El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello reconoció ayer que la dependencia federal no ha entregado a las familias las viviendas del fraccionamiento San Agustín, en Acapulco, como denunciaron el miércoles, porque la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) las clausuró, y actualmente sigue un procedimiento legal contra la constructora, para obligarla a que termine las 18 viviendas.
El funcionario federal informó que la Sedatu también obligará a la empresa que construyó las viviendas en El Mirador, de Chilpancingo, a que repare los daños que tienen las viviendas y que denunciaron las familias.
Asimismo, aseguró que ya se sigue el procedimiento para retirar los sellos de clausura en algunos fraccionamientos como el de Tixtla y Tierra Colorada.
En cuanto a las familias reubicadas en Isla Las Casitas, que denunciaron que el delegado no los ha recibido, aseguró que no han solicitado audiencia y que, además, ese es un conflicto entre particulares.
El miércoles, las familias damnificadas de la tormenta tropical Manuel, de septiembre de 2013, que serían reubicadas en el fraccionamiento San Agustín, demandaron en conferencia de prensa a la Sedatu que se terminen de construir las 18 viviendas que les prometieron, y que se las entreguen.
Al respecto el delegado de la dependencia federal informó que el fraccionamiento se encuentra clausurado y que la empresa que construyó las casas dejó abandonada la obra desde hace aproximadamente un año y dos meses.
“Nosotros estamos haciendo el trámite legal para que, o termina las acciones o se le rescinde el contrato para que alguien más lo ejecute”, informó.
Agregó que éste será uno de los varios fraccionamientos del que se retiren los sellos de clausura que colocó la Profepa, “tendremos entonces la posibilidad de continuar los trabajos, pero mientras tanto estamos emprendiendo una acción legal en contra de la empresa que estaba ejecutando los trabajos”, informó Armenta Tello.
Explicó que la acción legal es para que termine la obra o para que se sustituya la empresa.
El delegado de la Sedatu aseguró que los inconformes han estado muchas veces en la dependencia y que se han reunido con la subdelegada, “ellos dicen que yo no los he recibido, pero a mí jamás me han solicitado una audiencia”; sin embargo, luego dijo que no sería necesario porque se están reuniendo con funcionarios de la delegación.
En cuanto a las familias de la Isla Las Casitas, que también denunciaron que el delegado no los ha recibido, aseguró que de ellos tampoco ha recibido ninguna solicitud de audiencia y que, además, ese es un conflicto entre particulares.
“Yo no he recibido solicitud de audiencia de ellos, y el conflicto del que ellos hablan es entre particulares, la delegación no tiene nada que ver en el asunto”, aseguró sin entrar en detalles.
Sobre el fraccionamiento El Mirador, de Chilpancingo, donde las familias han denunciado que, con las primeras lluvias de la temporada las viviendas ya sufrieron daños, el funcionario federal informó que la Comisión Ejecutiva del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) está revisando las casas para dictaminar la situación en ese fraccionamiento.
Informó que también han participado expertos reconocidos, como el universitario Roberto Arroyo Matus, quien ha emídido sus opiniones sobre el estado de la estructura de las viviendas de El Mirador, y que del resultado que se dé en estas revisiones, la Sedatu aplicará fianzas para que se corrijan los defectos; “en el caso de que las viviendas tengan algún problema estructural, habrán de ser demolidas”.
Informó que las viviendas que presuntamente presentan daños estructurales no están habitadas, “y si estuvieran no obligaríamos a nadie que viviera en una vivienda que tiene algún riesgo”, dijo.
El funcionario reconoció que en algunas de las ya habitadas hay filtraciones, pero que la empresa que construyó la obra está obligada a corregir los defectos, y que tendrá que hacer los trabajos de impermeabilización y de reparación de todos los problemas estructurales que pongan en riesgo o cuestionen la habitabilidad de las viviendas, aseguró.
Dijo que no todo el terreno presenta riesgos para las viviendas, pero que, tras sus observaciones, la Profepa suspendió la construcción de las viviendas desde el año pasado, “debido a que la tierra allí es en su mayoría arcilla expansiva, con un alto nivel de expansividad y reacciona mucho con el agua”.
El delegado informó que la dependencia no ha detectado si hubo alguna irregularidad en la compra del terreno, pero que con los elementos que ya se tiene del predio “habremos de emitir algún análisis después de los diagnósticos que ya se han hecho, y eso detonará en una serie de procesos. Seguramente se buscará ver si hubo mejores opciones para construir el fraccionamiento”, dijo.
Por otra parte, el funcionario declaró que la dependencia federal ha trabajado y atendido las sanciones de clausura impuesta por la Profepa a algunos fraccionamientos en el estado.
Informó que, derivado de ello, se ha cumplido con las observaciones y recomendaciones de la Profepa para que se retiren los sellos de clausura.
Informó que algunos los fraccionamientos de donde se retirarán sellos son los de Tixtla, Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero, Acapulco y en el predio de El Patenco, de Coyuca de Benítez, donde las viviendas ya llevan un buen avance.
“Esto no quiere decir que no me interesen las demás, pero son prioridad los que su construcción llevan un buen avance y los que ya están prácticamente terminados y a punto de entregar las viviendas”, explicó.