Las elecciones pasadas, exhibieron a un PRI ilícitamente respaldado por el poder de sus gobiernos (federal, estatales y municipales). Los priistas y los detentadores del poder nacional, mostraron no estar dispuestos a ceder el gobierno, así tengan que pervertir y corromper al sistema democrático electoral del país, como lo demostraron en el Estado de México y Coahuila, bajo la divisa presidencial: “Ganar a como dé lugar”.
De acontecer algo similar en las elecciones presidenciales del próximo año, es muy probable que se provoque un gran conflicto nacional post-electoral, de imprevisibles consecuencias para la estabilidad y gobernabilidad del país. Agréguele además, el alto grado de inconformidad acumulada por la ciudadanía en contra la manera de gobernar de Peña Nieto, las acciones chanchulleras y corruptas del PRI y la nula eficacia para arbitrar los comicios por parte de las instituciones electorales, federal y estatales.
A las violencias, delincuencias, inseguridad pública, corrupción, impunidad, pobreza y desigualdad social, ahora se le suma la descomposición de procesos e instituciones electorales y una extendida y costosa compra del voto, en especie o en dinero, en el marco de una abierta y total ilegalidad. Retrocedimos décadas en el tortuoso esfuerzo de construir un sistema democrático con mayor fortaleza, trasparencia y certidumbre; con mucho respeto al sufragio efectivo, no alterado o manipulado.
Quedó constatado que las instituciones electorales estatales están subordinadas a los designios del gobernador en turno y el INE a la presidencia de la república. No se cuenta con árbitros confiables que den total credibilidad a los resultados de las elecciones. Vista su labor este año, las instituciones electorales actuarán bajo sospecha ciudadana en 2018.
El PRI le apostó a tres consignas estratégicas: 1) Pervierte y controlarás. 2) Divide y vencerás. 3) Compra y triunfarás. En 2018 el voto ciudadano estará sujeto a las fuertes presiones de las conveniencias materiales, pasando a segundo plano la ética política, las convicciones ideológicas, los principios y los valores decretados. La nuestra ya es una democracia mercantilizada. En ella tiene mayores probabilidades de ganar quien mayor cantidad de dinero invierta para la financiación de estructuras organizativas destinadas a la movilización, traslado, entrega de dádivas gubernamentales o compra directa del voto, entre otros.
Tanto en los partidos políticos, como en los procesos electorales pasados, prevaleció la ambición del poder, por el poder mismo. Ahora ya no se trata de poner el gobierno al servicio de la ciudadanía, sino contemplarlo como un botín bucanero apetecible para el beneficio de la dirigencia política partidaria y gran empresarial. La rentable conquista económica del poder también es hecha con capital inicial de los barones del dinero.
De no ir coaligados los partidos de izquierda difícilmente le ganarán las elecciones al PRI. Por eso se intensificará la eficaz labor de zapa del PRI. Lamentablemente se ven remotas las posibilidades de las alianzas de centro-izquierda a partir de los dirigentes partidarios, no así desde las bases militantes. A eso debemos apostarle los ciudadanos progresistas: a crear alianzas con la militancia de base de los partidos progresistas.

PD. La primera acción delictuosa de la UPOEG no tuvo su génesis en el actual gobierno estatal, ni tampoco su primera impunidad y tolerancia gubernamental. Pero el hoy gobernador, el secretario general del gobierno, el fiscal estatal y el secretario de Seguridad Pública, son presuntos responsables de omisión criminal culposa, por no hacer nada durante más de año y medio. Lo es también el gobierno federal (presidente de la república, secretario de Gobernación, procurador general de la República y el titular de la Policía Federal). Los primeros, por los delitos del fuero común; los segundos por los delitos de orden federal cometidos por la UPOEG. O sea, no quieren y no pueden detenerla. También a la UPOEG el narco le insufla vitalidad letal y financiera, de ahí su descomposición que la convierte en un Frankenstein que está fuera de control… aparentemente.

En las conclusiones finales de Agenda de Periodistas, un encuentro de tres días cuyo objetivo central es realizar una transformación de la prensa en México –desde las condiciones laborales, hasta los factores de riesgo en el ejercicio periodístico–, una de las propuestas fue elevar el ejercicio a la creación de una organización que lleve el mismo nombre para lograr articular a los periodistas mexicanos, y proteger el derecho a informar.
Guillermo Osorno, director del Centro Horizontal, una de las 50 organizaciones y medios convocantes, explicó que al encuentro se inscribieron 603 periodistas, de los cuales el 67 por ciento acudió a las mesas durante los últimos tres días, realizadas en el Palacio Postal. De ciudades extranjeras como Miami, Bogotá, Madrid y Texas, asistieron comunicadores; de 20 estados, entre ellos Guerrero, vinieron también. Además consideró las discusiones un parteaguas en la construcción de una agenda para frenar los ataques contra la prensa, entre otros temas.
Pablo Collado, director de Ciudadano Inteligente, organización chilena que moderó las seis mesas, compartió que de las últimas dos: Reacciones de seguridad pública y El significado social de las agresiones contra periodistas se lograron proyectar misiones de trabajo para 2020 y 2022, al igual que las cuatro anteriores: Riesgo, atención en casos críticos y respuestas inmediatas, Alternativas para combatir la impunidad, Organizaciones sociales y vías para fortalecerlas y Solidaridad gremial y derechos laborales.
Se planteó que en un máximo de cinco años exista una legislación sobre las condiciones laborales de los periodistas y una organización de comunicadores que vigilen el respeto de la libertad de expresión, así como que en ese entonces se impongan ya castigos ejemplares contra los agresores de periodistas.
Coincidieron en que los medios han perdido credibilidad y uno de los objetivos es revertir la sensibilidad pública contra la violencia contra la prensa: “Ahora la ciudadanía entiende la importancia de un periodista crítico y ético, la importancia de la libertad de expresión, esas dos visiones son sueños, las expectativas de los que quieren hacer periodismo todos los días”, dijo Collado, cuya organización se comprometió a continuar hasta que las propuestas se materialicen, sobre todo apoyar en la parte de sistematización de información.
Las opiniones fueron diversas. Los resultados de las pláticas fueron por etapas. Ciudadano Inteligente organizó las mesas que iniciaron a las 9 de la mañana y concluyeron a las 19 horas, de tal manera que el resultado fuese horizontal, para que todos los participantes, académicos, estudiantes, activistas y periodistas, pudieran emitir sus opiniones y avanzar hasta lograr propuestas concretas como la creación de un órgano ciudadano que vigile la publicidad gubernamental y que enriquezca las prácticas periodísticas.
Uno de los participantes de los seis que acudieron de Guerrero, Sergio Ocampo, corresponsal de La Jornada, concluyó que las mesas tocan un contexto de lo que está pasando en el estado y en otros puntos del país. “Hacía falta; una parte que me gustó mucho fue el reconocimiento a la actividad que se hace en el periodismo de provincia, eso es importante para que en el futuro no queden descobijadas las futuras generaciones, siguiendo los mejores protocolos de este tipo de organizaciones y no los que plantee el gobierno. En primer lugar eso refleja la independencia que puede haber en este proceso donde se juntan todos los periodistas”.

Ofrece un mensaje Carmen Aristegui

Al final del encuentro llegó la periodista Carmen Aristegui quien habló de la insensibilidad de la sociedad ante los homicidios de periodistas –apenas el jueves se cumplió un mes del asesinato de Javier Valdez en Sinaloa–: “En casa del herrero, azadón de palo. Los comunicadores no hemos sabido comunicar bien este tema, hay una suerte de distancia, no digo que no hay ciudadanos que no les importa el tema de las agresiones a periodistas, pero estamos ante una sociedad como la mexicana que ha estado sometida a un espiral de violencia extendida, tan prolongada tan impune… Y el colapso de la injusticia que no es capaz de aclarar una montaña de muertos cómo ésta”.
Agregó: “Tenemos que encontrar las maneras de decir las cosas para que la sociedad tenga la conciencia plena de que, sin periodistas que ejerzan su tarea en libertad, pues ella es la que está más desvalida”.
Jaime Armendáriz, periodista del Diario de Chihuahua, compartió que “una de las propuestas que mandamos fue demandar al Estado mexicano por la impunidad sistémica y el otro fue el fortalecimiento de las organizaciones civiles de protección a periodistas, y el tema en que me tocó participar fue el de resolver el problema del financiamiento de estas organizaciones que apoyan a periodistas”.
En una semana se enviarán las fichas temática de todo lo abordado, y se crearán espacios en redes sociales para continuar con la concreción de las acciones.

El presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, manifestó que no acudirá al Congreso local a comparecer porque afirmó que “es totalmente político”; sin embargo, señaló que sí iría a platicar con los diputados por los señalamientos por la calificación negativa que dio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En declaraciones al acompañar al gobernador en la presentación del proyecto inmobiliario Armando’s Le Club, respondió que el exhorto del Congreso es una estrategia política de sus adversarios.
Antes de iniciar el acto de la colocación de la primera piedra de Armando’s Le Club Acapulco, Desarrollo Integral Residencial, donde asistió como invitado, dijo que el exhorto del Congreso por la administración de los recursos de Acapulco “es totalmente político, lamento que ya sea una estrategia que se tiene desde los adversarios”. Sostuvo que él no está en tiempos políticos y continúa trabajando.
Expuso que está en la disponibilidad para el poder legislativo local, pero dejó en claro que no acudirá a una comparecencia: “No iré a comparecer, iría a una plática, un diálogo donde me inviten a ir a que de manera transparente dé a conocer avances de mi gobierno y también de viva voz las dudas que tienen y las críticas, que sostenidamente siempre un gobierno abierto y transparente tendrá que tomar en cuenta. Yo no me escondo ni estoy aceptando estar en un debate estéril que no beneficie al puerto de Acapulco”.
Añadió que esperará a que el Congreso lo invite para disipar las dudas sobre la administración de la cuenta pública.
De acuerdo con el boletín del gobierno municipal, enviado la noche del jueves, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al instituir el Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y del sistema de Evaluación del Desempeño (SED), el gobierno municipal de  Acapulco, avanzó en materia de planeación y presupuestación.
El comunicado indica que la SHCP modificó sus criterios de calificación con relación a años anteriores.

En enlace por internet

En el sitio www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico/pbr_sed_informe2017.pdf se confirma en el diagnóstico de la SHCP: “Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”, que de acuerdo con criterios de 2017 el gobierno de Acapulco aumentó 18.5 puntos su nivel de capacidad en materia de implantación y operación del PBR y del SED en relación al ejercicio 2016.
En el 2016, Acapulco registró 29.5 puntos. En el estudio publicado el 28 de abril informa que el municipio registró un 48 por ciento.
De los 64 municipios seleccionados, dos municipios de Guerrero fueron evaluados. Ometepec fue el segundo, en 2016 reportó el 1.2 por ciento, en el último estudio registró medio punto porcentual (0.5). El municipio de Costa Chica es el peor evaluado.
Ayer Evodio Velázquez defendió que los criterios para evaluar al municipio “son diferentes” y sostuvo que Acapulco el es único municipio que tiene el certificado ISO 9001-2015, lo que significa que han aprobado los procesos solicitados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
– ¿Está mal informado el diputado?– en referencia al diputado priísta Samuel Reséndiz.
– Por supuesto que está mal informado – concluyó la entrevista.
Antes, en el tema de inversión turística, se destacó que inversiones de la iniciativa privada como la presentada ayer, “van a generar plusvalía. Estamos recuperando imagen urbana, recuperando plazas y camellones”. Adelantó que el nuevo desarrollo inmobiliario Armando’s Le Club podría estar incluido en el truncado proyecto de 19 edificios iluminados en la zona costera.
Agregó que los acuerdos con inversionistas es que ellos ayudarán para mejorar “las instalaciones de la ciudad y ofertar una imagen competitiva y fresca, innovadora en esta parte de Acapulco que es la zona Dorada”.
Puntualizó que al apostar al turismo es “atraer bienestar y poder ayudar a las familias de Acapulco, generar desarrollo y disminuir las condiciones de violencia”.
Se le preguntó cuál era su opinión con relación a la negativa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) para desarmarse, y Velázquez Aguirre respondió que ese tema se abordará en la próxima reunión de Grupo Coordinación Acapulco, posteriormente analizarlo con el gobernador Héctor Astudillo.

La secretaria de la Mujer, Rosa Inés de la O García, dijo que el gobierno del estado continúa a la espera de que la federación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) emita la declaratoria de alerta de género a casi un año de que organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres la solicitaron.
La funcionaria estatal acudió a la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), donde estudiantes defendieron la tesis Feminicidios: un análisis del discurso en el tratamiento de notas informativas en la prensa guerrerense, donde fue consultada.
El próximo 23 de junio se cumple un año de que organizaciones de mujeres solicitaron la declaratoria de alerta por violencia de género en ocho municipios del estado.
Rosa Inés de la O comentó que tras la solicitud de declaratoria de alerta por violencia de género en ocho municipios del estado, a la secretaría le pidieron algunos datos y documentación, pero ya no la han requerido.
Por eso dijo que ahora ya solo están a la espera de que el gobierno federal emita un dictamen de la solicitud, y se comprometió a que cuando sea notificada de alguna resolución, informará “inmediatamente”.
Precisó que el gobierno federal a través de la Conavim, y no el estatal, es el responsable de emitir la alerta por violencia de género.
A pesar del incremento del numero de feminicidios en los últimos meses, dijo que han cumplido todas las recomendaciones que les hizo el grupo de trabajo en septiembre del año pasado.

El ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, estuvo este viernes en Acapulco donde habló de su aspiración a la candidatura presidencial de 2018.
Además opinó de la violencia, la violación de los derechos humanos, los agravios a periodistas, la necesidad de regular a las autodefensas y se manifestó a favor de que los pueblos indígenas tengan sus propios modelos de elecciones, porque en sus comunidades se pondera el bien común.
Por la mañana, el sociólogo y activista se reunió con periodistas de Acapulco en el Hotel Elcano, donde abordó distintos temas y por la tarde ofreció la conferencia magistral Los Derechos Humanos en México, en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados (IIEPA), Ignacio Manuel Altamirano, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
En la charla con los periodistas explicó que su estancia en Acapulco era para hablar con distintos sectores, entre éstos el empresarial de su propuesta y aspiración a ser presidente de México, y de los derechos humanos.
Expresó que el diagnóstico de democracia en el país es de un estancamiento y retomó el proceso electoral del Estado de México, donde se evidenció que “regresamos a la época de autoridades omisas”, donde el sistema de conteo de votos se cae, de un México de los años 60, pero con internet.
Dejó en claro que su candidatura no es para fragmentar al electorado, ni para seguir manteniendo al PRI en el poder, sino para que la gente tenga más opciones por quien votar y saludó con gusto la candidatura que impulsan los pueblos indígenas junto con el movimiento zapatista. Dejó en claro que su proyecto tampoco será para ir en una sola candidatura entre los independientes.
En referencia a Andrés Manuel López Obrador dijo que no puede existir una alianza sin discusión, y “de a güevo”. Reiteró que su candidatura será para que se recupere la democracia en el país, porque mucha gente no sale a votar porque no confía en los partidos políticos.
Álvarez Icaza indicó que su candidatura será impulsada por la plataforma Ahora y en la primera fase necesitan juntar 80 mil firmas, de esas 2 mil se tienen que juntar en Guerrero, pero si para septiembre no las tienen, no será viable su candidatura.
En una segunda etapa, para enero del próximo año, si no llegan a las 850 mil firmas para poder aparecer en las boletas electorales de 2018, tendrán que hacer otra cosa.
Sostuvo que la plataforma servirá para recoger propuestas de la ciudadanía. “No es la plataforma para la candidatura de Álvarez Icaza, sino lo que estamos tratando de articular muchas pequeñas plataformas”.
Se manifestó a favor de la segunda vuelta electoral, porque en el país hay un problema de descrédito a los políticos que llegan con una minoría y que ha generado una crisis de legitimidad, contrario a lo que ocurre en países como Francia, donde existen las segundas vueltas electorales, que permiten que quien llega al poder lo haga con más del 50 por ciento de apoyo.
Expresó que la gobernabilidad se refugia en la legitimidad, y eso incluye la segundas vueltas electorales, o los cogobiernos que no es igual que las alianzas de partidos, porque el actual sistema está rebasado.
De los comicios, dijo que se debe de revisar de donde proviene el dinero del financiamiento de los partidos políticos, que son ilegales y que se cobran por las organizaciones delictivas con puestos políticos y lamentó que en México el que más dinero tiene es el que gana, y que la pobreza “se utiliza como mecanismo de extorsión”, para vender el voto.

Ríos Piter, las autodefensas y la violencia 

Del también aspirante presidencial independiente Armando Ríos Piter, dijo que vio en las candidaturas independientes una forma de continuar su trayectoria y vida política. Además expresó que quienes salen de los partidos políticos y se postulan como independientes “hicieron lo contrario de los que dicen que van hacer. Uno se pregunta y ¿porqué no lo hizo antes?”, además de que será difícil replicar al presidente Macron de Francia.
Llamó a quienes de esta forma buscan seguir su vida política a dar una explicación. Porque al igual que la formaron los partidos satélites, como el PVEM, que “es la expresión más corrupta del PRI”, al igual que Encuentro Social, “habrá que tener mucho cuidado de que esta figura independiente no acabe siendo un mecanismo de reintegro, para quienes no encuentran un espacio en sus partidos políticos”.
El sociólogo dijo que los pueblos indígenas tienen sus formas directas de discusión y al igual que en Brasil, donde hay representaciones indígenas en el Congreso elegido bajo su propia forma de elección, en México se deben de buscar otro modelo de representación política, porque los pueblos han dicho que los partidos sólo los dividen, “y tienen otra forma de tomar decisiones, distintas a la democracia occidental” y recordó que en los pueblos se pondera el bien común.
En este contexto también se pronunció que las autodefensas se deben de regularizar por la autoridad, en su control, supervisión y rendición de cuentas, con escrutinio, con capacitación, revisión, pero cuando se tiene expresiones de ciudadanos “armados” como las autodefensas muchas ocasiones “inician como métodos legítimos de autodefensas ante la ausencia del Estado”.
“Pero luego acaban generando y reproduciendo varios de los problemas con los que quieren competir, o son ventana de oportunidad para que irrumpan las así llamadas autodefensas, que no son otras que expresiones distintas del crimen organizado”, que ya pasó en Colombia que las comunidades se organización para defenderse, pero terminaron siendo usadas por la delincuencia.
“Por eso creo que es mejor que se transite a modelos de protección comunitaria con regulación, supervisión y capacitación”. El defensor de derechos humanos expresó también que es más grave que donde hay presencia de las fuerzas armadas sigan las ejecuciones, como pasa en Acapulco, donde a dos cuadras de la Costera donde están los militares y policías federales, estén matando gente.
Para él, eso es un claro indicador de que “está fallando la estrategia” de seguridad y que si la tendencia de asesinatos continua será 2017 el año más violento desde 1997, y es una señal de que la estrategia está fracasando.

Los agravios a los periodistas

El activista afirmó que la mejor proyección para los periodistas es la justicia, porque la impunidad persiste en los asesinatos registrados en el país, y que debe de haber más recursos para el mecanismo de protección. Abundó que la falta de justicia es que muchos delitos cometidos contra los comunicadores son del fueron común, y la Procuraduría General de la República (PGR) no los atrae.
Esto ha empoderados a los gobernadores a quienes se refirió como “virreyes” porque tienen más dinero, menos controles y menos mecanismos de rendición de cuenta y transparencia, e incluso que los Congresos son una prolongación del Ejecutivo.
Álvarez Icaza lamentó que los gobiernos utilicen los convenios para regular el debate público y se pronunció que estos deben de transparentarse. Además de que las fiscalías deben de fortalecerse, con rendición de cuentas y consejos ciudadanos, pero no para las foto.
Que deben de existir mecanismos independientes que deben de monitorear el trabajo de las dependencias, “los periodistas deben de fortalecer la capacidad de los observatorios de las fiscalías”, reiterando que en México no se alcanza a romper la impunidad ni en el nuevo, ni en el viejo sistema penal porque no hay justicia.
Recordó que lo más grave es que las amenazas a los comunicadores se cumplen y que incluso se sabe quienes lo hacen, pero las autoridades no actúan, lo que acaba afectando la libertad de expresión.

Derechos humanos

Durante su ponencia en el IIEPA ante los estudiantes, Álvarez Icaza hizo una reseña de la historia de los derechos humanos en el mundo, y resaltó que hace apenas 44 años de los 30 mil de la existencia de la humanidad en todo el mundo fue declaró ilegal la esclavitud.
A los estudiantes les recordó que sólo el Estado viola derechos humanos y que los ciudadanos cometen delitos, lo que debe de ser entendido por la población, y dijo que Guerrero es de los que más déficit tienen en derecho humanos y que la situación de violencia que se vive en Acapulco es una “epidemia”.
Durante su exposición abordó los casos de la violación de los derechos humanos, en el caso de las fosas en Jojutla, y Tetelzingo, Morelos, de los 43 normalistas desaparecidos; del Caso de Palmarito, en Puebla, donde fue ejecutado un Huachicolero, personas que ordeña gasolina, por un militar que le disparó en la cabeza y el juez dejó en libertad al militar porque no se comprobó que la bala fue disparada por el, y consideró que “lo grave es cuando el Estado comete delito para combatir el delito, es muy preocupante”.
Reconoció a la familia de Rosendo Radilla, la lucha emprendida y el precedente que se dejó al Estado mexicano la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “no se puede entender la lucha de la justicia sin las víctimas”, recriminó también al gobierno que “por satisfacer el monstruos de la opinión pública se fabrican culpables”.
En declaraciones dijo que la pobreza agudiza el problema de los derechos humanos en el estado, así como el bajo índice de desarrollo ya falta de Justicia y que refleja una situación nacional “muy crítica”, recordando que el estado fue un escenario dramático de la Guerra sucia.

Representantes de un organismo de derechos humanos y de dos colectivos de familiares de víctimas, cuestionaron este viernes la propuesta de que Luis Capacho Mancilla sea comisionado de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), que fue enviada el jueves al Congreso local por el gobernador Héctor Astudillo Flores.
El presidente del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández; la presidenta del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el país, Guadalupe Gutiérrez Narciso, y la representante del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, así como del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Isabel Rosales Juárez, coincidieron en que la propuesta del Ejecutivo estatal no reúne el perfil.
Consultados por separado, también declararon que se trata de una “imposición”, porque la propuesta no fue consultada con los colectivos y organismos civiles, como lo sugiere la nueva ley.
La tarde del jueves se dio lectura en el pleno del Congreso local a un oficio por medio del cual el gobernador Héctor Astudillo Flores propone el nombramiento de Camacho Mancilla como comisionado de la CEAV. Camacho Mancilla ocupaba la secretaría ejecutiva de la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia Penal en el Estado.
El presidente del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández, quien da acompañamiento a víctimas de desplazamientos por la violencia en el estado, así como a familiares de desaparecidos, declaró que al frente de la CEAV debe quedar una persona con perfil relacionado con los derechos humanos, “debe ser una persona sensible y de compromiso con las víctimas, porque necesitan una atención muy especial”.
Agregó que el comisionado tiene que ser una persona en la que “la sensibilidad humana se ponga de manifiesto, que entienda el respeto a la dignidad de las víctimas y el cumplimiento de sus derechos humanos”. Olivares dijo que en ese organismo no ven ese perfil “en la persona que acaba de ser propuesta al Congreso local”, en referencia a Camacho Mancilla.
El representante del Centro Morelos expuso que la convocatoria para el nombramiento del comisionado debió haber sido abierta y difundida ampliamente entre los organismos y la gente que tiene compromiso con los derechos humanos de muchos años. “No es posible que siga la práctica de proponer a personas por dedazo, por amiguismo o por recomendaciones, sin importar el perfil que presente, sobre todo en cargos como éste, donde se supone que va a estar al servicio de las víctimas, no al servicio de quien lo propone”, cuestionó.
La representante del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, así como del Tadeco, Isabel Rosales, criticó que si no se toma en cuenta a las organizaciones de los grupos de víctimas, ni se pone la propuesta a su consideración de éstos grupos, el comisionado va a representar a otros intereses, menos al de las víctimas.
Los dos organismos que representa Rosales Juárez son pioneros en Guerrero en la búsqueda de desaparecidos y en la documentación de los asesinatos en el marco de la violencia. “Se va a nombrar a alguien idóneo para que siga manteniendo la impunidad y la falta de investigaciones para que no se esclarezcan los casos, sin importar el dolor que sufren los familiares de las víctimas”, vaticinó.
Explicó que aunque en las reformas a la Ley de Atención a Víctimas que fueron aprobadas el 12 de mayo pasado, se establece que por única ocasión el comisionado puede ser propuesto por el gobernador al Congreso local, y al siguiente periodo debe enviar una terna previa consulta a los familiares de las víctimas, por lo que se debió haber visto la voluntad del Ejecutivo y consultar la propuesta con los colectivos y organismos que vienen trabajando con los familiares de las víctimas, pero lamentó que no haya sido así.
Dijo que en el caso del Comité de Familiares y del Tadeco que representa, no conocen ni ubican a Camacho Mancilla como un hombre defensor de derechos humanos, “y yo creo que la mayoría de los colectivos están igual, no conocen a esa persona”.
“La persona que fue propuesta no tiene antecedentes de trabajo con las víctimas. Es el perfil del clásico abogado con una visión cuadrada de las cosas y funcionario que sigue la línea gubernamental”, dijo. En esas condiciones, adelantó que “nada bueno depara a los familiares de las víctimas de la violencia social en el estado” y auguró que se mantendrá la impunidad y la opacidad en todos los casos. “Ojala nos equivoquemos”, deseó.
También opinó Guadalupe Gutiérrez Narciso, quien es la presidenta del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, dijo que no conocen a quien fue propuesto como comisionado de la CEAV, “de lo único que sabemos es que no tiene experiencia en el trato a las víctimas”.
La presidenta de este colectivo, que tiene su sede en Chilpancingo, se quejó de que el gobernador Héctor Astudillo no tomó en cuenta a los colectivos para proponer al comisionado. “Nunca nos pidió nuestra opinión para ver si estábamos de acuerdo, como es el espíritu de la ley, que dice que debe proponer la terna al Congreso previa aprobación de los colectivo”, explicó, aunque en las reformas se establece que en el caso del primer comisionado será a propuesta directa del Ejecutivo al Congreso, y en lo sucesivo será mediante la propuesta de una terna con la consulta de los colectivos.
Gutiérrez Narciso informó que próximamente se reunirá el frente de colectivos, en el que están incluidos los de Chilapa, Iguala, Chilpancingo, Acapulco y el Tadeco para fijar una postura en conjunto. Aunque de entrada agregó que quien debe quedar al frente es una persona sensible con las víctimas.
La presidenta de este colectivo denunció que el gobernador ha incumplido sus compromisos con las víctimas de la violencia. Recordó que en la última reunión que tuvieron con él, hace aproximadamente seis meses, ofreció muchos apoyos pero que no les han ayudado ni si quiera para las reuniones de capacitación que constantemente tienen.
Informó que acudieron con la secretaria de Desarrollo Social, Alicia Zamora Villalva, “y nos dijo que no tenía presupuesto para ese tipo de apoyos, entonces no sabemos quien tenga la razón, el gobernador nos dijo una cosa y la secretaría de Desarrollo Social, nos dijo otra”.
Aseguró que en otra reunión con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, les autorizó becas, despensas y mobiliario para los locales donde se reúnen, e incluso se comprometió a gestionar el pago de la renta, “pero cuando fuimos con la secretaria de Desarrollo Social, se portó grosera, prepotente y humillante y no recibimos nada, porque ella negó que se nos haya autorizado todo eso, es una persona nefasta por eso ya no le quisimos ir a ver la cara”.
Incluso informó que hay un convenio de colaboración entre la CEAV federal y el gobernador, para que la comisión pueda enviar recursos al gobierno del estado y apoye a los familiares de las víctimas que tienen denuncias en las instancias estatales, porque los que las presentaron ante PGR la federación les da esos apoyos, pero denunció que el gobernador se ha negado a firmar ese convenio.
Explicó que en las dos veces que se reunieron con el gobernador le entregaron el convenio y las dos veces les dijo que lo iba a leer, “pero todavía no lo firma, no le dio importancia”, se quejó. Gutiérrez Narciso, declaró que incluso por la falta de apoyo de las autoridades estatales, el colectivo que representa en Chilpancingo, tuvo que cerrar su local en donde se venían reuniendo los familiares de las victimas porque ya no tuvieron ni para la renta.

Por única ocasión, el Congreso local autorizó al gobernador Héctor Astudillo Flores que en un plazo de 30 días enviara al Poder Legislativo la propuesta de una persona para ser nombrada como comisionada ejecutiva de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) que durará en el cargo tres años.
En la sesión del jueves se informó al pleno del Congreso local que llegó un oficio del gobernador Héctor Astudillo Flores, en el que les envía la propuesta para nombramiento de Luis Camacho Mancilla como comisionado estatal de la CEAV.
Camacho Mancilla fue secretario ejecutivo de la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia Pernal.
La designación de los nuevos integrantes de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas se realiza a partir e la aprobación de la Ley número 450 de Víctimas, que entró en vigencia el 12 de mayo pasado, cuando los diputados locales aprobaron dicha disposición legal.
En la nueva ley se establece que hasta ese día presidía José Luis Gallegos y tenía como consejeros a Javier Morlet Macho y María Elena Jaimes Martínez, pero la comisión quedó sin efecto al entrar en vigencia la nueva ley.
Por única ocasión, el Congreso local autorizó al gobernador Héctor Astudillo que en un plazo de 30 días enviara al Poder Legislativo la propuesta de una persona para ser nombrada como comisionada ejecutiva estatal del CEAV, que durará en el cargo tres años.
Después de que se cumpla ese periodo, el comisionado será elegido por dos terceras partes de los diputados integrantes de la legislatura, “previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia del estado”, señala el artículo 26 de la ley 450 de Víctimas.
Además de que en el artículo 91 de la constitución entre las facultades del gobernador establece que puede nombrar y remover libremente a los servidores públicos y empleados del Poder Ejecutivo, cuyo nombramiento o causa de remoción no estén regulados en esta Constitución o en las leyes correspondientes.

Jacob Morales Antonio

La esposa del ex alcalde perredista de Tecpan, Crisóforo Otero Heredia, María de Jesús Abarca, señaló como responsable del asesinato de su esposo a César Otero Barragán y solicitó protección de la Procuraduría General de la República (PGR) y al gobernador Héctor Astudillo Flores, para garantizarle seguridad a su familia y a la de su esposo.
En una conferencia de prensa donde la señora se limitó a leer un comunicado, señaló que el “asesinato cobarde del que fue víctima mi esposo Crisóforo Otero Heredia tiene un autor intelectual con nombre y apellido”, quien también asesinó al hermano del ex alcalde David Otero Heredia.
“Se llama Cesar Otero Barragán, el mismo individuo que goza de libertad e impunidad y sigue cobrando vidas de nuestras familias”, afirmó sin dar más datos del acusado.
A las autoridades federales y estatales “exigimos justicia”, que hagan su trabajo, lo localicen y atrapen, porque es el “asesino material e intelectual de los dos crímenes y que amenaza con la seguridad de nuestras familias, que no podemos estar tranquilos por que tememos por nuestras vidas. Tenemos fundado temor de que vuelva a lastimar a la familia de mi esposo y la nuestra”.
La señora solicitó a la PGR y al gobernador Héctor Astudillo que garantice su seguridad y proporcione seguridad para sus familias “por que mi vida, la de mi hijo, mis hijas y demás familiares corren peligro”.
Recordó que el hermano de su esposo estuvo nueve años como director de Seguridad Pública de ese municipio, y trabajo dos años en la policía estatal, mientras que su esposo fue presidente municipal y regidor por el PRD, quien denunció y pidió justicia por el asesinato de su hermano, y solicitó seguridad al gobierno del estado, que no se la otorgó y afirmó que el asesinato “no es político”.
María de Jesús Abarca agregó: “Pedimos al presidente de la Republica (Enrique Peña Nieto) y al gobernador del estado que nos apoyen de forma urgente con seguridad para nuestras familias, porque tememos que vuelva este multihomicida a cobrar otra vida de otro familiar”.
El ex alcalde fue asesinado afuera de su casa, en la cabecera municipal, junto a uno de sus escoltas, el 8 de junio. Otro guardaespaldas fue herido y se reportó grave en el hospital.

Boletín del gobierno

Mediante un boletín de prensa, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la señora María de Jesús Abarca Ríos Viuda de Otero, esposa del ex alcalde de Tecpan, no ha rendido entrevista ministerial, aun haciendo un señalamiento directo a la persona que mencionó el día de hoy, en conferencia de prensa.
Por lo que, resulta necesaria la declaración ministerial de la hoy viuda del ex presidente municipal de Tecpan, pues en el nuevo sistema de justicia penal que rige en México, las declaraciones ante la opinión pública carecen de validez judicial.

Trabajadores del Sindicato Independiente de la sección 14 del Ayuntamiento de Chilpancingo, informaron que interpondrán una demanda ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en contra de la administración capitalina, porque desde que inició el periodo del priista Marco Antonio Leyva Mena, en tres ocasiones no les paga a tiempo sus quincenas.
En declaraciones en un banco de la capital mientras esperaba que el Ayuntamiento les depositara, el líder sindical Domingo Salgado Martínez dijo que desde que inició la administración de Marco Antonio Leyva Mena, en tres ocasiones a los trabajadores les han atrasado el pago de sus quincenas, lo cual consideró que es grave porque hay empleados que tienen un préstamo en el banco y si no pagan les hacen recargos.
Además, manifestó que los trabajadores dependen totalmente de la quincena para proporcionar el sustento en sus hogares. Indicó que en esta quincena les tenían que haber pagado desde el 14, pero no lo hicieron, y los funcionarios municipales aseveraron que este viernes a las 12 del día tendrían el pago, pero no se los dieron.
Este jueves, en conferencia de prensa en la alameda Granados Maldonado, Domingo Salgado denunció que el alcalde priista, Marco Antonio Leyva no quería pagarles la quincena a más de 3 mil empleados, porque busca confrontarlos con los trabajadores agremiados al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) debido a que el Ayuntamiento estuvo cerrado.
“Esta es la tercera vez que se retrasa el pago hasta por dos días, por lo que interpondremos una denuncia ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y se notificará a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum)”, indicó.
Domingo Salgado explicó que en lo que va de la administración de Leyva Mena son 34 las personas que están dentro de clientes morosos en los bancos, por lo que interpondrán la demanda para que el Ayuntamiento pague los intereses que les están cobrando los bancos a los trabajadores.
En el lugar, una de las trabajadoras del sindicato independiente, Yolanda Barrera Rosales, recriminó que el Ayuntamiento no le depositó el 14 y ahora el banco le está cobrando mil pesos, explicó que le descuentan 350 pesos.
La trabajadora mostró el comprobante de recargo, donde se observó la cantidad de mil pesos que le cobró el banco.
Por ello, el líder sindical dijo que para que no se continúe con el problema de los atrasos de los pagos, demandarán al Ayuntamiento.
A las 2 de la tarde los trabajadores constataron que el Palacio Municipal les había depositado su quincena.

Alejandro Guerrero

Iguala

Campesinos de la comunidad de Tepochica tomaron la oficina de presidencia y se plantaron por dos horas en uno de los accesos a la sede del Ayuntamiento, para exigir al alcalde priista Herón Delgado Castañeda la entrega de 72.5 toneladas de fertilizante granulado, pues por esta razón están deteniendo la siembra de maíz.
A partir de las 8 de la mañana, unos 50 agricultores se concentraron en la carpa en apoyo a Ayotzinapa en la explanada municipal, en espera de una respuesta de las autoridades municipales, donde había el apoyo de miembros del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala.
Cerca de las 11 de la mañana, y tras recibir como respuesta que sería hasta el martes cuando “probablemente” recibirían el fertilizante, los campesinos, en su mayoría hombres mayores, se instalaron en plantón en una de las entradas principales a la sede del Ayuntamiento del lado de la avenida Bandera Nacional y tomaron la oficina de presidencia, para impedir la entrada a toda persona por ese lugar.
Sí se permitía salir a los empleados pero ya no se les dejaba entrar, tampoco a la gente que pretendía pasar por el área, aunque el resto de las oficinas del Ayuntamiento estaban laborando con normalidad y el palacio cuenta con otros cuatro accesos que estaban libres.
Encabezando a los agricultores estaba el presidente del Comisariado Ejidal de Tepochica, Guillermo Solano Ramírez, quien en declaraciones informó que la gente ya estaba muy molesta por el incumplimiento de las autoridades locales y estatales, que se habían comprometido a entregar la totalidad del fertilizante a más tardar el 14 de junio.
Señaló que en Tepochica el 60 por ciento de los terrenos son suelos barrosos, y que si los campesinos no siembran ahora ya no podrán sembrar y esa gente se quedará sin siembra, y con las lluvias el suelo es demasiado “chicloso” y ya no se puede sembrar.
Explicó que sí les entregaron 150 toneladas de sulfato, pero que para empezar la siembra necesitan el abono DAP o granulado, ya que es el primero que se le aplica a la milpa y que de éste no les han dado nada de las 72.5 tonelada de fertilizante que les corresponden, que son unos mil 445 bultos y que por esta razón están retrasando la siembra de maíz.
Habló que de los 150 productores de maíz que hay en la pequeña comunidad asentada a orilla de la carretera federal México-Acapulco, en la entrada a Iguala por Chilpancingo, sólo 98 agricultores están dentro del padrón de beneficiarios.
Después las autoridades les ofrecieron que entre la tarde de ayer y hoy les entregarían el fertilizante pendiente, ente esto el comisariado Solano Ramírez dijo que esperarán y que de lo contrario el lunes estarían tomando en su totalidad el palacio municipal, con el apoyo de todos los vecinos de su comunidad.
Poco antes de la 1 de la tarde, los campesinos levantaron su plantón tras la protesta y pintas que realizaron a la sede del Ayuntamiento integrantes del Frente Amplio de Sociedad Igualteca y Organizaciones Sociales (Fasios) y evitar que se les relacionara con esa acción.
Cerca del lugar se observaron policías federales armados y municipales, pero éstos sólo se mantuvieron como observadores.