A propuesta del diputado priista Samuel Reséndiz Peñaloza, el pleno del poder Legislativo aprobó por mayoría de votos un exhorto al presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, para que mejore la operación del presupuesto, en atención a los resultados del sistema de evaluación del desempeño, porque sus niveles de avance están a la baja, “para que el gobierno de Evodio deje de caminar como cangrejo hacia atrás”, dijo en tribuna.
Recordó que en el artículo 134 de la Constitución general de la República se estipula que los recursos económicos deben ser administrados, “con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.
Dijo en tribuna que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió, el 28 de abril de 2017, el documento “relativo al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”, en el que se expresa, entre otras cosas, que esa secretaría en coordinación con los 32 estados y una muestra de 62 municipios y dos demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, realizó el diagnóstico.
Sin embargo, el documento no se encontró en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero sí el de 2016.
Según lo leído por el diputado priista en tribuna, el diagnóstico permite conocer el nivel de capacidades “en los ámbitos clave de la gestión del gasto y del estado en el que se encuentra la implantación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en los gobiernos locales.
Uno de los 62 municipios seleccionados para la elaboración del diagnóstico fue Acapulco y en el estudio se valoró si esa ciudad tiene las bases normativas, estructuras institucionales, condiciones técnicas y de procedimientos para la correcta operación del PBR-SED, así como si cuenta con los fundamentos necesarios “para impulsar una gestión eficiente, transparente y orientada a resultados”.
El priista acusó al gobierno municipal de Acapulco de que en éste, como en “otros tantos rubros de la actividad municipal, Acapulco resultó reprobado, el Ayuntamiento de Acapulco camina de reversa como los cangrejos”.
Mencionó algunos de los indicadores “que nos preocupan y documentan nuestro desaliento”, como que de acuerdo con lo leído por el diputado priista, en el Índice General de Avance en el PBR-SED, en una escala de avance que va de Alto, Medio Alto, Medio Bajo a Bajo, Acapulco se ubica en rango Bajo, con un índice menor al 50 por ciento, para municipios de mayor población.
También Acapulco, en el avance alcanzado por los municipios en la implantación y operación del PBR-SED, presenta, en la sección de transparencia, solo un 43.5 de porcentaje, por lo que la SHCP le recomienda fortalecer su marco normativo, así como “los mecanismos de implementación en materia de transparencia, rendición de cuentas, armonización y uso del lenguaje ciudadano”.
Samuel Reséndiz dijo que en la sección de PBR-SED, Acapulco es la segunda ciudad con menor porcentaje de avance, por lo que requiere de implementar acciones para el adecuado control, seguimiento, presupuestación y evaluación del gasto público.
Mientras que en la categoría de evaluación, de los 62 municipios sometidos a la muestra, Acapulco es el que menor porcentaje de avance presenta, solo 3.4 por ciento, por lo que precisa fortalecer los mecanismos para atender las tareas de evaluación del desempeño de los programas, para cumplir adecuadamente los objetivos estratégicos de gobierno.
“Por medios de comunicación escritos y digitales”, Acapulco de Juárez por primera vez en los últimos cuatro años, aparece en rojo, nivel bajo, en el PBR, al retroceder 30 puntos en comparación con 2015, ubicándose en el 11 sitio luego de estar en el tercero en 2014.
El exhorto fue aprobado como de urgente y obvia resolución, votado a favor por los diputados del PRI, PVEM, MC y el PAN, en contra sólo votó el PRD y la diputada de Morena se abstuvo.
El punto de acuerdo fue un exhorto al presidente municipal de Acapulco para que “instrumente las acciones que sean necesarias para mejorar los procesos vinculados a la operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño”, debido a que sus niveles de avance han venido a la baja, “y atienda las recomendaciones que al respecto le ha formulado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre las evaluaciones de los años 2016 y 2017”.

La fracción de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso local presentó una iniciativa para crear la policía fuerza ciudadana, que sería desconcentrada de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para evitar que grupos de civiles armados “no regulados” cometan matanzas.
En tribuna, el coordinador de los diputados de MC, Ricardo Mejía Berdeja, dijo que lo que pretenden con la iniciativa es fortalecer las instituciones de seguridad y al mismo tiempo también “poner un alto a aquellos grupos que al no haber un marco jurídico adecuado se están extralimitando en sus funciones y cometiendo barbaridades y atrocidades”.
A nombre de la fracción de MC repudió “la matanza cobarde, ruin, artera, que hubo en San Pedro Cacahuatepec en Acapulco, hace unos días, donde fueron masacrados cobardemente siete integrantes de una familia, entre ellos tres mujeres, dos menores y un bebé de cuatro meses, que a consecuencia de los hechos perdió la vida”.
Dijo que al no existir regulación para los grupos que no son formalmente policías comunitarios, “porque las únicas policías comunitarias son las de la Ley 701, que son las de la CRAC, si bien no hay esta regulación, ello no puede ser el pretexto para que haya grupos que asesinan, que sienten que tienen una patente de corso para involucrarse en territorios que les son ajenos, para perpetrar este tipo de asesinatos y matanzas que no pueden seguir”.
Aprovechó para hacer un llamado al fiscal del estado, Javier Olea Peláez, para que “no le tiemble la mano y aplique la ley, no puede estar mandando citatorios de cortesía para ver si quieren acudir quienes pudieron perpetrar esta masacre, tiene que aplicar la ley y perseguir a los delincuentes y en ese sentido ni las instituciones del estado ni el gobierno pueden ceder a caprichos de grupos que quieren hacer de la ley la ley de la selva”.
Mejía Berdeja argumentó que la propuesta de nueva la policía “está diseñada bajo las políticas y directrices de las Naciones Unidas, partiendo de la base de que sería un órgano administrativo desconcentrado de la SSP que tendría entre otros objetivos brindar un servicio público de calidad a la ciudadanía y salvaguardar con inteligencia y profesionalismo la integridad, seguridad y el libre ejercicio de los derechos de las personas”.
La iniciativa también podría detener en flagrancia a los delincuentes, como parte de la tarea de prevención del delito y la investigación para hacer efectiva esta prevención.
También podrán integrar la comisión de delitos, “bajo la conducción y mando del Ministerio Público en términos de las disposiciones aplicadas, colaborar como partícipe en el sistema nacional y estatal de seguridad pública, con las diversas instituciones de seguridad pública, tanto federal como municipal”.
Mejía Berdeja dijo en tribuna que “sin dejar de lado la profesionalización y capacitación de los miembros de esta fuerza ciudadana, se establece en este ordenamiento la carrera policial con carácter de obligatorio y permanente, conforme el cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de planeación, ingreso, profesionalización, permanencia y promoción”.
Pero también el procedimiento de separación y terminación de la carrera policial de los integrantes de esta corporación.
En la iniciativa se establece el reconocimiento de los actos sobresalientes de los miembros de la fuerza ciudadana, en los que se recompense aquella actuación policial de carácter extraordinario que pongan de manifiesto la lealtad y honestidad, entrega valor, heroísmo, profesionalismo, espíritu humano, solidaridad social así como aquellas que hagan una destacada actuación de los miembros de esta corporación en beneficio de la comunidad.

La sesión

Hubo una primera sesión solo de instalación del tercer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 61 legislatura.
En la segunda sesión se informó al pleno que llegó al Congreso local un oficio del gobernador Héctor Astudillo Flores en el que les envía la propuesta para nombramiento de Luis Camacho Mancilla como comisionado estatal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
Camacho Mancilla fue secretario ejecutivo de la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia Pernal.
La designación de los nuevos integrantes de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas se realiza a partir e la aprobación de la Ley 450 de Víctimas, que entró en vigencia el 12 de mayo pasado cuando los diputados locales aprobaron dicha disposición legal.
En la nueva ley se establece que hasta ese día presidía José Luis Gallegos y tenía como consejeros a Javier Morlet Macho y María Elena Jaimes Martínez, pero la comisión quedó sin efecto al entrar en vigencia la nueva ley.
También se aprobó a propuesta de los diputados de MC un exhortó al Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite a los tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito que apliquen correctamente lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando la víctima e imputado sean personas indígenas.
La iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para que queden definidas las instancias gubernamentales federal, estatal y municipal ante las cuales realizarán gestión los diputados, propuesta por la diputada Maluisa Vargas Mejía, se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
Se presentó una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, enviada por el Ejecutivo Estatal y se turnó a la Comisión de Justicia.
El diputado panista Iván Pachuca Domínguez se pronunció porque la Secretaría del Trabajo del estado implemente acciones para lograr que los 121 mil niños guerrerenses que trabajan tengan mejores oportunidades educativas.

 

 

El presidente del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho del estado de Guerrero (Coliposdeg), Hugo Hernández Martínez, consideró que las policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) se han extralimitado de la Ley 701.
En declaraciones vía telefónica, manifestó que la permisividad del gobierno podría interpretarse como que es un grupo político promovido por el gobierno del estado, porque hay una omisión del gobierno para dejarlos crecer y no poder controlarlos.
Recordó que en 1995, cuando nacieron las policías comunitarias, éstas iniciaron por la inseguridad en las zonas donde vivían, como una autodefensa. A 22 años de eso, afirmó que la UPOEG ha desvirtuado a la Ley 701, “porque te marca claramente que van a ser las comunidades indígenas las policías comunitarias”.
El especialista consideró que podría repetirse el escenario de Michoacán, donde los grupos de autodefensa fueron infiltrados por la delincuencia organizada.
Indicó que la seguridad pública debe ser garantizada por el Estado, sea estatal o municipal, “son los principales obligados a brindarla, si ellos brindaran la seguridad correspondiente en sus territorios no habría motivo para crear policías comunitarias”.
Criticó que el gobierno estatal es permisivo con la UPOEG, para que siga extendiéndose, justificando con la seguridad de los pueblos “en algunos casos extralimitados, como lo marca la ley 701”.
Ante las declaraciones del gobernador, de estar a favor del desarme a la UPOEG después del multihomicidio en San Pedro Cacahuatepec, criticó que en contraste, el presidente del PRI estatal llamó organizar a las policías ciudadanas de la UPOEG y capacitarlas, donde exhibe que no hay control del gobierno del estado para garantizar la seguridad, “no puedes ver esos dos discursos totalmente contradictorios”.
Planteó que el desarme se debe atender desde varios ángulos, porque las comunidades donde hay inseguridad volverían a estar a merced de la delincuencia, “en este momento el desarme ayudaría a liberar el clamor de la sociedad, pero en las comunidades donde están establecidas sería entregarlos al crimen organizado”.
Afirmó que por el crecimiento de la UPOEG de zonas indígenas a franjas suburbanas, como Acapulco, se puede interpretar que “es un grupo a servicio del gobierno para calmar o medio controlar el asunto”.
Reiteró que es el Estado el que debe garantizar la seguridad, de lo contrario sería terreno fértil para las autodefensas y llegar a niveles como en Michoacán.
Llamó también al Congreso a legislar porque hay corresponsabilidad también en el Poder Legislativo.

 

La académica e integrante de la Alianza Feminista, Liduvina Gallardo Suástegui, insistió al gobierno del estado sobre la urgencia de la declaratoria de alerta por violencia de género en el estado, porque los asesinatos se han incrementado en un 100 por ciento respecto al 2016 en todo el estado.
En declaraciones después de una reunión con diputadas, la feminista consideró que la paz en el estado debe de iniciar con el reconocimiento de la violencia de género.
Del número de asesinatos en el año dijo desconocer la estadística exacta, porque es una cifra que diariamente cambia, sin embargo dijo que quien debe de tener los datos de los feminicidios es la Fiscalía General del Estado (FGE).
Acusó a la FGE de no querer reconocer los casos en el estado, porque eso significaría reconocer y asumir su responsabilidad.
Del porcentaje que hay de incremento de los casos de feminicidios en 2016, comparado con 2017, dijo que este año la cifra se está duplicando, “va aumentando el 100 por ciento, porque ocurren día a día y en todas las regiones del estado” y ya no es sólo un problema de los ocho municipios señalados como los más violentos.
Lamentó las declaraciones de la secretaria de la Mujer, Rosa Inés de la O García, que hizo a un medio capitalino, en el sentido de que los homicidios de los hombres han incrementado más que los de las mujeres.
Liduvina Gallardo dijo que lo dicho por la funcionaria responde al interés del Estado a no visibilizar a las mujeres y su importancia en la sociedad, le recordó que “a los hombres los matan los hombres y a las mujeres, las matan los hombres también”.

La reunión

Comentó que la reunión con la Comisión para la Igualdad de Género, fue para socializar con la comisión los acuerdos obtenidos a partir de un foro que realizaron con motivo del día internacional por la salud de las mujeres, que se realizó el 25 de mayo en el Congreso.
Acudieron al Poder Legislativo a informar los 13 puntos del pronunciamiento a las diputadas que no asistieron a foro,
Pidieron elaborar una ruta para atender cada uno de los puntos, todos relacionados con la salud de las mujeres, que dijo van enlazados con otros problemas como la violencia y embarazos tempranos o no deseados.
Liduvina Gallardo comentó que muchas de sus propuestas para la ejecución necesitan la asignación de recursos y modificaciones legislativas, la reunión fue breve y acordaron convocar una mesa interinstitucional para que estén las dependencias y poderes involucrados.
A la próxima reunión convocarán a las secretarías de Educación, de Salud, de la Mujer y la de Finanzas y Administración, “para que al rato no nos digan que no hay dinero para implementar las acciones”.
La reunión interinstitucional será la primera semana de julio, posiblemente en el Congreso local.
En la reunión estuvo la diputada Yuridia Melchor Sánchez, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, también estuvo la diputada Maluisa Vargas Mejía.

 
La locutora de Radio y Televisión de Guerrero (RTG) en Ometepec, Marcela de Jesús Natalia, fue trasladada a la Ciudad de México para continuar con su recuperación, allá se espera que se haga la cirugía reconstructiva en su rostro, informó su esposo Mario Martínez Bautista.
Martínez Bautista indicó que no ha tenido información de la detención del supuesto agresor de su esposa, lo que confirmó el miércoles el gobernador Héctor Astudillo Flores. Tampoco la han vuelto a visitar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Marcela de Jesús fue agredida el 3 de junio, cuando salía de las instalaciones de RTG, al terminar el turno que tenía de lunes a sábado de 5 a 9 de la mañana. Fue trasladada ese mismo día, el de su cumpleaños, a Acapulco para su atención médica e ingresó primero al Hospital General de la Secretaría de Salud (SSA), donde estuvo hasta que le quitaron el respirador mecánico y después la trasladaron al Hospital General Regional Vicente Guerrero, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por petición de su esposo.
Vía telefónica, su esposo Mario Martínez informó que nuevamente, por petición de él, Marcela de Jesús fue trasladada a la Ciudad de México para continuar con su recuperación y las cirugías que le tienen que hacer. “Le van a limpiar lo que tiene afectado y después se verá lo de la reconstrucción”, dijo.
El esposo de Marcela de Jesús explicó que él solicitó el traslado de su esposa, para tener una segunda opinión de la condición en la que se encuentra la locutora después de los dos disparos que recibió, uno de ellos en el rostro. Los médicos autorizaron el traslado, según dijo Mario Martínez le dijeron que tiene buenas condiciones respiratorias y la infección pulmonar que tenía ya disminuyó.
Indicó que también el traslado es por seguridad, porque “no quiero ninguna sorpresa”.
Indicó que las autoridades de la Fiscalía General del Estado no se ha comunicado con él desde el día de la agresión. Enfatizó que por redes sociales se dio cuenta que detuvieron al supuesto agresor de su esposa, pero las autoridades no les han informado ni se han comunicado con él.
Agregó que el traslado se hizo con resguardo de la policía estatal, e indicó que tampoco han vuelto a visitar a Marcela de Jesús de parte de la CNDH.

En la sesión ordinaria para validar los resultados de la elección de Ayutla, el representante del PRD, Nicanor Adame Serrano, amenazó varias veces con pedir la remoción de la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Marisela Reyes Reyes, por inclinarse en favor de uno de los dos modelos para elegir el próximo gobierno municipal que se sometió a votación el sábado y domingo pasado.
El representante insistió en que se cometieron irregularidades y que Reyes Reyes favoreció a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que fomentó, con otros actores locales, el modelo A de representantes, contra el modelo B de planillas.
Antes de concluir la sesión, la presidenta del organismo llamó a Nicanor Adame a no particularizar más sobre su persona y conducirse por los cauces legales, de lo contrario “sospecharía que tiene una intención particular”.
En el mismo tema, el consejero Arturo Sánchez Miranda señaló que la insistencia hacia una persona podría interpretarse como violencia de género, y en respuesta, el representante de Morena lo conminó a ser cuidadoso con el lenguaje.
Sobre la consulta, PAN, PRD y Morena declararon que no tienen intención de impugnar el resultado de la consulta que ayer se validó por el pleno: 7 mil 223 votos para el modelo A de representantes, 5 mil 971 votos para el modelo B de planillas, 371 abstenciones y 107 votos nulos, que suman 13 mil 626 votantes en la consulta.
El representante del PRI dijo que “será la voluntad de algún representante de partido político o ciudadanos si deciden recurrir el acuerdo que hoy se está votando. La política es útil para dirimir controversias”.
A la sesión llegaron promotores de la UPOEG, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y representantes de los pueblos de Ayutla afines al modelo A, y el político les deseo “el mejor de los éxitos” pero, si no funciona “también pueden reconvenir en asambleas el sistema de partidos”.
El representante del PAN, Carlos Millán, se declaró respetuoso de los pobladores de Ayutla, y adelantó que van a insistir en que los diputados locales legislen en materia de sistemas normativos, que antes ha estado muy ocupado en la sucesión, no la inseguridad del estado y las decisiones de los pueblos originarios. Aseguró que la legislación de reglas claras, pudo haber evitado las complicaciones en el proceso.
Comenzada la sesión, el representante del PRD denunció que la presidenta se negó a entregarle copia de las listas de participantes de la consulta de Ayutla, para identificar si en las asambleas votaron menores de edad, con la excusa de era información confidencial, por lo tanto, no podía corroborar una irregularidad que le informaron de algunas localidades.
También señaló como irregularidad la presencia de un hombre armado, probablemente un policía comunitario, en las asambleas, del que mostró una fotografía y antes de concluir presentó una acta de acuerdo firmada por consejeros y promotores de la consulta, que presuntamente indicaba la cancelación de la consulta.
Reyes Reyes declaró que la consulta en Ayutla restituyó un derecho a la elección por usos y costumbres de los pueblos, y contra augurios de los grupos que se identificaban con cada modelo, la consulta se desarrolló de forma pacífica.
Explicó que las listas de participantes de la consulta las generaron en un proceso autogestivo los comisarios, delegados y presidentes de las colonias, y contiene datos personales que el IEPC está obligado a proteger.
Recordó que el día anterior, el representante de partido solicitó las listas para verificar si el número de votantes era el mismo de los asistentes a la asambleas, y se le entregó la versión pública de las listas, con los datos personales testados.
No obstante, el representante del PRD insistió en que no podría reconocer la consulta como un procedimiento limpio, porque hubo presiones de gente armada y aseguró que el IEPC llevó menos boletas a localidades donde iba a ganar el modelo B.
Sobre la presión y presencia del policía comunitario en una de las asambleas, le respondió poco después el representante de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso, que en la sala escuchó el debate del pleno.
En conferencia de prensa, denunció que un “trabajador” del representante de partido “repartió muchas cosas, hasta marranos repartía”, y aún así no lograron ganar la votación.
Levantada la sesión, representantes de la CRAC, de la UPOEG y ciudadanos de Ayutla, cabecera municipal, informaron que entre 26 y 28 municipios de Guerrero están en condiciones de promover la elección por usos y costumbres, que se concretó en Ayutla.
El abogado de la UPOEG, Manuel Vázquez Quintero, indicó que hay pláticas con varios municipios para fomentar este modelo de gobierno, que hace posible la representación efectiva de todos los pueblos, mayorías y minorías.
De UPOEG, Eneida Lozano Cruz, destacó la participación de las mujeres en la promoción del voto en favor del modelo de representantes, sin embargo, reconoció que muchas no acudieron por temor a que les retiraran los apoyos del programa Oportunidades o Procampo a sus esposos.
Sin embargo, añadió que las mujeres pueden acceder a mayores espacios de decisión a través del modelo de representantes donde se elegirá a un hombre y a una mujer por cada una de las 140 colonias y comunidades del municipio para conformar el nuevo gobierno municipal.

 

En la propuesta del programa 3×1 Migrantes, del ejercicio fiscal 2017, se dio un trato diferenciado a los proyectos de obras en municipios de la zona Norte, con tradición y pioneros del programa, frente a los de reciente ingreso.
Si bien Taxco tiene el mayor número de proyectos aprobados, 38, también tiene los presupuestos más bajos en 19 obras de infraestructura social, lo que motivó reclamos de los clubes de Migrantes en Estados Unidos a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por la reducción, mientras obras similares en otros municipios están arriba de 200 mil y hasta 300 mil pesos.
De acuerdo con la propuesta de obra aprobada en el Comité de Validación y Atención a Migrantes (Covam), que se realizó el sábado en Chicago, Illinos, seis proyectos de drenaje y pavimentación en Taxco tienen presupuestos de 440 mil pesos, con las aportaciones iguales de los tres órdenes de gobierno. En algunos casos el estado puso 20 mil pesos más para cumplir con la petición de los clubes.
En Chilpancingo, los proyectos sólo de pavimentación tienen presupuestos de 440 mil a 600 mil pesos. El drenaje con pavimentación alcanza los 670 mil pesos. En este caso, la federación, el municipio y migrantes ponen cada uno una aportación de 190 mil pesos, y el gobierno estatal 100 mil.
En consulta telefónica sobre los criterios de financiamiento, el secretario del Migrante y Asuntos Internacionales, Fabián Morales Marchán, reconoció que la bolsa del gobierno del estado es insuficiente para cubrir todas las propuestas aprobadas y se procuró la distribución equitativa en proyectos prioritarios y colectivos, abarcar el mayor número de clubes que cumplen las reglas de operación.
Esto, en relación con la denuncia de Clubes Unidos Guerrerenses de Medio Oeste, que señaló que hay clubes con proyectos aprobados con financiamiento, a pesar de que no cuentan con su toma de nota, un reconocimiento que expide el consulado mexicano y requisito de las reglas operación. Tampoco apoyó ningún proyecto individual de 27 aprobados.
Morales Marchán señaló que en la sesión del Covam en Chicago, las oficinas centrales de Sedesol fueron las encargadas de dictaminar los proyectos de 3×1, supervisar la veracidad de los clubes cuestionados por las organizaciones de migrantes, “para no desvirtuar un programa tan noble”, que se ha tomado como modelo de transparencia y eficacia en países latinoamericanos.
Recordó que el objetivo del 3×1, es fortalecer a la comunidad migrante, “si se utilizan para otra dirección debilitamos el programa, por lo tanto hay que verificar la existencia o no de ciertos clubes”.
Por separado, el delegado de Sedesol, Armando Soto Díaz, se deslindó de los clubes con proyectos financiados y cuestionados por la toma de nota. Declaró que no les corresponde, que la toma de nota es un trámite que se realiza en Estados Unidos, cuando los clubes o federaciones se acreditan.
Aseguró que el programa 3×1 comienza y termina con los migrantes. Ellos se acreditan como federación o club ante la embajada por la toma de nota, con requisitos determinados, ingresan su solicitud de obra o acciones en un sistema federal de Sedesol que debe cubrir ciertos requisitos y deben acreditar con documentos.
Ratificó que de más de 400 propuestas, 46 por ciento cumplieron con los requisitos, que la propuesta de obras y servicios se llevó al Covam, para analizarla con un grupo de representante que la votó por unanimidad. Ahí surgieron otras diferentes expresiones, pero insistió en que el problema es el presupuesto es insuficiente.
“Una vez votados se tienen que convalidar, con revisiones en campo, para verificar si son viables, apropiadas en el campo, según las características del expediente técnico. Y después volver a palomear”.

Petatlán, Teloloapan y Atoyac, con las obras de más inversión

Distinto a la norma de que los ayuntamientos no necesariamente hacen su aportación, particularmente cuando las obras están a cargo de los clubes espejo, Petatlán y Teloloapan plantearon las inversiones más altas al porcentaje que les corresponde de 25 por ciento. También tienen las obra más costosas en la propuesta del 3×1.
Petatlán tiene una aportación promedio de 38 por ciento en cuatro proyectos de pavimentación y cuatro techados comunitarios, cuyo presupuesto está por el orden de 500 mil y 600 mil pesos. En general los techados son las obras más costosas del programas de migrantes, más que un centro de salud, cotizado en Taxco en 600 mil pesos.
Las seis obras aprobadas en Atoyac son techados comunitarios que van de 560 a 740 mil pesos. En Teloloapan, el techado de una escuela primaria suma con las cuatro aportaciones formales, 818 mil 850 pesos.
Después de Taxco, Chilpancingo es el municipio con más obras proyectadas con financiamiento, en total son 13 y cinco corresponden a proyectos individuales con costo promedio de 344 mil pesos, que sólo tienen aportaciones de la federación, municipio y migrante. Además de una barda, de la cual no se precisan las medidas, con un costo de 720 mil pesos.
Sigue Teloloapan con 12 obras aprobadas con presupuesto asignado, de las cuales ocho son mayores de 600 mil pesos. La más cara es de un techado de una escuela por 818 mil.
El delegado de Sedesol declaró que desde 2016 está promoviendo la participación de más municipios en el programa, y hubo consensos con los clubes de migrantes tradicionales, que enfocaban las obras en la zona Norte. Ahora están participando 33 ayuntamientos: 16 con un sólo proyecto, y seis con dos.
Asimismo, dijo que impulsó los proyectos individuales y los migrantes organizados expresaron su preferencia por el apoyo a obras y servicios colectivos.

Al cumplirse una semana de que hombres armados se presentaran en locales del primer cuadro de la capital, los agremiados en la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) no se han sido llamados por el gobernador Héctor Astudillo Flores, a quien le solicitaron una audiencia el martes pasado.
Este viernes se cumple una semana que integrantes de una banda del crimen organizado, que se disputan la plaza capitalina, visitaron armados a varios vendedores en sus locales del primer cuadro de la ciudad, para decirles que ahora ellos se harán cargo del cobro del piso.
A pesar de esta situación, hasta este viernes no se les ha dado fecha para la audiencia que solicitaron en la secretaría particular del gobernador Héctor Astudillo, y sólo fueron notificados que hasta dentro de dos semanas serán recibidos.
Consultado vía telefónica, el empresario y líder de la Canaco, Víctor Ortega Corona, explicó que no ha recibido ninguna llamada o se le ha notificado sobre cuándo y a qué hora serán recibidos.
La solicitud de audiencia de los empresarios locales tiene como objetivo exponerle al gobernador Astudillo Flores la situación de violencia en la que labora, la cual a mermado sus ingresos y pone en riesgo a las familias que dependen de estos trabajos.
Hasta este jueves por la tarde, no se tenía fecha ni hora para el encuentro solicitado desde el martes pasado.

La diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), María de Jesús Cisneros Martínez, manifestó su indignación por el asesinato del abogado y dirigente de Morena en Tixtla, Eduardo Catarino Dircio, y exigió el esclarecimiento y seguridad para su familia.
“Además del agravio por el crimen perpetrado contra nuestro compañero abogado, ahora tenemos que presenciar la burda maniobra de presentarlo ante la opinión pública como un sicario, por haberle puesto un arma a su cadáver”, denunció la diputada.
Dijo que si viviéramos en un estado de derecho, “ya deberían de haber renunciado el secretario de Seguridad Pública (Pedro Almazán Cervantes) y el vocero en materia de seguridad pública (Roberto Álvarez Heredia), el primero por incapaz de contener la ola de violencia que padece el estado y el segundo por torpe e incompetente”.
Consideró que no sólo debe investigarse el crimen, sino las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que ocurrieron los hechos de manera previa y posterior al momento en que le dispararon, “se debe de garantizar el genuino testimonio de la esposa por haberlos presenciado, pues en su dicho sostiene que fue asesinado por la espalda, boca abajo en el piso y posteriormente en una foto ya aparece boca arriba y con el arma sembrada”.
Dijo que la escena que la esposa del líder de Morena asesinado exhibe, es un proceder que podría ser recurrente en casos similares y que desde las autoridades o mandos superiores se “solapen ejecuciones extrajudiciales”.
María de Jesús Cisneros criticó “la monumental desfachatez de parte de las autoridades de anunciar que el arma sembrada ya no será parte de la investigación, como si esto disminuyera el agravio a la honorabilidad del licenciado Eduardo Catarino Dircio. Pero no es tan simple el asunto y con este proceder se manipula la investigación, ya que el arma sembrada debe seguir siendo parte de la investigación y deslindar la responsabilidad penal de quien la sembró, de no hacerlo así el caso tendría tanto manoseo que enturbiaría la verdad histórica y se generará más impunidad, sobre todo si quien sembró el arma es quien cometió el homicidio”.
Dijo que el asesinato de Eduardo Catarino Dircio le duele a la militancia de Morena, “porque fue honesto y exitoso en el ejercicio profesional del derecho, de su capacidad dejó constancia, es el jurista que presentó y fundó la ilegalidad de la elección municipal en Tixtla de Guerrero, siendo representante de Morena en el Consejo Distrital 24 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, era un hombre comprometido con la democracia, con la justicia y con los movimientos sociales de Guerrero”.

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, dijo que no es posible que los recursos del programa Hábitat sean utilizados para otro fin, luego de que el alcalde de Eduardo Neri (Zumpango), Pablo Higuera Fuentes, declaró que supo que fueron enviados para apoyar al candidato del PRI en las elecciones del Estado de México.
El miércoles, Higuera manifestó que no ha recibido el presupuesto del programa Hábitat del año pasado, lo que ha provocado que obras que se están realizando en su municipio y en otros más no estén terminadas, además de que estén sufriendo deterioro.
Reprochó que supo que el dinero ya estaba, pero que no llegó a la delegación de Sedatu, al que pertenece el programa, porque fue desviado para las elecciones el 4 de junio en el Estado de México.
Al respecto, vía telefónica se le preguntó a Armenta Tello sobre la declaración del alcalde y dijo que en lo que coincidía con él es que no ha llegado el dinero, pero que “se haya usado en otras situaciones, el dicho de él, porque alguien le dijo se me hace muy, de verdad, una fantasía, no”.
Agregó que “el recurso está convenido por los alcaldes, nosotros hemos hecho gestiones para que en cuanto antes la Oficialía Mayor libere este recurso, y bueno ellos argumentan que no lo tienen todavía porque no se les ha transferido”.