Lourdes Chávez
Chilpancingo
El presidente de la Junta local del INE Guerrero, Donaciano Muñoz Loyola, reconoció que la elección del Poder Judicial,“es un proceso inédito y complejo”, con “desafíos considerables” por el contexto estatal.
Durante la instalación del Consejo Local del proceso electoral extraordinario 2024-2025, llamó a las autoridades estatales a coordinar esfuerzos para que la ciudadanía cuente con las condiciones necesarias para ejercer su voto en libertad y con tranquilidad el próximo 1 de junio de 2025.
Para cuidar la imparcialidad, pidió a los partidos abstenerse de apoyar candidaturas al Poder Judicial de la Federación, pues “cualquier injerencia pondría en riesgo la legitimidad del proceso electivo, lastimaría también la confianza ciudadana en su integración y efectividad”.
Los demás consejeros ciudadanos expresaron preocupaciones por la violencia, la organización del proceso electoral, aún en definición, y el cuidado del proceso que al final pretende el acceso a la justicia de la población.
Asistieron como testigos invitados, enviados del gobierno estatal, e integrantes de los órganos electorales estatales.
Tras su toma de protesta como presidente del Consejo, Muñoz Loyola declaró que el INE “se enfrenta a un proceso electoral de magnitudes excepcionales, de una complejidad organizativa considerable y de gran responsabilidad”.
Esto, por el proceso para elegir 881 cargos en seis tipos de elección: ministros vacantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas del Poder Judicial de la Federación, magistrado de Circuito, jueces de Distrito, integrantes de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.
En Guerrero, particularmente, se elegirán 10 magistraturas y 10 jueces de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, aparte de los cargos nacionales.
Explicó que México es el primer país que establece en la Constitución la elección generalizada del Poder Judicial Federal y los poderes judiciales en cada una de las entidades del país.
No lo mencionó, pero en Guerrero no se homologó la ley para elegir en elecciones a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia. La elección sólo es federal.
Ante la complejidad del proceso federal, el presidente del Consejo local confió en que “la organización con éxito” de la elección concurrente del 2 de junio de 2024, las más grande de la historia, permitirá al INE llevar a cabo la operación logística de este proceso electoral 2024-2025, que calificó como “un proceso inédito y complejo, el primero en su tipo, en un contexto que presenta desafíos considerables”.
Por lo anterior, llamó a las instituciones estatales “a coordinar esfuerzos para que la ciudadanía cuente con las condiciones necesarias para ejercer su voto en libertad y con tranquilidad”.
Explicó que con el gobierno del estado, se van a definir número de escuelas y oficinas públicas que se utilizarán como casillas, así como los centros de recepción y traslado de paquetes, la logística de recolección de paquetes electorales, servicios de salud y protección civil para quienes actúen como funcionarios de casilla, entre muchas otras actividades.
También resaltó que “la imparcialidad en estas elecciones deben ser celosamente guardadas. Cualquier intento de injerencia de actores políticos pondría en riesgo la legitimidad del proceso electivo, lastimaría también la confianza ciudadana en su integración y efectividad”.
Por tal motivo, llamó a los partidos políticos a respetar los procedimientos establecidos para este proceso, una responsabilidad de todos.
Explicó que, las candidaturas del proceso serán definidas desde los poderes de la Unión y la lista será entregada a través del Senado de la República. “A partir de ese momento el arbitraje entre las y los candidatos será del INE”.
Preocupan injerencias en contextos violentos
El consejero local Alfredo Ramírez pugnó porque el contexto de inseguridad y de violencia “no propicie desánimo de la ciudadanía de participar y concurrir a la jornada electoral”.
También advirtió que el proceso electoral comenzó en un “ambiente de fuerte de convulsión y confrontación política que no es sólo debate en el poder ejecutivo” por la transición del nuevo gobierno que arrancó hace dos meses.
Confió en que haya un reencauzamiento para tener las mejores condiciones políticas de estabilidad, para un proceso pacífico con alta participación ciudadana, y donde los resultados no se judicialicen para evitar “que las autoridades elegidas sean “jueces y parte”.
Después de un saludo en su lengua materna, la consejera náhua, Antonia Ramírez Marcelino reveló que se siente nerviosa ante la elección que es histórica y que polarizó al país durante la discusión de la reforma al poder judicial en las cámaras de diputados y senadores.
Aclaró que todos esperan que haya justicia con el nuevo modelo de elección del Poder Judicial, porque todos los días se registran asesinatos, incluso de políticos, como el del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán. Consideró que eso le pasa a una persona con investidura política, “¿qué podemos esperar las mujeres indígenas?”.
Explicó peligroso que la reforma haya dejado tan abierto el proceso de elección, ya que podría generar injerencias. También dijo que muchas personas se sienten contentas porque les hacen creer que ellos van a elegir a jueces y magistrados.
Pidió que haya mucha claridad en la información del proceso, y si es el caso, decirle a los profesionistas indígenas que pueden participar en el proceso para ser jueces o magistrados, no esperar a las imposiciones, y que las candidaturas asuman compromisos con las víctimas, no con los grupos criminales,
Aseguró que hoy, los juicios se cancelan por falta de intérpretes, un derecho que no se está garantizando en los hechos.
“Para mí es novedoso pero peligroso y nos toca hacer nuestro papel, hacer compromiso de una elección donde las personas tengan información para hacer ese análisis de reflexionar para elegir si son muchísimos cargos”.
El consejero Hegel Mariano Ramírez coincidió en que todos esperamos justicia. Compartió que el 90 por ciento de los casos que conoce, las personas no saben ni el nombre de su defensor de oficio aunque los tengan asignados.
La consejera Analid Mier Bautista y el consejero Celestino Vélez Prestegui, también cuestionaron el acceso actual a la justicia en el sistema actual. La primera llamó a ser vigilantes de que los principios rectores se respeten y se pongan en práctica, y al INE, a crear condiciones para llevar el proceso a buen puerto.
Vélez Prestegui señaló como ejemplo del no acceso a la justicia, el caso de la guardia ABC, donde el dueño, familiar de un expresidente, sigue libre.
La consejera Gady Dircio Chautla consideró válido tener incertidumbre en un proceso electoral nuevo, pero confió en que será exitoso por la experiencia, capacidad, habilidades de la estructura electoral del INE
Definiciones pendientes, hasta tener un presupuesto
En consulta, Muñoz Loyola explicó que el proceso es complejo porque a seis meses de las votaciones del Poder Judicial, aún no se definen aspectos de algunas etapas del proceso electoral.
Explicó que las decisiones dependen del presupuesto que apruebe la Cámara de diputados para el proceso electoral en el ejercicio fiscal 20245. Por ejemplo, señaló que para los seis tipos de cargos de elección que se van a postular, se va a necesitar una boleta más grande de los que se utilizan en procesos normales.
Con boletas más amplias se necesitarán urnas más grandes. También tendrán que comprar un mayor número de mamparas, por el tiempo que le va a llevar votar cada elector en votar con la cantidad de candidatos que va elegir.
Seis tipos de elección; dos en lo estatal: magistrados de circuito y de jueces de distrito, son 10 de cada una.
En función del presupuesto, señaló que se va a saber si se pueden instalar una casilla por cada sección electoral, como se hace en las elecciones constitucionales de presidente y Congreso de la Unión, o una casilla por cada grupo de secciones electorales, que denominan Unidad Territorial.
Aclaró que serían como centros de votación de varias secciones electorales.
A partir de la entrega del listado de candidaturas del poder ejecutivo, legislativo y judicial, el próximo 12 de febrero por parte del Senado, el INE comenzará el arbitraje de la competencia electoral y la difusión de las campañas.
Indicó que la ley prevé que los candidatos tendrán acceso a los tiempos de radio y televisión que administra el instituto, pero serán ellos mismos quienes paguen sus gastos de promoción. No habrá financiamiento público como el que reciben los partidos políticos.
El INE tiene la obligación de fiscalizar las campañas, “cada uno establecerá sus estrategias de campaña para darse a conocer, sus propuestas, perfil, antecedentes”, indicó.
Sobre la inseguridad, aclaró que son las autoridades estatales las responsables de garantizar elecciones en normalidad.
Finalmente, dijo que los partidos tienen prohibido la participación en esta elección.