde de mañana jueves en forma impresa y digital, un informe detallado que contenga el personal operativo, su cantidad, distribución, funciones y salario, también cuánto personal está certificado.
También debe informar la capacidad y operatividad de los servicios periciales, estadísticas mensuales, a partir de la fecha de su nombramiento, en el que contenga el delito y el estado de la carpeta de investigación o averiguación previa, órdenes de aprehensión solicitadas y concedidas a partir de la fecha en que asumió el cargo; así como, la correlación de órdenes de aprehensión ejecutadas con las averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas.
El Congreso pidió también estadística mensual, a partir de la fecha de su nombramiento, “con el delito y el estado que guarda la investigación, relacionada con periodistas, diputados, ex diputados, presidentes municipales, ex presidentes municipales y líderes o dirigentes políticos”.
Los diputados también pidieron al fiscal un informe de “la situación que guarda el caso del diputado (con licencia) Saúl Beltrán Orozco”, quien tiene orden de aprehensión acusado de homicidio cometido contra un trabajador del Ayuntamiento de San Miguel Totolapan cuando era alcalde el priista, a quien también se le vincula con el líder criminal de Los Tequileros, Raybel Jacobo de Almonte.
También las diligencias practicadas “a raíz de la implementación de la alerta de género, específicamente lo relativo al banco de datos”.
Además a la Comisión de Hacienda se turnó el oficio del presidente municipal de Cocula, Erik Ulises Ramírez Crespo, donde remite la iniciativa de reforma al artículo 275 de Ingresos para este municipio, para el ejercicio fiscal 2017.
En la primer Flor Añorve propuso adicionar la ley del Registro Civil del Estado para facultar a la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil a expedir constancias de homonimia, fue turnada a la Comisión de Justicia.
Intervino el diputado Ricardo Mejía Berdeja en relación con las agresiones en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, y calificó como “inadmisible que se registre una serie de hostigamientos, amenazas y asesinatos que no han sido investigados, quedando en la impunidad.

 

En la sesión de ayer del Congreso local, la diputada priista María del Pilar Vadillo Ruiz presentó un exhorto que fue aprobado en el que se pide al alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, y a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), para que informen sobre las medidas que se tomaron ante la alerta sanitaria activada en los poblados El Salto y la Concepción, “y realicen en tiempo y forma los estudios para el cuidado y preservación del agua para garantizar su consumo humano”.
A favor de la propuesta votaron las fracciones del PRI, PVEM y el PAN y como en todos de los exhortos contra el gobierno municipal de Acapulco, a este también se sumó la bancada de MC y su coordinador Ricardo Mejía, que en tribuna insistió en que existe una “gran corrupción” en CAPAMA y el gobierno municipal.
El diputado perredista Ociel Hugar García Trujillo defendió a Evodio Velázquez y dijo que el ex alcalde Manuel Añorve Baños se comprometió a solucionar el problema de la falta de agua en Acapulco, sin embargo “él dejó deudas en la paraestatal que todavía siguen y el entonces director Fermín Alvarado la dejó en quiebra”.
Por su parte, la diputada perredista María del Carmen Cabrera Lagunas dijo que en lugar de realizar exhortos, el Poder Legislativo debería llamar a Evodio Velázquez a comparecer y recordó que el alcalde está dispuesto a ir, pero también consideró que es necesario llamar al priista Marco Antonio Leyva Mena, para que explique porque no atiende los problemas de la capital del estado.
Por su parte, Samuel Reséndiz Peñaloza afirmó que la bancada del PRI no quiere la comparecencia de Evodio Velázquez, “aquí no lo queremos, queremos que se ponga a trabajar” dijo, sin embargo muchas de sus intervenciones, iniciativas y exhortos son dirigidos al gobierno municipal.
Otro perredista, Sebastián de la Rosa Peláez, los llamó a no continuar el golpeteo político contra el alcalde, porque argumentó que el Poder Legislativo no se debe utilizar para eso, lamentó que la fracción priista en el Congreso se niegue al diálogo.
Mientras Flor Añorve dijo que el exhorto no es un llamado a misa, como lo calificó en su participación Sebastián de la Rosa.
Pero entre dichos populares y un lenguaje soez, la diputada priista Pilar Vadillo pidió que dejaran de defender al alcalde perredista de Acapulco, “al que tanto se le consiente poco se le ayuda, déjenlo que crezca, ya está grandecito”.
Pero después, en la tribuna del Poder Legislativo, la diputada que propuso el exhorto calificó a Evodio Velázquez como “la vecina nalgona”.
La diputada priista dijo “el alcalde en mención, y retomo un poco la participación del diputado (Ricardo) Mejía, tiene tanto por donde pegarle que se parece a la vecina nalgona que se va a inyectar, pa’ donde le tires la aguja es nalga, igualito: inseguridad, falta de obra, la baja calificación en datos de hacienda”.

 

El alcalde capitalino, Marco Antonio Leyva Mena, dio a conocer que dentro de la nómina del gobierno de Chilpancingo hay más de mil personas que están a disposición del área de Personal, porque no “tienen una forma de donde laborar”.
“Los vamos a ubicar en áreas, lo que pasa mucho en Chilpancingo es que al municipio lo toman como el segundo trabajo, no es el primero, donde sólo vienen a checar y se van”, agregó.
En la conferencia matutina que ofrece cada martes, el priista explicó que mantiene a más de mil trabajadores dentro de la nómina del Ayuntamiento sin que trabajen, y para no lesionar sus derechos laborales no son sancionados por sólo venir a marcar su entrada y salida.
“Tenemos que respetar esos derechos y levantar el acta respectiva, lo que estamos haciendo sin lastimar los derechos de los trabajadores”, agregó.
Puntualizó que las personas que realizan esta acción se ven protegidas por la ley, por sólo realizar la acción de presentarse a checar en su hora de entrada y salida.
Comentó que ante esta situación se continúa revisando la nómina, para determinar qué hacer y cómo hacerlo, ya que una de las propuestas de su gobierno es eliminar por completo los turnos vespertinos.
“No se vale que sean cerca de 3 mil 400 trabajadores y sólo vengan a trabajar mil 700”, enfatizó.
El alcalde puntualizó que en algunos casos existen trabajadores que son respaldados por funcionarios del Ayuntamiento, quienes consienten que las personas sólo acudan a registrar su ingreso y salida.
Ante esta situación dijo que se esta realizando también una revisión sobre la situación de complicidad, pero reiteró que el trabajador se protege de manera automática al cumplir con esta acción.
En la misma tónica el alcalde reconoció que en su administración entraron a trabajar entre 400 a 450 nuevos empleado, los cuales aseguró que si están laborando en las áreas y horarios correspondientes.
Aunado a esto, recordó que uno de los problemas que enfrenta su administración es mantener activo el organismo paramunicipal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), ya que cada mes debe pagar de manera puntual 3 millones de pesos por el gasto de energía eléctrica.

No politizar el problema de la inseguridad

Al inició de la conferencia el alcalde comentó que eno se debe politizar el problema de la inseguridad, porque no abona a mejorar la situación que se enfrenta.
“Dijo que avala la política del gobernador Héctor Astudillo, quien “siempre ha contado con la participación de la federación”.
Remarcó que se vive una época delicada en muchos municipios del estado y Chilpancingo no hay excepción, por lo que se suman a la determinación de grupo de Coordinación Guerrero.
“Vemos con beneplácito que el gobierno del estado convoque a los tres órdenes, para que juntos de manera coordinada combatamos el flagelo de la sociedad moderna, que es la violencia y el amago permanente que hacen los grupos al Estado y sus instituciones”, señaló.
Dijo que ven de manera respetuosa que haya tenido un encuentro con el gobernador Héctor Astudillo Flores, para poder recibir las consideraciones que se determinen para solucionar la situación de la violencia.

Ve que hay “fuego amigo” en el PRI

En la conferencia, que duró poco más de 50 minutos, Leyva Mena habló sobre las próximas elecciones, y resaltó que existe “fuego amigo”, por lo que es urgente concentrarse, porque en caso de perder los comicios no será su responsabilidad sino de todos los priistas.
Dijo que existe un golpeteo dentro de su partido, y aunque no quiso entrar en detalles, señaló que “obviamente sabemos de dónde viene”, así como de quién se trata y con qué objetivo se hace.
Subrayó que de perder la capital del estado en 2018, no caerá la responsabilidad en su gobierno sino en la capacidad de los priistas de hacer trabajo político.
Reiteró que no existe en el PRI un trabajo de defensa de su administración, que resalte los logros obtenido por su gobierno en estos dos años que ha estado al frente.

 
El 19 de junio se vencieron los 90 días de licencia como magistrado que solicitó Robespierre Robles Hurtado, tras renunciar al cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), pero ya no volvió a su cargo y ayer informó al pleno del Congreso local de su renuncia irrevocable como magistrado.
La renuncia del ex presidente del TSJ ocurrió en medio de las críticas por su viaje de vacaciones a Las Vegas, Estados Unidos, que su esposa Zurayma Ajuria Marbán difundió mediante las redes sociales, sin embargo justificó su renuncia argumentando problemas de salud.
El viaje generó diferentes críticas en redes sociales, por lo que Robles Hurtado contestó en su Facebook con un comentario: “A veces se la prolongan de verdad”, y continúa “Es un derecho constitucional y hasta humano tener vacaciones, no creo en la hipocresía de que por ser servidor público, uno no duerma, no coma tacos, no pueda bromear, divertirse o soñar… Salir a vacacionar (en Acapulco no podría), un fin de semana no tiene nada de espectacular, menos si fue un Sábado Santo en donde uno puede descansar (y realizar actividades familiares)”.

 
El dirigente social y miembro del Frente Amplio de Sociedad Igualteca y Organizaciones Sociales, Jorge Rubén Popoca Salgado, informó que a partir de este día le otorgarán las medidas cautelares con el resguardo permanente de efectivos de la policía estatal, en tanto, él y su familia tienen seguridad de policías federales y municipales.
Hasta la tarde, el dirigente social atacado a balazos la tarde del domingo por hombres armados que irrumpieron en su casa de la calle Hinojosa de la colonia Centro, seguía internado en el hospital general Jorge Soberón Acevedo, según lo dio a conocer él mismo en declaraciones vía telefónica.
Informó que tiene vigilancia permanente de policías federales y municipales, “para que no vaya a regresar aquel amigo a rematarme”, como se refirió a la persona que lo atacó hace dos días.
A pregunta, dio a conocer que a partir de este día se le darán medidas cautelares con escoltas permanentes de la policía estatal, y estas medidas de seguridad también se le dan a su mamá y su esposa, en la casa donde fue atacado a balazos.
Sobre los hechos, sólo recuerda que personas desconocidas entraron por la fuerza a su casa y lo atacaron a balazos sin decirle nada. Informó que le dispararon en repetidas ocasiones enfrente de su esposa y su mamá, a las que dejaron ilesas. Precisó también que recibió siete balazos, tres en el estómago, uno en la pantorrilla izquierda, dos en un codo y otro en el antebrazo.
Dijo, sin entrar en detalles, que el alcalde priista Herón Delgado Castañeda sí se ha comunicado con él para saber de su estado de salud, “y nada más”.
La última información que se tiene es que Popoca Salgado ya se encuentra fuera de peligro y consiente, y sólo se encuentra en recuperación dentro del hospital. Sólo se le escuchaba un poco débil de la voz.

Este lunes tomó protesta en el Congreso Luis Camacho Mancilla como comisionado de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), entre señalamientos de Movimiento Ciudadano (MC), que adelantó que éste responderá a los intereses del secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y no de las víctimas en el estado.
Tras la aprobación de la Ley 450 de Víctimas, que entró en vigencia el 12 de mayo pasado, en la que se apunta que a partir de ese día quedaban sin efecto los nombramientos de José Luis Gallegos, quien presidía la Comisión, y tenía como consejeros a Javier Morlet Macho y María Elena Jaimes Martínez.
Por única ocasión, el Congreso local autorizó al gobernador Héctor Astudillo Flores que en un plazo de 30 días enviara al Poder Legislativo la propuesta de una persona, para ser nombrada como comisionada ejecutiva estatal de atención a víctimas, que durará en el cargo tres años.
El nuevo comisionado fue acompañado por un grupo de diputados hasta el pleno del Congreso local, donde la presidenta de la Mesa Directiva, Magdalena Camacho Díaz, le tomó protesta.
Su periodo en el cargo será del 20 de junio de 2017 al 19 de junio de 2020.
Por su parte, el coordinador de los diputados de MC, Ricardo Mejía Berdeja, antes de la votación anunció en tribuna la abstención de su fracción en la votación para el nombramiento de Luis Camacho Mancilla.
Argumentó que no desacreditan su capacidad y trayectoria como abogado, pero no ha tenido trabajo relacionado con los derechos humanos, atención a víctimas o trato con colectivos que ya tienen una agenda de atención.
Precisó que la propuesta del gobernador, que tomó protesta en el Congreso, formalmente cumple con los requisitos que establece la nueva ley, y a pesar de que por esta ocasión el Poder Legislativo le autorizó a Héctor Astudillo el nombramiento del comisionado, Mejía Berdeja consideró que eso no le impedía consultar a los colectivos de derechos humanos y familiares de desaparecidos.
Consideró que no debe de tratarse de un “enemigo del gobierno ni de las instituciones, pero tampoco de un subordinado” del gobierno estatal y se refirió en particular al secretario general de Gobierno.
En ese sentido, precisó: “Porque todos sabemos que aunque formalmente es una propuesta del gobernador, materialmente es una propuesta del secretario de Gobierno, Florencio Salazar”.
Por eso, afirmó que cuando Luis Camacho tenga que actuar, “más que estar del lado de las víctimas, pueda estar atendiendo las indicaciones del secretario de Gobierno y nos parece que esto no le ayuda al Estado ni le ayuda a las víctimas”.
El coordinador de los diputados de MC argumentó que en la entidad hay temas como el desplazamiento forzado interno por violencia, en el que Guerrero ocupa el primer lugar en el país, al igual que en homicidios dolosos, fosas clandestinas, desaparición forzada y tercer lugar en feminicidios, por lo que por eso un cargo tan importante debió contar con un “amplio” aval.
Dijo que a MC le preocupa que la resistencia a que se emita la alerta por violencia de género en el estado es por Florencio Salazar y que ahora habrá “un comisionado que responde a la investidura del secretario de Gobierno, entonces sí es un problema para la comisión de víctimas, por esa razón no vamos a apoyar la propuesta”.

 

Los representantes de partido en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) exigieron la inclusión de 60 aspirantes registrados para concursar en la convocatoria de consejeros distritales en el proceso de ayuntamientos, diputados y gobernador, a pesar de que aparecen afiliados en los padrones del PRI, PRD, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y Morena.
Por la presión de los representantes de partido, que coincidieron en que los aspirantes pudieron ser afiliados contra su voluntad y que recurrieron a una jurisprudencia según la cual el padrón de los partidos “publicado en internet” es insuficiente para acreditar la militancia de un ciudadano, los consejeros estatales modificaron el punto de acuerdo y aprobaron una lista más amplia de aspirantes que cumplieron con los requisitos de para sustentar el examen de conocimiento el 1 de julio.
Sin embargo, advirtieron que se incluyen los 60 posibles militantes de partidos en el proceso de selección de consejeros distritales electorales, pero se verificará su situación política para garantizar el principio de imparcialidad de la elección.
En la sesión extraordinaria se omitió la lectura del único punto del orden del día, dado que ya había sido discutido en una reunión previa con los representantes de partido, y el consejero Jorge Valdés, explicó que de 237 aspirantes, 70 no cumplieron con los requisitos, de los cuales 60 estaban registrados en los padrones de los partidos difundidos por el Instituto Nacional Electoral (INE).
La presidenta del Consejo, Marisela Reyes Reyes, recordó que a petición de los propios representantes de partido se realizó la compulsa de los nombres de los aspirantes con el padrón del INE, y el resultado fue que 37 aparecen como militantes del PRD, nueve de Movimiento Ciudadano, seis del PRI, dos de Nueva Alianza, uno del Partido Verde Ecologista, y uno del Partido del Trabajo.
El representante del PRD, Nicanor Adame Serrano, abrió la discusión y advirtió que con la primera redacción del acuerdo, el IEPC violentaba el derecho de los aspirantes ya que la convocatoria señala como impedimento para ser consejero distrital “tener una militancia activa o pública, no (sólo) afiliación partidista”.
Argumentó una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que dice “el padrón en el portal del Instituto Nacional Electoral, constituye una fuente de información indirecta, por lo tanto no es idóneo para acreditar que un ciudadano, cuyo nombre está en ese padrón, efectivamente es militante de un partido político”.
No obstante que la jurisprudencia del 11 de marzo 2015, explica que el padrón en internet es prueba insuficiente para considerar que un ciudadano no cumple con el requisito de elegibilidad para ocupar el cargo de supervisor electoral o capacitador-asistente.
El representante de Morena, Sergio Montes Carrillo, se sumó al llamado del PRD para no violentar el derecho de los aspirantes de quienes no se ha confirmado una militancia. Sin embargo, matizó que no es lo mismo una afiliación en el padrón que una militancia activa, dado que muchos simpatizantes del PRI y del PAN que no están afiliados y buscan espacios en la estructura electoral.
El representante del PAN, Carlos Millán Sánchez, demandó al representante de Morena que “señale los casos de familiares (de políticos) de una vez”. En cuanto a los aspirantes a consejeros ubicados en los padrones de los partido, planteó que el IEPC busque otros mecanismos para valorar la militancia activa de los aspirantes y la posible participación de familiares de políticos.
El representante del PRI, César Julián Beltrán, ratificó que la convocatoria de consejeros distritales habla de una militancia activa, en la segunda ronda de tres rondas de participaciones aclaró que afiliado y militante son sinónimos en la ley general de partidos políticos.
En defensa de la primera propuesta, la consejera Alma Delia Gutiérrez Gutiérrez señaló como un foco rojo que 60 aspirantes que entregaron un escrito bajo protesta de decir verdad, diciendo que no eran militantes ni participaban en partido políticos, hayan aparecido en los padrones del INE. Consideró que se necesita una investigación para verificar si efectivamente son afiliados a los partidos.
En repuesta, el representante de Movimiento Ciudadano, Jesús Tapia Iturbide, consideró que hubo una interpretación restringida de la ley, que los consejeros están prejuzgando a los aspirantes en una etapa que no es definitiva de designación y podría generar “responsabilidades” contra ellos mismos si hay inconformidades.
El consejero Jorge Valdez añadió que el planteamiento de los partidos, de hacer una investigación profunda cuestiona la imparcialidad, “y no podemos dejar lugar a dudas de la imparcialidad que pasa por la integración de los órganos electorales”, pues afiliarse a un partido ya implica una participación activa.
Entonces, del PVEM, Juan Manuel Maciel, mencionó el antecedente de dos consejeros electorales en Acapulco, que impugnaron una presunta militancia partidista y el organismo se vio obligado a reinstalarlos cuando el partido político que los cuestionó no pudo confirmar su militancia.
La discusión de los partidos continuó sobre la legitimidad de las afiliaciones de los aspirantes, y la presidenta Marisela Reyes confrontó así, “si a ustedes no les sugiere nada este indicador, ¿cómo vamos a identificar la militancia partidista (de los aspirantes a consejeros distritales) en una etapa plenamente subjetiva que es la entrevista?”.
Señaló que la decisión de separar a los militantes fue para evitar cuestionamientos sobre la parcialidad de los consejeros electorales, de procurar una cancha pareja para todos los candidatos.
Frente a la insistencia de los partidos de que un afiliado no es lo mismo que una militancia activa, cuestionó: “¿En qué momento esta militancia se vuelve activa?”.
Aclaró que como el IEPC no puede decir que los ciudadanos fueron afiliados contra su voluntad, porque implicaría una investigación para sancionar a quien afilie a personas contra su voluntad, “esto por supuesto debilita el sistema de partidos”.
Se informó que de los 237 ciudadanos que entregaron su documentación, 222 cumplen con los requisitos y 15 no podrán continuar en el proceso de selección, siendo el examen de conocimientos la siguiente etapa para la designación de Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y será aplicado el 1 de julio del año en curso. Se anunció que las listas están publicadas en la página web www.iepcgro.mx