El domingo en Zoyatlán de Juárez municipio de Alcozauca fue asesinado a balazos Valentín Bautista Villa de 42 años. Peritos del Ministerio Público (MP) levantaron el cuerpo.
El cadáver del indígena na savi fue localizado en una calle de la colonia Jazmín, según lo informado por las autoridades.

Un policía estatal penitenciario fue ejecutado a balazos dentro de su casa en el barrio La Villa en la cabecera municipal de Chilapa.
Con este hecho en lo que va del año suman 101 ejecuciones en Chilapa presuntamente involucradas con la delincuencia organizada, con base en un recuento de lo publicado en El Sur.
Fuentes de la  Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron que a la 1 de la tarde recibieron un reporte que había un hombre asesinado a balazos dentro de una casa en este asentamiento.
El cuerpo del policía quedó tirado boca arriba. Al lugar llegaron policías municipales, estatales y militares quienes acordonaron la zona y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron las diligencias correspondientes.
La víctima fue identificada por una credencial de la SSP estatal, el agente se llamaba Rodolfo y era policía tercero penitenciario.
El cuerpo fue trasladado a una funeraria habilitada como Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilapa para después ser entregado a sus familiares.

Cinco policías federales fueron trasladados al hospital general de Chilapa luego de que su patrulla se fue a un barranco, los agentes resultaron gravemente heridos.
Fuentes de la Policía Estatal informaron que a las 8:50 de la mañana una camioneta de la Policía Federal (PF) que circulaba por la carretera 93 Chilapa-Atlixtac en la comunidad de Papaxtla tuvo un accidente.
La camioneta en la que viajaban los agentes se averió de la llanta delantera del lado derecho lo que impidió que el conductor pudiera controlarla, la camioneta terminó cayendo a un barranco.
La patrulla 111112 se volcó y cinco de los tripulantes fueron enviados al hospital.

Un comerciante de ropa del mercado municipal de Iguala desapareció el lunes luego de que él y sus familiares habían recibido amenazas de muerte vía telefónica, según informaron fuentes policiacas tras la denuncia de familiares en el Ministerio Público (MP) la madrugada de ayer.
Se informó que en la mañana del lunes en mensajes de texto y llamadas telefónicas amenazaron de muerte al joven de 33 años y vecino de la colonia Insurgentes de esta ciudad. La víctima es comerciante en el mercado municipal Adrián Castrejón y su familia también fue amenazada.
Según la información dada a conocer, los miembros de la familia consideraron que las amenazas eran bromas por lo que no denunciaron ni les dieron mayor importancia.
Se informó que cerca de las 7 de la tarde del lunes el comerciante salió de su casa con dirección al centro de la ciudad y después no lo volvieron a ver.
En la mañana del martes sus familiares salieron a buscarlo a clínicas y el hospital general, a las barandillas de la Policía Municipal y hasta en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).
Al cumplirse dos días de su desaparición sus familiares presentaron la denuncia en el MP para solicitar la colaboración de las autoridades para su localización, hasta la tarde de ayer se desconocía de su paradero y los familiares no habían recibido ninguna llamada telefónica de él ni de otras personas para pedir algún tipo de rescate, según informes de las fuentes consultadas.

 

El presidente del Colegio de Abogados de Tixtla, Lucas Moisén Catarino, quien acompaña legalmente a los familiares del asesinado líder de Morena y secretario de ese colegio, Eduardo Catarino Dircio, informó que va a pedir que la declaración de la viuda Hilda Vázquez Cipriano en la que sostiene que quien mató a su esposo fue un policía estatal, quede asentada en la carpeta de investigación.
Consultado por teléfono este miércoles, el abogado informó que ayer Vázquez Cipriano se sentía indispuesta para declarar, pero que posiblemente este viernes se presente ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
El abogado dijo que también presentarán una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que el organismo investigue la irrupción de los policías estatales a la casa del abogado Catarino Dircio y su asesinato.
Informó que no se había comunicado ningún funcionario del gobierno del estado con Hilda Vázquez, a pesar de las declaraciones públicas que ha hecho en las que acusó que quien disparó en contra de su esposo fue un policía estatal.
En cambio dijo que la mujer recibió un citatorio de la Fiscalía General del Estado (FGE), para que se presente a declarar en torno a los hechos.
Dijo que Hilda se ha sentido indispuesta desde que sepultó a su esposo el lunes pasado y que no ha podido presentarse al Ministerio Público. Adelantó que posiblemente el viernes esté en condiciones de acudir a la FGE a declarar en torno a los hechos en que perdió la vida su esposo.
Adelantó que en su declaración va a ratificar que quien disparó en contra de Eduardo Catarino fue un policía del estado, a pesar de que le suplicó que no le disparara porque era el casero. Añadió que también va a declarar que los agentes le negaron el auxilio para que recibiera atención médica.
Asimismo dijo que como no confían en una investigación imparcial, los familiares del abogado y líder de Morena van a presentar la próxima semana una queja ante la CNDH para que investigue el caso, pues insistió en que se trató de una ejecución extrajudicial.
Acusó que en el caso hay responsabilidad por complicidad de los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y del gobernador Héctor Astudillo Flores, porque no se ordenó de inmediato la detención y el castigo del policía que disparó en contra de Eduardo Catarino Dircio.
Dijo que aún cuando el arma que le sembraron al abogado después de que lo mataron no entró como objeto de investigación en la carpeta de investigación, existe la sospecha de que se pretende proteger al policía que disparó al abogado, pues se pretende inculpar a uno de los detenidos durante la persecución policiaca a integrantes de una banda del crimen organizado.

 

Policías estatales que fueron despedidos por participar en un paro de labores el 29 de mayo informaron que tramitaron un amparo en contra de su destitución y denunciaron que ya suman unos 200 uniformados dados de baja de la corporación por la misma situación.
Se informó que desde el miércoles pasado  la SSP estatal no les ha notificado por escrito que fueron dados de baja definitiva, “sólo nos avisaron verbalmente y eso es injusto, es por eso que ya solicitamos un amparo ante un juzgado federal que está en proceso para defender nuestro derecho y no bajar la guardia” señaló un policía estatal quien no reveló su nombre.
En conferencia de prensa en la explanada de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) los agentes despedidos señalaron que entre 15 a 20 uniformados se sumaron al movimiento porque fueron depurados de manera arbitraria, “en algunos casos los compañeros estaban en servicio, de vacaciones e incapacidad y fueron afectados”.
Los inconformes insistieron al presidente del organismo, Ramón Navarrete Magdaleno, y al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que se reanuden las mesas de diálogo ya que demandan las reinstalación de los  176 policías despedidos que participaron en el paro de labores, un pago de bono de riesgo de 3 mil 500 a 12 mil pesos y respeto a su jornada laboral.
Un agente estatal despedido quien se reservó su nombre señaló que desde el lunes tendrían una reunión en Palacio de Gobierno con funcionarios del gobierno estatal y de la SSP para atender su situación laboral, sin embargo no han recibido ninguna llamada para que se reanude la mesa de diálogo.
Los agentes despedidos dijeron que los recientes hechos de violencia en la capital son por el mal gobierno y la falta de policías para proteger a la población. La noche del martes un taxi y el cuarto de una casa fueron incendiados y se reportaron balaceras en al menos 13 colonias de Chilpancingo.
“En los últimos días han ocurrido asesinatos y balaceras en la ciudad y la Secretaría de Seguridad Pública estatal y el gobierno del estado se les ocurre despedirnos, ahora sin policías estatales ¿Quien estará a cargo de la seguridad y cuidar la integridad física de la población en estos hechos de violencia?”, cuestionó otro agente estatal despedido.
Comentó que los uniformados dados de baja solicitaron un amparo ante un juzgado  federal en contra de su despido injustificado y abuso de autoridad de la SSP estatal.
El agente  se quejó porque los policías estatales activos continúan con la jornada laboral de seis días de trabajo por tres días de descanso y no de tres por tres  como demandaron en la movilización, además los mandos policiacos  pretenden cambiar la jornada laboral  de 12 días laborados  por  seis días de descanso.
Pidió al presidente de México, Enrique Peña Nieto, que intervenga para resolver la situación de los agentes despedidos para no violentar sus derechos laborales y ser reinstalados a la corporación y así combatir los hechos de violencia que han ocurrido en la entidad.
“Estamos viviendo no en orden sino un desorden, Peña Nieto debes de poner orden al secretario de la SSP, (Pedro) Almazán  Cervantes porque no ha dado resultados,   porque nos pisoteo nuestros derechos porque nos despidió  injustificadamente, lo que hizo es un capricho o enojo porque no quiere a los policías ni la población”, indicó.
Por último los uniformados dados de baja responsabilizaron al gobernador Héctor Astudillo y al secretario Pedro Almazán por alguna represalia en contra de ellos o sus familias por las movilizaciones para luchar por sus derechos laborales.
Hace 10 días  unos 600 policías estatales de la región Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel central cerca del tutelar de menores de Chilpancingo para exigir al gobernador Héctor Astudillo y al secretario Pedro Almazán una jornada laboral de tres días de descanso por cada tres de trabajo y el pago de un bono de riesgo.
Hace nueve días los uniformaron levantaron el paro de labores para esperar alguna indicación de sus mandos para salir a trabajar.
El miércoles pasado, la SSP del estado informó en un boletín de prensa que separó del cargo y dio de baja definitiva de su corporación a 176 policías estatales porque incurrieron en una conducta violatoria de ley.

 

 

 

El gobierno del estado deberá pagar 17 millones de pesos para cubrir las liquidaciones de los policías estatales despedidos la semana pasada y las finanzas del gobierno no se ven comprometidas, aseguró el subsecretario de Finanzas, Tulio Pérez Calvo.
El pasado 31 de mayo fueron despedidos 176 policías estatales que se manifestaron en su cuartel para exigir mejoras económicas y prestaciones sociales que requieren ante el trabajo que desempeñan diariamente contra los grupos del crimen organizado. Ayer agentes estatales informaron que suman ya 200 uniformados despedidos.
Consultado vía telefónica el subsecretario de Finanzas del gobierno estatal, Tulio Pérez Calvo explicó que este gasto emergente no pone en riesgo las finanzas del estado.
Reconoció que el actual estado económico del gobierno no es el mejor que se ha tenido pero a pesar de tomar la decisión de despedir a los policías estatales dijo que se puede cubrir su liquidación.
Subrayó que para cubrir esta deuda se tuvo que hacer uso de la inversión estatal directa (de la recaudación de impuestos) y del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública.
“Se hace el esfuerzo en la inversión estatal directa como en los recursos del fondo de aportaciones de seguridad pública que se conjugan para atender casos como estos”, agregó.
Dijo que el dinero destinado para cubrir este gasto ya está disponible para su cobro, por lo que espera a que tomen la decisión los policías despedidos para cobrarlo.

 

Familiares, integrantes de organizaciones sociales, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos marcharon para exigir justicia en el asesinato del activista Antonio Vivar Díaz, a dos años de su muerte que sucedió cuando policías federales y militares irrumpieron en la iglesia de El Tepeyac a sacar a sus compañeros retenidos por los vecinos.
Integrantes de organizaciones sociales denunciaron amenazas de muerte de transportistas del sitio de taxis Benito Juárez contra la familia de Antonio Vivar Díaz, les dijeron que “ya no le sigan si no se los va llevar la chingada”.
Las amenazas fueron después de concluir la marcha, dijeron en una conferencia en la casa de la familia Vivar Díaz los activistas Arnulfo Cerón, Antonio Solís León, Israel Jiménez e Hilario Villanueva.
Informaron que ellos harían las declaraciones por acuerdo con la familia, en lo que se tomaban medidas de seguridad.
Agregaron que cuando los familiares estaban frente al Ayuntamiento y se organizaban para regresar a su casa llegó un joven en una motoneta, los amenazó y culpó de que rompieron los vidrios a la caseta de taxis del sitio Juárez, cuando abordaron una camioneta del servicio mixto se paró delante de ella y luego los siguió.
Al agresor se sumaron otros que iban en motocicletas entre los que identificaron al líder del sitio Juárez, Eustaquio Castillo Alcaide, y los siguieron hasta la avenida Colegio Militar cerca de su casa, ahí se desviaron gritándoles “ya no le sigan si no se los va llevar la chingada”.
Integrantes del sitio Juárez y Señor del Nicho fueron parte del grupo de choque que en el 2015 desalojó a los integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) del Ayuntamiento, golpearon a los profesores y activistas que se manifestaban contra que se realizaran las elecciones el 5 de junio.

La marcha

La marcha inició a las 11 de la mañana del mercado Un Nuevo Horizonte para Guerrero al monumento a Emiliano Zapata, y de ahí al Ayuntamiento donde hubo un mitin que concluyó a las 3 de la tarde.
Frente al Ayuntamiento habló el hermano de Antonio, Avertano Vivar Díaz, quien dijo que a dos años del asesinato los familiares, su hijo y su esposa esperan justicia porque no se investiga nada, “hay mucho dolor en la familia”.
Luego habló el señor Bernabé Abraján, padre de Adán Abraján uno de los estudiantes de Ayotzinapa desparecidos, quien pidió que no se olvidara el asesinato y se exigiera justicia, recordó que Toño se sumó a la lucha por la búsqueda de sus hijos.
Mencionó que las autoridades no dan respuesta a su exigencia de que presenten a sus hijos, y pretenden acabar con su movilización ofreciéndoles dinero o desacreditándolos.
Hubo alumnos de Ayotzinapa, integrantes de la Organización de Pueblos Independientes de Guerrero (OPIG), del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa, quienes se sumaron a la exigencia de justicia.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que Antonio Vivar fue estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y que era parte de la juventud rebelde que se metió de lleno a la exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos.
Al mitin llegó sin uniforme y con lentes oscuros el director de Protección Civil municipal, tomó fotografías de las pintas, luego se metió entre la gente y con su celular tomó fotografías a los que estaban al frente hablando, a los asistentes y se retiró.
Participaron en la manifestación estudiantes de la Normal Regional de la Montaña, comerciantes ambulantes y otros vecinos.

Denuncian que la PGR mantiene estancada la indagatoria

En un boletín Tlachinollan menciona que se cumplen dos años “de la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar Díaz sin que hasta la fecha la investigación derivada por la misma y a cargo de la Procuraduría General de la República tenga avances significativos. Dicha dependencia, no sólo mantuvo estancada la indagatoria por más de un año, sino que ha invertido la carga de la prueba hacia los familiares, a quienes les han exigido que ofrezcan pruebas para acreditar que fueron policías federales los que dispararon en contra del joven ñuu savi, omitiendo con esto su obligación de investigar”.
Dice que aunque los familiares y abogados exigieron la agilización y ofrecieron pruebas la actitud de las autoridades sigue centrada en la criminalización de las víctimas, “con lo cual no sólo se sigue atrasando la investigación, dejando pendientes varias actuaciones para lograr establecer la identidad y responsabilidad de los policías federales involucrados”.
Contextualiza que derivado de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa varias organizaciones sociales protestaban contra las elecciones y el sistema político corrupto, “en Tlapa no fue la excepción, varios movimientos sociales protestaron en contra de las elecciones pues la llamada democracia no se consideraba presente en el Estado. En la jornada electoral la Policía Federal recorría las calles tratando de silenciar a los inconformes, con detenciones arbitrarias, golpes y torturando a más de una persona, es por ello que el pueblo vio preciso replegar a los efectivos en la capilla de El Tepeyac para evitar más actos en contra de la población. Posteriormente, los policías federales sin la más mínima provocación abrirían fuego impactando con precisión milimétrica el pecho del joven Antonio”.
De las investigaciones dice que el Ministerio Público que inició la investigación así como la PGR, “no sólo no se aseguró ni se recogieron adecuadamente los indicios de la escena del crimen, sino que se retardaron diligencias importantes para la investigación como la necropsia. Asimismo, no se hizo una debida búsqueda de testigos de los hechos ni se siguieron los protocolos para la cadena de custodia, por lo que muchos casquillos percutidos que recabó el Ministerio Público local ya no aparecieron con la procuraduría”.
“A más de dos años los nulos avances en las investigaciones contrastan con la rapidez inusitada con que se han establecido procesos contra luchadores sociales. Esta actuación evidencia una intención deliberada de mantener en la impunidad el caso y proteger a los responsables”, advierte.

 

 

El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) condenaron el asesinato del abogado de Tixtla, Eduardo Catarino Dircio ocurrido el domingo pasado, manifestaron que es obligación del Estado otorgar medidas cautelares a los testigos y familiares.
Las organizaciones mediante un comunicado manifestaron que el domingo 4 de junio a la 1:30 de la tarde tras una persecución y enfrentamiento entre grupos civiles armados y policías estatales en la ciudad de Tixtla, según testimonios Catarino Dircio fue ejecutado extrajudicialmente dentro de su casa frente a su esposa Hilda Vázquez Cipriano, su hija y su sobrino.
Las organizaciones afirmaron que han pasado varios días y el gobierno del estado no ha detenido a ningún responsable por la ejecución.
Aseguraron que la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) no ha solicitado al gobierno del estado medidas cautelares para la familia de Eduardo Catarino, quienes denunciaron públicamente la ejecución extrajudicial y sumaria del dirigente municipal de Morena a manos de un policía estatal, así como las amenazas y agresiones verbales hacia ellos, lo que pone en alto riesgo a los testigos.
Acusaron que el vocero en materia de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia, en un afán de ocultar los hechos en sus primeras declaraciones aseguró que el abogado era sicario, criminalización que agravia más a la familia, sus compañeros abogados de Tixtla y del estado.
“Condenamos enérgicamente los hechos ocurridos y reprobamos que se minimice un crimen de lesa humanidad y, por el contrario se dé la criminalización y revictimización que sufrió el abogado y su familia en los boletines emitidos por el vocero”, dijeron las organizaciones en el comunicado.
Añadieron que es respetable que los familiares no permitieran trasladar el cuerpo de Eduardo Catarino al Servicio Médico Forense (Semefo) ante el temor de que le fabricaran más delitos.
Urgieron que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue eficazmente y dé con el responsable intelectual y material del asesinato del abogado, pues dejó secuelas psicológicas irreversibles en su familia, quienes deben recibir justicia y la reparación del daño.
Las organizaciones afirmaron que les preocupa la falta de sensibilidad de quienes están al frente de salvagurdar la seguridad de los guerrenses, y el rezago en la implementación de los protocolos de actuación no sólo de los policías estatales sino de todos los niveles de seguridad.
Reprocharon que a pesar de la militarización en ciudades como Chilpancingo, Tixtla y Chilapa siguen ocurriendo ejecuciones y asesinatos, además de que los policías y el Ejército continúan dando motivos para generar desconfianza ante los ciudadanos.
Manifestaron su rechazo a la Ley de Seguridad Interior, porque aseguraron que el asesinato de Eduardo Catarino demuestra que la insensibilidad de los policías y militares los ha rebasado.

“Todo aquí era sembradíos de caña, y allá hubo una balacera”, –dijo Efrén Cortés Chávez con el brazo extendido a su derecha. Efrén Cortés es uno de los sobrevivientes de la masacre de El Charco que llegaron a conversar con campesinos que recordaron la matanza del 7 de junio de 1998, en la casa donde recibieron a representantes de pueblos y organizaciones.
Ayer, el luchador social habló de manera abierta del grupo armado que pernoctó en un aula de la escuela Primaria Caritino Maldonado hace 19 años, mientras en el salón contiguo dormían decenas de campesinos na savi, muchos de ellos autoridades comunitarias que la tarde anterior habían participado en una reunión del movimiento que promovía la constitución de municipio autónomo.
Señaló que la madrugada del 7 de junio, unos 20 guerrilleros se abrieron paso con balas en la columna de soldados que llegó a emboscarlos. Después, los militares dispararon contra la escuela durante cinco horas para someter a los civiles, y el mando de la tropa de fuerzas especiales les dijo que ellos iban a pagar: “les vamos a dar su chilate con pan”, recuerdan que les dijeron.
El resultado documentado de la masacre durante los siguientes años fue de 11 muertos, 10 na savi y un estudiante universitario, Ricardo Zavala, ejecutados; cinco heridos y 22 detenidos, entre ellos la entonces estudiante universitaria Ericka Zamora Pardo y el propio Efrén Cortés.

La conmemoración

Durante 19 años consecutivos, unos 300 pobladores, policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso, pertenecientes a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), y representantes de algunas organizaciones sociales marchan en el poblado hasta la escuela atacada a balazos en El Charco, que ahora alberga la Telesecundaria Rubén Mora Gutiérrez.
Los estudiantes de la secundaria marcharon con sus uniformes, la Policía Comunitaria con la indumentaria verde olivo con negro y sus armas de servicio. Al frente de la columna se distinguieron las mujeres con sus coloridas enahuas y huipiles blancos.
En el último tramo que sube a la primaria, el contingente tomó una vereda de tierra roja para llegar a la cancha de basquetbol techada donde se celebró una misa ecuménica con sacerdotes defensores de derechos humanos invitados.
Los marchistas, evitaron la calle pavimentada que conduce directamente al edificio escolar, que habían caminado en años anteriores.
El ritual se distinguió por el sincretismo de la religiosidad de los pueblos originarios, sintetizado en el altar: un cristo antiguo cubierto y rodeado de collares de flores distintas que dispuso el grupo de varones encargados de las ceremonias.
Ahí, fray Julián Cruzalta Aguirre, que formó parte de la Caravana por la paz, memoria, verdad y justicia –organizada por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad–, invitó a los pobladores a no olvidar, a insistir en la demanda de justicia y la reparación del daño a los deudos y sobrevivientes, para otorgar el perdón y después buscar la reconciliación.
Subrayó que no fueron sólo los soldados los que agredieron a los campesinos en El Charco, “fue el Estado”, y aunque algunos llamen terquedad a la exigencia de justicia por un hecho ocurrido hace 19 años, precisó que esta lucha no es por los muertos, sino por las nuevas generaciones, para evitar su repetición.
“Estas montañas son sagradas, son la presencia de Dios en su vida, no olviden, cuando se olvida la historia se repite. Que las niñas y niños aprendan lo que aquí pasó para que no se vuelva a repetir”, dijo para concluir su sermón.
En la celebración litúrgica, el sacerdote anglicano y presidente de la asociación Iglesias por la Paz, Arturo Carrasco se refirió al dolor de los pueblos. “Como pueblo latinoamericano, mexicano y guerrerense, estamos muy acostumbrados a ver al señor crucificado, doliente con su corona de espinas, seguramente porque nos identificamos con él”.
Sin embargo, explicó que el Evangelio habla de la transformación del reino de Dios, de que Cristo no está muerto, “(Dios) está en el pueblo exigiendo justicia”.
Luego de la misa, comenzó un acto político en el que uno de los coordinadores de la CRAC-PC de la Casa de Justicia de El Paraíso habló de la inseguridad y la incapacidad de las autoridades para garantizar el bienestar social, y ratificó que los pueblos organizados en la CRAC-PC, “no queremos seguridad del gobierno”.
A modo de explicación, dijo que la prensa documenta muertos todos los días, en Chilpancingo, Acapulco, Tierra Caliente, pese a que el Estado tiene personal y capacidad para combatir el crimen organizado, “pero no lo ha hecho porque falta orden de su jefe, mientras falta orden del jefe, nadie lo va a hacer”.
Aclaró que, independientemente de lo que ocurre en otras partes del estado, la CRAC-PC exige que los gobiernos respeten su territorio, donde se mantiene la paz gracias a la organización de los pueblos. “Al pueblo le ha costado la seguridad, con trabajo, por eso les pido a todos, vamos a organizarnos mejor para seguirnos cuidando a nosotros mismos, porque del gobierno ya no podemos pedir nada, (no se le puede pedir) a quien viene a intimidar, a atropellar nuestros derechos”.
Uno de los vecinos añadió que no hay servicios ni obra pública en sus comunidades, que solicitaron al gobierno estatal la construcción de un edificio para la Telesecundaria que llevan ocho años en operaciones en la vieja escuela primaria Caritino Maldonado, sin resultados.
Los representantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Nicolás Chávez Adame; de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, Magdalena López Paulino; y de los Mineros de México, Roberto Hernández, reconocieron la constancia de la lucha en El Charco, y el sobreviviente Efrén Cortés rememoró la masacre.
Las armas, contra la inseguridad, no para la insurrección: Efrén Cortés

Efrén Cortés habló de la discriminación y el racismo “lacerante” que padecía la población indígena en la cabecera municipal hace 40 años, antes de la organización de los pueblos na savi y me’pha,
Desde entonces, dijo los pueblos originarios han dado varias luchas, y el uso que han hecho de las armas sólo ha sido para defenderse ante los problemas de inseguridad, no para la insurrección.
Recordó que hace 19 años había un proyecto de organización en los pueblos de Ayutla para declarar el municipio autónomo de facto, con cabecera en la localidad de La Concordia y que apoyaban todos, sacerdotes, la mayoría de los profesores, la totalidad de las autoridades comunitarias y la población. “No era proyecto armado, sino integral”, precisó.
No obstante, era algo de lo que no se podía hablar después de la masacre del 7 de junio. Dijo que ahora muchos sobrevivientes han muerto, han pasado muchos años, y ya no hay razón para tener miedo.
Recordó la reunión de 200 civiles y una “estructura armada” del naciente Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en la comunidad El Charco, que provocó la emboscada de militares en la primaria Caritino Maldonado.
Abiertamente, reconoció que había un grupo armado que se quedó a dormir en la escuela, y que durante la agresión se abrió paso entre la columna militar para huir. Horas después, los soldados, que sabían que sólo había en el lugar campesinos sin armas, les dijeron “ustedes la van a pagar, les vamos a dar chilate con pan”, repite las palabras que usaron los militares en la matanza.
Denunció que a la fecha, el gobierno no reconoce que cometió graves excesos, “él dice estaban armados, sí –responde para sí mismo–, y nunca se agredió a ninguna base del Ejército, la agresión vino hacia acá cuando estaba el cerco (militar)”.
Consideró que el gobierno nunca temió una insurrección armada, “le tiene miedo a la conciencia y a la organización”.
Convocó a los pobladores a mantener el movimiento por la seguridad en la CRAC-PC que tiene legalidad y respaldo en leyes nacionales e internacionales, un proyecto que no se va a defender con armas, sino con organización; “estas armas (las de los comunitarios) no son armas de combate. No podemos con escopetas enfrentarnos a taques y helicópteros”, indicó.
Señaló la importancia de defender el proyecto comunitario, “porque el gobierno no va a combatir a la delincuencia, porque el régimen está podrido; pónganse a pensar, el gobierno con tanques, cañones, no ha podido solucionar un problema de inseguridad, porque el gobierno es un cáncer en etapa terminal, que no puede con él mismo”.