El comandante de la Octava Zona Naval, el almirante Juan Guillermo Fierro Rocha, dijo que será en el Grupo Coordinación Guerrero donde se definan las acciones que la Marina habrá de realizar para atender las instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, y mientras sigue la vigilancia de efectivos de la Armada en la Costera de Acapulco, desde la avenida Farallón a Icacos.
El gobernador Héctor Astudillo Flores informó el martes que el presidente Peña Nieto instruyó a los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, “que estuvieran muy pendientes de Guerrero”.
En declaraciones a reporteros, después de la ceremonia por el 99 aniversario de la fundación de la Marina y el 74 aniversario de la Marina mercante, Fierro Rocha dijo que la Marina hace su “mejor esfuerzo” con acciones de inteligencia para enfrentar la inseguridad.
A pregunta expresa de cuáles son las acciones que desarrollará la Octava Zona Naval para atender las instrucciones del presidente de la República, Fierro Rocha dijo que son “coadyuvantes” y reforzarán la seguridad “en las áreas que más lo requieran” de acuerdo con lo que defina el gobernador o el Grupo Coordinación Guerrero.
Agregó que el municipio de Acapulco está dividido en sectores, y en el caso de la Marina es responsable de los sectores 3 y 4, que abarcan de la glorieta de la Diana y la avenida Farallón hasta Icacos.
De Farallón a Icacos la Marina realiza patrullajes, “nos desplazamos de acuerdo a nuestros recursos y las posibilidades o necesidades que enfrentemos y específicamente los sectores 3 y 4 es nuestra área de vigilancia permanente”.
El comandante de la Octava Zona Naval aseguró que la Marina mantiene vigilancia permanente en las playas, con 200 marinos dedicados a dar seguridad.
De las ejecuciones ocurridas en playas de Acapulco, como la del 13 de mayo, cuando tres meseros fueron ejecutados en playa Icacos, y la del 25 de mayo, cuando un hombre fue asesinado en playa Papagayo, el almirante dijo que “son situaciones que en un momento dado resultan imponderables, dados los desplazamientos y las organizaciones que se tienen que enfrentar, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo”.
“Insisto (los asesinatos en las playas), son situaciones que escapan en ocasiones a nuestro control”, reiteró.
Fierro Rocha dijo que las operaciones de la Marina siguen en su marcha normal y los esfuerzos se reorientan hacia donde se detecta que hay más casos de violencia, y las operaciones son permanentes “hasta en tanto no se decida otra cosa”.

La fracción de Movimiento Ciudadano presentó ayer ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso del estado una iniciativa de ley para prevenir, combatir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas.
Con esta ley, según informó el coordinador de esa fracción, Ricardo Mejía Berdeja, se pretende erradicar la explotación sexual y laboral de personas, así como los matrimonios forzados a cambio de dinero, animales u otras prebendas en regiones como la Montaña y la Costa Chica.
Además, el diputado perredista Isidro Duarte Cabrera reclamó en tribuna a las autoridades agropecuarias su “pasividad” y falta de interés por combatir el abigeato, delito que aseguró se registra con frecuencia en Tierra Caliente.
Este miércoles se celebró la tercera sesión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo periodo de receso de la actual legislatura, en la que se notificó que los regidores de Huamuxtitlán, Rogelio Antonio Rivera (PT), Imelda Marín Acevedo (PRI) y Bartolo Guzmán Silva (PAN) presentaron al Legislativo una denuncia de revocación de mandato en contra del alcalde perredista Mario García Flores, pero no se dieron más detalles de ese asunto.
En el desarrollo de la sesión el diputado Ricardo Mejía, a nombre de la fracción de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa de ley para prevenir, combatir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas.
En la argumentación de su propuesta expuso que la trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, sólo después del tráfico de drogas y de armas, con ingresos que van de los 32 mil a los 36 mil millones de dólares.
Explicó que la ley que propone abrogaría la Ley 761 para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas en el estado, que fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 26 de agosto de 2011.
Indicó que su propuesta pretende ajustarse a lo que establece la Ley General contra la trata de personas.
“Con la nueva ley se pretende alcanzar una homologación del concepto de trata de personas; así como de los tipos penales de los delitos relacionados con la misma, además, se busca dotar de conocimiento y sensibilidad a los servidores públicos en torno a este fenómeno delictivo”, dijo.
Mejía Berdeja comentó que este es un delito que se ha extendido por todo el mundo, y que niñas y niños son las principales víctimas, quienes son raptados, trasladados, vendidos y comprados con fines de explotación.
Como ejemplo, se refirió al Foro Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en Guerrero, en el que Nuria Gabriela Hernández, directora de Estudios Jurídicos de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Equidad de Género del Congreso de la Unión, dio una conferencia magistral en la que señaló que en los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatónoc prevalece la trata de personas.
Recordó que en ese foro Gabriela Hernández explicó las diferentes modalidades de este delito, entre ellas la venta de mujeres para matrimonios obligados, “en la que, sobre todo los padres de familia, bajo el argumento de los usos y costumbres de sus comunidades, literalmente venden a sus hijas por un cartón de cerveza o un guajolote”.
También se refirió al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organismo del que dijo ha denunciado públicamente que en la Montaña la marginación y la pobreza extrema orilla a algunos a entregar a las mujeres en matrimonio a cambio de una “dote” que se traduce en especie o dinero en efectivo.
Aseguró que la venta de niñas se mantiene en municipios como Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Atlixtac y Acatepec, considerados entre los más pobres del país; mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que las regiones de la Montaña, Acapulco y Costa Chica son las que registran más casos de trata de personas en la entidad.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia, que preside el priista Héctor Vicario Castrejón, y la de Derechos Humanos, que encabeza el diputado del PT, Jesús Martínez Martínez.

Denuncia Isidro Duarte el abigeato

Después, en tribuna, el presidente de la Comisión de Agricultura, el perredista Isidro Duarte Cabrera, reclamó a las autoridades agropecuarias del estado su “pasividad” y falta de interés por combatir el abigeato, delito que por su frecuencia en Tierra Caliente, aseguró, amenaza con paralizar la ganadería.
Ante el pleno, Duarte Cabrera señaló que el abigeato es conocido por las autoridades pero no brinda la seguridad debida a los productores, “los ganaderos se encuentran solos ante esta situación, ya que el acompañamiento de la autoridad es nula”.
Como ejemplo se refirió al atentado que sufrió Catalino Mancilla Reyes el 27 de mayo, quien fue atacado a balazos “sólo por el hecho de ser un ganadero que ha denunciado de manera reiterativa el delito de abigeato en la región”.
Dijo que ningún “gobierno puede decir que está cumpliendo su obligación de buen gobierno, cuando los gobernados no podemos sentir la libertad de transitar y de trabajar sin miedo a sufrir el embate de la delincuencia”.
Ante esta situación, demandó a los tres órdenes de gobierno crear y establecer medidas de seguridad efectivas, que garanticen a los guerrerenses vivir con tranquilidad y salir de sus centros de trabajo de manera segura.
También urgió a las autoridades a contemplar dentro del Operativo Tierra Caliente el combate al abigeato y el establecimiento de estrategias de seguridad para los ganaderos, “quienes a últimas fechas se han vuelto blanco de la delincuencia organizada”.
En la sesión de ayer se presentó también la propuesta para celebrar el Décimo Parlamento Estudiantil de Escuelas Secundarias el viernes 17 de junio, “que servirá como foro expresivo de las juventudes” de las secundarias que dependen de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).

La presidenta de la Comisión de Gobierno del Congreso, Flor Añorve Ocampo, informó que no habrá un pronunciamiento del Legislativo en contra de la reforma educativa, sin embargo aseguró que hay la disposición de ser intermediario entre el magisterio y las autoridades educativas para que se restablezca el diálogo.
Consultada ayer en la Sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso, antes de que empezara la sesión de la Comisión Permanente, Añorve Ocampo lamentó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no esté en la disposición de dialogar con el magisterio disidente mientras continúen las movilizaciones y siga el paro laboral.
Ayer, durante sus protestas, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), del grupo que encabeza el secretario general Ramos Reyes Guerrero, arrojaron huevos y piedras a las instalaciones del Congreso.
La acción formó parte de las acciones del magisterio contra la reforma educativa y la evaluación docente.
Consultada ayer al respecto, Añorve Ocampo dijo que no se presentará una denuncia por las acciones de los maestros, pues solamente cinco cristales de la biblioteca Siervo de la Nación fueron afectados.
Además dijo que de proceder sería en contra de quien resulte responsable, pues no hay forma de identificar a quienes lanzaron los huevos y las piedras, y por ello se desistirá de esa acción.
“Lamentablemente no tenemos la visualización de quiénes fueron los que hicieron esa situación de la quiebra de los vidrios (…) es mínimo, son cinco vidrios, no quisiera decir yo otra cosa”, explicó.
Aseguró que el Congreso “es la casa del pueblo” y estará abierto siempre para recibir a las organizaciones y grupos de ciudadanos que busquen atención de los diputados.
Sin embargo dejó claro que por parte de la Comisión de Gobierno no habrá un pronunciamiento en contra de la reforma educativa, como se lo han exigido los maestros.
Pese a ello, aseguró que el Congreso está dispuesto a ser intermediario entre los docentes y las autoridades educativas para que se restablezca el diálogo, luego de que el titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, advirtió que mientras continúen las movilizaciones en contra de la reforma y los maestros no regresen a las aulas, no lo habrá.
“A mí me parece que lo que menos debemos hacer es estar cerrados al diálogo, nosotros en el Congreso intervendremos ante las instancias que correspondan (…) Hemos oído que el secretario de Educación a nivel federal (rompió el diálogo), pienso que esto no se debe de cerrar, si no es través de él debe ser a través de las instancias de la Secretaría de Gobernación, pero tienen que abrir el diálogo”, expuso.
De la posibilidad de instalar cámaras de vigilancia en el Congreso como lo anunció al principio de la actual legislatura, para identificar a quienes realizan destrozos en el edificio, comentó que este año no será posible hacerlo porque el presupuesto no es suficiente para acceder a herramientas de seguridad de ese tipo.

El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (Itaig), es el más deficiente e incompleto del país, y pasó del lugar 15 al 32, informaron las organizaciones independientes Artículo 19 y México Infórmate.
El 31 de mayo ambas organizaciones publicaron el Índice Nacional de Organismos Garan-tes del Derecho de Acceso a la Información (INOGDAI 2016), en el que se informa que 17 organismos del mismo número de estados están por debajo de la media en su rendimiento.
De los 17 peor calificados, Guerrero es el que resultó en la más baja posición, seguido de Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, Baja California Sur, Querétaro y Chiapas.
El INOGDAI apunta que el ITAIG ni siquiera respondió las solitudes de información realizadas por Artículo 19 y México Infórmate, que realizaron para presentar este informe.
Guerrero no fue considerado en decenas de mediciones que las organizaciones realizaron para la elaboración del informe, porque el Itaig no respondió solicitudes de información sobre la capacitación dirigida a los sujetos obligados, el proceso de acceso a la información y las resoluciones sobre los recursos de revisión, entre otros aspectos.
Las organizaciones que realizaron el estudio consideraron al de Campeche como el mejor organismo de transparencia con una calificación de 68.22 puntos, seguido del de Durango que obtuvo 67.54, mientras que Guerrero sólo alcanzó un promedio de 14.48, y el penúltimo lugar fue para Aguascalientes que llegó a 27.01.
Los promedios nacionales por categoría indican 63.5 puntos para Transparencia y Rendición de Cuentas de los Organismos Garantes, en donde destacó Campeche que obtuvo 98.7 puntos, mientras que Guerrero obtuvo apenas 3.46, en el último lugar.
En la dimensión de resolución de controversias el promedio nacional fue de 44.15 puntos, y únicamente Tlaxcala obtuvo una puntuación por encima de los 90 puntos (96.67); en contraste Guerrero y Aguascalientes estuvieron abajo de los 20 puntos.
En 2014, Artículo 19 y México Infórmate desarrollaron la primera edición del INOGDAI para evaluar la gestión de los organismos garantes, desde un enfoque ciudadano; a dos años, las organizaciones afirmaron que “lejos de mejorar las prácticas existentes que limitan el acceso a la información, existe una seria regresión”.
Se apunta en el informe que la promoción del derecho de acceso a la información cayó considerablemente, categoría en la que Guerrero cayó del lugar 15 al 32.
Las organizaciones manifestaron preocupación por Aguasca-lientes, Guerrero e Hidalgo, donde los organismos de transparencia no consideran mecanismos para difundir sus decisiones, como la transmisión por internet de las sesiones del pleno.

Militantes y dirigentes municipales del PRD en Chilpancingo y Acapulco reiteraron a las diferentes expresiones del sol azteca su planteamiento de que renuncien a la práctica de determinar las candidaturas en los procesos electorales.
También exigieron a la Comisión de Honor y Justicia aplicar las sanciones correspondientes en contra de funcionarios designados por el partido y que incumplan con sus compromisos y aportaciones, así como a aquellos que se aparten de la línea política del PRD.
En conferencia de prensa, el presidente del Comité Ejecutivo Municipal (CEM) de Chilpancingo, Asunción Martínez Ortiz, el de Acapulco, Isaías Arellano Maldonado, y la secretaria de Derechos Humanos del CEE, Yenedith Barrientos Santiago, dieron a conocer la lista completa de los acuerdos que alcanzaron en la reunión del pasado 14 de mayo en Chilapa, en la que participaron 21 dirigencias municipales.
En la conferencia, que se celebró ayer por la mañana en las instalaciones del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), participaron también el ex rector de la Universidad Intercultural del Estado y fundador del partido, Rafael Aréstegui Ruiz, y el ex diputado local Alejandro Arcos Catalán, entre otros militantes.
Yenedith Barrientos leyó un comunicado con los 11 acuerdos que se asumieron en ese encuentro y que son parte del plan de acción de los CEM perredistas con miras al proceso electoral de 2018.
Se planteó retornar a la institucionalidad y al respeto irrestricto a los estatutos para la toma de decisiones en materia de definiciones políticas, elección de cargos internos del partido y elección de candidatos.
“Hacemos un exhorto para que las expresiones en un ejercicio de autocrítica superen la cultura de la dinámica de acordar exclusivamente entre los dirigentes de las expresiones internas del partido las decisiones relativas a estos temas”, explicó.
También se acordó buscar al resto de los partidos de izquierda para plantearles la necesidad de unir fuerzas para revertir las reformas estructurales “que afectan a los distintos sectores sociales, pero en particular a los pueblos indígenas, a los campesinos, a los habitantes de las colonias populares, a los estudiantes, maestros y grupos marginados”.
Además se propuso trabajar con esos mismos partidos para arribar a un acuerdo a fin de lograr un candidato de unidad para garantizar el triunfo de las fuerzas de izquierda en 2018.
Otro acuerdo es que se haga efectiva por parte de la Comisión de Honor y Justicia la aplicación de sanciones conforme al estatuto en contra de funcionarios designados por el partido que incumplan con sus compromisos y aportaciones, así como contra quienes se aparten de la línea política del partido e incumplan con sus principios.
También demandaron un manejo transparente de las prerrogativas del partido y que las mismas se destinen a la dotación de infraestructura, a la formación política y a la capacitación electoral.
En el comunicado reiteraron su respaldo al movimiento que encabeza la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) en contra de la reforma educativa y la exigencia de presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Antes de concluir la conferencia, se informó que realizarán reuniones regionales con los CEM y comenzarán el 5 de junio en Costa Chica.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Robespiere Robles Hurtado, aseguró que el aparato de justicia penal funciona “al cien por ciento” luego de que entró en vigor el sistema de justicia penal acusatorio. No obstante, explicó que los cambios no se observarán de un día a otro.
“Hemos implementado una unidad de atención a indígenas y también hay traductores en materia de inglés, de francés, esos son los peritos, pero nosotros como cuestión social dentro del poder judicial ya está en nuestra unidad de traductores o de atención a indígenas”, indicó.
Aseguró en declaraciones a reporteros antes de la ceremonia por el 74 aniversario de la Marina, que con las adecuaciones en salas de oralidad y capacitación en los tribunales de Guerrero, se tendrá capacidad para atender a los usuarios.
Los pendientes, expuso, son el sistema tradicional, las causas penales por desahogar, pues acotó, “hay un sistema complejo que es el tradicional, en el que vamos a trabajar para la extinción respectiva”.
Indicó que el 60 por ciento de la población guerrerense ya estaba inmersa en el nuevo sistema de Justicia y, aunque “probablemente en Acapulco no lo supiera porque fue la última parte que entró en vigor de acuerdo al decreto de la entrada en funcionamiento de este sistema”.
No obstante, añadió que ya se había comenzado con el nuevo sistema en las regiones de la Costa Grande, Costa Chica, región Norte y en La Montaña.
Comentó que el aparato de justicia en Acapulco “no es un switch que se apaga… no porque entre hoy en vigencia, automáticamente queda fuera de servicio. Va a ser una situación paulatina en donde se va ir extinguiendo el sistema tradicional y va a estar entrando el nuevo sistema, porque las nuevas causas penales del nuevo sistema se comienzan a generar hoy (miércoles)”.
Robespiere Robles informó que ayer después de medianoche entró en vigor el nuevo sistema de Justicia penal en la región Acapulco, porque aseguró que en las demás regiones de la entidad el sistema de justicia ya se aplicaba.
“Este sistema ya está en funcionamiento porque el Poder Judicial tuvo a bien echar a andar la unidad jurídica donde están funcionando dos salas de oralidad, con tecnología de punta ya están adscritos los jueces, ya está adscrito el personal administrativo y están trabajando con toda normalidad, y listos para recibir cualquier causa que se genere con respecto al nuevo sistema de justicia”, reiteró.
Ante el retraso que los abogados han señalado dijo que la situación se iré superando “en la medida que cada quien se ponga estudiar”, pues argumentó que “es una responsabilidad de todos”.
Añadió que “en el poder judicial estamos capacitados al 100 por ciento, todos los que están laborando son abogados y lo que hubo fue un cambio en cuanto a procedimiento, pero no un cambio en cuanto al sistema penal y nosotros tenemos ventajas y todos estuvieron capacitándose durante un largo tiempo y tan es así que el personal del tribunal poder cursos a otras instancias operadores del mismo sistema.
Agregó que habrá asistentes jurídicos y se verá fortalecida la presunción de inocencia además que la reparación del daño.
“El poder judicial está capacitado y está fortalecido ante el nuevo sistema de Justicia penal hubo una mejoría en las instalaciones y además una mejoría en la capacidad técnica y tecnológica”, insistió.

A tres años del homicidio del líder de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ) y de la Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, la mañana de ayer durante la colocación de una ofrenda floral y un mitin en el que participaron organizaciones sociales, su hija, Soledad Hernández Mena, llamó a agilizar la aprobación de la ley contra la desaparición forzada en México y que se reclasifique el delito por el que el ex alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez, presunto autor del homicidio, está preso.
En declaraciones a reporteros, Soledad Hernández dijo que como víctima indirecta, solicita la reclasificación del delito de secuestro agravado por el que está detenido el ex alcalde José Luis Abarca, presunto responsable del asesinato de su padre, por el de desaparición forzada y ejecución extrajudicial. E insistió en que el asesinato de su padre fue un crimen político.
Informó que el pasado 6 de abril, el ex alcalde José Luis Abarca interpuso el amparo indirecto 409/2014 en el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales con sede en Tamaulipas, contra el auto de formal prisión de la causa penal 100/2014.
Desde esa fecha no se ha llevado a cabo la audiencia constitucional, misma que se ha venido difiriendo mes con mes y el pasado 12 de mayo se aplazó para las 10:30 de la mañana del 8 de junio.
Dijo que en tanto no se lleve  a cabo esta audiencia, el ex alcalde seguirá sin declarar ante el Juez Primero de Procesos Penales Federales de Matamoros, Tamaulipas.
Minutos después de las 12:00 de la tarde, Soledad Hernández acompañada de unos 40 integrantes de la UCEZ y maestros de la Ceteg, colocaron una ofrenda floral en el monumento a la Independencia en el centro de la ciudad, a tres años del asesinato de su padre y de sus compañeros de la Unidad Popular, Ángel Román Ramírez y Rafael Bandera Román, y en memoria de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en esta ciudad.
En el mitin realizado y antes, en declaraciones a los reporteros, Soledad Hernández exigió agilizar la ley contra la desaparición forzada en México, que se encuentra detenida en el Senado.
Informó que a partir de ayer se sumaba a otras organizaciones de derechos humanos que han sido víctimas de desaparición forzada y ejecución extra judicial, para que se agilice esta ley de desaparición forzada en el ámbito federal, y que en su momento la estatal sea homologada.
La hija del asesinado líder de la UP recordó que el ex alcalde José Luis Abarca es el único que ha sido detenido por el caso de su padre, y exigió que no sólo se le juzgue por este caso a él, a su esposa María de los Ángeles Pineda y al ex secretario de seguridad pública, Felipe Flores Velázquez, sino también a otras autoridades que por omisión o encubrimiento tienen responsabilidad, y citó, sin decir nombres, el caso de los titulares de los tres poderes en el estado en aquellas fechas.
“Este tercer aniversario no nos debilita, a pesar de que por segunda ocasión hemos sido víctima de esta misma tortura tanto psicológica como emocional, no hemos claudicado y vamos a seguir aquí. Ya basta de la persecución de los agentes del Estado”, demandó Hernández Mena.

Piden organizaciones al alcalde mesa de diálogo

Minutos después de las 2:00 de la tarde, los integrantes de la Ceteg y de la UCEZ solicitaron una audiencia con el alcalde priista Esteban Albarrán Mendoza, quien los recibió en la sala de la presidencia municipal cerca de las 3:15 de la tarde.
Vía telefónica el integrante de la coordinadora, el profesor Rafael Salgado, dijo que en los planteamientos pidieron al priista su intervención como coadyuvante y gestor con el gobernador Héctor Astudillo Flores para gestionar la mesa de negociaciones a nivel nacional con los maestros movilizados contra la reforma educativa, lo cual dijo que Albarrán se comprometió a realizar.
También le pidieron su intervención para que cese el hostigamiento  de los comisarios municipales en contra de maestros de las comunidades, para evitar que éstos paren labores y se sumen a las acciones de protesta, pidiendo el alcalde información de quiénes hacen el hostigamiento para pedir a los comisarios que detengan esa acción.
Asimismo se pidió la entrega de 150 paquetes de fertilizante para agricultores de la UCEZ, de los que el gobierno de Esteban Albarrán sólo se comprometió a entregar 100 paquetes que llevan cinco bultos de sulfato y no el paquete tecnológico que se compone de 10 bultos de sulfato, DAP o granulado y biofertilizante. Aunque se dejó abierta la probabilidad de entregarles más paquetes.

Ayer fueron localizados dos hombres ejecutados en hechos distintos, uno en Iguala y otro en Tepecoacuilco.
El primer hecho sucedió la mañana de ayer, se trata de un joven que fue ejecutado a balazos y estaba con las manos atadas a la espalda en un camino de terracería de la colonia California, al sur de Iguala.
El segundo es un hombre de unos 40 años al que se le apreciaron disparos de arma de fuego y estaba en un paraje rústico de la comunidad de Xalitla, Tepecoacuilco.
En Iguala minutos después de las 11 de la mañana vecinos de la colonia reportaron el hallazgo del cuerpo de un hombre “inconsciente” a la orilla de un camino de terracería, a unos 100 metros de la escuela primaria Bandera Nacional.
Momentos después agentes de la Policía Federal (PF) y estatal se trasladaron al lugar y hallaron el cuerpo de un joven que estaba boca abajo, con balazos y con las manos atadas a la espalda junto al camino de terracería.
Fue identificado como Raúl Granada Lara de unos 30 años, El Pichu, quien era vecino de la colonia Centro de esta ciudad, sus familiares son comerciantes de vinos y licores.
Según los reportes policiacos, el joven tenía huellas de haber sido golpeado y se le apreciaban al menos cuatro impactos de bala, tres en la cabeza y uno más en el pecho. Vestía un pantalón de mezclilla, una camisa azul y estaba descalzo.
Agentes del Ministerio Público (MP) y peritos en criminalística localizaron en el lugar cuatro casquillos percutidos calibre .9 milímetros y al término el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de esta ciudad de Iguala.
La escalada de la violencia ha dejado 55 personas ejecutadas en lo que va del año en Iguala, en hechos donde presumiblemente estuvo involucrada la delincuencia organizada.
El paraje en Tepecoacuilco

En otro hecho la mañana de ayer fue localizado el cuerpo de un hombre con disparos de arma de fuego en el paraje Tepecapa de la comunidad indígena de Xalitla, municipio de Tepecoacuilco.
Según fuentes policiacas, el comisario de la comunidad de Xalitla, Plácido Fabián Gómez, reportó a la comandancia de la Policía Municipal de Tepecoacuilco sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre asesinado.
Agentes de la Policía Estatal, municipal, y agentes del MP y peritos en criminalística se trasladaron al lugar y confirmaron la presencia del cuerpo de un hombre de unos 40 años.
El cuerpo estaba recostado boca abajo y tenía al menos tres impactos de bala en el estómago y tórax. Vestía un pantalón de vestir azul, zapatos negros y camisa de manga larga beige, y entre las pertenencias del cuerpo fue localizado un llavero con una pequeña navaja roja.
El hombre no pudo ser identificado y fue levantado y trasladado a las instalaciones del Semefo de esta ciudad de Iguala.

Desaparece limpia parabrisas de Iguala

La tarde de ayer familiares presentaron una denuncia en la agencia del Ministerio Público por la desaparición del joven Jaime Mora Catalán de unos 25 años, quien está desaparecido desde el 23 de mayo.
Según fuentes ministeriales, el joven Jaime Mora es vecino de la colonia Fermín Rabadán, al sur de Iguala y originario de Reynosa, Tamaulipas, era limpiaparabrisas en el crucero del periférico Oriente y el puente de la carretera federal México-Acapulco, y hasta ayer no había sido localizado por sus familiares.
Se supo que el joven salió de su casa la mañana del 23 de mayo y fue al crucero donde hacía su trabajo y desde ese día no ha regresado.

Un comando de hombres armados irrumpió en el bar Player’s Sport de esta ciudad, ejecutó a cuatro hombres e hirió a siete más la noche de ayer.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informaron que el ataque ocurrió a las 11:05 de la noche, cuando terminó el partido de futbol de México contra Chile que se transmitió en el lugar.
Los heridos fueron trasladados al Hospital General Raymundo Abarca Alarcón y a hospitales particulares, algunos por sus propios medios y otros con la ayuda de rescatistas de Protección Civil.
El bar se ubica a un lado de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), frente al Instituto Tecnológico de Chilpancingo (Itech) al sur de la ciudad.
Al lugar acudieron policías municipales, estatales, federales y ministeriales, y éstos últimos impidieron el paso a los representantes de los medios de comunicación.
Peritos de la Fiscalía General del Estado hicieron las diligencias correspondientes y a la 1:25 de la madrugada de este jueves los cuerpos de las víctimas mortales seguían en el establecimiento.