No permitirá que se le desarme, responde la UPOEG al gobernador y se declara en alerta

Ante un posible desarme de la Policía Ciudadana de su organización, la que advirtió el martes el gobernador Héctor Astudillo Flores, Bruno Plácido Valerio dijo que “la población sabrá inteligentemente qué hacer, allí no depende de Bruno, depende de cómo ven ellos (los pobladores) las cosas, no cómo lo ven desde afuera”.
Aclaró que los pobladores no van a pelear en un enfrentamiento, “solamente van a defender lo que es de ellos, van a defender sus derechos”.
De los policías ciudadanos que participaron en los ataques del viernes 9 de junio en San Pedro Cacahuatepec, donde fueron asesinadas a balazos siete personas, entre ellas dos niños y un bebé de cuatro meses que murió por traumatismo craneoencefálico, informó que están en la etapa de solicitarles amparos, pero no dio más detalles porque dijo que apenas está en pláticas con el abogado.
Independientemente de las declaraciones del líder de la UPOEG, la coordinación general de la organización dio a conocer un comunicado mediante su muro de Facebook en el que se declara en alerta a partir del miércoles, tras las declaraciones del gobernador Astudillo Flores en el sentido de que “lo más conveniente” es desarmar a los policías como los de la UPOEG.
“Después de tener una reunión con las distintas autoridades civiles y agrarias de los municipios donde la UPOEG tiene presencia, nuestra postura sigue igual; no se permitirá ni un tipo de desarme y en los pueblos estamos dispuestos a todo con tal de defender el derecho a la seguridad que tanto nos ha costado”, advirtió la coordinación mediante la red social.
Sin embargo, consultado después por teléfono, Plácido Valerio informó que la UPOEG tiene una asamblea el domingo para decidir cómo va a proceder. Pero de entrada opinó que el gobierno no puede generalizar, “porque los errores no son de todos los elementos”.
El coordinador general de la agrupación se dijo de acuerdo con que en donde se encuentren “abusos o gente infiltrada” y haya argumentos, es necesario el desarme.
Insistió en que no se puede generalizar a todo el sistema “porque no todos los grupos ni todos los elementos cometen errores”.
Dijo que se tiene que especificar exactamente a quiénes hay que desarmar, “porque generalizar quiere decir que hay una guerra y yo creo que nosotros hemos sido gente de diálogo y hemos contribuido a la tranquilidad de la población”.
Demandó que si hay errores que se corrijan, pero que no se justifica que se proceda “con un todo”.
Para Bruno Plácido “es importante mandarle el mensaje al gobierno, de que tiene esa autoridad, “pero no proceder con una amenaza, sino actuar con argumentos y delimitar a quiénes y no generalizar”.
Dijo que hay municipios que están muy tranquilos con su policía, hay buena coordinación y toda una tranquilidad. Por eso insistió, “el gobierno no puede generalizar”.
Dijo que tampoco se ha presentado una contrapropuesta de lo que se va a hacer después de que desarme a la gente, “¿qué se va a hacer para que se garantice la seguridad a la población?”, y demandó que se explique qué se va a ofertar después para la seguridad de la gente.
Agregó que debe de haber un proceso de diálogo entre el gobierno y la UPOEG, “debe haber una mesa para estar interactuando acuerdos”, porque declaró que todo se ha dicho mediante declaraciones en los medios de comunicación, pero que no hay una mesa de trabajo para conciliar los conflictos sociales en Guerrero.
A pregunta del reportero declaró que en caso de proceder el gobierno con el desarme, “la población sabrá inteligentemente qué hacer ante un riesgo de su vida. Allí no depende de Bruno, sino depende de cómo ven ellos (los pobladores) las cosas, no cómo lo ven desde afuera”.
En cuanto a los policías ciudadanos que participaron en los ataques del viernes 9 de junio en San Pedro Cacahuatepec, informó sigue en la etapa de solicitarles amparos, pero no abundó más porque apenas había hablado con el abogado.
Recordó que él los iba a presentar voluntariamente, pero que ni bien llegaban cuando ya los estaban acusando de participar en un hecho artero, “y es muy delicado que se quiera justificar un error de algunos compañeros, en el caso de que así fuera”.
Admitió que si hay pruebas y elementos, “los entregamos, porque todos estamos obligados a hacer mejor las cosas, independientemente de qué organización seamos”.
Insistió en que se cite también a quien les pidió el auxilio, a quienes están extorsionando, que investigaran sus números telefónicos, que revisaran los antecedentes de la familia y estudios profesionales de balística para que con pruebas y elementos se entregara a quienes son señalados, “pero no se puede generalizar a toda la Costa porque no toda la Costa participó”.
De Tierra Colorada donde está en conflicto con el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, Plácido Valerio recordó que el gobernador Héctor Astudillo instituyó una comisión de diálogo y armonía y que ante esa comisión la UPOEG propuso asambleas comunitarias, en las que participaran la Secretaría de Gobierno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en la vigilancia de la toma de decisión de los ciudadanos, pero se quejó de que el caso se quedó allí.
“Ahora todos se quejan de los conflictos pero no se acuerdan de los acuerdos”, reprochó y recordó que se trata de acuerdos que le hicieron del conocimiento al secretario de Gobierno, Florencio Salazar como responsable de la política pública del estado.
Insistió que ahora, por ejemplo, se quejan de los enfrentamientos, pero no han revisado los acuerdos a los que se llegaron en la instalación de las mesas de dialogo.
Informó que de estos acuerdos también estuvo enterado el presidente municipal de Juan R. Escudero, Leonel Leyva Muñoz, quien estuvo de acuerdo que para resolver el conflicto no interviniera ni la UPOEG ni el FUSDEG para que los ciudadanos decidieran en asambleas y así llegar a la tranquilidad y estabilidad en Tierra Colorada.

Desaparece una comerciante de Tetipac cuando fue al mercado de Iguala a comprar

Una comerciante de 33 años vecina de la comunidad de San Gregorio de Tetipac desapareció en Iguala el jueves de la semana pasada tras acudir a comprar al mercado municipal Adrián Castrejón.
Fuentes consultadas informaron que ayer familiares denunciaron el hecho en el Ministerio Público (MP) para solicitar la colaboración para localizar a la mujer a una semana de su desaparición.
Se dio a conocer que la mujer vende frutas y verduras en su poblado y cada semana iba al mercado de Iguala para comprar su mercancía.
Sus familiares reportaron que el jueves de la semana pasada vino a esta ciudad a comprar pero ya no regresó a su pueblo. Informaron que solicitaron información en el establecimiento que compraba y confirmaron que sí había ido a comprar pero que después de adquirir sus productos se retiró como acostumbraba a hacerlo.
Indicaron que ya la han buscado en hospitales, clínicas y hasta en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) sin que hasta ayer la hayan localizado. Tampoco han tenido comunicación con ella ni otras personas para pedir algún tipo de rescate por ella.

Era de Chilpancingo una de las dos mujeres asesinadas el miércoles halladas en Zumpango

Una de las dos mujeres asesinadas con el tiro de gracia halladas la mañana del miércoles en el cerro del Tepetlayo en el municipio de Eduardo Neri (Zumpango), era vecina de la colonia Plan de Ayala en Chilpancingo.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que la mujer se llamaba Aracely, tenía 27 años y era vecina del asentamiento en la capital, agregaron que la otra mujer todavía no ha sido identificada.
El miércoles 14 de junio las dos víctimas fueron halladas a lado de la carretera federal Chilpancingo-Iguala, a unos 20 minutos en vehículo de la capital.

Exhuman el cadáver del líder de Morena de Tixtla; policías declararon que lo encontraron herido

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) exhumaron el mediodía de este jueves el cuerpo del abogado Eduardo Catarino Dircio, como parte de las investigaciones para determinar qué tipo de arma se usó para dispararle y esclarecer el caso, declaró el presidente del Colegio de Abogados de Tixtla, Lucas Moisén Catarino.
Catarino Dircio fue asesinado el 4 de junio en Tixtla durante la persecución por policías estatales a integrantes de una banda del crimen organizado. Un sicario irrumpió en la casa del abogado, hasta allí lo persiguieron los agentes y después fue asesinado Eduardo, según su esposa Hilda Vázquez Cipriano le disparó un policía a pesar de que se identificó como el dueño de la casa y se arrojó al suelo.
La viuda del también líder de Morena en ese municipio se presentó el miércoles a la FGE para declarar en torno a los hechos en los que fue herido su compañero quien después falleció, informó el presidente del Colegio de Abogados de Tixtla.
Dijo que la viuda de Catarino Dircio ratificó que quienes dispararon e hirieron a su esposo adentro de su casa el 4 de junio pasado, fueron policías estatales.
La FGE mantiene en reserva las declaraciones de los 18 policías que participaron en esa operación policiaca, quienes se presentaron a declarar el 7 de junio pasado, pero fuentes extraoficiales de esa dependencia revelaron que los agentes coincidieron en que cuando entraron a la casa que ahora saben era del abogado Eduardo Catarino, (ubicada en la avenida Insurgentes número 61), él ya estaba herido de bala. Otros más habrían declarado que al principio creyeron que era uno de los “sicarios” que perseguían.
Las declaraciones de los policías que participaron en la operación quedaron asentadas en la carpeta de investigación 120102 00100131040617 relacionada con el homicidio de Eduardo Catarino Dircio, así como una persona más, al parecer integrante de la banda del crimen organizado a quienes perseguían los policías. En esos hechos también resultaron heridos dos policías estatales, uno de ellos, Alberto Juárez Carmona falleció el 6 de junio en el hospital general Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo.
Moisén Catarino informó que como parte de las investigaciones para esclarecer el caso, al mediodía de este jueves peritos de la FGE exhumaron el cuerpo para extraerle la bala que lo hirió y lo mató, y determinar qué arma fue usada.
El día en que fue asesinado Catarino Dircio sus familiares no permitieron que el cuerpo fuera trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley, y el cadáver fue sepultado con la ojiva que lo mató.
Los familiares en sus primeras declaraciones informaron que el abogado fue herido con un rifle de asalto AK-47, por los casquillos percutidos que fueron encontrados en el interior de su casa.
Pero al día siguiente el vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia aclaró que los elementos de la Policía Estatal no utilizan AK-47 y que el arma que estaba sobre el cuerpo (que según los familiares del líder de Morena le fue sembrada) no fue integrada como prueba en la carpeta de investigación.
Moisén Catarino informó que la exhumación del cuerpo comenzó a las 11 de la mañana en el panteón de Tixtla y que aproximadamente a la 1 de la tarde fue trasladado a la morgue para la necropsia y la extracción de la ojiva.
Dijo que el procedimiento fue para el esclarecimiento de los hechos, como lo han pedido los familiares de la víctima y se castigue a los responsables, “quieren saber (los peritos de la FGE) qué tipo de arma se usó, por eso van a extraerle la ojiva que quedó alojada en el cuerpo”.
Informó que Hida Vázquez Cipriano, viuda de Eduardo Catarino, se presentó a declarar a la FGE el mediodía del miércoles, ratificó lo que declaró en conferencia de prensa el 5 de junio, un día después del asesinato de su esposo.
Ese día denunció que quien le disparó a su esposo frente a ella fue un policía del estado, a pesar de que Eduardo Catarino tirado en el piso le suplicó: “no disparen, soy el casero, estoy con mi familia”. Sin embargo, denunció la señora, un agente ignoró la súplica y ordenó: “¡mátenlo al hijo de su puta madre”.
La versión de los agentes que estuvieron allí ese día y que quedó asentada en la carpeta de investigación 120102 00100131040617, no ha sido revelada por la FGE aún cuando fue solicitada por el reportero a través del vocero Álvarez Heredia.
Fuentes de la dependencia confiaron que las declaraciones de los policías que acudieron a declarar el 7 de junio coinciden en que cuando entraron a la casa siguiendo a los integrantes de la banda criminal, Eduardo ya estaba herido.

Etiquetas: México, Guerrero, Tixtla, Fiscalía General del Estado, FGE, Eduardo Catarino Dircio, Colegio de Abogados de Tixtla, Lucas Moisén Catarino

Muere en el hospital un hombre que fue apuñalado el lunes en una fiesta en la capital

Un hombre de 30 años murió en el hospital general Raymundo Abarca Alarcón luego de que el lunes pasado fue herido con una arma blanca en una riña en la colonia San Pedro en la capital.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado  (FGE) informaron que a las 3 de la madrugada recibieron un reporte que un hombre falleció por heridas de arma blanca en el hospital general.
La Policía Ministerial informó que en una pelea familiar Manuel fue herido y fue trasladado al hospital general para recibir atención médica, y la madrugada de ayer murió por las heridas que tenía en el cuerpo.
La FGE abrió una carpeta de investigación con el número 12020090300767120617 contra quien resulte responsable.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y después ser entregado a sus familiares.

Hallaron el miércoles a un hombre ejecutado en Ahuejutla en Alcozauca

El pasado miércoles fue encontrado el cuerpo de un hombre en la carretera Tlapa-Alcozauca en la comunidad de Ahuejutla del municipio de Alcozauca.
Según los informes el hombre de entre 25  y 30 años tenía una herida de arma de fuego y estaba en unos arbustos, llevaba una playera café, pantalón de mezclilla azul y tenis Nike negros.
Su cuerpo fue levantado por agentes del Ministerio Público (MP) y policías ministeriales y se envió al Servicio Médico Forense (Semefo) en Chilpancingo para que sea identificado.

Ejecutan en Huitzuco a un hombre que llevaba una camisa del Ayuntamiento de Cocula

La mañana de ayer un hombre de 34 años fue localizado ejecutado de un balazo en la cabeza cerca de la cancha de futbol de la comunidad de Tlaxmalac de Huitzuco.
Reportes policiacos de Seguridad Pública del estado indicaron que a las 10:25 de la mañana se informó al 911 que un hombre había sido ejecutado a balazos cerca de la cancha de futbol de dicha comunidad por lo que se pedía la presencia del agente del Ministerio Público (MP).
En el lugar había un casquillo percutido calibre .9 milímetros, según las autoridades que hicieron las diligencias.
Se dio a conocer que familiares identificaron el cuerpo del campesino quien era vecino de esa misma comunidad y fue asesinado cuando se dirigía a su parcela.
El hombre vestía una camisa azul con el emblema y eslogan bordado del gobierno perredista de Cocula, “Juntos construiremos un Cocula diferente” y en el extremo derecho del pecho tenía la frase “Alumbrado Público”. Debajo de la camisa llevaba una playera gris con estampados, un pantalón azul marino y tenía puesta una gorra negra.
Fuentes consultadas en el gobierno municipal de Cocula informaron que el uniforme sí corresponde al usado en el gobierno actual que preside Erik Ulises Ramírez Crespo —detenido e investigado por el caso Ayotzinapa— pero no identificaron al hombre como empleado del Ayuntamiento.
Extraoficialmente se dio a conocer por las fuentes policiacas que vecinos de Tlaxmalac identificaron a la persona asesinada como responsable de secuestrar en esa y otras comunidades de Huitzuco, lo cual no fue confirmado por fuentes oficiales.
Al término de las diligencias el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de esta ciudad de Iguala.

Los tres hombres detenidos en una casa en Chilpancingo estaban secuestrados desde el domingo, dicen familiares

Familiares de los tres hombres detenidos que presuntamente pertenecen al grupo delincuencial Cartel del Sur denunciaron que éstos fueron secuestrados el domingo por civiles armados en la colonia Lomas del Poniente y las autoridades los acusan de manera arbitraria de pertenecer al crimen organizado.
En conferencia de prensa en las afueras de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) un familiar señaló que el domingo su pariente de 19 años fue secuestrado por civiles armados en la colonia Lomas del Poniente en la capital.
Dijo que en este hecho otros dos hombres fueron privados de su libertad en las canchas de la misma colonia en donde atacaron a dos hombres y uno perdió la vida.
Comentó que después del secuestro los captores pidieron dinero para liberar al joven y el martes después de una balacera en la colonia Lomas de San Mateo y una operación policiaca encontraron a la víctima junto con otros dos hombres quienes también estaban secuestrados.
Señaló que en la operación la Policía Estatal violentó las investigaciones y acusaron manera arbitraria a los tres hombres de pertenecer a un grupo delincuencial sin tener ninguna prueba.
Relató que los policías decomisaron armamento y agarraron las armas sin guantes lo que alteró las investigaciones y las armas y los vehículos fueron enviados a la PGR.
El familiar declaró que “mi hermano  de 19 años trabajaba en un taller mecánico y el domingo fue levantado por hombres armados pero policías estatales los acusan de pertenecer a un grupo delincuencial pero no es cierto, es mentira, y pedimos que no se los lleven a la Ciudad de México para deslindar las responsabilidades”.
Comentó que su familiar tenía los ojos vendados y un mecate en el cuello porque estaba secuestrado, “pero los policías de manera arbitraria sin realizar las investigaciones acusaron que pertenecen a un grupo delincuencial, lo cual es injusto”.
Pidió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) que intervenga para evitar la violación de los derechos humanos de los tres hombres que estaban dentro de la casa de seguridad en dicha colonia.
El lunes familiares del joven Edwin de 17 años pidieron a la población dar información para encontrarlo ya que desapareció el domingo al salir de su casa en la colonia Texcalco al poniente de Chilpancingo.
En un boletín de prensa la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informó que los tres hombres y dos mujeres que fueron encontrados en una casa de seguridad en la colonia Lomas de San Mateo a dos cuadras del viejo libramiento a Tixtla en la capital presuntamente pertenecen al grupo criminal Los Rojos y del Cartel del Sur y fueron puestos a disposición de la PGR para deslindar responsabilidades.

Se carea Campos Herrera de la CRAC con otros dos presuntos agraviados; tampoco lo conocen

 

La abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Fidela Hernández Vargas informó que de 43 presuntos secuestrados por el consejero regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera, 34 han manifestado en las audiencias y careos que no conocen al inculpado y que tampoco les pidió dinero, y los otros nueve no han ido a las audiencias.
Ayer a las 10 de la mañana hubo otra audiencia y careo en la cárcel de Ayutla entre los supuestos agraviados Elvis Lozano Hernández y Martín Venancio Bernabé con Campos Herrera. Otro de los que lo acusan de secuestro y están en la causa penal 196/2013 no acudió.
Por teléfono la abogada informó que durante la audiencia de careo los dos supuestos agraviados señalaron que no conocían a Campos Herrera. Uno de ellos dijo que lo vio en una ocasión en la Casa de Justicia de El Paraíso porque otros presos lo señalaron como Arturo Campos, pero que no cruzaron palabras.
En los careos ambos denunciantes dijeron que policías comunitarios de la CRAC, a quienes identificaron por sus gorras y playeras verdes con la leyenda de la organización, fueron quienes los detuvieron.
Además indicaron que en el tiempo que estuvieron en “reeducación” bajo el sistema comunitario se les permitió a sus familias visitarlos.
Campos Herrera indicó que iba a la Casa de Justicia porque era consejero de la CRAC, dijo la abogada.
El dirigente de la CRAC, Campos Herrera fue detenido el 1 de diciembre de 2013 en Chilpancingo y faltan nueve supuestos agraviados por asistir a las audiencias de su proceso penal.