El miedo de los vecinos y la violencia de los grupos criminales Los Rojos y Los Ardillos mantiene casi deshabitadas tres comunidades nahuas del municipio de Chilapa de Álvarez desde el 6 de junio, a pesar de la presencia del Ejército y de la Policía Estatal.
En un recorrido con personal del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) en Ahuihuiyuco, Tetitlán de la Lima y Tepozcuatla, se constató que la normalidad no ha llegado.
En Ahuihuiyuco sólo se escucha el sonido de los animales que se encuentran dispersos, las calles se ven solas y las casas cerradas con candados.
En la Comisaría sólo está un campamento de militares que se encarga de la seguridad de lo que queda en el pueblo.
Los pocos pobladores que hay evitan hablar, pareciera que los visitantes no existen y sólo expresan un “buenos días”.
El pueblo se asemeja al Comala que Juan Rulfo describe en Pedro Páramo, pareciera que sólo ronda la muerte.
La escuela primaria se encuentra cerrada, en los salones polvosos únicamente quedan los pizarrones, pupitres, vidrios rotos y algunos libros.
La Iglesia destella su color verde, dentro las bancas están vacías, vigiladas por algunos santos y veladoras que son llevadas por los pocos católicos que se quedaron.
“El padre ya no ha venido, este domingo no dio misa y desde hace dos semanas no hay celebración (eclesiástica) en el pueblo”, dijo un sacristán que abrió la puerta del templo y se retiró.
“En este pueblo hay 30 personas desaparecidas, la mayoría indígenas nahuas. De las cerca de 350 familias que huyeron, solo han regresado 20” informó el secretario técnico del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández.
En Tetitlán de la Lima, pueblo vecino de Ahuihuiyuco, se ve más movimiento “algunos pobladores se fueron por miedo y regresaron”, dijo un hombre que montaba su caballo y se dirigía a trabajar a su parcela.
Sin temor expresa que la gente se fue por amenazas en la redes sociales y que él “prefirió quedarse con su familia porque no debe nada”.
En ese lugar el jardín de niños está cerrado desde hace dos semanas, los maestros no quisieron regresar por miedo a que un grupo del crimen organizado tome los pueblos de esa zona indígena, como fue la advertencia.
Tepozcuatla es otra de las poblaciones afectadas por la violencia que ha provocado desplazados. También se nota la soledad y el silencio en sus calles.
Sus escuelas también están cerradas y su Comisaría es el campamento de otro grupo de militares y policías estatales que vigilan la localidad.
El centro de salud está cerrado con candado. Adentro sólo se ve una silla y una bata blanca colgada de ella, algunos posters de planificación familiar y vacunación adornan su puerta de vidrio. Afuera al menos 30 bancas solas esperan a los pacientes.
La gente evita hablar, nadie dice nada y a lo lejos se escucha una bocina con música de banda sinaloense.
Uno de los militares justifica el abandono porque dice que a esa hora “la gente va al campo a trabajar su siembra” de maíz.
En este lugar el 6 de junio había 127 familias, de las que sólo quedaron 58.
Los tres pueblos se encuentran en un camino de terracería a media hora de Chilapa, municipio que desde hace dos años se encuentra en medio de una disputa entre los grupos de la delincuencia Los Rojos y Los Ardillos.
Un mando militar consultado en la zona dijo que se encontraban “trabajando y garantizando la seguridad para los que quisieran regresar”, y que las operaciones iban dirigidas para detener a un jefe de la banda de Los Ardillos de nombre Fulgencio.
A pesar del despliegue de seguridad en esa zona los pobladores que abandonaron sus propiedades no quieren regresar, “por la desconfianza de que cuando desaparecieron y mataron a mucha gente los militares que estaban ahí no hicieron nada para evitarlo”, reveló Manuel Olivares.

 

La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero condenó la represión de las policías contra los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, cuando iban rumbo a Cancún, y amenazaron con armas el autobús en el que viajaban.
Además informaron que desconocen el motivo pero que las 12 órdenes de aprehensión que había contra ellos por la toma de las instalaciones de Prospera en enero, se cancelaron.
En conferencia de prensa ayer en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), condenaron al Estado por la represión que sufrió la caravana que encabezan los padres y las madres de los 43 normalistas desaparecidos.
Nicolás Chávez Adame expuso que el Estado mexicano presiona, persigue y encarcela a los luchadores sociales para callar sus voces, y lamentó la represión en Nochixtlán, Oaxaca, a un año de los acontecimientos.
Además condenó el ataque a balazos que sufrió el dirigente del Frente Amplio de la Sociedad Igualteca y de Organizaciones Sociales (FASIOS), Jorge Rubén Popoca Salgado.
Al respecto dijo “que son señales de que el Estado no va a permitir ninguna protesta, pero la lucha social está planteando un proceso de articulación, hoy platicamos con el compañero Vidulfo (Rosales Sierra) para iniciar una jornada de lucha conjunta y sobre todo reivindicar los tres ejes, la exigencia de la aparición con vida de los 43 normalistas, el castigo a los culpables de los hechos de Iguala y la apoyo incondicional a los padres de familia, de ahí compañeros que también condenamos los hechos que pasaron en (San Pedro) Cacahuatepec donde perdieron la vida niños inocentes de 11 meses”, dijo respecto de los ataques de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

El alcalde de Iguala lleva la misma línea que José Luis Abarca

Chávez Adame consideró que el alcalde de Iguala, el priista Herón Delgado lleva la misma línea criminal que el ex alcalde José Luis Abarca, este último preso y señalado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Además indicó que en su caso y en el de su compañero Simón Tavira hay una ruptura con el Estado y que les preocupa, porque interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) pero no ha surtido efecto.
Dijo que hay alarma en todos los luchadores sociales, así como también hay organizaciones con las que el estado tiene una relación de alianza, pero a quienes tienen una posición radical, les “están tendiendo una mano dura”.
Chávez Adame abundó que si no es el encarcelamiento es la persecución, el hostigamiento y la ejecución.
“El gobierno federal tiene la línea de no permitir ninguna manifestación que los esté evidenciando, que hay una mano oscura negra que ha asesinado y que sigue reprimiendo la lucha… los gobiernos se pueden pelear públicamente, políticamente, pero es la misma familia de espionaje sigue operando y creo que todos los teléfonos de dirigentes, llámese de todos los sectores, periodistas, estamos bajo la lupa del seguimiento”, expuso ante la denuncia que hicieron periodistas de que han sido blanco de espionaje del gobierno mexicano.

De las órdenes de aprehensión

En enero durante 15 días integrantes de la Dirección Colectiva, entre ellos siete trabajadores despedidos de Prospera, cerraron la delegación y fueron desalojados por policías estatales antimotines.
Después se enteraron que se giraron órdenes de aprehensión a los siete despedidos y al resto de integrantes de la organización.
Al respecto, Chávez Adame informó que “no sé por qué razones el gobierno federal, en la orden de aprehensión que se tenía de Prospera ya no prosperó, los abogados dieron elementos que no había amparo, queda sin efecto”.
Por otro lado informo que el indígena nahua Patricio Margarito recobró su libertad, sin precisar la fecha, después de haber sido acusado por el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame de despojarlo de su terreno.
Añadió que está buscando a su hija, Josefina Margarito para que dé más detalles al respecto, pues dijo que supo que se dio bajo los condicionamientos del estado, que fue una negociación cerrada, finalmente la familia se tuvo que salir de su vivienda y tienen temor de dar declaraciones a la prensa.

 

 

Agentes de la Policía Estatal despedidos informaron que el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, el secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón y tres mandos de la corporación están bajo un procedimiento federal porque no atendieron el amparo otorgado a los 206 agentes, en el que piden el cese al abuso de autoridad y su reinstalación en la corporación.
El 7 de junio, los agentes informaron que tramitaron un amparo en contra de su despido injustificado y abuso de autoridad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que interpusieron ante los juzgados primero y segundo de distrito.
Ayer, en conferencia de prensa en la explanada de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) en Chilpancingo, los agentes estatales dados de baja se quejaron del presidente de este organismo, Ramón Navarrete Magdaleno, porque no ha intervenido en la reanudación de las mesas de diálogo para que se resuelva su situación laboral.
Un policía estatal despedido que omitió su nombre leyó un comunicado y explicó que el amparo fue notificado al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, al secretario general de Gobierno, al secretario de Finanzas y tres mandos de la corporación, de los que no detallaron los nombres, para que atendieran el proceso laboral de los agentes, pero al no resolver la demanda, “se encuentran bajo un procedimiento federal y ante un órgano que procura justica”.
Detalló que el procedimiento federal pide a los funcionarios del gobierno y de la SSP, el cese del abuso de autoridad, la restitución en la corporación y una disculpa pública para los 206 policías estatales dados de baja.
Dijo que a pesar de que fueron despedidos arbitrariamente siguen sufriendo represalias de los mandos de la SSP, porque no les dejan entrar al cuartel central de la corporación ni al Palacio de Gobierno para pedir información de su liquidación o situación laboral, además les retuvieron la quincena de junio y viáticos, constancias de servicio y el bono del Día del Padre.
“No nos han dado la cara el secretario de Seguridad Pública, y el gobernador, Héctor Astudillo Flores no tiene la voluntad de resolver el problema. Es coraje de orgullo lo que tiene el secretario, le hace falta capacidad, no puede con la seguridad pública del estado y no resuelve este problema mínimo que (se) le salió de las manos”, declaró el policía despedido.
Afirmó que están en la mejor disposición para regresar a la corporación cuando no haya represalias de los mandos y les entreguen las constancias de servicio de manera normal, sin hostigarlos.
Este lunes, Almazán Cervantes aseguró que el despido de 206 policías no afecta la seguridad en la entidad, ni las operaciones nuevas o las permanentes.
Ayer, otro agente despedido que no informó su nombre respondió que Almazán Cervantes no tiene conocimiento y capacidad para estar al frente de la corporación, agregó que es claro que sí hacen falta, porque en el estado hay inseguridad, “él no lo valora, me da tristeza que sea militar y no sepa desempeñar su papel”.
Comentó que, “primero debió escuchar los problemas de nosotros para buscar una solución, por eso es un funcionario público de primer nivel”, pero sólo despidió a los 206 agentes.
En tanto, una policía despedida se quejó de que Almazán Cervantes cuenta con escoltas al igual que los funcionarios de gobierno para su protección, y minimiza el trabajo de los 206 policías dados de baja, porque aseguró le hacen falta a la población para darles seguridad.
Los agentes estatales despedidos denunciaron que sus compañeros activos siguen siendo hostigados y son víctimas de represalias de los mandos de la corporación, responsabilizaron al gobernador, Héctor Astudillo Flores y al secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes de lo que les pueda pasar a los agentes despedidos y a sus familiares.
El 29 de mayo, unos 600 policías estatales de la región Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel central, Chilpancingo, para exigir al gobernador, Héctor Astudillo Flores, y al secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, y el pago de un bono de riesgo de 3 mil 500 a 12 mil pesos.
El 31 de mayo, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó en un boletín de prensa que separó del cargo y dio de baja definitiva de su corporación a 176 policías estatales, porque incurrieron en una conducta violatoria de ley.
El 12 de junio, los agentes despedidos informaron que ya eran 206 policías estales dados de baja de la corporación.

 

El delegado del ISSSTE en Guerrero, Mario Moreno Arcos se comprometió con trabajadores de ese instituto a publicar la lista de quiénes recibirán una de las 53 bases sindicales que se abrieron.
El funcionario federal también se comprometió a revisar cada uno de los expedientes de los aspirantes para corroborar que se esté respetando el reglamento.
El 12 de junio trabajadores del ISSSTE solicitaron al delegado que interviniera para que se transparentara la asignación de bases sindicales, Moreno Arcos se comprometió a reunirse con ellos para dialogar y escuchar sus inconformidades.
Ayer a la reunión en el auditorio del hospital general del ISSSTE en Acapulco el delegado llegó con otros funcionarios, ahí los trabajadores manifestaron sus inconformidades porque se dan bases a trabajadores que tienen menos años laborando o consideran que no cumplen con todos los requisitos que se indica en el reglamento.
En el auditorio había un centenar de asistentes y el delegado dijo que quienes sean funcionarios o estén en puestos de confianza no deben de participar en el proceso de elección del próximo secretario sindical.
Moreno Arcos señaló que para dar las plazas hay una reglamentación que se va a respetar porque es un derecho ganado por el sindicato, y pidió que si alguien sentía que se trastocó su derecho con las plazas anteriores que se dieron se puede impugnar la asignación.
Dijo que él no ha firmado los documentos para asignar las 53 plazas, informó que se tendrán 73 espacios más y que en todos se va a cuidar que los beneficiarios cumplan con lo que indica el reglamento. Además que desde que llegó se revisó el listado de bolsa de trabajo del sindicato la cual indicó tenía más de 3 mil expedientes, de los cuales se desecharon unos 800.
En la reunión participó Rocío Larrumbe quien venía del hospital de Chilpancingo y expuso que en la asignación de bases hay incumplimientos normativos, que se han violado diferentes artículos del reglamento para la asignación de dichos espacios, como es que no cumplan el puntaje que se solicita, dijo que no se está dando prioridad a los aspirantes de familiares ni el listado como se tiene en la bolsa de trabajo.
“Si queremos cosas serias y transparentes hagamos lo que se tiene que hacer, gente que ingresó hace un año ya están basificados”, cuando hay administrativos que tienen más de 20 años esperando por una base”, expuso la trabajadora.
Otra de las trabajadoras, Aurelia Patricio Morales expuso que lleva 14 años laborando en el ISSSTE y le han dado plazas a personas con menos antigüedad que ella. También propuso que las plazas se entreguen a los trabajadores de los hospitales o clínicas donde se están asignando los lugares.
Los trabajadores se quejaron de que no se respeta el escalafón en la bolsa de trabajo.
Antes de la reunión el delegado se reunió con pensionados y jubilados para hablar respecto a los préstamos y créditos para vivienda. De los primeros dijo que se tiene la capacidad financiera para otorgar créditos pero no a todos los 35 mil jubilados que tiene actualmente el instituto, así como a todos los trabajadores si se hiciera una petición al mismo tiempo.
En el segundo caso indicó que se les explicó a los jubilados y pensionados que no se ha sido autorizado, que solamente pueden acceder a un crédito para vivienda quienes no lo han tenido con anterioridad.

La directora de Servicios Médicos Asistenciales del DIF estatal, Patricia Romero Neri, confirmó que de los 12 certificados médicos que solicitó el Frente de Grupos Vulnerables y Discapacitados no entregaron tres, porque no iban los pacientes para su valoración.
Este lunes, el dirigente de la organización, Silvestre Rodríguez Fernández se quejó de que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) no hizo pública la convocatoria para los trámites de renovación de la tarjeta del programa Guerrero para Todos, y ayer los 45 integrantes del Frente estaban reuniendo los documentos, entre ellos un certificado médico en el Centro de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG).
Acusó que las autoridades médicas del lugar no tenían sensibilidad porque dos discapacitados no pueden trasladarse y su mamá gasta 400 pesos en taxis para llevarlos, pero no tiene los recursos económicos.
Ayer, Romero Neri mediante un comunicaado informó que la organización fue atendida, que solicitó 12 certificados médicos, de los cuales tres no se otorgaron porque los pacientes no se presentaron físicamente, y sólo les dieron nueve documentos.

 

Este martes los trabajadores de la empresa Perflores SA de CV que fue contratada por  la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo (CAPAZ) para perforar en busca de mantos freáticos en el ejido Barrio Nuevo de Zihuatanejo retiraron la maquinaria que tenían en una parcela del empresario de material pétreo, Fernando Meraza Catalán, en ese núcleo agrario.
El presidente del comisariado ejidal, Obdulio Valencia Rumbo señaló que el retiro “seguramente fue con la finalidad de evadir la responsabilidad  en la que incurrieron al haber violentado un amparo de suspensión que nos dio un juez federal, no hay otro motivo, por eso sacaron la maquinaria”.
Denunció que “una vez más, lejos de reconocer que están cometiendo un error y dialogar con nosotros los ejidatarios, tanto el presidente municipal, Gustavo García Bello como la directora de la CAPAZ, Elizabeth Cruz este martes decidieron sacar la maquinaria”.
El miércoles 14 de junio, el secretario del Segundo Juzgado Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito de Azueta, Lucio Pano Valdez acompañado del apoderado legal así como de las autoridades ejidales y un grupo de campesinos acudieron al sitio donde se encontraba la maquinaria de dicha empresa para desahogar una prueba de inspección judicial ordenada por el juez octavo de distrito para cerciorarse si la CAPAZ estaba violando o no la suspensión otorgada por dicho magistrado.
Agregó que “todos los ejidatarios de Barrio Nuevo nos sentimos agraviados tanto con el presidente municipal como con la directora de la CAPAZ quienes en todo momento han evitado dialogar con nosotros para llegar a un acuerdo, los campesinos no estamos en contra de que hagan las perforaciones que quieran para buscar agua, lo que sí estamos en contra es de que no respeten nuestra embestidura como autoridad ejidal y pasen por encima de la asamblea”.
“Según argumentan que no quieren negociar con nosotros porque hay dos comisariados ejidales, lo cual saben perfectamente que no es cierto porque les hemos comprobado con documentos que nosotros tenemos la representación legal de nuestro ejido, al presidente municipal tal vez ya se le olvidó que en campaña vino a prometernos que habría negociación con el ejido y que habría acuerdos, a nosotros no se nos ha olvidado y lo vamos a tener muy presente para ahora que busque la reelección y de lo que tampoco va a salvarse la CAPAZ es de las cuestiones legales que hemos emprendido por haber entrado a nuestras tierras sin nuestra autorización”.