Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

El Poder Judicial es una élite altamente profesionalizada, conformada en gran medida por personas blancas; no hay cabida para las personas indígenas, pues han sido excluidas, invisibilizadas y, por lo tanto, la mayoría de los jueces son insensibles ante las realidades de los pueblos originarios, denuncia en entrevista con El Sur Eduardo Martínez Gutiérrez, director de la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales.
Esta organización promueve la formación judicial de personas indígenas para ocupar espacios en el Poder Judicial y juzgar con perspectiva intercultural y antirracista.
Zapoteco originario de Santiago Matatlán, Oaxaca, Eduardo y su equipo buscan que haya más jueces y juezas, magistradas y magistrados que hablen lenguas indígenas, pues en ese estado sólo dos jueces lo hacen, contra 33 por ciento de la población oaxaqueña –un millón 200 mil habitantes– que habla un idioma originario.
“Por lo tanto, 33 por ciento de los jueces y juezas debe ser hablante de lenguas indígenas”, enfatiza Martínez Gutiérrez. Y se tendrían que “reservar de 52 a 55 espacios para esta población”, propone.
“Creemos que, con eso, podríamos empezar a cambiar el sistema de justicia, volverlo más plural. Que existan personas más sensibles ante la realidad de las injusticias que viven los pueblos indígenas. Se requiere hacer un esquema en donde se forme exclusivamente a perfiles indígenas para que lleguen a ocupar esos cargos”, agrega.
–Esa falta de representación, ¿se repite en otras entidades del país, como Guerrero, vecino de Oaxaca?
–No hemos encontrado que algún Poder Judicial local desagregue los datos por grupo étnico. En el país ningún estado lo hace y en Oaxaca lo hicieron por un estudio específico de género que arrojó esos datos. Ni siquiera el Poder Judicial federal tiene esos datos como tal. Pero es una cuestión sistemática. Si en el estado con mayor población indígena y en donde el movimiento indígena es visible, es completamente invisible la presencia de personas indígenas en el Poder Judicial, no dudo que sea igual de invisible en otros lados.

Racismo, discriminación,
ignorancia e insensibilidad

La Red de Intérpretes y Promotores Interculturales se percató de la falta de postulantes que hablan lengua indígena para el Poder Judicial a pesar de la diversidad lingüística que existe en México, donde se estima que más de 7 millones de personas hablan una lengua indígena.
En los pueblos originarios hay más de 360 variantes lingüísticas. “Eso habla de una diversidad lingüística muy compleja, que implica también una diversidad cultural. Las personas hablan una lengua distinta y piensan de forma distinta”, contextualiza Eduardo.
Cuando los pueblos indígenas mantienen comunicación con el sistema de justicia, añade, enfrentan un choque lingüístico y, por lo tanto, un choque cultural y epistémico. “No hay forma de que el sistema de justicia se comunique con los pueblos y con las personas indígenas”, advierte.
Esto ha sometido a los pueblos durante mucho tiempo a numerosas violencias, lamenta, “y hemos encontrado de forma sistemática la violación de derechos lingüísticos de las personas indígenas”.
Cada seis meses, la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales ingresa a los centros de detención y a los reclusorios para dialogar con las personas indígenas. “La situación que encontramos es sumamente difícil. En México existen 7 mil personas indígenas privadas de su libertad. De esa cantidad, más de 70 por ciento no tuvieron acceso a un intérprete durante su proceso judicial. Esas personas desconocen el estatus de su expediente judicial, los motivos de su detención, sus derechos y por lo tanto son susceptibles a actos de tortura”, expone.
Esta situación se debe a varios fenómenos, como el racismo y la discriminación, “que están arraigados profundamente en el sistema de justicia. Existe una tremenda insensibilidad por parte de los funcionarios judiciales, que además son ignorantes en temas de diversidad lingüística”.
Desconocen que las personas indígenas son hablantes de su propio idioma, que tienen una forma de pensar distinta y, por lo tanto, deben ser juzgados desde una perspectiva intercultural, con la presencia de un intérprete-traductor y al menos acompañados por un defensor, de acuerdo con la ley, con conocimiento de su lengua y su cultura.
“Esto desafortunadamente no pasa, por cuestiones presupuestales”, menciona Eduardo. “No existe en México una política pública en materia de interpretación y traducción. Desafortunadamente, las personas indígenas se enfrentan a un sistema de justicia en una lengua que no hablan y esto se debe a la insensibilidad de los funcionarios, fiscales y jueces. Como si ser hablante de una lengua indígena o no dominar el español fuera sinónimo de retraso mental”.
En este contexto de funcionarios que desconocen la diversidad lingüística y cultural, y que a través de sus sentencias reproducen estereotipos raciales, “los pueblos indígenas son vistos como salvajes, atrasados, incivilizados y se enfrenten a un sistema de justicia que es sumamente racista.
“Lo que hemos observado es que las personas que están en el sistema de justicia desconocen la diversidad y tratados de derechos humanos de pueblos indígenas. Obligan a que las personas indígenas renuncien a su derecho a un intérprete. Les dicen que el proceso va a tardar más porque no hay intérpretes y porque una audiencia con intérprete va a tener el doble de tiempo que una audiencia sin intérprete, porque lo que se dice en español se menciona en la lengua indígena”.

El PJ, “el espacio más clasista y
formalista que existe”

Para construir un sistema de justicia distinto al actual, antirracista e intercultural, la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales propone que se garantice la llegada de personas indígenas a los espacios de toma de decisión. Por ejemplo, en el marco de la reforma judicial, no existió, como sí existe, por ejemplo, en el Poder Legislativo, una acción afirmativa que establezca un porcentaje de personas indígenas en estos espacios.
“La reforma judicial omitió completamente que haya un porcentaje de personas indígenas en el Poder Judicial. A nivel federal, no se desagregan los datos de pertenencia a un grupo étnico”, comenta Martínez Gutiérrez.
“A las personas que son juzgadoras se les divide por grupo etario y por género, hombres y mujeres. No existe un dato sobre si estas personas en el Poder Judicial son hablantes o no de una lengua indígena. Por lo tanto, existe una invisibilidad de las personas indígenas en el Poder Judicial”, subraya.
El estudio hecho en Oaxaca documenta que solamente dos jueces de los 160 con que cuenta Oaxaca hablan una lengua indígena. De los magistrados o magistradas, ninguno es hablante. A nivel federal, ningún ministro o ministra tampoco es hablante.
“De los ministros para abajo –señala Eduardo–, o de todos los cargos de jueces federales, magistrados de circuito, no tenemos información al respecto. El tema está completamente invisible a nivel federal.
“La reforma no lo contempló, pero las personas indígenas para llegar a esos espacios enfrentan muchísimas barreras. Si nos vamos a los datos, sólo 5 por ciento de la población universitaria en el país es hablante de una lengua originaria. Si acceden a maestrías y doctorados, va disminuyendo de forma gradual el número de personas indígenas.
“La segunda barrera a la que se van a enfrentar es la barrera económica: acceder a altos procesos de profesionalización. Tercero, las personas indígenas enfrentan barreras raciales en el sistema de justicia, que en el país es el espacio más clasista formalista que existe y excluye a las personas indígenas.
“La mayoría de los jueces federales, magistrados y ministros son blancos, lo que implica un tema de pigmentocracia. Estudios del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) arrojan que personas contratarían a personas indígenas solamente para cuestiones de limpieza, como mecánicos o para trabajos de obras, pero no como doctores, abogados u otras profesiones.
“Lamentablemente, aún tenemos arraigados estereotipos raciales en donde la alta profesionalización se relacionan con personas blancas”, remarca.
Al menos en Oaxaca, personas indígenas que están en el proceso electoral del Poder Judicial se enfrentan a estas mismas barreras económicas y raciales. “Otras personas que compiten por el mismo espacio han pasado por un alto proceso de formación, tienen mayores redes de apoyo y no enfrentan los estereotipos raciales”, dice Eduardo.
Dejar de ser el
eslabón más bajo

Cuenta el especialista de la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales que en Oaxaca hay casos de jueces que son hablantes de lengua originaria pero han decidido invisibilizar su identidad indígena para no ser víctimas de discriminación y racismo en el Poder Judicial. “Si eso se vive en Oaxaca, seguramente se vive en Guerrero y a nivel federal”, afirma.
“Se inscribieron en el proceso –para la elección del próximo 1 de junio– personas que son hablantes de lengua indígena. Es visible la figura de Hugo Aguilar, que era subdirector en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Va para magistrado. Ser juzgador es una chamba completamente distinta. No basta con ser abogado, son muchos elementos que se requieren”, apunta Martínez Gutiérrez.
“En Oaxaca hemos detectado a gente que va a la Sala Superior del Tribunal Electoral, a la sala regional del mismo. Para jueces federales van dos personas que son hablantes de lengua indígena y una va para magistrado”.
La Red de Intérpretes y Promotores Interculturales lanzará este año, con otras organizaciones, el proyecto de una escuela de alta formación judicial para personas indígenas, pensando en formar perfiles con una alta profesionalización de hablantes de lenguas indígenas para impulsarlos en 2027, cuando se va a renovar la otra mitad del Poder Judicial federal.
“Que sean hablantes pero que, además, conozcan derechos humanos, perspectiva intercultural y perspectiva antirracista, porque llegan personas hablantes en la Cámara de Diputados o de Senadores que desconocen esta perspectiva y a la hora de defender derechos de pueblos indígenas reproducen los estereotipos de género y racistas”, explica Eduardo. “Para que rompan completamente con los estereotipos que se dan todavía al interior del Poder Judicial”.
“En Oaxaca, la mayoría de personas indígenas dentro del Poder Judicial son secretarios judiciales o actuarios, que es el eslabón más bajo. Es un tema sistemático”, insiste.
“¿Pasará lo mismo en Guerrero? No hay que escarbarle mucho, si hubiera datos, veríamos lo mismo. Las pocas personas indígenas están en los espacios operativos y las personas no indígenas, blancas, están en los espacios de toma de decisión y encabezan los juzgados.
“Es una situación lamentable en el país y la reforma, de todo lo malo, al menos logró visibilizar un espacio que estaba completamente invisible y que es tan importante.
“Lo que nosotros estamos pensando –concluye Martínez Gutiérrez– es que la única forma para que las personas indígenas, puedan llegar a esos espacios, es que existan cuotas, acciones afirmativas, para compensar un poco. De otra forma, será complicado”.

Agencia Reforma

Ciudad de México

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no ha habido avances en el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Reprochó las movilizaciones del magisterio disidente, quienes emplazaron a la mandataria a una mesa directa antes de la cita acordada para hoy en instalaciones de la Secretaría de Gobernación.
Luego de que el miércoles, la Coordinadora intentara impedir la conferencia mañanera pese a que ya estaba agendada la reunión, Sheinbaum señaló que la CNTE debe explicar si esa estrategia es parte de su movimiento o se trató de una provocación.
“Si el objetivo era que no hubiera mañanera, habría que ver si es provocación o es parte del movimiento y la propia CNTE tiene que decirlo”.
La Mandataria cuestionó dos incidentes de los maestros con youtubers afines a la 4T, a quienes impidieron grabar la protesta, a uno lo golpearon y a otro lo obligaron a borrar imágenes.
“Nunca es justificable eso”, condenó.
Sheinbaum destacó las coincidencias entre las críticas de la CNTE y las expresadas por figuras del conservadurismo, como el ex Presidente Felipe Calderón, quien reprobó que la conferencia matutina no se realizara de forma presencial.
“Los conservadores, incluido un ex Presidente, acusándonos de por qué no hicimos una mañanera como las normales, o sea, luego se juntan (los extremos) en sus argumentos”, señaló.
Sobre el fondo de las demandas, la Presidenta insistió en que su Gobierno está abierto a revisar temas como la desaparición del USICAMM, pero a través de un mecanismo participativo, no sólo mediante decisiones de líderes sindicales.
“A los maestros y las maestras siempre nuestro respeto y lo que podamos hacer por los maestros y las maestras siempre vamos a buscar las mejores condiciones y también consultando con los propios maestros.
“Lo que nosotros estamos planteando es que no acordemos con un grupo de maestros, sino que nos vayamos a preguntarle a todas y todos los maestros y que lo surja de esa discusión, es lo que vamos a proponer al Congreso.
“Lo que nosotros queremos es la participación colectiva, siempre lo hemos hecho”, dijo.

Pone la Segob en duda la reunión de Sheinbaum con la CNTE: “¿En estas condiciones se puede hacer?”

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, puso en duda la viabilidad de la reunión prevista para hoy viernes entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Tras comparecer durante más de tres horas a puerta cerrada ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, recordó que el Gobierno federal ofreció la mesa, pero tras las manifestaciones del magisterio que afectan a la población y a los estudiantes, desconoce si ésta podrá llevarse a cabo.
“La pregunta es, ¿ellos quieren la mesa? La hemos estado nosotros ofreciendo, pero en estas condiciones pregunto también a ellos, a ustedes, había una oferta o hay una oferta de una reunión, pero en estas condiciones ¿se puede hacer, se debe hacer, afectando a la población, afectando a los niños que se quedan sin clases? No sé”, dijo.
La funcionaria federal advirtió al magisterio que no podrán darle todo lo que piden, como un aumento salarial del 100 por ciento; no obstante, pidió considerar otras ofertas, como el aumento del 10 por ciento ofrecido el 15 de mayo pasado y el congelamiento de la edad mínima de jubilación.
Adelantó que hay otras cosas que se pueden ir construyendo, por lo que reiteró el llamado al diálogo.
“Que tomen en cuenta un gran avance que significa el congelamiento de la edad mínima de jubilación. Se propuso mantener que la edad mínima 58 años esté para hombres, 56 para mujeres, evitando que aumente a 60 años, como está previsto en la ley, entonces, nosotros estamos con ofertas concretas que requieren los maestros y que la Presidenta nos ha instruido siéntense, lleguen a acuerdos, a buenos acuerdos que beneficien al magisterio nacional”, dijo.
Rodríguez indicó que no se cansarán de buscar el diálogo con la CNTE y anunció que estará en “sesión permanente” en la Secretaría de Gobernación para recibirlos de la mejor manera.
“Cuando nos sentamos, pues podemos llegar a acuerdos”, aseveró.
La Secretaria sostuvo que están conscientes de las molestias que las manifestaciones ocasionan a la ciudadanía; sin embargo, recordó que este no es un gobierno represor.
“Queremos hacer patentes que estamos conscientes de las molestias que ocasionan a la ciudadanía, pero también dijimos que el Gobierno de México no es un Gobierno represor y que nosotros seguimos extendiendo la mano para ir a sentarnos a la mesa y que los ofrecimientos que se han hecho hasta el momento sean tomados en cuenta”, reiteró.
Dijo que otro tema pendiente de dialogar con el magisterio son las reglas para la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).
Extiende la CNTE
protestas en Cdmx

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) multiplicó los puntos de protesta en la Ciudad de México.
Este jueves, los docentes se dispersaron en las zonas centro, norte y sur de la capital.
La Sección 9, liderada por Pedro Hernández, bloqueó Montevideo, esquina con Insurgentes, Colonia Lindavista, al norte de la capital.
Esa misma sección tiene presencia en la Alcaldía Milpa Alta, en Plaza Cuicuilco, Alcaldía Tlalpan, así como a las afueras de la estación del Metro UAM, en Iztapalapa.
En la zona centro, los docentes bloquearon accesos a la Bolsa Mexicana de Valores, en Paseo de la Reforma, y también se plantaron en Reforma 222.

Llegan comerciantes
ambulantes de Puebla a
Cdmx para apoyar a la CNTE

Un nutrido contingente de Unión Popular de Vendedores y Ambulantes (UPVA) de Puebla llegó al Ángel de la Independencia para respaldar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en su marcha hacia el Zócalo capitalino.
“Ellos también respaldan nuestra lucha, de manera recíproca. Respaldan la lucha de la UPVA 28 de octubre de Puebla”, dijo uno de los manifestantes desde un altavoz.
“Hay que luchar juntos”, añadió minutos después de bajarse de uno de los 10 vehículos, entre camiones de pasajeros y combis, que arribaron a la zona.
Los poblanos acusaron al Gobernador Alejandro Armenta de buscar destruir su colectivo2.
“En esta guerra, el gobierno despoja el pueblo de sus fuentes de trabajo, reduce o suprime los derechos y libertades”, indicó la Unión a través de un volante.

Inauguran asamblea de instituciones particulares de educación superior; asiste subsecretario de la SEP

Con presencia del Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, Ricardo Villanueva, fue inaugurada la asamblea de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) en la Universidad Autónoma de Guadalajara.

Mayolo López / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) se quejó de que con la iniciativa presidencial en materia de telecomunicaciones, se pretende “cargar todas las pulgas” a la radio y televisión abiertas con una excesiva regulación.
“Debemos ir más por la autorregulación que cualquier regulación que pueda caer en la censura”, advirtió el presidente del organismo, José Antonio García Herrera.
El directivo participó ayer en la última etapa del conversatorio que organizó el Senado de la República para analizar la iniciativa.
Según dijo, con la propuesta asoma “un retroceso” que a nadie conviene.
“Hay cualquier regulación a la radio y televisión abiertas, todo lo demás, no está regulado. Al perro más flaco que se le carguen todas las pulgas: vamos a regular más a la radio y televisión”, dijo.
“Estamos teniendo un retroceso: debemos ser cuidadosos, porque la libertad de expresión es un elemento fundamental en cualquier democracia, y con una sobrerregulación de los contenidos de los medios atentamos en contra de la libertad de expresión y de la democracia”.
García Herrera cuestionó también que la iniciativa pretenda diferenciar “entre opinión e información”, un factor que, previno, atentaría contra la libertad de expresión.
“Esta regulación se burla de las audiencias, porque resulta tan paternalista que hay que cuidarla (a la audiencia) para que escuchen lo que quieren o no escuchar, pero el primer derecho de las audiencias es la pluralidad de los medios”, aclaró.
Katia D’Artigues, presidenta de Comunicación para la Inclusión, consideró que es necesario eliminar las barreras de acceso a las 23 millones de personas con discapacidad que hay en México.
“Una ley les afecta de manera directa si es exclusión”, observó.
En ese sentido, la periodista propuso incorporar de manera obligatoria a los contenidos no sólo subtítulos, sino interpretación de lenguajes de señas.
“La comunidad sorda merece tener opciones”, argumentó.
Después de sugerir que a la Procuraduría Federal del Consumidor se le dote de “más dientes”, D’Artigues dijo que los senadores “tienen una oportunidad histórica de garantizar derechos a las personas con discapacidad”.
Leopoldo Maldonado, director regional de México y Centroamérica de Artículo 19, advirtió que el diseño institucional de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones es “preocupante”, pues se requiere independencia del órgano para garantizar los derechos de las audiencias y para que las concesiones no sean utilizadas como “moneda de cambio política”.
“Esta ley sigue siendo preocupante en términos de la concentración en una Agencia del Ejecutivo; si bien recibimos con beneplácito la propuesta de que se va a avanzar hacia un órgano colegiado.
“Se necesitan salvaguardas de independencia para garantizar derechos de usuarios, de los derechos de las audiencias, para que las concesiones no sean usadas como moneda de cambio política”, advirtió.

Ofrecen ajuste en Agencia de Transformación Digital

La polémica Agencia de Transformación Digital de la iniciativa presidencial en materia de telecomunicaciones será reformulada, aseguró ayer el senador morenista Javier Corral.
Desahogada la última etapa del conversatorio al que convocó el Senado para revisar la iniciativa, prometió una “reconfiguración” de ese órgano, cuya concentración de poder en una sola persona suscitó fuertes críticas de oposición y especialistas.
“Va a ser una modificación muy importante, particularmente en el tema que más preocupó y más polémica levantó: la concentración de atribuciones en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Ahí sí va a haber toda una reconfiguración de diseño del órgano”, dijo en entrevista.
Las modificaciones que podría resentir estarán orientadas, agregó el legislador, a “distribuir qué atribuciones van a ese órgano regulador, cuáles se mantienen en el sector de las comunicaciones y transportes del Ejecutivo; incluso, cuáles en la Secretaría de Gobernación (o en) la Procuraduría Federal del consumidor”.

Agencia Reforma

Ciudad de México

Veintidós menores de edad, de los cuales 16 son presuntas víctimas de explotación laboral, fueron rescatados en Cancún, Quintana Roo, por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Guardia Nacional.
Durante cateos, autoridades detuvieron a dos hombres identificados como Julio “N” y Antonio “N”, quienes según las primeras investigaciones se encargaban de enganchar, mediante promesas de una vida mejor en Cancún, a los menores originarios del Municipio de San Juan Cancuc, Chiapas, ya que estas personas son conocidas en el lugar.
De acuerdo con el reporte, luego de trabajos de investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Trata y Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes, fue posible constatar que niñas y niños de entre 10 y 14 años de edad se dedicaban a vender pozol, bebida que transportaban en pesados triciclos que empujaban durante jornadas laborales de 12 horas.
“Tras ubicar a los menores y los domicilios en los que habitaban, esta Representación Social solicitó y obtuvo de un Juez de Control las órdenes de cateo para cuatro inmuebles ubicados en la Supermanzana 67, donde lograron rescatar a 16 menores, nueve femeninas y siete masculinos, además de seis niños de entre un mes y siete años, estos últimos hijos de los ahora detenidos”, detalló la FGE.
La Fiscalía estatal explicó que el modus operandi de los detenidos era ofrecerles trabajo bien pagado para después trasladarlos a Cancún.
“Eran sometidos a largas jornadas de trabajo, bajo el sol y dándoles sólo 100 pesos al día, aunque el monto de la venta de pozol era de entre mil 500 y 2 mil pesos; únicamente les daban dos comidas”, precisó.
Los menores explotados vivían en deplorables condiciones, apuntó, por lo que, junto con los seis hijos de los detenidos, fueron asegurados para su resguardo en la instancia correspondiente.
Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público por su presunta relación en hechos constitutivos del delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral.

Europa Press / DPA

Madrid / Berlín

Elías Rodríguez de 30 años y residente de Chicago, identificado cómo el sospechoso de matar a dos empleados de la Embajada de Israel en la capital de Estados Unidos, Washington, Yarón Lischinsky y Sarah Lynn Milgram, fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado, que pueden acarrear la pena de muerte.
La fiscal federal interina para el distrito de Washington, Jeanine Pirro, ha informado en una rueda de prensa que, además de los dos cargos de asesinato en primer grado, ha sido acusado de asesinato de funcionarios extranjeros, causar muerte con arma de fuego y disparar un arma de fuego en un delito violento.
Pirro ha explicado que el Departamento de Justicia está investigando el caso como un acto de terrorismo y un crimen de odio. “Agregaremos cargos adicionales a medida que la evidencia lo justifique. No toleraremos el anti-semitismo, especialmente en la capital del país”, ha manifestado.
El director de la Oficina Federal de Investigación (FBI) en Washington, Steven J. Jensen, ha dicho que están investigando la actividad en Internet del atacante, específicamente un supuesto manifiesto que está circulando por la red.
Uno de los dos trabajadores de la embajada israelí en Washington asesinado el miércoles por la noche tras un tiroteo cerca del Museo Judío tenía pasaporte alemán, según fuentes diplomáticas consultadas en Berlín.
Los dos empleados de la embajada fueron asesinados cerca del Museo Judío de la capital estadunidense. El presunto autor fue posteriormente detenido. Según la Policía estadunidense, tras su detención coreó un eslogan propalestino. La Oficina Federal de Investigación (FBI) está investigando el caso como posible delito de odio.
Tanto el presidente estadunidense, Donald Trump, como el secretario de Estado, Marco Rubio, vincularon el ataque con un trasfondo antisemita a través de mensajes escritos en las redes sociales.
La Sociedad Germano-Israelí (DIG), con sede en Berlín, anunció que la víctima en cuestión era miembro fundador del foro juvenil de su organización hermana, que reúne a jóvenes israelíes y alemanes.
Por otro lado, la embajada de Israel en México lamentó con “profundo dolor” el asesinato de Yarón Lischinsky y Sarah Lynn Milgram, dos empleados de su representación en Estados Unidos.
“El atentado ocurrió durante un evento en el Museo Judío, un símbolo de cultura y patrimonio, y fue dirigido explícitamente contra representantes de Israel y contra la existencia misma del pueblo judío”, advirtió la Embajadora Einat Kranz Neiger.

Europa Press / Agencia Reforma

Madrid / Nueva York

La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio ‘luz verde’ ayer a un proyecto de ley para recortar impuestos y aumentar el gasto militar y fronterizo, una medida que el presidente estadunidense, Donald Trump, ha calificado como la ley “más importante firmada en la historia” del país.
La ley, que tendrá que pasar ahora al Senado, ha sido aprobada con 215 votos a favor frente a 214 votos en contra. Dos republicanos –Thomas Massie de Kentucky y Warren Davidson de Ohio– han votado junto a los demócratas en rechazo de la medida durante una ajustada votación que se ha llevado a cabo tras horas de debate en la Cámara.
El ambicioso paquete legislativo, de más de mil páginas, también amplía los recortes fiscales a empresas e individuos que fueron implementados durante el primer mandato de Trump en 2017. La legislación contempla eliminar los impuestos sobre las propinas y las horas extra, una promesa realizada en campaña por el magnate republicano, según información de Newsweek.
Además, elimina numerosos incentivos para energías limpias promovidos bajo la administración de Joe Biden.
La legislación también prevé recortes en Medicaid –un programa de seguros– del cual dependen más de 70 millones de estadunidenses de bajos recursos. Para los críticos, esto representa “el mayor recorte a la atención médica en la historia del país”, como lo señaló el líder demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries. “Todo esto para financiar exenciones fiscales a multimillonarios”, añadió.
Y rescinde una serie de créditos tributarios para energías limpias aprobados por los demócratas en 2022. Asimismo, eleva el techo de la deuda en cuatro billones de dólares, según la cadena NBC News.
Trump ha afirmado en un mensaje publicado en la red social Truth Social que la ley, “única, grande y bella”, incluye “fuertes medidas de seguridad fronteriza y aumentos salariales” para los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Patrulla Fronteriza, así como financiación para el escudo antimisiles ‘Cúpula Dorada’.
El presupuesto asigna recursos adicionales para reforzar las políticas migratorias, incluyendo el reclutamiento de decenas de miles de nuevos agentes fronterizos y la creación de capacidades para deportar hasta un millón de personas al año. Estas disposiciones buscan cumplir con las promesas de campaña de Trump y han sido calificadas por sus aliados como “transformadoras”.
“Es un cambio que dará forma al país durante generaciones”, declaró el presidente de la Cámara, Mike Johnson. “Verán este día como un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos”.
“Es hora de que nuestros amigos del Senado se pongan manos a la obra y envíen este proyecto a mi despacho lo antes posible. No hay tiempo que perder. Los demócratas han perdido el control y andan vagando sin rumbo, sin mostrar confianza, agallas ni determinación”, ha indicado el magnate.
La votación fue extremadamente cerrada: 215 votos a favor frente a 214 en contra. El liderazgo republicano logró frenar una rebelión del ala más conservadora del partido, que pedía recortes aún más profundos. No obstante, el proyecto todavía debe pasar por el Senado, donde los republicanos han adelantado que podrían introducir enmiendas. Se espera que el Senado vote antes del 4 de julio.

Cierran estables mercados de EU tras avance de ley fiscal

Las acciones estadunidenses cerraron con pocos cambios ayer tras una baja inicial, ya que los rendimientos del Tesoro bajaron desde máximos recientes después de que la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley de impuestos y gastos de Trump.
Según datos preliminares, el S&P 500 perdió un 0.08 por ciento, a 5 mil 839.72 unidades, mientras que el Nasdaq Composite ganó un 0.27 por ciento, a 18 mil 923.23. El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0.03 por ciento, a 41 mil 849.07 enteros. (Con información de Agencias).

Europa Press

Madrid

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la detención ayer mismo de “50 mercenarios” extranjeros acusados de planear “ataques violentos” en territorio venezolano, después de que esta semana haya denunciado la entrada de otro grupo de ellos desde Colombia, y a días de que el país latinoamericano celebre elecciones legislativas y regionales este domingo, 25 de mayo.
“Han pretendido ingresar mercenarios. Ya hoy llevamos capturados más de 50 mercenarios que ingresaban a poner bombas o a hacer ataques violentos al país”, aseguró durante el acto de cierre de campaña en Caracas.
Estas declaraciones llegan después de que el gobierno venezolano haya decidido a principios de esta semana suspender los vuelos a Colombia denunciando una supuesta entrada de “mercenarios” desde este país y anunciando la detención de cerca de 40 personas, 17 de ellas extranjeras, acusadas de haber participado en un plan conspirativo.
El mandatario aprovechó durante el evento público para “agradecer” a las fuerzas de seguridad por “garantizar la paz” en el período preelectoral, si bien advirtió de que “todos tenemos que estar ojo avizor”.
Por otro lado, el ciudadano español que había sido detenido este miércoles en Venezuela acusado presuntamente de tener “vínculos” con “grupos extremistas” cuyo objetivo es “desestabilizar el país” durante las elecciones legislativas y regionales previstas para este domingo ya fue liberado, según informaron fuentes de Exteriores.
Según estas fuentes, que no han entrado en detalles respecto a los motivos del arresto ni de la liberación, el cónsul en Caracas “está en contacto con la familia y ejerciendo toda la protección consular posible” para este ciudadano.
El ministro del Interior del país caribeño, Diosdado Cabello, había informado horas antes del arresto de un español junto a un búlgaro y varios argentinos a quienes se les han incautado 200 kilogramos de pólvora.

La Comisión de Amnistía del Ministerio de Derechos Humanos del gobierno de Brasil ha aceptado por unanimidad reconocer a la expresidenta Dilma Rousseff como víctima política durante la dictadura militar que rigió el país entre 1964 y 1985.
Rousseff fue detenida en 1970, a la edad de 22 años, mientras militaba en una organización opositora, y no fue liberada hasta tres años después. Durante su encarcelación, la ahora presidenta del Banco de los BRICS, sufrió torturas y una vez liberada siguió siendo perseguida por motivos políticos
El relator del caso, Rodrigo Lentz, ha explicado que además de los daños físicos y psicológicos sufridos, Rousseff vio interrumpida su formación académica y no fue hasta el fin de la dictadura cuando pudo volver a trabajar con normalidad.
Rousseff presentó su solicitud para acogerse a esta amnistía en 2022, sin embargo el proceso fue paralizado mientras ocupara cargos en el Ejecutivo. En 2016 volvió a intentarlo, pero en 2022, el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro denegó su demanda.
Este reconocimiento trae consigo una indemnización de 100 mil reales (15 mil 700 euros), que se suma a una de 72 mil reales que recibió (11 mil 300 euros) por parte de los estados de Río de Janeiro, Sao Paulo y Río Grande del Sur –lugares en los que fue torturada–, si bien entonces renunció a ella. (Europa Press / Madrid).

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La administración de Donald Trump ha anunciado este jueves que prohíbe a la Universidad de Harvard recibir a estudiantes extranjeros “por conducta proterrorista”“ en un nuevo pulso entre la Casa Blanca y la institución educativa con motivo de las protestas en su campus contra los ataques de Israel en la Franja de Gaza.
La secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, ha informado de que le ha retirado la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio al haber “perdido este privilegio” como resultado de su “negativa” a la hora de entregar la información solicitada y “perpetuar un ambiente inseguro” que “es hostil para los estudiantes judíos, que promociona el apoyo pro Hamás, y aplica políticas racistas de diversidad, igualdad e inclusión”.
Noem ha trasladado su decisión en una carta en la que ha indicado que “todas las universidades deben cumplir con los requisitos” de su oficina para “mantener” el “privilegio” que supone matricular a estudiantes extranjeros. “Esta medida no debe sorprender, puesto que es el desafortunado resultado del fracaso de Harvard para comprometerse con simples solicitudes”, ha manifestado.
Como resultado de esta decisión, la institución no podrá tener estudiantes durante el curso académico 2025-2026 y tendrán que ser trasladados a otra universidad “o perderán su estatus legal”. Para recuperar el certificado antes del próximo año académico, Harvard “debe proporcionar toda la información requerida en menos de 72 horas”.
La titular ha pedido “todas las pruebas” que la universidad tenga en su posesión sobre actividad ilegal o violenta, amenazas o participación en protestas, “ya sea dentro o fuera del campus”, de estudiantes extranjeros matriculados en los últimos cinco años. (Europa Press).

 

El trío irlandés de hip hop Kneecap rompió el silencio este miércoles luego de que su integrante Liam Óg Ó hAnnaidh, conocido como Mo Chara, fuera acusado formalmente de un delito de terrorismo en el Reino Unido.
El cargo se relaciona con un presunto incidente ocurrido en noviembre de 2024, cuando durante un concierto en Londres habría desplegado una bandera de Hezbolá, organización prohibida en territorio británico, informó la revista Rolling Stone.
“Negamos este delito y nos defenderemos con vehemencia. Esto es vigilancia política. Es un carnaval de distracción. No somos la historia. El genocidio sí lo es. Mientras se benefician del genocidio, utilizan una ley antiterrorista contra nosotros por exhibir una bandera en un escenario”, escribieron.
La banda señaló que el verdadero objetivo de esta acción legal es impedirles viajar, silenciar su activismo y “enjuiciar a los artistas que se atreven a alzar la voz”. Agregaron que el proceso judicial ni siquiera justifica un tribunal de la Corona, sino uno sin jurado, y lo calificaron como un intento por sofocar voces disidentes en medio de la actual crisis humanitaria en Gaza.
La presentación de Mo Chara ante el Tribunal de Magistrados de Westminster está programada para el 18 de junio. El vocalista, de 27 años y residente de Belfast, recibió la acusación por correo luego de que la Policía Metropolitana accediera en abril a un video que circula en línea, en el que se observa el presunto despliegue de la bandera.
El concierto en cuestión tuvo lugar el 21 de noviembre de 2024 en el O2 Forum de Kentish Town, y en dicho material audiovisual también se escucha a los integrantes gritar frases como “¡Arriba Hamás, arriba Hezbolá!” y llamar a “acabar con su diputado local”, lo que ha despertado la atención del comando antiterrorista del Reino Unido.
Ambos grupos, Hamás y Hezbolá, están catalogados como organizaciones prohibidas en la región, por lo que mostrar apoyo hacia ellos constituye un delito.
“En lugar de defender a personas inocentes o los principios del derecho internacional que dicen defender, los poderosos de Gran Bretaña han fomentado la matanza y la hambruna en Gaza, tal como lo hicieron en Irlanda durante siglos”, agregaron.
El impacto en su carrera ha sido inmediato pues varios de sus conciertos, incluyendo su presentación en el Festival Wide Awake de Londres, han sido cancelados, pese a ello, Kneecap no retrocede y reafirma su compromiso con sus ideales.
“Apoyamos con orgullo al pueblo. Ustedes son cómplices de los criminales de guerra. Nosotros estamos del lado correcto de la historia. Ustedes no. Les lucharemos en su tribunal. Ganaremos. Palestina libre”, finalizaron. (Agencia Reforma).