Médicos, enfermeras y administrativos de la Secretaría de Salud (Ssa) estatal agrupados en el Frente Democrático de Trabajadores de Salud hicieron un mitin en las oficinas centrales de la dependencia en Chilpancingo, y exigieron al titular, Carlos de la Peña Pintos que no les quiten derechos que han obtenido, como los bonos, respeto irrestricto a las plazas para familiares directos, equipo y material de trabajo para laborar.
Al mitin acudieron trabajadores de Salud de Atoyac, Tecpan, Acapulco, Taxco, Iguala, Ometepec, Tlapa y Chilpancingo, quienes se concentraron en la explanada de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud estatal a las 10 de la mañana.
Minutos antes de las 11:30 de la mañana ingresaron a las instalaciones, colocaron una bocina mediante la que invitaron a sus compañeros a sumarse para que se cumplan sus demandas, que harían llegar a De la Peña Pintos mediante un oficio.
Un médico de Chilpancingo, Hilario Zúñiga Escamilla reclamó: “La secretaria de la sección (36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, Beatriz Vélez Núñez) no está cumpliendo con los trabajadores de la Secretaría de Salud, se ha dedicado a otros asuntos y a los trabajadores de Salud los ha abandonado, por lo tanto yo sí pido la renuncia de esta secretaria porque no responde a los intereses de los trabajadores, ella sólo responde a los intereses de un partido (el PRI), todos los beneficios los llevan los recomendados de su partido”.
Agregó que Beatriz Vélez debería darle paso en el cargo a un compañero que esté interesado en resolver los problemas de los trabajadores de Salud, porque no les da respuestas favorables ni como secretaria del sindicato ni como diputada federal.
Afirmó que el distrito 7 de Vélez Núñez es el segundo más violento en el país, no hay solución a la seguridad, también tiene menos programas de desarrollo, electrificación, pavimentación de calles y que las necesidades básicas no llegan.
Detalló que mediante un documento emplazaron al secretario y a las autoridades correspondientes a una mesa de diálogo, ante las omisiones en contra de los trabajadores.
“Exigimos solución y una mesa de diálogo y acuerdos con la comisión designada por los trabajadores, ya que la representación del comité de la sección 36 se ha coludido con ustedes (el gobierno estatal) para violentar y transgredir nuestros derechos laborales”, dijo Zúñiga Escamilla.
Los inconformes dieron a conocer en un pliego petitorio 10 demandas y advirtieron que si no les dan solución se movilizarán.
En el documento los trabajadores exigieron al secretario de Salud estatal no quitarles los beneficios que han logrado, como el bono que les entrega el gobernador; cinco días adicionales en el aguinaldo y el bono de Fin de Año; además, al pagar el adeudo de los créditos hipotecarios de los trabajadores con el ISSSTE piden que se clarifiquen los pagos generados e intereses acumulados y moratorios.
También exigen hacer los pagos al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), porque no se han integrado sus cuotas pagadas y de ahorro solidario; otra demanda es el respeto irrestricto de las plazas de base para familiares directos de los trabajadores de acuerdo con minutas establecidas en 2016.
Además, exigieron la reinstalación inmediata en su lugar de adscripción donde generaron su antigüedad de los trabajadores formalizados de la tercera etapa; así mismo, entrega inmediata de uniformes del año pasado y de 2017; pólizas del seguro institucional y responsabilidad para cada uno de los trabajadores; material y equipo suficiente para la atención de pacientes y sus actividades.
Los médicos, enfermeras y administrativos de la Secretaría de Salud demandaron seguridad, no represión administrativa, judicial y de cualquier otro tipo.

 

 

 

Cincuenta y cuatro vecinos que se desplazaron hace seis años por la violencia y que habitan en la comunidad La Tondinicua en la parte alta de la sierra de Petatlán tramitaron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su residencia en este municipio, porque no contaban con ninguna identificación oficial y no podían ser beneficiarios de programas gubernamentales.
El secretario del Ayuntamiento de Petatlán, Manuel Rebolledo Pérez dijo que en el 2011 a consecuencia de la inseguridad y la violencia 16 familias de la sierra de Atoyac dejaron sus comunidades y se asentaron en La Tondinicua, a cuatro horas y media de camino desde la cabecera municipal de Petatlán, “a la mayoría de estas familias les mataron a sus familiares por lo que se vieron obligados a huir”.
Agregó que las familias cuentan con el apoyo por parte del gobierno del estado pero los vecinos que son adultos no podían hacer algún trámite ante las dependencias gubernamentales porque carecían de alguna identificación oficial, “nosotros nos enteramos de esa situación luego de una visita que les hizo el presidente municipal, Arturo Gómez Pérez, y entonces organizó una campaña especial para estas familias”.
Dijo que el gobierno municipal solicitó el apoyo de la junta 03 del INE en Zihuatanejo para que se les diera la atención, “en esta localidad están las 16 familias, son un total de 103 personas, 54 de ellas son adultos y el resto son menores de edad, los adultos fueron los que hicieron el trámite ante el INE para tener su credencial para votar y ahora ya son ciudadanos de Petatlán y con ese documento ya pueden también hacer algún trámite para apoyos del gobierno en sus tres niveles”.
Señaló que las familias de desplazados se dedican a la agricultura de autoconsumo y que sus hijos tienen atención escolar, “hay una maestra del Conafe que atiende allá arriba a los niños”.
A pregunta expresa, Rebolledo Pérez aseguró que es el único caso de familias desplazadas por la violencia y la inseguridad que tiene Petatlán, “además de ayudarles a tramitar su credencial para votar también se les apoyó con consultas médicas y odontológicas, así como también se les apoyó con despensas y otros beneficios que el gobierno municipal les ofreció, regresaremos a esa comunidad el próximo 17 de junio para hacerles entrega de sus credenciales que oficialmente los hace ciudadanos del municipio de Petatlán”.

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El dirigente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Costa Grande de Guerrero en Zihuatanejo, Juvencio Valenzo Romero informó que este martes levantaron la huelga de hambre que iniciaron 24 horas antes como parte de la lucha social que han emprendido para defender el edificio que pretende quitarles el dirigente en este municipio del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), Miguel Ángel Pérez Rodríguez.
Explicó que decidieron cambiar de estrategia por los delicados problemas de salud que presentaron algunos de sus compañeros.
Este lunes Valenzo Romero y 15 de 27 integrantes de la mencionada asociación se declararon en huelga de hambre para impedir que Pérez Rodríguez ingrese de manera ilegal al edificio que ellos construyeron en la década de los 80, ya que pretende despojarlos de ese inmueble cuyo litigio se encuentra en los tribunales correspondientes desde hace cinco años.
Ayer el dirigente de los jubilados dijo que decidieron cambiar de estrategia “porque como a eso de las 9 de la noche varios compañeros se pusieron mal, a uno de ellos se lo tuvieron que llevar a Acapulco porque somos personas de edad avanzada, muchos compañeros no aguantaron estar sin comer todo el día porque algunos son diabéticos y otros hipertensos”.
Indicó que ante los delicados problemas de salud de sus compañeros tomaron la decisión de permanecer de manera indefinida en el edificio, “pero ya no en huelga de hambre, ahora sólo estamos en plantón indefinido”, acotó.

 

 

 

Agentes de la Policía Municipal y de Protección Civil de Iguala, acompañados de policías federales, estatales y representantes de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), la mañana de ayer aplicaron la operación Mochila Segura en el Colegio de Bachilleres José Vasconcelos, luego de que profesoras hallaron en una lapicera, al parecer de una alumna, 15 cápsulas de aparente droga, y un cartucho de escopeta.
De acuerdo con información de fuentes policiacas, la operación sorpresa fue después de las 8 de la mañana de ayer en esa escuela de nivel medio superior, a petición de maestras y de la dirección de la escuela, luego de que el lunes hallaron una lapicera con 15 cápsulas verdes, al parecer de la droga conocida como LCD o tachas, así como un cartucho de escopeta.
Los policías municipales, Protección Civil municipal y maestras del Colegio de Bachilleres José Vasconcelos, revisaron las pertenencias de los alumnos en cada aula, pero no hallaron nada ilícito.
En la operación, docentes de la escuela mostraron a un mando de la Policía Federal las cápsulas halladas el lunes en una lapicera que, de acuerdo con las trabajadoras de la escuela, fue “abandonada” dentro de la institución.
En la lapicera con estampados color rosa hallaron una fotografía de una alumna y una memoria USB, así como las cápsulas al parecer de droga que, de acuerdo con el agente de la Policía Federal podría tratarse de la droga LCD o tachas.
El mando policiaco sugirió a directivos de la escuela citar a los padres de la alumna, solicitarle un examen toxicológico y enviarla a terapia psicológica, y solicitarles a los padres un informe mensual del avance de las terapias para su “reinserción” a la institución. También les sugirió a las maestras levantar un acta de la destrucción de la droga.
En un principio había trascendido que el hallazgo fueron hallados durante la operación Mochila Segura, pero por la tarde fuentes policiacas aclararon que el dispositivo fue a petición de los docentes y directivos de la escuela, luego del hallazgo de la lapicera con la supuesta droga.

Padres de familia de la escuela primaria José María Morelos y Pavón, de la calle 16 de Septiembre de la colonia Centro, protestaron afuera de la escuela para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) que deje a Sigifredo Ceballos León como director, pues ya tiene casi un año al frente de la institución.
Antes de las 9 de la mañana, unos 50 padres de familias con pancartas se colocaron frente al portón de la escuela para impedir el ingreso de Rosa Bustos Colón, a quien la SEG nombró como directora encargada de abril a junio. En las pancartas se leía: “No queremos imposición por parte de las autoridades”, “Rechazo total a la maestra Rosa Bustos Colón, Apoyamos al maestros Sigifredo Ceballos León”, “Los padres de familia apoyamos de principio a fin esta lucha. Que no perjudiquen la educación de nuestros hijos”.
La madre de familia, Yadira Suástegui Hernández indicó que están “disgustadas” por la imposición que quieren hacer las autoridades, porque los padres apoyan al director, Sigifredo Ceballos, que ha trabajado mucho para la escuela, que ha tenido un realce. Indicó que no pararon labores, que nada mas era una protesta, pero que si les quieren imponer a Rosa Bustos, van a cerrar la escuela.
Indicó que la única intención de la protesta era no dejar entrar al supervisor, Abundio Maganda, y a la maestra que quieren imponer como directora. Exigieron que las autoridades respeten la decisión de la escuela.
Por su parte, el secretario general de la zona 55 de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Javier Gutierrez Santoyo indicó que los maestros y administrativos están apoyando al director Sigifredo Ceballos.
Señaló que a Rosa Bustos la mandaron como directora del 1 de abril a junio, que ya se cumplió, y que los padres llegarían hasta el paro de labores si les imponen un director. Asimismo, el director encargado, Sigifredo Ceballos León dijo que el supervisor, Abundio Maganda le informó que había nueva directora y que los padres lo vieron como una imposición.
Señaló que, a pesar de que no ha fungido como directora, “ya aparece en el sistema como tal, y puede firmar los documentos, boletas y certificados”. El director dijo que el encargado de la escuela es él y tiene el respaldo de los trabajadores; que ya han hablado con las autoridades, pero han hecho oídos sordos a la petición de que le den el nombramiento de director; aseguró que no trata de perpetuarse en la dirección, y si los padres lo apoyan es porque está dando resultados.

 

La secretaria general del Comité Ejecutivo Central del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG), Brenda Alicia Alcaraz González informó que ya se pagó a 250 trabajadores la caja de ahorro, de los 563 defraudados, con un préstamo que pidieron a la administración central, además de que todavía sigue la auditoría para saber en dónde quedó el dinero de los trabajadores.
En declaraciones al concluir el tercer informe de trabajo del director de la Facultad de Economía, Jesús Castillo Aguirre, a la dirigente sindical se le preguntó cuál es la situación del fraude a la caja de ahorro y dijo que a los responsables Guadalupe Gutiérrez Campos que era el presidente, el tesorero Érik Manrrique Catalán y el contador Felipe Alonso Alonso ya se les expulsó del sindicato y se les inició una demanda penal.
Dijo que están esperando los resultados de la auditoría para iniciar el trámite para quitarles el trabajo de base que tienen en la universidad.
Alcaraz González informó que desde marzo la administración central les hizo un préstamo de 600 mil pesos de las cuotas sindicales, y con ello se pudo pagar a unos 250 trabajadores de los más de 550 que no pudieron cobrar su caja de ahorro en diciembre. Precisó que se pagó a los que cotizaban hasta 5 mil 500 pesos.
De la auditoría comentó que siguen esperando el dictamen, que va pasar un mes pues los responsables le han dicho que es “un trabajo muy minucioso, porque están haciendo la auditoría de los cuatro años, donde se expidieron alrededor de mil 500 cheques por año y tienen que ir cotejando cheque por cheque, ver a quién se le prestó y si efectivamente se dio el descuento”.
Agregó que espera que a la brevedad le den los resultados, porque de ahí se podrá saber dónde quedó el dinero que no se le pagó a los trabajadores en diciembre, y con ello poder cubrir a los trabajadores que ahorraron más.
De los trabajadores que defraudaron a sus compañeros, dijo que están en el proceso legal, que desde hace un mes se metió la demanda penal y los abogados atienden el caso.
Afirmó que los responsables ya fueron expulsados del sindicato con base en lo que establece el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), por el abuso de confianza se busca que sean destituidos de sus plazas de la UAG, es decir, rescindidos como trabajadores, pero “necesitamos que se concluya la auditoría para que haya un soporte de que efectivamente los compañeros hicieron un mal manejo de los recursos”.

 

 

Padres de familias y maestros de la escuela primaria Modesto Alarcón pidieron al gobierno municipal de Atoyac que respete el proyecto original de construcción del nuevo plantel, sin argumentar que el recurso no alcanza, en una reunión ayer en la que estuvieron autoridades del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), en las instalaciones de la escuela.
El proyecto original se anunció de 7 millones de pesos, y bajó a 5 millones y medio en el último anuncio que se hizo en el plantel, este martes, denunciaron los padres de familia.
Dijeron que pese a que la obra no ha sido dada a conocer, ya hay cambios en el presupuesto y en su ejecución.
La vicepresidenta del comité de obras de padres de familia, Clemencia Guevara Tejedor dijo que además pretenden que la obra se cambie a un espacio que es actualmente de áreas verdes y un refugio en caso de contingencia.
Señalo que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) anunció en febrero que el Fondo Nacional de Desastres (Fonden) había autorizado la reconstrucción del plantel, que iniciaría en mayo, pero se ha retrasado y tiene un presupuesto más bajo que el originalmente anunciado.
Los padres de familia insisten en que se respete el proyecto original y no se modifique la estructura del plantel, que tiene salones de más de 65 años y requiere un nuevo edificio
El proyecto especifica demolición y construcción, “pretender construir en un nuevo espacio y dejarnos los salones viejos de más de 65 años, que representan un riesgo para los alumnos; no se puede hacer algo que no esté proyectado, así no se liberan los recursos, pero vemos algo oscuro de todo esto”.
El director del plantel, Agustín Salgado Leyva, por su parte dijo que, “ahora salen que ahí no especifica que debe ser en el mismo lugar, tal parece que vienen con el fin de hacer el proyecto en la cancha externa y dejar de lado los salones actuales, que son los que representan el riesgo y se requiere demoler porque están fracturados”.
Propuso que se supervisen las medidas y se respete el proyecto de 10 aulas con el compromiso de que se hagan ocho.
Dijo que la obra debió iniciarse en mayo, y se estima que sería en un plazo de seis meses máximo su ejecución, para lo cual usarían la cancha techada como aulas provisionales, pero ya va a terminar el ciclo escolar y no ha iniciado la obra, lamento.