Funcionarios públicos, académicos, sociedad civil y representantes de partidos, coincidieron en que hasta que se acabe el sistema clientelar y se recuperen los valores ciudadanos, habrá en el país una democracia real y no la que se mide sólo en las elecciones.
Este martes en la Junta Distrital 4 se realizó la mesa Reconocimiento del déficit democrático como parte de los Diálogos para una cultura cívica que impulsa el Instituto Nacional Electoral (INE). Ahí la vocal ejecutiva, Sinia Álvarez Ramos, indicó que en las elecciones de 2015, el 32 por ciento de las personas capacitadas para estar en las casillas en ese distrito se negaron a participar, y consideró que había un alto nivel de desconfianza.
Durante la mesa de análisis, los asistentes coincidieron en que recuperar los valores devolvería la confianza a las instituciones, que en los jóvenes estaba el cambio, pero que la responsabilidad está en las familias, la educación en las escuelas y en una vinculación entre el INE y los jóvenes.
El catedrático de la Escuela Superior de Sociología, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Oscar Basave, afirmó que el gran problema en la cultura cívica es que los ciudadanos dejan que otros resuelvan sus problemas, lo que impide una democracia de calidad.
Criticó que existe un sistema clientelar impulsado por el PRI, pero que fue adoptado por otros partidos. La catedrática de la Universidad Hipócrates, Silvia Peralta García, expresó que la falta de confianza de los ciudadanos es porque los políticos modifican las leyes a su beneficio. Mientras la ex consejera ciudadana, María Román Palacios, dijo que la democracia no se tiene que ver sólo en las elecciones y que se tiene que legislar para que el voto sea obligatorio.
El catedrático de la Facultad de Medicina, Antonio Rosales, resaltó la importancia de recuperar los valores para recobrar la confianza, que se debe hacer desde la escuela, los medios masivos de comunicación y la familia.
El coordinador de asesores el presidente de Acapulco, Geovanny Manrrique, agregó que mientras no se desmantele el antiguo régimen todo seguirá funcionando igual, considerando que no habrá avances en la democracia y el delegado de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca de Benítez, Alfredo Miranda, afirmó que se deben de crear condiciones para la tolerancia, el respeto y la legalidad.
El representante del PAN, Ranferi Suazo Pineda, consideró que la “mañosidad”, el acarreo de gente, la compra de votos y la falta de seriedad de los propios partidos políticos, echan abajo el esfuerzo del INE de crear una democracia.
De Movimiento Ciudadano, Iris Salmerón, dijo que las cosas en el campo son distintas a las que se proyectan, que la ciudadanía espera un “recurso” económico o en especie por la pobreza que hay, que eso incide a la hora de votar. El representante de Morena, Juan Caros Manrrique, criticó que el INE sea un instituto fuerte en dinero y recursos humanos, pero sin un enlace con los jóvenes y las escuelas.

Durante la mesa de diálogo Para la estabilidad política y la paz social en el municipio de Ayutla de los Libres, los dos grupos que se oponen a alguno de los métodos propuestos para la elección por usos y costumbres, acordaron que la consulta para decidir será el sábado y domingo.
En el Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri (IEPEN) se reunieron consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Dagoberto Santos Trigo, y el encargado de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Elec-torales (Fepade), Ulises Sandoval Catalán, quien se comprometió a instalar un módulo para que se denuncien las irregularidades.
El pasado 25 de mayo, el grupo que está a favor de la propuesta B, que consiste en un sistema de planillas y elección en urnas, y que es el más similar al actual del sistema de partidos, acudió al IEPC con la intención de revertir el acuerdo que tomaron un día antes con los promotores de la elección por usos y costumbres, para cancelar la consulta.
Ese día declararon que no había condiciones para realizar la consulta, que se tenía prevista para los días 26 y 27 de mayo. El Consejo General del IEPC acordó que la consulta para definir el método de elección del gobierno municipal para 2018, sería los días 10 y 11 de junio.
Para eso realizaron la mesa de diálogo, para que ambos grupos “generaran las condiciones”.

Muertes por experimento social

De inicio, el grupo opositor a la elección por usos y costumbres o el modelo A, que establece que se realice una asamblea de delegados nombrados por sus comunidades para que decidan el nuevo gobierno, calificaron al IEPC como un órgano “no confiable”.
Y también criticaron a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), porque afirmaron que pretende decidir por todos los ciudaanos de Ayutla.
En voz del ciudadano Alfredo Sánchez, este grupo dijo que están preocupados porque se están haciendo “las mismas trampas de las que acusan a los partidos políticos, sin considerar que no se puede obligar a los ciudadanos a someterse a lo que ustedes creen su derecho”.
En el escrito, acusaron al IEPC de estar “alimentando el fuego de un conflicto que puede desembocar en una masacre”.
Afirmaron que el IEPC está “rebasado por la realidad del municipio y le pedimos al INE que intervenga, para que la legalidad de la elección pueda ser garantizada”.
Y advirtió que si se continúa el proceso de elección por usos y costumbres habrá “asesinatos, muertos, por un experimento social”.
Por su parte, el diputado local del PRD y presidente de la Co-misión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, Ociel Hugar García Trujillo, pidió que en Ayutla no se den “chicanadas”, de las que dijo que ya están hartos los ciudadanos.
En tanto, Raymundo Bermúdez, de la UPOEG, pidió que las comunidades no sean manipuladas por partidos políticos.
Por su parte, el consejero Felipe Arturo Sánchez Miranda respondió que los han acusado de muchas cosas, pero “ninguno de los dichos han sido probados, y los invitó a que si tienen elementos que prueben lo dicho, los presenten ante las autoridades para que se generen las consecuencias que establece la ley”.
Mientras que el vocal ejecutivo de la junta local del INE, Dagoberto Santos, festejó la mesa de diálogo y les dijo que el INE ya está participando en el proceso para la elección por usos y costumbres, “estamos en plena colaboración”.
Les dijo que la responsabilidad es del IEPC y que el INE seguirá participando “de manera responsable”.
El abogado de la UPOEG, Manuel Vázquez Quintero, quien llevó el proceso legal por el que se consiguió la aprobación de la elección por usos y costumbres, pidió a ambos grupos que la consulta para definir el método de elección sea “pacífica y respetuosa”.
Otros pobladores, como Martha Soledad Casarrubias, preguntaron a los consejeros cómo van a saber la manera en la que se realizó la votación de los pobladores en las asambleas del próximo sábado y domingo, y si se permitió participar a las mujeres y si fue con respeto a los derechos humanos. Maricela Reyes les dijo que habrá en cada asamblea una persona del IEPC que observará la asamblea.
Por su parte, Miguel Ángel Godínez, del grupo a favor del modelo B, que es la similar al actual sistema de partidos, dijo que las posturas de cada grupo son irreconciliables. Dijo que a pesar de que no están de acuerdo, “estamos dispuestos a que se realice la elección por usos y costumbres”, pero insistió en que el INE debe atraer el proceso, porque el IEPC no resulta confiable.
Afirmó que “las chicanadas” en Ayutla las realiza el grupo promotor, como la coacción, la presión, la inducción del voto, porque afirmó que los integrantes de la UPOEG acuden a las comunidades armados y eso atemoriza a los pobladores y comisarios.
Por eso, pidió que los días de las asambleas no haya grupos armados uniformados, para que no se inhiban los votos, y “pediríamos a la Secretaría General de Gobierno que se garantice la paz”.
Pero Manuel Martínez Godínez, del grupo de pobladores que están de acuerdo con la elección por usos y costumbres, negó que la UPOEG acuda a las comunidades con sus policías armadas y llamó al presidente municipal Hortencia Aldaco Quintana y al diputado local perredista Raymundo García Gutiérrez, “a sacar las manos del proceso, porque nosotros no tenemos ni un peso para ir a las comunidades”.
La Fepade se comprometió a instalar un módulo en Ayutla, desde días antes a la consulta del próximo sábado y domingo, e invitó a los ciudadanos del municipio para que utilicen los mecanismos legales para presentar sus denuncias.
Cuando el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, pidió la palabra, el integrante del grupo opositor de la elección por usos y costumbres Miguel Ángel Godínez, pidió que no le permitieran hablar y que sólo los originarios de Ayutla pudieran intervenir, sin embargo, a solicitud de otros asistentes los consejeros aceptaron escucharlo.
Bruno Plácido fue muy breve en su intervención, en la que destacó que no hay condiciones para que en Ayutla se realice la consulta los días 10 y 11 de junio, y pidió que se suspendiera.
Pero al final, acordaron que la consulta en la que el IEPC participará como observador, sí se realizará esos días.

 

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciu-dadana (IEPC) tomó acuerdos sobre los aspirantes a la reelección y el inicio del proceso electoral 2017-2018, que será el próximo 8 de septiembre.
Uno de los acuerdos tiene que ver con los registros de los candidatos, en el que incluyeron la particularidad de la elección consecutiva o reelección, como lo establece la ley y que se realizará por primera vez en el próximo proceso.
Que el IEPC tenga que establecer las reglas para el registro de los candidatos en la figura de reelección generó inconformidad de los representantes del PAN y el PRD, Carlos Millán Sánchez y Misael Medrano Baza, quienes dijeron que es responsabilidad del Congreso legislar en la materia.
El IEPC aprobó que para que un candidato pueda ser registrado para la reelección debe primero notificar a su partido, para que éste notifique a la autoridad electoral que efectivamente registrarán a ese candidato.
Con eso buscan que los partidos lancen a tiempo las convocatorias para sus procesos de selección de candidatos, y “garantizar los derechos de todos los militantes y paridad en todas las contiendas”, afirmó la consejera presidenta Marisela Reyes Reyes.
También se establece que los políticos que se quieran reelegir deben separarse del cargo 90 días antes de la elección, porque argumentó la consejera presidenta que si no se cuida eso, se podría generar inequidad en la contienda.
Los alcaldes, síndicos, regidores y diputados locales, incluso los plurinominales, pero en la segunda ocasión por el principio de mayoría relativa se pueden reelegir y pueden ser postulados por el mismo partido u otro, en caso de que lo haya postulado una coalición.

En una misa en la catedral de la Asunción de María en el Zócalo de la ciudad, el activista de derechos humanos en América Latina, fray Julián Cruzalta Aguirre denunció que en México hay una guerra que aún no reconocen los mexicanos.
Convocó a los laicos a perder el miedo y conocer a detalle lo que ocurre en Guerrero y en el país, “no es posible que tanta gente que cree en el evangelio esté aterrorizada. El evangelio es vida, justicia y esperanza”, dijo como conclusión en el sermón que escuchó con particular atención la concurrida asistencia.
Con la celebración que dirigieron el vicario de la catedral y dos sacerdotes de la organización Iglesias por la paz, fue recibida en Chilpancingo la Caravana por la paz, memoria, verdad y justicia en su paso hacia Ayutla, para participar hoy en la marcha conmemorativa de la masacre de El Charco, ocurrida el 7 de junio de 1998, hace 19 años.
En el ritual católico, Cruzalta explicó que Iglesias por la paz vino a Guerrero porque quieren la paz del estado, sin embargo citó al profeta Isaías: “la paz es fruto de la justicia, sin justicia no habrá paz en Guerrero”.
Señaló que en el país hay situaciones muy graves, como los 27 mil desaparecidos, y en el mundo a una situación de esta naturaleza se le llama guerra.
No obstante dijo que los mexicanos piensan que viven en paz porque no hay tanques en las calles, y conminó a los asistentes a no esperar a actuar hasta que una desgracia los alcance.
Como ejemplo mencionó que este miércoles se cumplen 19 años de una masacre, “una de tantas en Guerrero”, antecedente de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala.
Subrayó que los agravios del presente vienen de la impunidad del pasado, y en Guerrero hay temas pendientes de justicia desde la década de 1970, cuando el Ejército sitió la Costa Grande y cometió graves violaciones a los derechos humanos de la población.
Consideró que hay personajes que quieren a los católicos “encerrados rece y rece, (pero) ustedes los laicos están llamados a actuar, a no permitir una sociedad tan injusta”, dijo que aunque no se tenga poder como los gobernantes, “al menos estar informados nos toca”.
Añadió, “hay gente que dirá, no se metan en eso, a la Iglesia no le toca… quedarnos en silencio es ser cómplice, el evangelio nos llama a hablar fuerte”.

Se unieron diferentes iglesias
por el pueblo

La comitiva de la red Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC (RSDCIAC), Ernesto Rodríguez Cabrera y Magdalena López Paulino, y de Iglesias por la paz el sacerdote anglicano Arturo Carranza y fray Cruzalta fueron recibidos en la puerta de la catedral, y los religiosos invitados a colaborar en la celebración.
Después de la misa Cruzalta informó que hace cinco años religiosos de distintas iglesias: metodistas, anglicana, católica-romana, bautistas, entre otros, preocupados por la violencia dejaron sus diferencias para unirse por el pueblo.
Recordó que comenzaron acompañando a los familiares de personas desaparecidas, crimen que se denunciaba de forma masiva, con marchas y oraciones, ahora oran en plazas públicas en la Ciudad de México por la paz, han integrado a budistas e islamitas en un movimiento que crece más allá de los cristianos.
También acompañan muchas otras demandas, como en este caso que se integraron a la Caravana por la paz de la Red, para exigir la verdad y la justicia de la masacre de El Charco, porque Guerrero es un claro ejemplo de impunidad desde hace más de 40 años.
Precisó que la violencia es muy grave no sólo en Guerrero, sino en el país y “como sociedad debemos discutir cómo resolver esa mezcla tan grave y muy explosiva que es la situación del estado (narcotráfico, violencia, corrupción), la gente en situación de guerra actúa de manera distinta a una situación de paz, sobre todo cuando le cierran canales democráticos, es como una olla exprés. Hay que parar esta guerra de manera sensata, civilizada, que las autoridades asuman la responsabilidad de lo que han hecho las fuerzas del Estado, que pidan perdón a la población, y entonces sí comenzar un proceso de reconciliación”.

 

Agentes de la Policía Estatal despedidos se concentraron en la explanada de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) en Chilpancingo, para exigir al presidente del organismo Ramón Navarrete Magdaleno y al gobernador Héctor Astudillo Flores que se reanuden las mesas de diálogo para tratar la reinstalación de los 176 policías dados de baja tras un paro laboral.
Ayer a las 11:30 de la mañana unos 70 policías estatales se congregaron en la explanada de la Codehum y solicitaron una audiencia con Navarrete Magdaleno.
Uno de los manifestantes quien se reservó su nombre se quejó de que este lunes se reunirían con funcionarios del gobierno del estado, y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, para tratar la reinstalación de los 176 dados de baja tras exigir el pago de un bono de riesgo de 3 mil 500 pesos a 12 mil, pero se canceló.
Comentó que les informaron que hoy se reanudará la mesa de diálogo, “nosotros queremos que nos atienda el gobierno del estado, nosotros no cometimos ninguna falta ni delito, pedimos a la voz de ya que nos incorporen a la SSP, las autoridades lo que hicieron fue despido injustificado y abuso de autoridad”.
Dijo que algunos de sus compañeros han acudido a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado para recibir su liquidación, pero no los atienden, “los trabajadores les dicen a nuestros compañeros que vuelvan mañana, pero nunca los atienden para saber cuánto dinero les corresponde”.
Afirmó que iniciaron el paro de labores en el cuartel central de la Policía Estatal el lunes 29 de mayo para exigir el respeto de la jornada laboral de tres días de trabajo por tres de descanso, pues los policías estatales activos continúan laborando seis días por tres de descanso.
Explicó que la federación destina por cada año laborado 35 mil pesos de liquidación para los policías estatales, pero el gobierno del estado pretende disminuir a 17 mil, “nos quieren robar 18 mil pesos de lo que nos corresponde por derecho”.
El policía estatal despedido denunció que la SSP continúa actuando contra los agentes, porque dijo hay otras listas de policías estatales en proceso de suspensión o despido, “en esta lista hay policías que les caen mal a los jefes por eso hacen estas irregularidades y puede incrementar el número de policías despedidos”.
De lo declarado por la secretaria del Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Nybia Solís Peralta, que a pesar del despido de los 176 policías hay 90 aspirantes que ocuparían sus lugares, pero aún falta la capacitación que dura cuatro meses, respondió que de dónde sacarán a los 90 aspirantes, porque hay poco interés de los jóvenes para entrar a la Policía Estatal.
Agregó que en algunas ocasiones hay 100 aspirantes que buscan ingresar la SSP, pero sólo se quedan cinco.
A la 1:30 de la tarde los inconformes se retiraron de la explanada de la Codehum.
El 29 de mayo, unos 600 policías estatales de la región Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel central, para exigir una jornada laboral de tres días de descanso por cada tres de trabajo, y el pago de un bono de riesgo de 3 mil 500 a 12 mil pesos.
El martes 30 de mayo terminaron su paro laboral para esperar alguna indicación de sus mandos y trabajar, pero el miércoles 31 de mayo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó mediante un boletín de prensa que dio de baja definitiva de su corporación a 176 policías estatales.
Tras el despido unos 200 policías estatales marcharon en un carril del bulevar Vicente Guerrero, la avenida Insurgentes y Benito Juárez hasta las instalaciones de la Codehum en la capital, donde presentaron una queja contra la SSP estatal, ya que los funcionarios les informaron que 176 de los 600 que participaron en el paro fueron dados de baja por sabotaje y no se integraron a sus labores.

 

En el segundo aniversario luctuoso del activista Antonio Vivar Díaz, asesinado el 7 de junio de 2015 por policías federales, se celebró una misa y familiares y amigos le llevaron flores al panteón.
Ayer siguieron las actividades de la Jornada por la justicia, la verdad y contra el olvido, que inició el 1 de este mes y termina hoy con una marcha del mercado Un Nuevo Horizonte al centro de la ciudad.
La jornada es para exigir el esclarecimiento del asesinato y castigo a los autores materiales e intelectuales del crimen que ocurrió el día de las elecciones en la iglesia de la colonia El Tepeyac, durante protestas para exigir la presentación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala.
Ayer la misa religiosa inició a las 6 de la tarde en la iglesia de la colonia El Tepeyac, donde se concentraron familiares y amigos de Vivar Díaz, en este lugar el día del asesinato vecinos de la ciudad concentraron a unos 30 policías federales que pedían la liberación de ocho profesores que fueron retenidos y trasladados a Acapulco, según la policía porque alteraron la elección y les encontraron bombas molotov, aunque después se supo que eran maestros que pasaban por la calle cuando fueron detenidos.
En su sermón el cura mencionó que la misa era para recordar a El Comandante Toño, quien luchó por sus ideales porque estaba comprometido con las causas justas. Pidió paz y un cese a la inseguridad que se sufre en el estado.
Después de la misa el grupo salió con flores, velas y pancartas para exigir justicia, dijeron que el 7 de junio no se olvida y que Antonio no murió, el gobierno, lo mató.
Llevaban su fotografía y mantas en su recorrido al panteón de San Diego donde dejaron flores y velas, ahí también se exigió justicia para el activista del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) que fue asesinado a balazos por policías federales que irrumpieron en la iglesia arrojando gases lacrimógenos.