Las 26 organizaciones civiles agrupadas en la Alianza Feminista solicitaron al gobierno federal emitir la alerta por violencia de género en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Tlapa, Ayutla, Ometepec y Coyuca de Catalán.
Feministas que integran ese colectivo informaron que entre 2003 y 2015 en Guerrero ocurrieron mil 467 homicidios de mujeres, mientras que de 1985 a 2014 la cifra es de 2 mil 724.
Ayer en conferencia de prensa en las instalaciones del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), integrantes de la Alianza Feminista confirmaron que el pasado jueves en la Ciudad de México presentaron formalmente la solicitud de alerta por violencia de género ante el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Denunciaron que a casi ocho meses del gobierno de Héctor Astudillo Flores aún no se instala el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mismo que debería sesionar cada tres meses según lo establece la ley.
El viernes el gobierno federal admitió la solicitud y en consecuencia emitió una convocatoria para integrar al grupo de especialistas que estudiará la situación y determinará si existe o no en Guerrero un problema de violencia feminicida.
Este grupo deberá estudiar y analizar la situación que guarda el territorio sobre el cual se señala que existe violación a los derechos humanos de las mujeres, ya sea por violencia feminicida o agravio comparado, a fin de determinar si los hechos narrados en la solicitud actualizan alguno de los supuestos establecidos en la ley.
La presidenta de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia a las Mujeres, organización que suscribió la solicitud, María Reyna Aguilar, informó que la petición es respaldada por 26 organizaciones de todas las regiones del estado.
Dio a conocer que con la solicitud se presentó también un diagnóstico de la violencia feminicida en Guerrero, que fue elaborado con estadísticas de instituciones académicas, observatorios ciudadanos y fuentes oficiales.
Indicó que, de acuerdo con el Observatorio de Violencia Feminicida Hanna Arendt, que preside Rosa Icela Ojeda Rivera, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), entre 2003 y 2015 ocurrieron en Guerrero mil 467 homicidio dolosos de mujeres.
En tanto, dijo que un estudio elaborado por el Inmujeres, el organismo especializado de las Naciones Unidas ONU-Mujeres y la Secretaría de Gobernación, informa que de 1985 a 2014 ocurrieron en Guerrero 2 mil 724 asesinatos y dentro de este lapso el estado se situó en los primeros tres lugares durante 15 años.
“Los datos señalados muestran la gravedad de la violencia feminicida que vivimos en nuestro estado, sin embargo y es preciso señalarlo, los gobiernos federal, estatal y municipales están obligados legalmente a garantizar y proteger la vida de las mujeres”, expuso.
Dijo que la violencia feminicida está focalizada en ocho municipios: Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa y Ayutla, en ese orden por número de casos.
Aclaró que la alerta por violencia de género es un mecanismo para proteger los derechos humanos de las mujeres y una oportunidad para que el gobierno conjunte esfuerzos y acciones de emergencia para erradicar la violencia feminicida.
Reyna Aguilar explicó que el objetivo de este mecanismo es garantizar la seguridad de las mujeres y niñas y cesar la violencia en su contra.
Además aclaró que las mujeres y hombres que integran la Alianza Feminista “amamos a Guerrero, con vocación para la paz, queremos un Guerrero próspero, que sea visitado por todo el mundo y que cuando nos visiten tengan la confianza de una estancia segura, tranquila y feliz”.
A nombre del presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, la visitadora de ese organismo, Violeta Parra Reynada, celebró el esfuerzo de las organizaciones para promover la alerta.
Manifestó también que ese mecanismo no debe ser visto por las autoridades estatales como “un castigo”, sino como una serie de recursos que permitirán prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
“La violencia es violencia en cualquiera de sus formas y catalogarla como violencia feminicida o violencia simple pues no tiene ningún caso, el caso es que se sigue asesinando a mujeres en Guerrero, cada vez con más violencia, cada vez con más saña, cada vez con más frecuencia y eso es lo que tratamos de evitar”, expresó.
Informó que la Codehum acompañará los trabajos de la Alianza Feminista y llamó a cada instancia de gobierno a cumplir sus responsabilidades.

No se ha instalado el Sistema Estatal, denuncian

Rosa María Gómez Saavedra, de la Red para la Atención de la Violencia y el Empoderamiento de las Mujeres, dijo que se recurrió al gobierno federal porque en el ámbito local el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres no está operando.
Explicó que el 25 de noviembre se instaló el sistema pero sin la presencia del secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, por lo que formalmente la instalación no ha ocurrido.
Recordó que la ley establece que el sistema debe sesionar cada tres meses, pero esto no ha sucedido, y aunado a esa situación dijo que la intención de la Secretaría General de Gobierno es que en la sesión que está programada para presentar los resultados de las mesas de trabajo que se celebraron el pasado 15 de junio, quien presida el acto sea el gobernador Héctor Astudillo, sin embargo advirtió que él no está facultado y debe ser Salazar Adame quien lo encabece.
En su participación, la feminista María Luisa Gárfias Marín aclaró que las autoridades ministeriales deben, por protocolo, investigar todos los asesinatos de mujeres como feminicidio y descartarlo cuando cuenten con elementos que demuestren que el homicidio no fue por cuestiones de género.
Recordó que el 25 de marzo de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación mandató que jueces y Ministerios Públicos están obligados a investigar todos los asesinatos como probables feminicidios, situación que, denunció, no está cumpliendo el fiscal Xavier Olea Peláez.
“Y entonces lo que está haciendo el fiscal es violar un acuerdo que la Suprema Corte de Justicia aprobó para todas las autoridades, el fiscal está cayendo en desacató, él tiene que dar marcha atrás y reconocer que en Guerrero no hay un protocolo para la investigación de las muertes violentas de mujeres”, dijo.
Aseguró que la postura de Olea Peláez, quien ha insistido en que no hay elementos para declarar la alerta en el estado y vincula los asesinatos de mujeres con la delincuencia organizada, es una actitud violenta que re victimiza a las víctimas, y pidió que antes de hacer ese tipo de declaraciones primero investigue.
En su oportunidad, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso, la perredista Yuridia Melchor Sánchez, celebró la iniciativa de las organizaciones.
Consideró prudente que se haya recurrido a la federación para solicitar la alerta, pues aseguró que en lo local no hubiera prosperado.
“La ley federal es el mejor procedimiento porque quienes estarían evaluando son instancias federales, caso contrario que se hiciera en el estado, pues se estaría evaluando el propio estado y no creo que dictamine una alerta de género para ellos mismos, eso hay que reconocerle a las compañeras”, dijo.
Además consideró necesario reformar el Código Penal porque el tipo de feminicidio que se establece en la normatividad local no está armonizado con la legislación federal y eso sirve como pretexto a la Fiscalía para no atender este delito.
“Escuchaba una entrevista de un vicefiscal que manejaba el concepto de muerte pasional, no existen las muertes pasionales y a las muertes de mujeres hay que nombrarlas como son, feminicidios, y por consecuencia hay que hacer todo lo que se requiere”, manifestó.
Finalmente, María Luisa Gárfias aseguró que todos los que integran la Alianza Feminista aman Guerrero y es por ello que se tomó la decisión de solicitar la alerta, “que las mujeres guerrerenses y las mujeres que nos vengan a visitar puedan transitar por todo el estado, que las mujeres podamos salir a las calles, ser libres de todo tipo de violencia, estamos organizadas y esto es una muestra”.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes feministas que representa al Grupo Plural por la Igualdad y el Adelanto de las Mujeres; la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos; la organización Zihuame Xotlametzin; Equidad y Autonomía en Movimiento; Comunidad Raíz Zubia; y la Red de Mujeres Jóvenes Indígenas y Afromexicanas.
También Mujeres Guerrerenses por la Democracia; el Observatorio de Violencia hacia las Mujeres Hanna Arendt; así como las feministas Emma Cerón, Liduvina Gallardo, Maribel Nicasio, Alejandra Cárdenas Santana; Amelia García Pérez; Violeta Pino, Sheila Contreras, Rosa María Poloalto y Rosa Delia García Guillén.
Estuvieron presentes el coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso, Ricardo Mejía Berdeja, y la diputada de ese partido, Magdalena Camacho Díaz.

El gobernador Héctor Astudillo Flores admitió que es necesaria una mesa de diálogo con el magisterio de Guerrero como lo propuso el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, igual que el gobierno federal lo hace con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Sin embargo, dijo que esperará los resultados de la reunión de este lunes entre el gobierno federal y la dirigencia del magisterio.
Por otra parte, el gobernador declaró que el Centro de Atención a la Mujer Indígena y el albergue para estudiantes de Ayutla no se ha abierto por problemas internos de las organizaciones beneficiarias de la sentencia de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos (Coidh).
El gobernador fue consultado sobre estos temas después de la instalación y toma de protesta del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en adolescentes, en la Sala de la República de la Casa Guerrero.
El domingo, el arzobispo Garfías Merlos hizo un llamado a las autoridades estatales para establecer un diálogo con los maestros que se movilizan contra la reforma educativa, e incluso propuso que haya “un tercer participante” que pueda facilitar que se logre una mesa de trabajo con el magisterio de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).
“Todos los diálogos son buenos. No hay ningún diálogo que haya sido innecesario u ocioso. Yo creo que el diálogo que ha iniciado la Secretaría de Gobernación es el número uno. Nosotros estaremos atentos a lo que nos diga el gobierno federal de los avances que tienen”, declaró Astudillo Flores consultado al respecto.
Agregó que el gobierno del estado no ha tenido nunca ningún inconveniente de dialogar con los maestros.
Recordó que en algún momento solicitaron (los de la CETEG) una reunión, “pero cancelaron de último momento porque se fueron a México”, informó Astudillo, quien no quiso decir quién le solicitó el diálogo ni cuándo, “porque no se trata de estar exhibiendo a alguien”, se justificó.
Insistió que, sin embargo, está en la mayor disposición de colaborar cuando menos para dialogar y distensar el asunto, porque añadió que “a nadie le convienen actos de violencia que pudieran parecer hasta por infiltrados”, dijo.
Destacó que lo más grave es cuando en el diálogo entre el gobierno y los maestros aparecen infiltraciones que violentan las manifestaciones, “y eso es lo que, en ocasiones, trae grandes consecuencias de enorme perjuicio no sólo para los manifestantes o para el gobierno, sino para  la sociedad en su conjunto”.
Pero insistió en que el gobernador del estado está en la mejor disposición de colaborar con lo que sea necesario para que el ambiente se dístense.
Aunque aclaró que la negociación de las demandas de los maestros es un asunto que le corresponde al gobierno federal, “pero eso no limita que yo sea aportador, también, como se lo expresé al secretario Aurelio Nuño en su visita, de que era conveniente buscar la manera de cómo distensar este problema”.
—¿Se está dando el caso de la infiltración de los maestros en Guerrero? —se consultó al gobernador.
—Yo creo que el dato de Oaxaca ilustra, ninguno de los que resultaron fallecidos era maestro. Eso representa que había personas que no son maestros y no podemos descartar que en Guerrero los más violentos se encapuchan para no ser detectados quiénes son, cuando causan los daños a edificios, o agresiones que se han presentado.
“Yo creo que no estoy inventando el hilo negro y no estoy acusando a nadie en lo particular. Estoy diciendo que es muy común que en este tipo de movimientos hay infiltraciones”, agregó.
—El obispo de Chilpancingo-Chilapa habla también de dialogar, pero con la delincuencia —preguntó otro reportero.
—Ese es un asunto del que yo ya oportunamente he fijado mi posición. La reitero, yo creo que allí es la ley la que tiene que prevalecer.
—¿Los procedimientos legales que se han iniciado contra los maestros van a seguir adelante, o van a entrar en algún momento en este proceso de negociación? —consultó otra reportera.
—Estamos atentos a lo que se dialogue en la Secretaría de Gobernación y seremos prudentes, sin dejar de aplicar la ley en el momento correspondiente.

Conflicto por el centro indígena

En cuanto a la polémica que ha generado el Centro de Atención a la Mujer y el albergue para estudiantes indígenas de Ayutla, que construyó el gobierno federal como parte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) por el caso de violación a la indígena Inés Fernández Ortega, el gobernador reconoció que se ha generado un conflicto para la definición de quién será la responsable.
“Es en eso donde se ha parado el asunto, ha habido diálogo con ellas, pero no se ha podido llegar a una conclusión, hemos tenido un par de reuniones sobre el tema y lo vamos a seguir haciendo”, señaló.
Respecto a la solicitud que ya admitió el gobierno federal para declarar la alerta por violencia de género en Guerrero, y la emisión de una convocatoria para integrar al grupo de especialistas que estudiará la situación y determinará si existe o no un problema de violencia feminicida, el gobernador adelantó que será respetuoso de lo que se resuelva.
“Yo respeto mucho lo que ellas (las feministas) propongan, he tratado siempre de ser respetuoso y así lo seguiré siendo, y por supuesto recibimos con institucionalidad el planteamiento que han hecho a la Secretaría de Gobernación”, expresó el gobernador ya despidiéndose de los reporteros.

El secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, dijo que buscará entrevistarse con el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfías Merlos, quien el domingo planteó que el gobierno del estado establezca un diálogo con los maestros de la CETEG.
“Me anticipo, el día de hoy (lunes) buscaré al señor arzobispo para intercambiar puntos de vista y (cómo) hemos venido instrumentado la reforma constitucional”, dijo el funcionario estatal.
Consultado minutos antes de que iniciara el acto protocolario de la toma de protesta al grupo estatal para la prevención del embarazo en adolescentes, realizado en la Casa Guerrero, González de la Vega Otero enfatizó que está de acuerdo en continuar “en esa ruta” del diálogo.
Pese a todo dijo que continuarán conforme a la ley los descuentos salariales a los maestros que no se presenten a laborar y a los maestros que no se presentaron a la evaluación.
“Bueno, es que … nosotros … todo aquel maestro que no haya ido a la evaluación forzosamente tenemos nosotros que proceder a lo que dice ley, y la ley dice que hay que separarlo del servicio profesional docente, en el caso de las faltas también, es muy natural que cualquiera de ustedes que no acuda más de cuatro días serán descontados los días, no podemos detenernos ante esa situación”, enfatizó.
Reiteró que los descuentos ejecutados por ausencias y faltas suman entre 2 y 3 millones de pesos, y que se han descontado en cuatro quincenas a un estimado de 600 maestros
Reiteró el llamado al magisterio guerrerense para que se conduzca por las vías legales, ya que “nosotros vemos una sociedad de Chilpancingo agraviada por todas las tomas e impedimento de tránsito diario para ir a los hospitales, trabajos o escuelas”.
Sobre los ceses de maestros recordó que con certeza hay 123, de los cuales 45 se han presentado a justificar sus faltas, y los demás tienen un plazo de no más de 20 días para hacerlo.
Recordó que hay maestros para cubrir a aquellos que estén cesados, como es el caso de 600 maestros idóneos y 220 jubilados.
Respecto a la mesa de negociación entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno federal, señaló que se esperarán los resultados del encuentro.
“La semana pasada tuve una comunicación con Ramos Reyes, hoy hubo una reunión en el DF con la CNTE, hacemos una invitación para continuar con esa ruta de entendimiento, que pueda ser platicar y ver las inquietudes”, agregó.
Dijo que en la negociación que el gobierno ha establecido con la CETEG solamente han resuelto problemas del estado, y los de orden federal los atiende la mesa nacional.
Calificó de tranquila la visita que la semana pasada realizó al estado el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, y agradeció que no se haya registrado “ninguna complicación” y el funcionario federal pudiera expresar sus argumentos relacionados con la reforma educativa.
Mas tarde se buscó al secretario de Educación para saber si se había dado el acercamiento con el arzobispo de Acapulco, pero no respondió las llamadas.
Ante esto se buscó a las ocho y media de la noche al arzobispo Garfías Merlos, quien dijo que en ningún momento había habido un acercamiento con González de la Vega.

El diputado federal del PRD, David Jiménez Rumbo, dijo que “es una manipulación o es un error” el documento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el que se menciona que se encontraron irregularidades en la ejecución de 586 millones de pesos durante su periodo como secretario de Desarrollo Social del estado.
David Jiménez señaló al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, a la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica, y al dirigente estatal de ese partido, Celestino Cesáreo, de la manipulación del documento para desviar la atención de la exigencia de que se cambie al presidente del CEN estatal.
En una visita a El Sur, Jiménez Rumbo puntualizó que durante su periodo como secretario de Desarrollo Social ejerció menos de 52 millones de pesos de presupuesto y que el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) lo maneja la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal, no la estatal.
La ASF señaló que el gobierno de Guerrero no aplicó correctamente el Fondo, lo que afectó a 51 municipios, y pidió a la titular de Sedesol, Alicia Zamora, copia certificada del nombramiento de Jiménez Rumbo como secretario de esa dependencia durante el periodo de Aguirre Rivero.
En declaraciones, David Jiménez enfatizó que la Sedesol estatal no maneja el FISM y que en su periodo como secretario sólo le llegó inversión estatal directa, por lo que consideró que el documento en el que se le menciona fue manipulado o hay un error.
“Yo dudo que ese documento exista, porque no puede existir un documento que pida un informe de algo que yo no ejercí”, manifestó el diputado federal del PRD.
Recalcó que durante los nueve meses que fue funcionario estatal a la dependencia a su cargo le transfirieron menos de 52 millones de pesos, que fue lo que ejerció.
Indicó que se tiene que verificar quién se gastó los 586 millones de pesos y señaló que o se lo gastó el ex gobernador Aguirre Rivero, su secretario de Finanzas, Jorge Salgado Leyva, la presidenta del DIF Guerrero, Laura del Rocío Herrera, o la secretaria de Desarrollo Social después de él, Beatriz Mojica.
“Ahorita Bety, Aguirre, Celestino y Carlos Reyes están unidos tratando de evitar la salida de Celestino, que es quien está entregándole al PRI los municipios, porque eso es lo que hicieron, y saben que yo estoy en la lucha porque deje el comité estatal, porque lo ha hecho muy mal, porque es muy torpe, de lo que se trata en mi opinión esa nota es de evitar que yo siga en la lucha por la salida de Celestino, es un distractor”, manifestó.
Jiménez Rumbo remarcó que no se desviará en el tema de comprobación de dinero, que él está enfocado en la recuperación del PRD, donde “no esté Celestino ni Carlos Reyes”, y que pedirá a los asesores de ese partido que aclaren que él no recibió ni ejerció el dinero del FISM.

La secretaria de Desarrollo Social, Alicia Zamora Villalva, dijo que la dependencia carece de la documentación que le requiere la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental en relación con la falta de comprobación de recursos que involucra al ex titular, David Jiménez Rumbo.
“Nosotros… nos solicitaron si teníamos alguna documentación y nosotros les entregamos la documentación que nosotros teníamos, considerando que no tenemos incluso del año pasado”, informó.
Consultada al concluir el acto protocolario de la instalación y toma de protesta del grupo estatal para la prevención del embarazo en adolescentes, realizado en la Casa Guerrero, Zamora Villalva explicó que la Secretaría de Contraloría le pidió toda la información que pudiera proporcionar sobre el caso.
“Como fue un ejercicio del gasto del 2012 nosotros solamente recibimos lo correspondiente al 2015, y ni siquiera recibimos un histórico del 2014, entonces lo que contestamos a la Contraloría fue los documentos que teníamos en ese momento, que eran de orden personal y no tanto a las observaciones que solicitaba”, sostuvo.
Dijo que la Sedesol no cuenta con documentos del 2012, 2013 ni 2014, y desconoce el porqué de la falta del archivo de su secretaría.
“Debe de haber en algún lugar, porque las dependencias se quedan con copias, pero recuerda que a nosotros nos incendiaron el edificio”, agregó.
Recordó que la dependencia se ubicaba en el edificio que se quemó durante una de las marchas de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que exigían justicia ante la desaparición de los 43 jóvenes.
Se le preguntó si era posible que los documentos faltantes se quemaran en ese hecho, y respondió que “sólo te recuerdo eso, pero no lo tomo como una aseveración porque sería ser irresponsable”.
Enfatizó que la realidad es que no hay documentación en su dependencia para saber qué pasó con el dinero que requiere la Contraloría del estado.

El presidente municipal de Chilapa, el priista Jesús Parra García, declaró este lunes que carece de información respecto a si los detenidos como presuntos responsables del asesinato de los tres agentes de la Policía Federal la semana pasada pertenecen al grupo criminal de Los Ardillos, como se dijo en un informe de la División de Investigación de la Policía Federal.
El alcalde también se deslindó de los señalamientos que le han hecho en mantas colocadas en ese municipio, de estar vinculado al crimen organizado.
Y, por otra parte, el alcalde justificó la falta de resultados del operativo de las policías federal, estatal y municipal en contra de la violencia, a que no se puede saber dónde va a actuar la delincuencia organizada, “y porque no te avisan”.
El alcalde fue consultado después de la instalación del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en adolescentes, en la Sala de la República de la Casa Guerrero.
Un informe de la División de Investigación de la Policía Federal estableció el domingo que uno de los tres imputados, Arístides Loreto Macaria, es jefe de la plaza de la organización criminal de Los Ardillos en Chilapa.
El alcalde priista dijo que el asesinato de los tres policías federales el viernes 24 de junio son acciones de la delincuencia organizada, pero que en ese municipio están trabajando en contra de la delincuencia y hay un operativo del Ejército, la Policía Federal y estatal, mientras que la municipal sólo está coadyuvando en las acciones de seguridad.
Respecto a los tres detenidos el domingo, el alcalde aseguró que desconoce a qué grupo de la delincuencia pertenecen y “son las autoridades competentes las que presentarán a estas personas, yo desconozco a qué grupo pertenecen”, aunque reconoció que extraoficialmente se menciona que pertenecen al grupo Los Ardillos.
Un reportero le consultó su opinión sobre los señalamientos que le han hecho a integrantes de su gobierno en narcomantas que han sido colocadas en esa ciudad, pero dijo que él responde a título personal y que en su caso está dispuesto a ser llamado ante cualquier instancia.
“Nosotros no tenemos ningún vínculo con la delincuencia organizada, podemos ser investigados. Soy una persona pública, pero desafortunadamente hacen señalamientos tendenciosos y yo quiero deslindarme de esos señalamientos en redes sociales, en páginas que desafortunadamente están haciendo esa mención, y los funcionarios públicos que también son mencionados tendrán que manifestar públicamente su postura”, dijo.
Parra García rechazó que haya un repunte de la violencia en su administración, “hemos tenido un clima de tranquilidad, poco a poco hemos ido restableciendo la paz”.
Añadió que “este tipo de acciones (como la ejecución de los policías federales) y la forma de cómo se maneja el crimen organizado, son cosas eventuales, a veces se desata esta situación que provocan las bandas que andan allí”.
El alcalde dijo que las acciones de violencia que provocan los enfrentamientos entre las bandas del crimen organizado, como Los Ardillos y Los Rojos, son acciones que se manejan de manera eventual y que no se pueden prevenir, “porque no te avisan y ni te dicen cómo van a actuar, si no las autoridades estarían muy pendientes de tomar las medidas correspondientes”.

La Comisión de Justicia del Congreso local aprobó ayer seis dictámenes correspondientes a cinco iniciativas de reformas y un exhorto que le fueron turnadas en sesiones pasadas.
El exhorto va dirigido al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, para que fortalezca el proceso de capacitación de los servidores públicos que intervienen en los juicios orales, a fin de aplicar correctamente el nuevo sistema penal acusatorio, luego de que en Acapulco un juez dejó en libertad a cinco presuntos extorsionadores sin aplicar ninguna medida cautelar en beneficio de los denunciantes.
A las 10 de la mañana en la Sala José Bajos Valverde del Congreso, el presidente de la Comisión de Justicia, el priista Héctor Vicario Castrejón, y sus compañeros de bancada Cuauhtémoc Salgado Romero y Ricardo Moreno Arcos celebraron una reunión de trabajo para aprobar los dictámenes.
El primero que se aprobó corresponde a la iniciativa de decreto por el que se reforma el Código Penal a fin de que se separe el delito de turismo sexual (corredores de personas, fundamentalmente niños) del de abuso sexual contra menores, que actualmente están considerados en un mismo artículo y en consecuencia tienen la misma penalidad.
El otro dictamen corresponde a la iniciativa por la que se reforma la Ley de Justicia para Adolescentes y que tiene el objetivo de corregir un artículo transitorio que es “ambiguo, vago y puede dar lugar a confusiones o interpretaciones que no corresponda” en el contexto del nuevo sistema penal acusatorio.
El tercer dictamen es de la iniciativa para reformar el Código Civil que pretende que “en caso de que los cónyuges sufran una separación y tengan hijos, el juez escuche a las personas involucradas en el entorno del niño, como a ellos mismos”, es decir se considere la opinión de los menores en un proceso de divorcio.
El cuarto dictamen es un decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Planeación del Estado, que atiende exclusivamente al asunto de la armonización de la legislación local con la federal; lo mismo con el decreto para reformar la Ley de Defensa Pública del Estado.
El sexto dictamen corresponde a la propuesta de exhorto al fiscal general Xavier Olea, que promovió la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano para que fortalezca el proceso de capacitación de los servidores públicos que intervienen en los juicios orales, “con el fin de que cuenten con los elementos suficientes y necesarios en el nuevo proceso penal acusatorio”.
La propuesta se presentó luego de que el pasado 4 de junio en la primera audiencia del primer juicio oral que se realizó en Acapulco, el juez dejó libres a cuatro presuntos extorsionadores, entre ellos dos mujeres que operaban en colonias del puerto.
Los presuntos culpables, identificados solamente como Marco Antonio, Fredy, Jazmín y Yesenia, están acusados de extorsión en agravio de Farmacias Similares, a las que les cobraban supuestamente cinco mil pesos.
Los seis dictámenes fueron aprobados en esos términos.