Luego de que en la capital se registraron el martes en la noche al menos 13 balaceras en distintas colonias, en una escuela privada del centro los maestros instruyeron a sus alumnos sobre cómo actuar en caso de escuchar balazos.
El miércoles por la mañana niños de entre 6 y 7 años aprendieron en la escuela cómo actuar en caso de escuchar balazos o quedar en medio de una balacera.
Los menores llegaron a sus casas y contaron a sus papás que su maestra golpeaba el pizarrón para simular los balazos y después les explicaba que se deberían tirar al suelo para protegerse.
Padres de familia que no quisieron dar su nombre explicaron que la situación amerita que sus hijos aprendan esta acción preventiva ante la realidad de violencia que se registra en la capital.
“No es lo que deseamos ni quisiéramos que aprendieran nuestros hijos pero pues la realidad es que vivimos en una ciudad donde existen constantes balaceras”, señaló una de las madres.
Los niños aprendieron que al escuchar ese sonido deberán tirarse al piso y levantarse hasta que un adulto se los diga, mientras tanto deberán mantenerse en silencio y totalmente acostados sobre el suelo.
Otra escuela que también aplicó medidas de seguridad fue la escuela Secundaria Técnica 30 que determinó que el turno vespertino en lugar de salir a las 8:30 de la noche saliera a las 7:45.

 

Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) solicitaron que el Ejército salga de las comunidades de la parte alta del municipio de Ayutla, pues temen que desarmen a los policías comunitarios.
El 31 de mayo el comandante de la 27 Zona Militar, Adelfo Castillo afirmó que la entrada de los militares a las comunidades sería para brindar atención médica y que no era de “confrontación” contra la Policía Comunitaria.
Ayer los cuatro coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso solicitaron que el Ejército se retire de inmediato, luego de que los vecinos de La Concordia manifestaron su desacuerdo en que el Ejército entre a la localidad.
En una llamada telefónica autoridades comunitarias que pidieron omitir sus nombres pero están identificadas, informaron que el martes los militares llegaron a Coapinola con actividades sociales, arreglaron aparatos descompuestos, dieron consultas médicas y registraron armas.
Ante la pregunta los dirigentes de la CRAC dijeron que preferían omitir sus nombres por el temor de que ocurra “algo mayor”, debido a la presencia de los militares en la zona donde opera la CRAC y también la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), ya que las organizaciones tienen bajo control distintos puntos y de manera estratégica.
Dijeron que no quieren que se repita lo ocurrido el 21 de agosto de 2013, cuando el Ejército entró a la comunidad de El Paraíso para liberar los presos en reeducación en la Casa de Justicia, cuando detuvo a seis policías comunitarios que fueron apresados durante 32 meses y 12 días, en cárceles federales y después trasladados a la cárcel de Ayutla donde todavía enfrentan procesos legales a pesar de que no se les ha acreditado ningún delito.
Advirtieron que la entrada de los militares puede ser para detener a los policías comunitarios o desarmarlos.
Los coordinadores recriminaron que ni el municipio de Ayutla ni la zona militar les informó a los comisarios ni a ellos de que estarían en la zona, a pesar de que son autoridades que las comunidades eligieron.
Señalaron que la ayuda social de los militares fue solicitada por el municipio, pero llega días antes de la consulta del sábado y domingo en la que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en cuanto al modelo de selección de autoridades municipales, entre el tradicional de los partidos políticos o el de usos y costumbres, y temen que esto pueda influir para que los ciudadanos escojan el modelo de planillas que se asemeja a la elección por partidos y no el de asamblea.
Las autoridades de la CRAC informaron que un convoy de 80 militares estuvieron el martes y miércoles en la comunidad de Coapinola, y que ayer al mediodía iban a La Concordia, donde los habitantes y el comisario manifestaron que no querían la presencia del Ejército.

 

 

El ex regidor perredista de Pungarabato, Baltazar Brugada Serrano fue secuestrado el lunes en la comunidad Santa Bárbara, y todavía se desconoce su paradero.
Informes policiacos dicen que fue sacado con engaños de su casa, al parecer rumbo a la tenencia de Riva Palacio, Michoacán, localidad pegada a Altamirano, a hacer un trabajo de herrería luego de una llamada de un teléfono, y cuando se encontraba en aquella localidad fue secuestrado.
Los hechos ocurrieron la tarde del lunes y según los informes la familia tuvo conocimiento del secuestro y se contactó con los responsables, quienes piden mucho dinero para liberarlo.
Este martes y miércoles las familias se reunieron para planear diversas estrategias para juntar el dinero, debido a que el ex regidor no cuenta con lo que le pidieron.
Baltazar Brugada fue regidor en la administración anterior y es perredista, fue director de agua potable más de un año en la actual administración.
Es considerado uno de los líderes importantes de su pueblo y varias familias de esa localidad que son de escasos recursos han acudido a expresarle su apoyo a la familia.
La casa de Baltazar Brugada está a menos de 200 metros del 34 Batallón de Infantería del Ejército.
Las negociaciones se han mantenido bajo reserva de los familiares, con la intención de que no pongan en riesgo la vida de la persona y no hay una denuncia formal ante el Ministerio Público.

 

El cuerpo de un hombre fue localizado la noche del miércoles en la comunidad de San Juan Teocalcingo en el municipio de Atenango del Río, en un desnivel del entronque de dicha comunidad con la Autopista del Sol.
Reportes policiacos detallaron que pobladores informaron del hallazgo al 911 y éste fue confirmado por policías y agentes del Ministerio Público (MP) cerca de las 10 de la noche del mismo día.
El cuerpo estaba en un desnivel de más de 20 metros de profundidad cerca de la autopista, el cadáver sólo en algunas partes aún tenía piel, casi era una osamenta.
Al cuerpo se le apreciaban diferentes tatuajes en la espalda y en el hombro derecho tenía algunas letras y nombres, sólo vestía un pantalón de mezclilla azul. Por las condiciones del cuerpo se cree que tiene aproximadamente un mes muerto, según los primeros reportes.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que 18 policías estatales comparecieron el miércoles ante el Ministerio Público, debido a la balacera del domingo en Tixtla en la que fue asesinado el abogado y militante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Eduardo Catarino Dircio, un presunto sicario y un policía estatal.
En un escueto boletín de prensa la Fiscalía dice que el fiscal Javier Olea Peláez solicitó al secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, que los 18 policías estatales rindieran su testimonio de la balacera y persecución del domingo en Tixtla.
Agrega que “en seguimiento a la carpeta de investigación 12010200100131040617 a solicitud del fiscal general del Estado al secretario de Seguridad Pública estatal, el día de hoy (miércoles) comparecieron ante el Ministerio Público a rendir testimonio 18 policías estatales, en relación a los hechos ocurridos el domingo 4 de junio en la ciudad de Tixtla”.
El domingo en Tixtla Eduardo Catarino Dircio de 43 años fue asesinado por policías estatales, quienes perseguían a balazos a civiles armados, con un sicario muerto y dos policías estatales heridos de bala, de los cuales uno murió el martes.
La viuda de Catarino Dircio, Hilda Vázquez Cipriano contó que el abogado pidió piedad, “no disparen, soy el casero, estoy con mi familia”, pero un policía ignoró su súplica y ordenó “!Mátenlo!”, y le disparó, le sembraron un arma y le tomaron una foto que fue difundida por agentes policiacos.

La tarde de este miércoles un hombre con una pistola robó un vehículo oficial al director de Obras Públicas de Coyuca de Catalán, Moisés Pérez Carachure cuando supervisaba una obra en el centro de la población.
Según el informe policiaco, los hechos ocurrieron cuando el director de Obras Públicas llegó a las instalaciones de la Casa de la Cultura en el centro en la cabecera municipal donde se está pavimentando una calle y mientras hacía una inspección un hombre lo amagó con una pistola y le pidió las llaves de la camioneta que llevaba.
La camioneta es una doble cabina Nissan tipo Frontier color arena la cual es propiedad del Ayuntamiento.
El ladrón huyó y se esperaba que el departamento jurídico levantara a la denuncia oficial por el robo.
No es la primera ocasión que se roban un vehículo oficial en Coyuca de Catalán. En el 2016 se robaron una camioneta cuando funcionarios salían de un banco en Ciudad Altamirano en Pungarabato, luego de una persecución en donde participó el alcalde de coyuca de Catalán, Abel Montufar Mendoza, y luego de una balacera recuperaron el vehículo y se detuvieron a dos personas.