* Si no hay cambio de régimen habrá conflictos mayores en el estado, advierte * El PRI está dominado por Rubén Figueroa y sólo se transformará cuando pierda el Congreso y la gubernatura, dice el funcionario federal

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El coordinador del Plan Puebla Panamá (PPP), Florencio Salazar Adame, dijo ayer que el modelo político de Guerrero está agotado, y propuso una alianza PRD-PAN para que la oposición sea mayoría en el Congreso local y desde allí vigilar que los recursos públicos no se desvíen para beneficiar al PRI o “para otros fines”.

Dijo que forzosamente tiene que haber un cambio de régimen en Guerrero, pues “de lo contrario habrá mayores conflictos de los que se están viviendo”.

De su anterior partido, el PRI, el actual funcionario del gobierno de Vicente Fox señaló que ya no es noticia que está dominado por una corriente política, “la del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer” y que para que cambie este partido necesariamente tiene que perder en las elecciones, primero en las legislativas de este año, y luego la gubernatura en 2005 para que ocurra lo que está pasando en el nivel nacional.

Salazar Adame estuvo ayer en esta capital y concedió una entrevista masiva en el restaurante La Parroquia en donde habló de dos temas: los proyectos del PPP, y de la situación política de Guerrero que dejó siendo secretario general de Gobierno para incorporarse a la campaña presidencial de Fox.

Al hablar de Guerrero dijo que “si no entra en un proceso de reforma rápido y de manera integral, está llamado a ser uno de los más pobres del país”, pues dijo que según datos ocupa entre el segundo y el tercer lugar de los estados más atrasados de México, después de Chiapas y Oaxaca.

Sin embargo, señaló que la situación de esta entidad es más difícil porque Chiapas es un estado que tiene recursos petroleros, electricidad y recursos forestales, minería, ganadería y un gran potencial para ser un gran estado, mientras que Oaxaca también tiene zonas agrícolas importantes y una zona industrial destacada y con un gran talento para la promoción turística, “y nosotros (Guerrero) vivimos en un conflicto permanente de cierre de carreteras, toma de calles, protestas y la política clientelar”.

Según Salazar Adame para cambiar esta situación tiene que haber un proceso de reflexión para que los problemas que han durado a lo largo de muchísimos años se puedan resolver, “de lo contrario Guerrero puede ser el estado más pobre del país con todo y lo que significa en cuanto a la presencia de grupos armados, delincuencia organizada, narcotráfico y de una sociedad que no se pone de acuerdo porque los más activos permanentemente están manifestando su inconformidad y la mayoría  pasiva sufriendo las consecuencias”.

Señaló que por ello el problema de Guerrero es de fondo y muy complejo “que requiere una visión de lo que es el estado y de cómo debe buscarse la solución a estos problemas”.

Después de aclarar a los reporteros que se encontraba en su día de asueto como funcionario federal se fue más a fondo: “En mi opinión como guerrerense, no como funcionario federal, en Guerrero el modelo político está agotado, este modelo político en Guerrero no va a dar para más y tiene que haber un cambio porque de lo contrario está llamado a tener mayores conflictos de los que estamos viviendo actualmente”.

Concretamente dijo que lo que se requiere es que haya un cambio de régimen “y eso tendrá que darse, de acuerdo a las normas democráticas, en las próximas elecciones”.

Pero para ello Salazar Adame opinó que debe haber un verdadero compromiso entre los partidos políticos de oposición, “mientras cada partido esté jalando agua para su molino, van a ser una oposición importante pero siempre remontable por el partido oficial y yo creo que la democracia nos da la oportunidad de que se establezcan acuerdos para el cambio político en el estado”.

Informó que él ya lo ha comentado con algunos dirigentes sobre todo del PRD y del PAN en el sentido de que debiera haber coaliciones de los partidos para ganar la mayoría en el Congreso local. “Aquí el problema que se da es que cada partido tiene líder y militantes y cada quien busca una posición política y esto evita las alianzas, pero debe tenerse muy en claro qué es lo que se busca para el estado; si se busca un cambio de régimen un cambio de partido en el poder, tiene que plantearse una estrategia que haga posible que esto empiece a revisarse desde las próximas elecciones municipales”.

Dijo que lo que les ha propuesto, “como un ciudadano que simplemente opina”, a las dirigencias de esos dos partidos es que debe procurarse que el Congreso local esté en manos de la oposición, “porque desde ahí se va a vigilar la aplicación de los recursos, sobre todo porque cuando los recursos federales entran a las arcas del estado quien tiene que vigilar y dictaminar el ejercicio de estos recursos es la Contaduría Mayor del Congreso  del Estado, pero si la Contaduría Mayor está controlada por el mismo partido del que forma parte el gobernador, pues obviamente hay el riesgo de que se usen recursos públicos en los procesos electorales o de que haya desviación de estos recursos para otros fines”.

Señaló que también ha propuesto que para ello se realicen encuestas en cada distrito y que quien resulte con más votos, ya sea del PRD o del PAN, que el otro partido se sume “pero lo que tenemos que buscar es que el próximo Congreso sea mayoritariamente opositor para que haya la seguridad de que no va ha haber desviación de recursos y que va a haber transparencia en el próximo proceso electoral para gobernador (en 2005) para que no haya nadie que quiera utilizar los recursos a favor de determinado partido”.

Con respecto al Plan Puebla Panamá  dijo que los 6 mil millones de pesos para este programa que se asignaron en el presupuesto recientemente aprobado “es un paquete importante” y que serán canalizados sobre todo para la construcción de carreteras.

Informó que  la meta al finalizar este sexenio es haber terminado 4 mil kilómetros de carreteras en el sur-sureste  del país para comunicar a los nueve estados de la región y lograr la comunicación con mercados internacionales, señaló que para ello se prevé una inversión de 20 mil millones de pesos.

Informó que los programas prioritarios empezarán por Chiapas y Oaxaca y que los proyectos ya están concluidos.

* Antes del acto, el diputado federal se reunió en privado con Javier Morlett Macho, César Flores Maldonado, Carlos de la Peña Pintos, Miguel Mayrén Domínguez y Luis Walton Aburto * El nuevo delegado municipal del CDE priísta tiene la comisión de encabezar la primera fase del proceso de registro y la encuesta * Dice Castro Justo que se busca recuperar la Presidencia Municipal del puerto

Maricela Santos * El diputado federal priísta Raúl González Villalva fue designado ayer por la tarde como delegado del Comité Directivo Estatal del PRI en Acapulco por el presidente estatal de ese partido, Juan José Castro Justo.

La toma de protesta del dos veces presidente del CDE del PRI, fue además el primer encuentro de los aspirantes a la candidatura por la alcaldía de Acapulco en la sede priísta, así como también fue el primer encuentro previo al registro de estos que se plantea que se haga de manera conjunta y sin contingentes el próximo viernes 4 de enero a las 12 horas en las oficinas del Revolucionario Institucional en Chilpancingo.

Antes de la toma de protesta del diputado federal priísta, hubo una reunión en privado con los aspirantes Javier Morlett Macho, César Flores Maldonado, Carlos de la Peña Pintos, Miguel Mayrén Domínguez y Luis Walton Aburto, mientras que los diputados federales Ernesto Rodríguez Escalona y Manuel Añorve Baños no asistieron, a pesar de que el primero anunció que se registrará como tal.

Castro Justo señaló que la llegada de González Villava a ocupar el cargo que tenía en aspirante a la candidatura, Carlos de la Peña Pintos, “es para preparar la primera fase del registro de aspirantes” que inicia hoy en el CDE a las nueve horas, así como iniciar “de inmediato el intercambio de opiniones con los precandidatos” con miras a recuperar la presidencia municipal de Acapulco.

Dijo que González Villalva fue notificado del nombramiento ayer por la mañana con el fin de que conduzca el trabajo político para la selección de aspirantes en el puerto “para que el PRI tenga condiciones de preservar su fortaleza y crear las mejores condiciones para el triunfo en la elección que tendremos el primer domingo de octubre de este año”, pues consideró que cuenta con una amplia experiencia política pues fue además quien coordinó la elección interna a la gubernatura.

Hizo durante su intervención un paréntesis para enfatizar que fue la bancada priísta de la Cámara de Diputados la que no permitió que se gravara con el IVA a los alimentos y bebidas y anunció que “en los próximos días” los diputados federales priístas harán “un  trabajo de información” para difundir los términos en que se aprobó la ley de ingresos y egresos de la federación.

Señaló en entrevista que la idea del CDE es hacer campañas conjuntas y que se prevé que no habrá enfrentamientos entre los seguidores de los aspirantes como el que se dio en Atoyac durante la campaña para la elección del candidato del PRI a la gubernatura entre seguidores del actual gobernador, René Juárez Cisneros, y los del actual diputado federal, Manuel Añorve Baños, pues le apostó a que ahora este partido tiene militantes con “más conciencia”.

–¿Hay candados en la convocatoria?– preguntó un reportero

–La convocatoria (lanzada públicamente el 19 de diciembre) resume los requisitos que establecen los estatutos y lo que establece la ley, si esos son candados así podrán ser considerados pero son los requisitos estatutarios y de ley –dijo Castro Justo.

Enfatizó además que el cargo de González Villalva es para dar un servicio en una comisión temporal al partido mientras concluye la primera fase del proceso de registro y la encuesta, y descartó que con su designación se violen los acuerdos de la 18 asamblea nacional en donde se solicitó que no se dobletearan cargos.

González Villalva por su parte reconoció que su función “no será definitivamente nada fácil, pero tampoco imposible porque con la buena disposición y voluntad política con la que he aceptado ser delgado municipal del Comité Directivo Estatal con el objeto de llevar este proceso interno para elegir al candidato del PRI a la presidencia municipal de Acapulco”.

Dijo que para lograr buenos resultados en el proceso interno habrá que trabajar de tiempo completo en el municipio de Acapulco “dentro de un marco de legalidad, con transparencia y siendo incluyentes”, y asumió que desde ayer a las 19 horas todo lo que suceda será bajo su responsabilidad en torno al proceso, pues comentó que la Cámara de Diputados tendrá receso hasta el 15 de marzo y tendrá tiempo para sacar la primera fase de la contienda interna.

“Se hará respetar la voz del pueblo, en ese sentido será quien tenga la mayoría el que gane, y de acuerdo al procedimiento de la encuesta estamos seguros que nuestro candidato será un digno representante para que el próximo mes de octubre estemos en la jornada electoral compitiendo con un candidato fuerte y con un gran proyecto del partido y sustentado con la fuerza del pueblo”, agregó después en entrevista

Evadió hablar de la conducción de las campañas de Añorve Baños y Rodríguez Escalona y sobre la consigna de no llevar contingentes a los registros el viernes explicó que la idea es no generar “desbalances”.

El evento que se había convocado para las 16 horas, inició hasta las 18:30 horas, luego de que los líderes seccionales ahí citados exigieron que el evento planteado en la sala de juntas del CDM se hiciera en el auditorio de este partido, y terminaran por acarrear sus sillas a aquel salón, como lo hizo Juvenal Añorve, los ediles Julio César Bello Vargas, Francisco Vila Pérez y Federico Marcial Parral, y la líderesa Luz María Vargas, Lourdes Ozuna, Juan Larequi Radilla y hasta el dirigente del sindicato de trabajadores del IMSS, Rogelio Villanueva Camarena.

En el evento, los aspirantes hicieron un semicírculo en torno a González Villalva que excluyó a César Flores Maldonado y al joven Allam Argüeyo que trató se acercarse a la mesa de aspirantes para asumirse como tal, y durante la presentación al más viejo estilo priísta hubo porras entre los seguidores de Mayrén Domínguez y Walton Aburto, e incluso una profesora se dijo “regañada” por el segundo debido a que fue abrazada por Mayrén al término del evento.

Durante la presentación de los aspirantes, fue omitido por Castro Justo, Morlett Macho que fue el primero en llegar al evento, pero después rectificó a observación del presidente municipal del PRI, Jesús Bernal Román.

* Propone Adela Román reglamentar las empresas de seguridad privada, de una de las cuales era empleado el homicida del cónsul Philippe Delmotte * Pide Gloria Sierra acercamiento informativo “para conocer a los desertores y los motivos por lo que se retiran de la policía”

Nelly Bello * Para las síndicas Gloria Sierra López y Adela Román Ocampo el asesinato del cónsul de Francia en México, Philippe Delmotte, no sólo revela la crisis de la policía del estado y la corrupción de los cuerpos de seguridad pública, sino que “se dio por falta de conjuntar esfuerzos” entre corporaciones estatales y municipales.

Sierra López invitó al gobierno estatal a coordinar la información de agentes desertores o que son despedidos, y Román Ocampo instó a las empresas y personas que quieran contratar policías privados a que acudan a la Secretaría de Protección y Vialidad y contraten a policías preventivos auxiliares –antes Industriales y Bancarios–, que están debidamente identificados y autorizados.

Ambas edilesas fueron entrevistadas en sus oficinas del ayuntamiento un día después de que el ex policía de Hoteles y Empresas –corporación estatal que supervisa a las compañías de seguridad– Bulmaro Loreto Olayo y su cómplice David Ramírez Valverde huyeran tras matar de dos balazos calibre .38 especial al cónsul.

Román Ocampo –quien preside la comisión de Gobernación, Justicia, Policía y Buen Gobierno– calificó como lamentable la muerte del cónsul de Francia, pero “no sólo por la representación, sino porque pone al puerto, que tuvo excelente temporada con turistas a nivel nacional, en la nota roja”.

Consideró que el hecho reveló la crisis y la corrupción de los cuerpos de seguridad pública estatales, pues el homicida era empleado de una empresa de seguridad privada, sujeta a una corporación cuestionada como es la Policía de Empresas y Hoteles. Por ello, dijo, como autoridad municipal desde que la Coordinación de Fomento Municipal convocó a aportar propuestas para las reformas a la Ley Orgánica del Municipio Libre, ella propuso reglamentar esas empresas.

Recordó que, de acuerdo a los lineamientos para su funcionamiento, las empresas privadas deben estar registradas ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y la Secretaría de Gobernación (Segob), y aportar todos los datos para el registro, como sus armas y agentes en activo. “Hay que ver en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) si cumplen, o ante la Segob si las corporaciones privadas están inscritas en el SNSP. Además, Luis León Aponte debe dar a conocer el archivo criminalistico”, señaló.

Urgió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a depurar la corporación estatal, pues el ayuntamiento, con sus limitaciones, ha hecho lo que le corresponde.

Observó que el funcionamiento de la policía privada se da con autorización del gobierno del estado por medio de la Policía de Hoteles y Empresas. Dijo que ésta es una corporación inconstitucional, pues el gobierno del estado trasgrede la autonomía municipal al autorizar a empresas que incluso que no reúnen los requisitos para funcionar.

Además hizo un llamado a empresarios que contratan los servicios de empresas privadas patito, para que acudan a la Secretaría de Protección y Vialidad a contrar policías preventivos auxiliares, que están identificados, con arraigo familiar en el puerto “y no han tenido problemas”.

Por su parte, Sierra López, también síndica procuradora, consideró que “los hechos lamentables” se dieron por falta de conjunción entre las policías, porque “los asesinos eran ex policías del estado, y se requiere control estricto de la PGJE para las empresas de seguridad privada”.

Agregó que en el caso hay corresponsabilidad del gobierno estatal, por lo que pidió acercamiento informativo con la policía municipal “para conocer a los desertores y los motivos por lo que se retiran de la policía”, pues de acuerdo a versiones extraoficiales Loreto Olayo y su cómplice Ramírez Valverde desertaron “por el escaso sueldo que percibían”.

Dijo que el cónsul de Francia debió prever que los policías, por su falta de capacitación, no cumplirían sus expectativas en servicio.

* Ya no trabajaba en la Policía de Hoteles y Empresas, deslinda el director de la corporación * Tres testigos presenciales señalan a Bulmaro Loreto como el homicida

Alfredo Mondragón * Bulmaro Loreto Olayo, el homicida señalado del cónsul de Francia, Philippe Delmotte Carrade, fue soldado del Ejército durante cinco años y desertó de la Policía de Hoteles y Empresas, antes de contratarse como agente de seguridad privada de la empresa Men Power, según datos proporcionados por las autoridades.

La Policía Judicial del Estado (PJE) tiene fotografías, ubicación de domicilios personales y de familiares, antecedentes y retratos hablados del policía que asesinó al cónsul francés, y de su compadre, el policía cómplice, por lo que se espera sean detenidos esta semana, confiaron fuentes oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El agente de seguridad privada, de 27 años de edad, originario de Cuautepec, en la región de la Costa Chica, fue soldado de Infantería durante cinco años –de 1990 a 1995– en el Ejército, adscrito al 56 Batallón de Infantería, con sede en el campo militar 27-A, de la Novena Región Militar, en Cumbres de Llano Largo, con la matrícula 3407112.

Loreto Olayo tiene su domicilio en avenida Cerezos número 3, de la colonia Jardín Palmas, y fue hijo de los campesinos Antelmo Loreto Chino y Julia Olayo Rosario. Nació el 27 de enero de 1964 y sólo terminó la secundaria en la Secundaria Técnica número 66, con un promedio de seis de calificación.

El agente cómplice –que nada hizo por detenerlo–, Vidal Ramírez Valverde, era su compadre y vecino, pues vivía en la misma colonia y calle, pero en la casa marcada con el número 2. Ambos fueron contratados por Delmotte Carrade por medio de la agencia de colocaciones Men Power, ubicada en Plaza Cuauhtémoc, propiedad del contador público Isidro Navarrete.

Mientras tanto, el cuerpo del cónsul Delmotte Carrade fue trasladado ayer por la tarde en avión a la ciudad de México, y de ahí a su país de origen, luego de haber sido velado en la agencia funeraria Jardines del Tiempo, en tanto llegó el resto de sus familiares.

El cónsul general de Francia en México, Jean Marie Martinel, y el subdelegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Ramos Rendón, acudieron a la Primera Agencia del Ministerio Público, para solicitar a las autoridades “el apoyo para la agilización de los trámites legales de la entrega del cuerpo y la captura inmediata de los responsables”.

Por otro lado, el director general de la Policía de Hoteles y Empresas, dependendiente de Secretaria de Seguridad Pública del gobierno del estado, Juan Manzo Orañegi, deslindó a su corporación del asesinato del cónsul de Francia e informó que el homicida Bulmaro Loreto Olayo causó baja el 16 de junio del 2001 por abandono de empleo, y que su cómplice “nunca formó parte” de la Policía Auxiliar del Estado (PAE).

Mediante un boletín oficial, Manzo Orañegi precisó que Loreto Olayo formó parte de la corporación del 15 de enero de 1996 al 16 de junio del 2001, y manifestó su disposición de “facilitar toda la información que se requiera en las investigaciones del caso a fin de aprehender a los responsables”.

Pero el funcionario omitió explicar que la corporación a sus órdenes supervisa y autoriza la operación de las empresas de seguridad privada, en una de las cuales laboraba el homicida del diplomático.

Tres testigos presenciales del asesinato del cónsul francés acudieron “voluntariamente” a declarar ante el titular de la Primera Agencia del Ministerio Público (MP), Francisco Guzmán Díaz, y con sus testimonios confirmaron que el agente de la Policía de Hoteles y Empresas Bulmaro Lotero Olayo fue el homicida.

El oficce boy del hotel Hacienda Vayma Resort, ubicado en Pie de la Cuesta y propiedad de la víctima, Rutilo Cortés Hernández; el capitán de meseros, Adolfo de los Santos Reyes, y el empresario hotelero Flavio Machicado Terna, acudieron ayer a la Primera Agencia del Ministerio Público a declarar en calidad de testigos presenciales del crimen, y confirmaron que el policía Loreto Olayo, fue el autor del mismo.

Delmotte Carrade fue asesinado de dos balazos calibre .38 especial la madrugada del Año Nuevo en el patio de su establecimiento por Loreto Olayo, a quien reprendió por ingerir bebidas embriagantes en horas de labores.

El asesino y su compadre –con quien bebía– se fugaron y son buscados por grupos especiales de la PJE y de la PJF.

El cónsul francés recibió dos impactos de bala, uno en la tetilla izquierda y otro en el hombro a la altura de la clavícula izquierda aproximadamente a las 2:30 de la madrugada del primero de enero, y fue trasladado por personal del hotel a la Unidad Médico Familiar número 9 del IMSS, ubicada en la avenida Cuauhtémoc, donde fue atendido por el médico de guardia Mario Vázquez Salazar. Pero falleció a las 4:00 de la mañana, víctima de hemorragia interna.

Según versiones de los testigos oculares, Delmotte Carrade, luego de haber celebrado los festejos de Año Nuevo, se acostó a dormir en su recamara, pero escuchó escándalo en el patio del hotel y bajó a ver qué pasaba.

Así, encontró que los dos agentes de seguridad privada tomaban bebidas embriagantes en horas de trabajo y les llamó la atención. Entonces el policía Loreto Olayo sacó su pistola y le disparó.

* Javier Saldívar, de la OCVA, llama a no encubrir delincuentes * Mejor preparación para los cuerpos policiacos, demanda el presidente de AHETA, Rafael García * Les falta profesionalización, dice el dirigente de Canirac, Alfonso Salcedo * El asesinato no debe quedar impune, clama Juan García Delgadillo, del Coltur * Supervisión constante, exige el diputado Alberto Mojica

Raquel Santiago * Dirigentes turisteros coincidieron en exigir que las autoridades encargadas de los cuerpos policiacos lleven un banco de datos de todos los elementos de seguridad pública y privada, a fin de garantizar también la integridad de los empresarios.

En entrevista separada, el encargado de la presidencia de la OCVA, Javier Saldívar Rodríguez, lamentó el asesinato del cónsul francés Philippe Delmotte porque “fue un de los impulsores del destino”, y recordó que participó activamente en las organizaciones turísticas.

Dijo que es necesaria una base de datos de los elementos policiacos tanto privados como públicos, para evitar que agresiones como las que sufrió el empresario francés queden impunes. Argumentó que se debe seleccionar a las personas encargadas de la seguridad, pues de otro modo se puede llegar a “encubrir a delincuentes y gente prófuga de otros estados”.

Reiteró que se deben conocer los datos de quienes portan armas. Advirtió que de no garantizarse la seguridad a los empresarios puede mermar la inversión, aparte de que estos hechos lamentables dan una mala imagen del puerto en el mundo.

En tanto, el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), Rafael García-Pimentel Caraza, reiteró que siempre será un clamor pedir más seguridad, y tras condenar los hechos exigió que se aplique la ley porque, dijo, “hay confianza en las autoridades”.

Reclamó mejor preparación para los cuerpos policiacos, aunque también consideró que no es adecuada la cultura del armamento en los empresarios.

El presidente de la Canirac, Alfonso Salcedo Cobos, dijo que “falta profesionalización en las corporaciones de seguridad” y se manifestó también a favor de que se instale una base de datos que contenga los antecedentes de los agentes. Sugirió que debe existir coordinación permanente entre la seguridad pública y privada. Dijo que es necesario aplicar “medidas drásticas”, porque “sólo se quedan en planes” las posibles soluciones.

Para el presidente del Colegio de Licenciados de Turismo, Juan García Delgadillo, Philippe Delmotte era el enlace con inversionistas de ese país con el municipio, y sugirió que se debe tomar en cuenta que los policías deben tener escolaridad, preparación académica y capacitación constante.

Agregó que también se deben conocer sus antecedentes para tenerlos plenamente identificados. Reiteró que el asesinato no debe quedar impune.

El presidente de la Comisión de Turismo del Congreso local, Alberto Mojica Mojica, por separado también coincidió en el reclamo de mantener los cuerpos policiacos bajo supervisión mediante las revisiones de los antecedentes penales, así como la depuración de los elementos.

La hora de los trabajadores

Lo que más me llama la atención de los lamentables acontecimientos suscitados durante la realización del Congreso Extraordinario de la Federación de Trabajadores del Estado de Guerrero (FTEG), es la actitud de Porfirio Camarena Castro. El ex secretario general de esta organización de trabajadores quien es una persona inteligente con mucha experiencia y conocimiento de la política.

Su alianza con Antonio  Valdés se explica, desde mi particular punto de vista, por la desesperación que siente de haber sido desplazado del principal cargo de la FTEG. Porfirio ocupó al mismo tiempo diversos cargos que le impidieron atender a los trabajadores guerrerenses. Su presencia en nuestra entidad, que también es la suya, fue escasa a lo largo de sus 12 años al frente de esta responsabilidad, aunque pudo haber realizado un buen trabajo, gracias a su capacidad, no atendió a los agremiados de la FTEG y menos resolvió sus demandas. Todo esto propicio el desencanto de quienes confiaron en él y perdió paulatinamente la fuerza con la cual había llegado a esta posición.

La FTEG, como filial de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), forma parte del PRI, el cual hoy se encuentra en plena decadencia a pesar de su reciente Asamblea Nacional y de la próxima renovación de su liderazgo nacional.

La situación caótica de la otrora poderosa federación, se explica, por una parte, por haber sido arrastrada por el partido al que pertenece y en parte a los errores de dirección y mala imagen que tiene su actual dirigente nacional; así como por las fallas en la conducción del propio Camarena.

En este escenario descrito, se debe reconocer que los grandes perdedores son los trabajadores guerrerenses que no cuentan con un instrumento de defensa de sus legítimos intereses.

La descripción de la situación del sindicalismo cetemista en Guerrero hecha por el delegado especial, José Luis Carazo, en su informe ante los asistentes al Congreso Extraordinario, es certera: “…está en completa indefensión, cargado de descalificaciones, de presión de grupos ajenos a los trabajadores y priva la desatención a sus problemas”. A esto habría que añadir las deplorables condiciones materiales en que se encuentran sus instalaciones físicas.

La FTEG debe aprovechar esta coyuntura en que vive para que los propios trabajadores, que no son otros más que los que laboran en la industria gastronómica, principalmente, realicen una depuración entre sus filas y queden únicamente aquellos que la ley reconoce como tales, es decir, quienes subordinados a un patrón realizan una jornada laboral a cambio de una remuneración y otras prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo.

Los dirigentes de la FTEG y sus sindicatos afiliados, y no remedos de éstos, deben luchar por mejores servicios médicos, abasto de medicamentos y otras prestaciones que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social para ellos y sus familiares; créditos para viviendas dignas que ofrece el Infonavit; capacitación y seguridad laboral que den los patrones supervisados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; créditos para enseres básicos y otros artículos, a cargo del Fonacot; cumplimiento de los patrones con sus aportaciones para los fondos de retiro, entre otras prestaciones a que tienen derecho.

El actual dirigente de la FTEG, José Luis Torreblanca, no representa ninguna garantía para que esta agrupación de trabajadores guerrrerenses salga adelante. Sus antecedentes de líder corrupto, por un lado, lo descalifican. Por otra parte, el liderazgo debe surgir de los propios trabajadores para garantizar la defensa de sus legítimos intereses ahora que Camarena está fuera y Antonio Valdés ha quedado a un lado.

Si quienes han hecho de la FTEG un instrumento para su beneficio no se encuentran dentro de la federación, creo que es la hora de los trabajadores, quienes deben asumir una actitud de lucha por reconquistar su organización y no seguir siendo una federación al servicio de líderes corruptos que siempre han buscado su beneficio personal; ya sea a la hora de revisar contratos colectivos o de obtener cargos de elección popular.

El sindicalismo guerrerense debe ser un instrumento de lucha al servicio de los trabajadores y no más botín de sus tramposos dirigentes como hasta ahora ha sido. Las condiciones políticas han cambiado y esto deben aprovecharlos los auténticos trabajadores para su beneficio.

Perspectivas del 2002

A diferencia del año pasado en que el presidente Fox nos pintaba un México color de rosa, y que la mayoría de los mexicanos creyó, el despertar de este año es poco halagüeño. Si algo tenemos claro es que será un año difícil, y aunque el Ejecutivo federal diga que estamos en la antesala de ser la novena economía mundial, afortunadamente ya son más los que han dejado de creer en Santa Claus y los Reyes Magos.

En el nivel internacional este primero de enero empieza a circular en 12 países de la Unión Europea la nueva moneda: el euro, sustituyendo al franco belga, el marco alemán, el dracma griego, la peseta española, el franco francés, la libra irlandesa, la lira italiana, el franco luxemburgués, la corona holandesa, el marco finlandés, el escudo portugués y el chelín austriaco. Sólo Dinamarca, Inglaterra y Suecia han decidido no perder su identidad monetaria. Se esperan ajustes en la estructura de precios debido al descontrol monetario, provocados intencionalmente principalmente en los sectores de transporte y servicios.

En el plano nacional, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) cumple ya su octavo año de vigencia y al menos en Guerrero seguimos esperando los beneficios. El sector manufacturero aporta en la actualidad menos al PIB estatal que antes de la firma de éste. Las maquiladoras del norte del estado tienen un grado de integración nacional menor al dos por ciento; las exportaciones agropecuarias han disminuido ante la caída de los precios de la copra y el café; la miel se ha dejado de comercializar ante la falta de incentivos a las organizaciones productivas y la africanización de las abejas ha disminuido drásticamente la productividad; el turismo que nos visita es mayoritariamente nacional desde hace más de una década; las tasas de migración hacia los Estados Unidos son crecientes a pesar de los riesgos que implica el irse indocumentado; el desempleo es ya una constante y los ciclos turísticos obligan a cientos de trabajadores a subemplearse la mayor parte del año.

A la luz de sus resultados podemos decir que es necesario ajustar varios de los capítulos del TLCAN, así como los plazos en los pocos sectores todavía rescatables. Me refiero al petróleo, la electricidad y el campo. ¿Podrá México revisar la política exterior pactada el primero de enero de 1994 con Canadá y Estados Unidos haciendo valer los derechos consagrados en nuestra Constitución?

Son también ocho los años que cumple el levantamiento armado en Chiapas, y el gobierno federal pareciera haberlo olvidado. Ciertamente el problema le fue heredado al presidente Fox ante la incapacidad de los ex presidentes Ernesto Zedillo y Carlos Salinas por resolverlo, pero recordemos que Fox en campaña se comprometió a solucionarlo en 15 minutos. Los indígenas pertenecientes al EZLN esperan pacientemente el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, al considerar que la Ley Indígena aprobada en el Senado por consenso entre el PRI, PAN y PRD carece de legitimidad. Tenía razón Marcos al autodefinirse como rebelde que no revolucionario.

Este primero de enero Manuel Andrade Díaz toma posesión como gobernador de Tabasco, en un clima de tensión política ante la resistencia de perredistas radicalizados que el domingo tomaran la carretera federal bloqueando tres salidas de esa entidad.

Pese a que Fox ha mostrado poca habilidad para generar alianzas y aglutinar fuerzas en torno a proyectos de iniciativa de ley, llegando a chantajear con que de no pasar su propuesta de reforma hacendiaria el gobierno no tendría dinero para cubrir las exigencias del país en el 2002, este fin de semana se logró aprobar la Ley de Impuestos Especiales y Servicios, la reforma al Impuesto sobre la Renta, la Ley General de Derechos, el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos entre otras iniciativas menores. Esto le retribuirá ingresos adicionales mayores a 65 mil millones de pesos.

Finalmente, este 2002 será un año electoral para Guerrero. Habrá 76 nuevos cabildos, así como 46 diputaciones locales. El PRI buscará a toda costa preservar la mayoría en el Congreso del Estado, aunque será ante un escenario diferente. Primero debido a la existencia de un gobierno panista en los Pinos y, segundo, por la presión de modificar el actual Código Electoral, en el marco de la Reforma del Estado. Por cierto, es de llamar la atención el voto abstencionista de los perredistas en la aprobación del presupuesto. Será que también por acá hubo cañonazos como los que denunciara Alberto Anaya a nivel federal, aunque no de a un millón de pesos.

La actual correlación de fuerzas en el Congreso local es de 30 diputados priístas (23 por mayoría y siete plurinominales); 14 diputados perredistas (cinco por mayoría y nueve plurinominales); un diputado panista y un diputado perresista. Se espera una modificación del mapa electoral en Guerrero, donde el enemigo a vencer sigue siendo el PRI. Vale decir que en el 2001 el tricolor demostró estar más vivo que nunca, mientras que el PAN y el PRD fueron a la baja en cuanto a cosecha de votos en las 16 elecciones estatales sostenidas. El 2002 será para clave para el gobierno de René Juárez como clave será el 2003 para el gobierno de Vicente Fox.

 

* Según diversas versiones, dos custodios fueron detenidos como responsables de ayudar al escape * Dice el Comité de Presos Políticos que es una muestra de la corrupción en el reclusorio, y pide que se investigue a las autoridades carcelarias

Un reo del fuero federal se fugó del reclusorio de Acapulco el domingo 30 de diciembre, aprovechando que en esos momentos se celebraba una corrida de toros en el patio del penal, con la presencia del director general de los Centros de Readaptación Social de Guerrero, José Luis Trujillo Sotelo.

El reo fugado es Florentino Mejía Lozano, y según versiones encuentran detenidos para investigación los custodios Juan Bernal Delgado y Miguel Alcocer Cervantes.

En medios policiacos hay hermetismo, pero confirmaron la versión de la fuga que dieron internos y otras fuentes.

Hasta la noche del martes 1 de enero, la fuga no había sido reportada por las autoridades del Cereso a nunguna otra autoridad. Nada se sabía del hecho ni de los detenidos en las agencias del Ministerio Público Central y de la Zapata, y el subdelegado de la Procuraduría General de la República, Martín Gerardo Saldaña Sixtos, declaró que no tenía ningún informe de la fuga.

Según las versiones extraoficiales que circularon en la Procuraduría de Justicia del Estado, este domingo por la tarde, el director general de las 16 cárceles de Guerrero, José Luis Trujillo Sotelo, llevó diversión a los más de mil 500 reos del penal de Acapulco y por eso encargó que se organizara una corrida de toros.

El preso, dijeron las fuentes, se habría metido en un camión de volteo que sirvió para el traslado de los toros al interior del penal. Para poderse meter al vehículo, contó con el apoyo de los dos custodios que fueron detenidos, señaló una fuente.

Cuando los presos junto con el director general de los penales, José Luis Trujillo Sotelo se encontraban disfrutando del jaripeo en el patio del penal, el reo Florentino Mejía Lozano quien enfrenta un proceso por posesión de cocaína, se fugó, con apoyo de los custodios Juan Bernal Delgado y Miguel Alcocer Dorantes.

El procurador de Justicia del estado, Rigoberto Pano Arciniega, dijo que hasta el momento en los separos de la Policía Judicial del Estado con sede en Acapulco no hay ningún custodio del penal de ese puerto que se encuentre detenido.

Pese al hermetismo que han guardado el director general de los penales, José Luis Trujillo Sotelo y el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Luis León Aponte, fuentes oficiales confirmaron el hecho.

De acuerdo con información de otros presos, Florentino Mejía Lozano, originario de El Ocotito, está acusado de posesión de cocaína y de 150 mil dólares.

El preso se encontraba en el dormitorio C, el área donde están recluidos los policías motorizados acusados de la masacre de Aguas Blancas y el ex director de Gobernación, Esteban Mendoza Ramos. Señalan que es un área privilegiada, donde reciben visitas a cualquier hora, y los reos que tienen dinero, como el que se fugó, pagan de 5 mil a 10 mil pesos por su traslado a esa área.

Según versiones de algunos presos que pidieron omitir su nombre el Centro de Readaptación Social (Cereso) “parece un hotel de paso, donde entra la droga, el alcohol, mujeres, y más en los dormitorios C donde se están los sentenciados por el caso Aguas Blancas y el ahora prófugo Florentino Mejía Lozano”.

Afirmaron que en ese lugar “el que tiene (dinero) vive mejor”, porque pueden comprar privilegios como el establecer sus propios días de visita, andar por los pasillos cuando ya no son horas, ejemplificaron. Además, señalaron que en ese lugar no pasab lista a los reclusos.

La fuga, una muestra de la corrupción en el Cereso

De acuerdo con versiones de recabadas por El Sur, la tarde del domingo se llevó a cabo una corrida de toros que realizó el director general de los ceresos, José Luis Trujillo Sotelo, para “llevar entretenimiento” a los reclusos. A dicho lugar entró un carro de volteo color rojo y una camioneta de redilas con cuatro toros además de otra camioneta.

El presidente del Comité de Presos Políticos y de Conciencia, Omar Guerrero, opinó que “la fuga fue planeada con las autoridades” y que es una muestra de la corrupción que hay en este reclusorio.

A pesar del hermetismo, y de que en el mismo penal las autoridades han tratado de evitar que se conozca la fuga, los reos se enteraron de la fuga entre las 10 y las 11 de la mañana del lunes 31 de diciembre.

Omar Guerrero manifestó que los verdaderos culpables de la fuga son los directivos y no los custodios a quienes se pretende responsabilizar.

Señala que los responsables de la corrupción y los negocios turbios en el Cereso de Acapulco son el director, Jesús Torres Quiroz, la secretaria general, Odilia Mendoza, y “el segundo del jefe de seguridad, que se llama Mario”, y que es el ejecutor de los negocios ilícitos y de los golpes y torturas a los reos.

Por vía telefónica pidió que se investigue a dichos funcionarios como responsables de la fuga, y que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos esté atenta a la situación de los guardias detenidos.

El lunes 31, una llamada a la redacción de este diario informó que había dos custodios detenidos: Juan Bernal Delgado y Miguel Alcocer Dorantes, como sospechosos de ayudar a la fuga, y otros dos están prófugos.

Reforzan vigilancia en el Cereso

A raíz de la fuga, en el Cereso se reforzó la vigilancia el lunes 31. Esto se pudo constatar cuando por lo menos siete custodios vigilaban el acceso de las personas por la entrada principal.

Mujeres acompañadas de sus niños que en el último día del año llevaban comida a sus familiares fueron retenidas hasta por dos horas para poder pasar.

Alrededor de 30 personas pedían insistentemente ingresar y no se explicaban la razón de la negativa porque aseguraron algunas “casi siempre dejan pasar a la aduana sin tanto problema”.

El horario de visita se modificó aseguró una mujer que llevaba más de dos horas esperando para ver a su esposo, dijo que sólo podían pasar las personas que previa solicitud de ingreso realizaran los propios presos, esto a través de una papeleta con el nombre de la visita, la cual al llegar al acceso principal se pasaba lista.

Tras horas de espera, a algunas mujeres se les permitió el acceso a la aduana para dejar la cena de fin de año de sus familiares, aunque una más aseguró no tener confianza en ese método porque “luego ni les llegan las cosas”.

Tanto en el área del estacionamiento, como la entrada del bulevar para llegar al Cereso no se reforzó la seguridad, e incluso varios de los parientes de los reclusos antes de entrar aseguraron desconocer la fuga de Florentino Lozano.

Hasta el 31, los custodios arrestados como supuestos cómplices de la fuga no eran presentados tanto en el Ministerio Público Central como en la Delegación de la Zapata, donde aseguraron le corresponde ser presentados a los acusados. Sin embargo, tampoco en la Delegación de la Zapata se habían presentado a esas dos personas. (Karina Contreras y Raquel Santiago)

* Sobrevivientes aseguran que impera la zozobra y la desconfianza en la justicia porque las pruebas del asesinato fueron extraviadas

Maricela Santos * A un año del asesinato en el poblado del Kilómetro 30 de tres integrantes de la familia Torres a manos del entonces comisario priísta, Abel Arizmendi Flores, las investigaciones siguen estancadas, impera la impunidad, persiste la zozobra y hay desconfianza en la aplicación de la justicia porque las pruebas de balística y las fotos del peritaje aportadas para sustentar las investigaciones sobre la masacre fueron extraviadas, aseguran sobrevivientes de la masacre.

Tres flores rojas y tres veladoras blancas marcan el lugar donde perdieron la vida el primero de enero del 2001 Tomás Torres Abarca, de 67 años de edad; el profesor del Instituto Tecnológico de Acapulco Juan Torres Palacios, de 55 años, y el agente de la Policía Judicial del Estado adscrito a Coyuca de Benítez, Juan Torres Miranda.

Cinco impactos de bala cubiertos con tela adhesiva en el patio de la vivienda de los Torres –que está a 20 metros de la carretera federal México-Acapulco– dan cuenta además de disparos de armas de grueso calibre que hirieron al conductor de noticias de RTG, Jorge Torres Palacios, y a sus hermanos Carlos y Salvador, quienes sobrevivieron a la masacre de aquella mañana en El Treinta y que a la fecha exigen justicia a las autoridades, ante lo que parece una muestra más de impunidad, pues de las ocho órdenes de aprehensión liberadas, sólo fueron detenidos Adán Soto Reyes, quien fuera chofer de Abel Arizmendi, y Ramiro Castro Bautista, El King Kong. Este último fue aprehendido por delitos contra la salud, y una vez en el reclusorio se ejecutó en su contra la orden de aprehensión por su participación en la masacre.

En la casa de los Torres un gran altar con flores fue rodeado a las 16 horas ayer por mujeres que rezaban un rosario para pedir paz. Afuera de la casa, algunos más, con impotencia y en voz baja, recordaban los hechos, mientras otro grupo hacía los preparativos para la velada del cabo de año y la misa que tendrá verificativo hoy en la iglesia de Guadalupe del poblado.

Para Fermín Torres Palacios, las investigaciones sobre la masacre siguen estancadas, y tal pareciera que a un año del suceso la pasividad de las autoridades no arroja avances “a pesar de que se liberaron las órdenes de aprehensión contra los responsables, contra la gente que vino ese día, como Ricardo Jaramillo Valdés, El Gallito; Isabel Flores Arizmendi, El Chabelo; Edmundo Castillo, El flaco”, y otras personas más, vinculadas a Arizmendi Flores, a quien en el poblado se le relacionaba con la venta y distribución de drogas.

Nada les han informado de los resultados de las declaraciones rendidas por los Torres ante la PGR, ni se tiene conocimiento de que hayan incautado armas o investigado más respecto al uso de armas prohibidas y de uso exclusivo del Ejército que utilizó aproximadamente a las 7:30 horas del lunes 1 de enero del 2001 un comando armado (con fusiles AK-47, rifles de asalto AR-15 y pistolas calibre 9 milímetros y 38 súper) encabezado por el entonces comisario  municipal priísta del lugar, Abel Arizmendi Flores, y su hijo Abel Arizmendi Díaz, quienes llegaron al domicilio de los Torres en estado de ebriedad y, sin más, dispararon contra quienes desayunaban en el patio.

Para Fernando Torres Palacios –que saliera aquel día de la casa paterna 10 minutos antes de la irrupción–, lo más grave es que ha existido una fuerte resistencia al interior de la Procuraduría de Justicia del Estado y de la PGR para esclarecer los hechos y ejecutar las órdenes de aprehensión contra los que participaron en la masacre.

“Nos dimos cuenta de que no querían que se integrara una averiguación contra otras cuatro personas que se identificaron después y que participaron ese día… porque hicieron perdedizas las pruebas, e incluso tuvieron que volver a tomar fotos (del peritaje); se notaba que había posición a no sé qué intereses que quieren proteger, porque las órdenes están, pero hasta la fecha no los buscan, no hay avances, y el único que esta detenido es Ramiro Castro Bautista, El King Kong, que cayó por pura mala suerte porque andaba vendiendo cocaína en la (colonia Emiliano) Zapata y lo detuvo la PJE, y ya estando detenido se movió todo para que se cumpliera la orden de aprehensión que había por lo de la masacre”, dijo.

“La impunidad sigue”, dijo Fernando Torres Palacios, quien trabaja en el área administrativa del reclusorio del puerto, y quien dijo sentirse más seguro ahí que en ningún otro sitio, pues ahí mismo están encarcelados los dos implicados en la masacre, aunque Castro Bautista aún esta en proceso, pues no se sabe por qué no le ha sido dictado el auto de formal prisión.

Mientras las mujeres rezan al fondo y el olor a incienso se esparce en la casa, Fernando Torres Palacios, el hermano del conductor de RTG, Jorge Torres, e hijo del occiso Tomás Torres, exigió que se haga justicia y que se investiguen los nexos que el ex comisario municipal priísta tenía con el narcotráfico y con el uso de armas de alto poder, pues persiste la zozobra entre las familias de aquel poblado “porque nunca supimos qué fue lo que hizo que él (Arizmendi) actuara así”, sólo sabe todo el pueblo que el primero de enero del 2001, se dio en Guerrero una muestra de impunidad y poder político y económico, que “desde que cayó el director de la Policía Judicial, (Jaime) Figueroa, se está descubriendo que había complicidad con los comandantes (Fortunato) Zamora, (Fidel) Morales y (Víctor Manuel) Castro, porque eran la misma banda”.