Abel Salgado

El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso, Ricardo Mejía Berdeja, explicó que la policía fuerza ciudadana que se propuso el miércoles en el Congreso busca reestructurar a la policía estatal, para que bajo esta nueva figura disminuyan los índices delictivos.
En conferencia de prensa en el restaurante Sanborns centro, reiteró el llamado a sus compañeros que quiten el freno legislativo del fuero.
Mejía Berdeja retomó la iniciativa de ley presentada el jueves por su fracción, en la que se plantea la sustitución de la Policía Estatal por un cuerpo de seguridad llamado Fuerza Ciudadana, como inició en Nuevo León desde 2011 con Fuerza Civil.
Detalló que sería conformada por policías estatales certificados, “la nueva policía que estamos proponiendo, sería de un régimen de organización más rígido, para generar una verdadera carrera policial”.
El diputado local por MC también opinó que se debe desarmar a las policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), porque no deben existir grupos que tengan armamento prohibido “que no tienen ningún control, que invaden territorio”.
Indicó que a la par de la Fuerza Ciudadana, se regularizarían las policías comunitarias, pero que deriven de un sistema de usos y costumbres.
Llamó a sus compañeros a que ante el inicio del año político electoral, en septiembre, se desahogue el rezago legislativo “ayer (jueves) hicimos un llamado a quitarle el freno al Congreso”. Sostuvo que MC ha presentado 20 iniciativas de ley, de las cuales se han dictaminado tres.
Recordó que la eliminación del fuero o inmunidad constitucional sigue vigente en Guerrero, cuando en estados como Quintana Roo es el undécimo que su Congreso quitó el fuero. Criticó que a casi un año de presentarse la iniciativa para retirar el privilegio a los diputados de Guerrero, ésta sigue congelada, lo que exhibe falta de voluntad política y la necesidad de mantener lo que califica una “patente de impunidad”.
Del exhorto del Congreso al alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre para que mejore el manejo del presupuesto, dijo que no se puede interpretar como señalamientos políticos cuando hay aspectos técnicos que anualmente se muestran. Recordó que en la administración de Luis Walton, el municipio estaba en el tercer lugar de aprovechamiento, “hoy desgraciadamente desde que está Evodio, ha venido como en un tobogán que está cada vez más peor”.

Un sobrino del presidente municipal de Chilapa, Jesús Parra García, fue ejecutado a balazos en el barrio del Dulce en esa cabecera municipal.
Con este hecho en lo que va del año suman 109 ejecuciones en Chilapa que presuntamente están relacionadas con el crimen organizado, según un recuento de la información publicada en El Sur.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron que a las 2:14 de la tarde recibieron un reporte de que había un hombre herido de bala en este asentamiento.
La Policía Estatal informó que el joven Arturo de 24 años caminaba por la calle Oriente y 12 Norte en dicho barrio y fue atacado a balazos.
El hombre quedó herido y fue trasladado por sus familiares al hospital general de Chilapa y después murió.
El cuerpo del joven fue trasladado por sus familiares a su casa para después ser sepultado.
El miércoles un joven de unos 20 años fue ejecutado en el barrio Santa Gertrudis cerca de la iglesia El Calvario en la cabecera municipal de Chilapa.
El lunes, el cuerpo de un hombre de unos 40  años con huellas de tortura y asesinado a balazos fue encontrado en la orilla de la carretera federal Chilapa–Tlapa en las inmediaciones de la comunidad de Lamazintla del municipio de Chilapa.

Matan a balazos a dos hombres en una huerta en Aguas Blancas, Coyuca de Benítez

Un militar retirado y un campesino fueron asesinados a balazos en una huerta de nanches en la comunidad de Aguas Blancas del municipio de Coyuca de Benítez.
Con este hecho suman 27 ejecuciones presuntamente relacionadas con la delincuenca organizada, según un recuetnto de El Sur.
Por medio de una llamada los policías del estado fueron alertados del doble crimen que ocurrió después de las 7 de la mañana en una huerta rumbo a la zona serrana.
Los agentes informaron que encontraron a varias personas que bajaron a los dos hombres muertos de una camioneta Dodge azul en la calle principal de la colonia Las Casitas.
Testigos del crimen dijeron a la Policía Ministerial que hombres armados atacaron a balazos a dos campesinos mientras trabajaban.
Peritos de la fiscalía regional de Acapulco y policías ministeriales de Coyuca de Benítez hicieron las diligencias.
Uno de los hombres se llamó Bernardo de 44 años quien fue militar y el otro era Guadalupe de 40 años, los dos tenían los mismos apellidos y eran primos hermanos.

Miembros del Frente Amplio de la Sociedad Igualteca y Organizaciones Sociales (FASIOS) protestaron y pintaron la fachada del Palacio Municipal, para demandar justicia para su compañero Eleazar Vargas Lara, asesinado a balazos el 5 de junio.
Antes del mediodía se había convocado a una marcha para demandar paz y justicia en el municipio ante los recientes hechos de violencia, pero fue cancelada y una decena de activistas, entre ellos el buscador de fosas clandestinas y fundador del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Mario Vergara Hernández, se trasladaron en vehículo al Ayuntamiento donde había una protesta de campesinos que demandan fertilizante.
El también dirigente de comerciantes ambulantes Jorge Popoca Salgado hizo pintas con aerosol negro en la fachada del edificio, del lado de la avenida Bandera Nacional y en el auditorio en las que pintó una cruz negra, abajo el nombre de su compañero asesinado, y al rededor señalamientos como “Mata líderes”, “Herón asesino” y “Fuera Herón”, en referencia al alcalde priista Herón Delgado Castañeda.
Después de hacer las pintas en menos de cinco minutos y en presencia de policías federales y municipales, los manifestantes se retiraron sin dar declaraciones.
Después personal del Ayuntamiento intentó tapar las pintas con algunas lonas lo cual ya no hicieron, y después se estaba llamando a personal de otras áreas para borrar los escritos y pintar nuevamente la fachada del edificio.
La acción de protesta que coincidió con otra hecha por campesinos de la comunidad de Tepochica que demandan la entrega de 72.5 toneladas de fertilizante, se dio de forma paralela al acto inaugural de la segunda edición de la Feria Regional del Queso y el Mezcal en el Zócalo de la ciudad, a una cuadra del palacio, y donde el alcalde afirmaba en su discurso que ese tipo de actividades es muestra de que en el municipio se puede transitar con paz y caminar “sin ningún problema” ya sea en el día, la tarde o la noche.
Apenas el 7 de junio, dos días después del asesinato de Eleazar Vargas, ocho miembros del FASIOS, entre ellos Jorge Popoca Salgado, solicitaron medidas cautelares en la delegación regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) porque temen por su vida, su integridad psicológica y física ante posibles represalias de autoridades, principalmente del municipio de Iguala.

El comandante de la 35 Zona Militar, José Francisco Terán Valle reconoció que para mejorar la atención de seguridad en la capital del estado ante el incremento de hechos delictivos se requiere más apoyo de la Policía Municipal.
Dijo que la violencia que se registra en la capital se debe al enfrentamiento entre dos grupos del crimen organizado que son Los Rojos y “los Serreños” quienes actúan y se enfrentan sólo “para llamar la atención”.
A pregunta expresa sobre si la falta de agentes municipales disminuye la eficacia de los operativos respondió que sí pero a pesar de ello se esfuerzan para atender las zonas identificadas como de alto peligro.
Consultado durante el concierto de la Sinfónica de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en celebración del centenario de la promulgación de la Constitución, Terán Valle informó que el Ejército tiene identificadas seis colonias como foco rojos en la capital, dos de ellas son la PRD y Álamos así como la zona del mercado central Baltazar R Leyva Mancilla.
Sin más detalles sobre las otras colonias en conflictos, el jefe militar comentó que las dependencias de seguridad tienen el objetivo de disminuir los índices delictivos.
“Estamos en coordinación trabajando con la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE), y lo que aquí estamos buscando es incrementar los participantes, la Policía Municipal es poca”, señaló.
Aseguró que en el caso de Chilpancingo prácticamente la Policía Estatal es la que se encarga de la seguridad.
Agregó que los ejecutados que se encuentran casi a diario o que se registran en ciertas zonas como el mercado central se dan por que los grupos del crimen organizado están “eliminando” a los halcones, vendedores de drogas y a los dueños de bares relacionados con los grupos.
Al insistirle sobre qué más se necesita para mejorar la seguridad en la capital y si se haría un llamado para reforzar la zona el comandante dijo que la situación no está tan violenta e inclusive dijo que el día que se informó sobre las 13 balaceras “no pasaron, fue sólo un carro”, y dio por concluida la consulta.

Un joven maestro de primaria fue asesinado a balazos la noche del jueves en la comunidad El Bálsamo en la sierra de Zihuatanejo.
Fuentes policiacas informaron que la noche del jueves recibieron un reporte que habían asesinado a balazos a un hombre adentro de una casa.
La Policía Estatal informó que hombres armados entraron a la casa de un maestro lo asesinaron.
El hombre llamaba Emiliano y tenía 23 años y su cuerpo fue trasladado a una funeraria de Zihuatanejo para la necropsia de ley. (Luis Blancas / Chilpancingo).

Una Comisión de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, el Frente Popular de Tlapa y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), terminaron la redacción de su propuesta conjunta de reformas al artículo 14 Constitucional.
En el artículo 14 se delimita el sistema de justicia comunitario que aplican los pueblos y comunidades indígenas, con el del sistema de justicia tradicional.
A esta reunión llegó circunstancialmente una comisión de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ) miembros de la comisión de asuntos indígenas encabezados por la magistrada Adela Román Ocampo y Julio Lorenzo Jáuregui, con el presidente municipal de San Luis Acatlán, Javier Vázquez García, quienes pidieron conocer cómo funciona el sistema de justicia comunitario de la CRAC.
La reunión de ayer fue continuación de las del viernes y sábado de la semana pasada en la casa matriz, como parte de los acuerdos que tuvieron el 5 de junio con el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso local, el diputado perredista Ociel García Trujillo, con el vocal de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la fracción de MC, Ricardo Mejía Berdeja y con la diputada de Morena María de Jesús Cisneros, con quienes acordaron elaborar una sola propuesta de reformas al artículo 14 para que sea presentada al Congreso loca.
Consultado vía telefónica el consejero y ex coordinador de la CRAC, Pablo Guzmán Hernández informó que en la reunión con los diputados dejaron su propuesta y que la idea fue elaborar una sola, conjuntando la que ya tenía el Consejo de Comunidades de la Montaña y la propuesta que elaboró la comisión de la CRAC en la que participan todas las casas de justicia.
Los trabajos para la elaboración del documento comenzaron el viernes y sábado con la asesoría de expertos y del área jurídica de Tlachinollan, por lo que la de ayer sólo fue continuación de la que comenzó la semana pasada.
Guzmán Hernández informó que en la reunión de ayer se elaboró una sola propuesta tomando en cuenta la del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña y la de la CRAC, para que esta conjunción de las dos propuestas sea presentada a finales o a mediados de la próxima semana cuando se volverán a reunir con los diputados de los partidos del MC, Morena y PRD, informó Guzmán.
Por su parte, el asesor de la CRAC, Valentín Hernández Chapa dijo que desde hace 8 días estuvieron revisando lo que dice la Constitución del estado y la Constitución federal, así como los tratados internacionales y las diferentes propuestas de iniciativas de reformas que presentaron los partidos y el Ejecutivo “para construir una propuesta que sea la más relevante de todas, y que sea para beneficio e interés de los pueblos indígenas”.
Explicó que además tienen prevista una reunión con expertos en el tema y que cuando esté revisado el planteamiento tendrán una nueva reunión con los diputados para revisar de manera conjunta la propuesta, con el objetivo de que sea la única que se lleve al Congreso.
Anunció que después tendrán que avanzar en cuanto a las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero que es la ley reglamentaria del artículo 14 Constitucional.
“Nosotros vemos que cuando menos en declaraciones los diputados están en una buena disposición de realizar una labor legislativa, y el acuerdo es que no deben avanzar sin tomar en cuenta las propuestas de los pueblos y sus organizaciones”, dijo Hernández Chapa.
Por separado Pablo Hernández informó que circunstancialmente llegó a la casa matriz de la CRAC, en donde se encontraban reunidos, una comisión de magistrados, miembros de la comisión de Asuntos Indígenas encabezados por la magistrada Adela Román Ocampo y Julio Lorenzo Jáuregui, quienes a invitación del alcalde Vázquez García asistieron al encuentro.
Dijo que los magistrados pidieron conocer cómo funciona el sistema de justicia comunitario que imparte la CRAC y que estuvieron de acuerdo en que debe de haber coordinación entre las instituciones comunitarias y el sistema de justicia tradicional, para evitar la invasión de competencias y confrontaciones como la ocurrida en mayo del 2013 cuando funcionarios del sistema judicial fueron retenidos por policías comunitarios en San Luis Acatlán.

La única opción para la seguridad de los pueblos es que ellos mismo se organicen, considera Sabás Aburto

El vocero de la CRAC, Sabás Aburto Espinobarros estimó que las condiciones políticas (las próximas elecciones de 2018), pueden generar una coyuntura para avanzar en el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, no obstante que no es una institución corporativa, tiene claros objetivos y en su reglamento interno prohíbe la participación política partidista de sus integrantes activos. Además que las relaciones internas están en un buen momento, sin conflictos de grupo.
No descartó que en este proceso los acusen, por un lado de oficiales por tener acercamientos con el gobernador Héctor Astudillo, el fiscal Javier Olea Peláez, el PRI, el PAN, y por otro lado otros dirán que están alineados con la izquierda.
Subrayó que el Sistema comunitario está con los pueblos, sin más etiquetas, y su prioridad en este momento es la reforma constitucional y luego trabajar una ley reglamentaria.
Ahora que predominan los hechos de violencia, cuestionó que otros pueblos aún esperan los gobiernos les den una solución al problema, “se ve difícil saber hasta cuándo se va a dar”.
Ratificó que la única opción para la seguridad de los pueblos originarios es que ellos mismo se organicen y se defiendan, que ningún político de cualquier nivel de gobierno vinculados con criminales, “vengan a pohíbir que los pueblos no se organicen, ni se defienden”.

La mañana de ayer una narcomanta fue hallada en la capital y otra en la cabecera municipal de Eduardo Neri (Zumpango).
Fuentes policiacas informaron que a las 7 de la mañana recibieron un reporte que en el puente peatonal de la colonia del PRI cerca de la 35 Zona Militar en la capital estaba una manta y la otra la dejaron en una tienda de abarrotes en la cabecera municipal de Zumpango.
La manta blanca con letras azules y rojas decía “A la sociedad en general a los medios de comunicación directamente al Vocero del gobernador Roberto Alvarez Heredia, le pedimos a las autoridades competentes investigar a fondo este caso de las cinco personas detenidas el pasado martes 13 de junio y que el vocero el día 14 de junio informo a su propia manera conveniencia que 3 personas pertenecen al Cartel del Sur lo cual es totalmente falso ya que estas personas estaban secuestradas por los rojos o jefes y las dos mujeres son los que les daban de comer por eso agan una investigación a fondo”.
Continúa, “Mira bien Roberto Alvarez Heredia antes de que abras tu hocico sustenta bien los comunicados a su trabajo y deja de andar adivinando no hagas lo que tu papá Zenén Nava dice por que luego se ve que quiere repartir el pastel y tú sabes de quien es el cumpleaños, esas tres personas estaban secuestradas no forman parte de nuestras filas son gente inocente esto lo que tus jefes andan haciendo”.
La policía estatal retiró las dos narcomantas y fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para hacer las investigaciones.
El jueves, familiares de los tres detenidos que presuntamente están involucrados con el grupo delincuencial Cartel del Sur denunciaron que los tres hombres fueron secuestrados el domingo por civiles armados en la colonia Lomas del Poniente y las autoridades los acusan de manera arbitraria de ser integrantes del crimen organizado.
El miércoles en un boletín de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal se informó que tres hombres y dos mujeres que fueron encontrados en una casa en la colonia Lomas de San Mateo, a dos cuadras del viejo libramiento a Tixtla al oriente de la capital, pertenecen al grupo criminal Los Rojos y del Cartel del Sur y fueron puestos a disposición a la Procuraduría General de la República (PGR) que hará las investigaciones para deslindar responsabilidades. (Luis Blancas / Chilpancingo).

Jacob Morales Antonio

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García informó que se presentó un escrito al juez de Tlapa donde Arturo Campos Herrera se opone a los nueve careos restantes de quienes lo acusan de secuestro porque éstos no se han presentado en tres audiencias, no hay un señalamiento directo y no son localizables.
El abogado dijo que a petición del consejero regional de la Casa de Justicia de El Paraíso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Campos Herrera, se presentó la solicitud al juez de Tlapa donde se explica el porqué de la oposición a que se hagan las diligencias de desahogo de pruebas y careo.
Por teléfono Téliz García indicó que ninguno de los 43 supuestos secuestrados han señalado de manera directa a Campos Herrera por el delito de secuestro que se sigue en la causa penal 196/2013.
Dijo que de las nueve personas que faltan por carearse con el preso tres no han acudido al juzgado de Tlapa, uno más al de Ayutla y el resto no son localizables, situación que está ralentizando el proceso.
Expresó que “ya son tres veces que se han citando a estas personas que no han acudido y ante esto se interpuso el escrito. La exigencia de Arturo Campos es que el acuerdo sea favorable”. Dijo que posiblemente el miércoles próximo el juez tenga un resultado del escrito y que éste sea favorable.
Este jueves Campos Herrera se careó en la cárcel de Ayutla con los señores Elvis Lozano Hernández y Martín Venancio Bernabé quienes manifestaron que no fue él quien los detuvo, sino los policías comunitarios que portaban playeras verdes y gorras con las letras de la organización. Mientras el señor Antonio Narciso Cruz no acudió al careo.

El presidente del Sistema-Producto Agave Mezcal y miembro del Consejo Estatal del Mezcal (Cmezcal), Rubén Velazco reconoció que los productores de municipios de la región Norte están expuestos a la violencia y la inseguridad.
Ayer al participar en la segunda edición de la Feria del Queso y el Mezcal, organizado por el gobierno municipal de Iguala en el Zócalo de la ciudad, el productor dijo que, “lamentablemente es algo que no está en nuestras manos, es una situación complicada y difícil a la que todos nosotros estamos expuestos”.
Por su parte, también sobre inseguridad y la violencia que se da en municipios de la zona Norte, el representante de la Mezcalería Apetlanca, asentada en esa comunidad del municipio de Cuetzala del Progreso, Fidel Miranda Román reconoció que “el medio rural sí está violento”, y señaló que aunque no ha tenido ninguna agresión directamente contra integrantes de su familia, la situación sí limita el trabajo y la producción de mezcal, “porque hay dificultad para conseguir mano de obra para la gima del maguey, la gente no quiere salir al campo porque tiene miedo. No hemos sido violentados físicamente pero sí genera estrés, eso es innegable. Sólo trabajamos de día y no se transita por las noches en las carreteras”, explicó.
De acuerdo con organizadores, en la feria participaron unos 200 productores de los 16 municipios de la zona Norte.

Sólo cuatro, de 180 o 200 productores de la región cuentan con certificación, informan

Rubén Velazco Orihuela dio a conocer que, de unos 180 o 200 productores de mezcal en la zona Norte, sólo cuatro cuentan con certificación, y que de los más de 2 millones litros de mezcal que se producen en el estado al año, sólo 5 por ciento, unos 100 mil litros, están certificados.
En el recorrido de la feria se daban pruebas y venta de queso, mezcal, licores de café, coco y maracuyá, así como de otras bebidas preparadas con estos productos; ahí se vio la participación de exponentes de Iguala, Teloloapan, Buenavista, Cuetzala, Tepecoacuilco, Pilcaya, Taxco, Tetipac, Ixcateopan, Huitzuco, Atenango del Río y Apaxtla, entre otros.
El presidente del Sistema-Producto Agave Mezcal, Rubén Velazco declaró que en Guerrero se producen unos 2 millones de litro de mezcal al año, de los cuales sólo 100 mil se certifican y están en los mercados formales del estado y del país, y reconoció que falta mucho trabajo para llegar a los mercados internacionales.
Declaró que el Consejo estatal del Mezcal tiene más de 2 mil agremiados, aunque en la región Norte hay unos 180 o 200 productores, no todos están dentro del Consejo, y sólo cuatro empresas están certificadas, Mezcalería Apetlanca, El Platanal, Mezcal Guerrero y Al Centavo, y están en proceso de certificación tres más, Galafate, Joya de Don Chano y Región Mezcalera.
Mencionó que la certificación es un asunto de disciplina, ya que muchos de ellos no están acostumbrados a hacer los cortes que se deben hacer durante la producción del mezcal y seguir el procedimiento para llegar a la certificación, y por eso el costo del mezcal certificado es mayor.
Explicó que una producción artesanal de una tonelada de maguey delgado produce unos 120 litros de mezcal, y para los que tienen certificación ese rendimiento baja 30 por ciento, es decir, a unos 90 u 85 litros de mezcal certificado por los cortes que se hacen de los alcoholes nocivos, metanoles y acetonas, lo que no se hace en un sistema tradicional o artesanal.
Advirtió que el principal problema que se avecina para los productores de mezcal es la falta de materia prima, el agave, ya que los productores de mezcal “han ocupado de manera irracional el maguey que se encuentra de manera silvestre, y no se preocupa por su propagación, simplemente llega, cosecha y no deja ni una planta para semilla, lo que ha hecho que la población disminuya drásticamente”.
Dio a conocer que en la actualidad implementan viveros que producen más de 2 millones de plantas por año de las dos especies principales, el agave Cupriata, que es de la región del Balsas; y el agave Furtifolia, que es nativo de la zona Norte de Guerrero.
En Huitzuco, de donde es originario, dijo que la producción es variable, y hay años en los que no han tenido producción de mezcal por la falta de materia prima o porque no han podido pasar la certificación. Sin ahondar, dijo que sí hay apoyos del gobierno del estado, pero deben salir a buscarlos.
Fidel Miranda Román expresó que la producción de Mezcal es ahorita el “boom”, y que como productores se deben creer que pueden hacer más por el producto; todavía hay quienes lo siguen vendiendo en botellas de plástico y muy pocos están certificando su producto.
Dio a conocer que de los productores de mezcal que ayer participaron en la segunda edición de la feria del queso y del mezcal, sólo dos cuentan con un producto certificado por el Consejo Regulador del Mezcal y con la norma de denominación de origen que es la 070, ellos y Al Centavo.
Recoció que aunque hay productores que tienen buen mezcal, deja mucho que desear que vendan la bebida en botellas reciclables, porque no hay garantía de que esté limpio.
Habló que en el caso de esta mezcalería familiar, ubicada en la comunidad de Apetlanca, municipio de Cuetzala, tienen 62 mil plantas sembradas, con edades diferentes con cultivos desde 2008, por lo que estimó que tienen materia prima asegurada pues el agave madura a los 8, 10 y 12 años según la especie.
Dijo que ellos producen entre 4 mil y 4 mil 500 litros de mezcal al año, entre enero y mayo, con sólo un mercado local y regional.
Lamentó que mucha gente se deje llevar por los “colores”, y señaló el caso de quienes venden supuesto mezcal de coco, de maracuyá o de café, y dijo que ninguna de esas frutas produce mezcal, sino licores o esencias que muchas veces no tiene ni mezcal, sino alcohol de caña.

Piden productores de queso consumir
lácteos locales

Por separado, los productores de queso que no están organizados, y que ayer tuvieron mucha venta, sólo llamaron a la población a consumir productos locales y no los importados de otros estados, como Veracruz.
En el acto inaugural de esta segunda edición de la feria del queso y mezcal, estuvo el secretario de Fomento y Desarrollo Económico, Álvaro Burgos Barrera en representación del gobernador Héctor Astudillo Flores, el alcalde de Iguala Herón Delgado Castañeda y otros presidentes municipales de la zona Norte.

Beatriz García

Chilpancingo

El representante del área de Derechos Humanos de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Héctor Muñoz Guzmán denunció que el coordinador de la Policía Comunitaria en la Costa Chica quien fue expulsado de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Eliseo Villar, preso en la capital, sigue con dolores en las costillas por los golpes que le dieron cuando fue encarcelado, señaló que han pedido que lo manden a un hospital para revisarlo pero no se lo autorizan.
Del caso de la también coordinadora expulsada de la CRAC en la Costa Chica y presa también en Chilpancingo, Adelaida Hernández, expresó que tiene una hija dentro del penal y que en abril las sometieron a revisiones donde a ambas las desnudaron y que incluso a la menor le quitaron su pañal para revisarla, esto si se llega a evaluar podría ser un delito, sería un abuso sexual.
En enero Muñoz Guzmán también denunció la desatención médica que sufre Eliseo y que de esa fecha hasta ahora sólo le han hecho una revisión pero “manual”, sin aparatos y en la enfermería del penal y los dolores no le cesan.
Dijo que la semana pasada acudió al penal y habló con el director de quien no supo precisar el nombre y éste le dijo que comenzaría las gestiones para ver la forma de llevarlo a un hospital.
También denunció la situación que sufre Adelaida y su hija dentro del reclusorio, “tuvimos un problema serio ahí en el penal”, sostuvo.
Detalló que “supuestamente se iba a realizar una revisión en la celda en la que supuestamente ellas estaban y de eso se desprende una denuncia de hechos de Adelaida en la que ella señala que desnudaron a la pequeña en la revisión y a ella también, se les hizo de un modo digamos muy ortodoxo. Supuestamente es una revisión de seguridad por objetos prohibidos, con la finalidad de encontrar objetos prohibidos en las celdas”.
“Son irregularidades claras que ellos no quieren considerar… si se logra consolidar como un delito es abuso sexual de un menor y es muy grave, es un asunto muy delicado, porque no tenían por qué hacer una revisión de ese modo es una niña, no existe ninguna justificación jurídica para retirarle el pañal a una pequeña en un centro penitenciario”, subrayó.
—¿Hubo alguna situación que detonó esa revisión?
—No, eso es lo que yo cuestioné al director del penal.
Abundó que le dijo que “si tenía un rol que me pudiera mostrar que se hagan esas revisiones de celdas y (el director del penal) me dijo que no, que es una cuestión al azar supuestamente por la naturaleza de la situación, me llamó la atención que supuestamente iba a ser en todo el piso donde ellas se encuentran y al final no se realizó más que en la celda de enfrente y en la celda de ella”.
Sostuvo que hay un informe del reclusorio donde expone que sí se hicieron estas revisiones pero no se detalla más.
Señaló que según el director todo se hizo conforme a derecho, que no había ningún problema y que no debieron hacer la denuncia porque la revisión fue por seguridad.
Héctor Muñoz indicó que ya se ha vuelto una constante en el tipo de trato que se les da tanto a Eliseo Villar como a Adelaida Hernández, tanto por el asunto de la salud del primero y en el caso de ella con los pedidos que tiene que hacer a la farmacia.
Adelaida le comentó que tiene problemas con los pañales de su niña pues los pedidos que hace no pueden ingresar al penal y desconoce el motivo, entonces tiene que comprarlos en la tienda del reclusorio pero son más caros, entre 8 pesos o 10 pesos más.
El director del penal le aseguró a Muñoz Guzmán que esas situaciones que menciona Adelaida no pasan dentro y que todo está bien. Entonces él le respondió que por qué Eliseo no ha sido trasladado a un hospital y el director le dijo que haría las gestiones para que fuera.