Minutos después de las 5 de la tarde de ayer, una joven de unos 21 años fue ejecutada de dos balazos en la cabeza y hallada en una brecha de terracería entre las colonias Ché Guevara y Pueblo Viejo, al poniente de la ciudad.
Unas 24 horas antes la joven Alma Patricia, propietaria de una maderería ubicada en la entrada a la colonia Las Brisas, en el periférico Poniente de la ciudad, fue privada de su libertad en su negocio por un grupo de hombres que se la llevaron en su camioneta.
La violencia en el municipio que no cuenta con policías federales en lo que va del año y de acuerdo con los registros de El Sur, ha dejado 64 ejecuciones en las que presuntamente ha estado involucrada la delincuencia organizada, asesinatos de los que 12 se han cometido en contra de mujeres, cinco de ellos en lo que va de junio.
A las 5:15 de la tarde de ayer tras el reporte de vecinos al número de emergencias 066, se informó del hallazgo del cuerpo de una joven de unos 21 años, cerca de la zona de hallazgo de fosas al poniente de la ciudad.
El cuerpo de la joven estaba boca arriba, vestía una blusa verde, un pantalón azul de mezclilla y sandalias blanco y rosa.
Tras el hallazgo la zona fue acordonada por policías estatales y ministeriales, al lugar llegaron peritos en criminalística y agentes del Ministerio Público, quienes se hicieron cargo de las diligencias sin que en el lugar fueran hallados casquillos percutidos.
Minutos después del hallazgo se confirmó que era la joven levantada cerca de las 5 de la tarde del lunes por hombres que la sacaron de su maderería Las Brisas.
Tras la desaparición de la joven, sus familiares interpusieron la mañana de ayer una denuncia en la agencia del Ministerio Público por su desaparición, donde habían dejado una descripción.
Su desaparición se confirmó después de las 5 de la tarde del lunes cuando sus familiares no la localizaron y la fueron a buscar a su negocio. Al llegar encontraron todo tirado y los cables de las cámaras de seguridad del circuito cerrado cortados.
En la maderería fueron localizados todos los vehículos, excepto una camioneta Chevrolet Cheyenne color perla, en la que se cree que los hombres se llevaron a la joven.
Después de las diligencias de la Fiscalía regional, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de esta ciudad.
Se informó que agentes de la Policía Ministerial colocaron sellos en la maderería y aseguraron seis vehículos de carga y particulares que había en el lugar.

Tres narcomantas firmadas por el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, líder de la organización criminal Los Rojos, fueron localizadas la madrugada del domingo en distintos puntos del centro de Taxco.
En las mantas advierten a los vecinos de una “limpia” en contra de personas que supuestamente apoyan al ex alcalde detenido de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez y al empresario Federico Figueroa, hermano del canta autor Joan Sebastian.
Según fuentes policiacas, las mantas fueron halladas en las primeras horas de la madrugada del domingo, y de inmediato fueron decomisadas por policías municipales de Taxco quienes intentaron ocultar la información y el texto de las mantas halladas en bardas del Zócalo de la ciudad platera.
En letras negras en una de las tres mantas de unos 3 metros de largo y 1 de ancho, se advierte una disputa entre grupos antagónicos del crimen organizado por el control de la plaza y en contra del grupo que ha firmado sus ataques y ejecuciones con la frase “Ojitos Verdes”.
Según las fuentes policiacas en el texto de las mantas se lee, “Ciudadanos de Taxco les informamos que a partir de hoy tengan precaución en salir a las calles, ya que venimos a limpiar Taxco de toda la bola de lacras que secuestran y matan gente inocente y que andan apoyando a José Luis Abarca, Federico Figueroa, Erubiel (el ex director de la policía de Taxco), Los Tilos, empezaremos por ti Toño Barrales y tu esposa Ivon”.
Continua, “Luis Hernández por tocar en el evento de Abarca, José Luis Barrera Díaz, alias El Tesoro, Jonadab, maestro Adrián Benítez por tu nieto Agustín Hernández Tatos, Humberto ya estamos aquí, venimos a ver a los Ojitos Verdes. Atte: El Cártel de Jalisco Nueva Generación y el color más fuerte, su señor Mencho Zenén Nava, MP”.

 

La organización de derechos humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad inició ayer la campaña A 18 años de la masacre de El Charco, demos voz a las víctimas de la impunidad, con la que pretende presionar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que entregue un informe relacionado con esa masacre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Representantes del organismo y sobrevivientes de la masacre ofrecieron ayer una conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) en la ciudad de México, donde denunciaron que a 18 años las viudas y sobrevivientes de la masacre de El Charco, permanecen en espera de la justicia, y que el gobierno mexicano asuma el compromiso de la no repetición de ejecuciones y el uso excesivo de la fuerza.
En la campaña participarán viudas y sobrevivientes de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, que están en espera de que el Estado mexicano responda a la CIDH sobre este caso, informó María Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva de la agrupación de derechos humanos.
En un boletín que distribuyó en una conferencia de prensa la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, denunció que han pasado 18 años desde que soldados del Ejército al mando del general Juan Alfredo Oropeza Garnica, “utilizando el uso excesivo de la fuerza ejecutaron a 10 indígenas na savis y a un estudiante universitario, además de torturar a varios de los sobrevivientes, sin que los familiares de las víctimas y los sobrevivientes hayan encontrado justicia”.
“Las viudas y sobrevivientes permanecen en espera de la verdad y la justicia y de compromisos por parte del gobierno mexicano de no repetición”, dice el comunicado.
“Esta masacre ha sido el termómetro que el gobierno ha utilizado para medir el grado de impunidad con el que puede seguir actuando, ejemplo de esto es la represión de la que son víctimas las y los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con quienes nos solidarizamos desde este espacio”, expresa la Red.
Denuncia, que el gobierno mexicano se ha negado a enviarle la información requerida a la CIDH, pues el plazo que tenía se venció en agosto del 2015.
“Es por eso que el día de hoy iniciamos la Campaña: A 18 Años de la masacre de El Charco, demos voz a las víctimas de la impunidad, por lo que solicitamos el apoyo de la comunidad nacional e internacional, mediante cartas de exigencia de justicia a este caso”, se lee.
La secretaria técnica de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, Magdalena López Paúlino recordó que el caso tiene que ver con torturas y ejecuciones extrajudiciales por soldados del Ejército, en ese entonces a cargo del general Juan Alfredo Oropeza Garnica.
Dijo, “no podemos permanecer inmóviles porque se trata de un crimen de Estado, sumemos nuestra voz para exigir justicia”.
Recordó que la CIDH dio entrada a una petición de investigación del caso que hizo el presidente de la Red Década Contra la Impunidad, el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López y que a raíz de ello la CIDH solicitó el informe del caso a la Sedena para que se inicien las investigaciones, pero desde el año pasado no ha enviado ese informe.
En la conferencia de prensa que el organismo ofreció ayer en la Ciudad de México los representantes del organismo dieron a conocer los detalles de la campaña para presionar para que la Sedena entregue ese informe.
Estuvieron la sobreviviente Ericka Zamora Pardo, el abogado de la agrupación Ernesto Rodríguez Cabrera, la secretaria ejecutiva López Paulino.
Consultada por teléfono Zamora Pardo informó que la campaña inició con la conferencia de prensa que ofrecieron ayer.
“Esta campaña va dirigida a la sociedad civil, a la opinión pública nacional e internacional para que el gobierno mexicano entregue la información de la masacre de El Charco a la CIDH, y este organismo internacional comience la investigación del caso”, informó.
Insistió en que el plazo para que fuera entregada esta información se venció en agosto del año pasado “y ante la nula respuesta estamos pidiendo a la opinión pública nacional e internacional que le solicite al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, y al gobernador Héctor Astudillo Flores su intervención ante la Sedena para que entregue los datos que tienen al respecto”.
También piden que se envíen cartas al presidente de la CIDH, James L. Cavallaro, solicitando se le otorgue el informe de admisibilidad.
Informó que también dio inicio la campaña de recaudación de fondos para el litigio internacional de este caso, a través de la cuenta 2759866 del Banco Nacional de México (Banamex), Sucursal: 7002. La clave Interbancaria es la 0021 8070 0227 598 665, y el código SWIFT: BNMXMXMM 0021 8070 0227 598 665.

La tendencia de la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación a la Policía Federal fue de total omisión y de negar la participación de los agentes en los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, denunció el abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra.
Ahora están plenamente identificados dos policías federales para quienes hay órdenes de detención por su participación en la desaparición forzada de los normalistas, confirmó el defensor en consulta telefónica.
Recordó que pese a los testimonios de los alumnos sobrevivientes de los ataques, la primera vez que aparece la Policía Federal en el caso Iguala es en la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ya buscaba pero “sin mucha fuerza”, para que ameritara una acción penal.
Esa línea de investigación se fortaleció en la CNDH y los expertos internacionales lo retomaron en su segundo y último informe de trabajo, con más elementos para señalar la coordinación de la Policía Federal con la Policía Municipal para evitar a toda costa la salida de autobuses de la ciudad.
Ahora, consideró que el reto de la PGR es convertir esa información en una línea de investigación, porque sigue siendo motivo de discusión en las reuniones mensuales de seguimiento, donde la dependencia tiene que dar cuenta de los avances de las indagatorias.
Explicó que la demanda constante es que se retomen todas líneas de trabajo que sugirió el GIEI, pues la percepción de los padres y abogados es que el gobierno federal va a regresar a su tesis principal, que los policías municipales entregaron al grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos a los 43 alumnos de Ayotzinapa.
El GIEI estableció que hubo una amplia y compleja coordinación de los cuerpos de seguridad de Iguala con las policías de Cocula y Huitzuco que se extendió hasta Mezcala, en los ataques a los normalistas, al equipo de fútbol Los Avispones y a ciudadanos en general.
En el menor de los casos, los agentes del Estado tuvieron conocimiento en tiempo real de las agresiones y sus consecuencias, según las investigaciones.
Rosales Sierra indicó que otra exigencia es que se investigue la telefonía celular, a cuyos contenidos podrían tener acceso mediante especialistas, sin embargo la PGR también fue omisa en indagar las comunicaciones.
“Soslayó todos los elementos científicos y se basó en las confesiones de los inculpados que se refieren al basurero del río Cocula”, tesis fue descartada por distintos equipos de peritos independientes.
Informó que hay registros de siete teléfonos celulares de estudiantes desaparecidos, y de un número similar de inculpados que registran actividad en el transcurso de la noche, de los cuales técnicamente es posible conocer su contenido.
Reveló que ya hay un conjunto de empresas especialistas en telefonía que contrató la PGR de manera conjunta con el GIEI, que hicieron los primeros estudios y ellos explicarían a los padres los pormenores de la información.
Sin embargo la reunión con estos expertos aún no se ha definido.
El compromiso de la procuradora Arely Gómez con los padres fue que en la siguiente reunión les proporcionaría la fecha para recibir la explicación de los especialistas.
El abogado aclaró que no hay plazos para reunirse de nueva cuenta con la procuradora o con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong (que también han demandado) por lo desbordado del conflicto magisterial, el desalojo a balazos en Nochixtlán, Oaxaca.
De la telefonía opinó que estas comunicaciones ya se hicieron y quedaron registradas, “no se borran con facilidad”, sin embargo aún no saben qué clase de datos pueden obtener, “se tienen algunas claves, indicios de que sí es posible tener el registro de las comunicaciones de los inculpados”.
Distinto a las videograbaciones de las cámaras de vigilancia del Tribunal Superior de Justicia, evidencia de uno de los ataques un grupo de normalistas desaparecidos, que se perdió o destruyó por las autoridades.