Zacarías Cervantes, enviado, Teloloapan * Entre protestas de perredistas por el rasurado del padrón y con un apoyo dividido para los candidatos, Martín Mora Aguirre y Hermilo Mejía Estrada, se realizó la elección interna en este municipio que es gobernado por el PRD desde 1990.

Desde las 8 de la mañana, cuando se instalaron la dos casillas en la cabecera municipal y 31 en igual número de comunidades, la queja constante de los perredistas que acudían a votar fue la misma que se repitió en toda la jornada: que un buen número de militantes fueron excluidos del padrón.

Sólo en la casilla que se instaló en la Plaza Cívica, durante dos horas de la tarde no fueron encontrados 15 perredistas en el  padrón, de los 50 que acudieron a votar.

“Esas son chingaderas, nos quieren hacer lo mismo que en el PRI, ¿no querrán hacer chanchullos?, somos muchos los que no estamos en el padrón”, se quejó una perredista quien sin esperar explicación  de los funcionarios de casilla se retiró visiblemente molesta.

Sin embargo, los funcionarios de casilla explicaron que esta no es una falla exclusiva de este municipio, sino que se presentó en todo el estado “porque el padrón fue elaborado por la Comisión Nacional de Inscripción, que es una instancia autónoma del partido”, explicó el presidente del Consejo Municipal, Moisés Flores Salgado.

Mientras tanto, los funcionarios de las casillas explicaron que quienes no fueron incluidos eran militantes que apoyaban tanto a uno como a otro candidato, “por lo tanto no puede ser un elemento como para señalar que habrá fraude”.

Flores Salgado explicó que las dirigencias municipales enviaron los listados completos a la Comisión Nacional de Inscripción y que allá fue en donde no incluyeron a varios militantes, pero que desconoce cuales fueron los motivos.

En este municipio existe un padrón de militantes de poco más de 12 mil y en esta elección, a diferencia de otros municipios no votarán para elegir al presidente del Comité Ejecutivo Municipal, sólo para presidente estatal y para delegados al Consejo Nacional de ese partido.

Como candidato a delegado nacional  se encuentra en la planilla 4 –en la que participa como candidato a dirigente estatal, Martín Mora– el presidente el comité municipal, Valentín Guzmán Soto, quien se encuentra detenido en el penal de Tuxpan en Iguala, acusado por presuntos delitos electorales.

El secretario general del Comité Estatal del PRD, Modesto Brito González, informó que en este municipi la jornada se desarrolló de manera tranquila.“Yo realicé un recorrido en las casillas  que se instalaron en las comunidades y en donde quiera está tranquilo, aquí de por sí la gente es tranquila, la gente está acudiendo muy bien a votar”, aseguró.

Por primera vez en Teloloapan el apoyo de la militancia se dividió entre el candidato a la dirigencia estatal, Hermilo Mejía Estrada, quien recibió el apoyo del grupo del alcalde Ubaldo Salgado Mojica; y el candidato Martín Mora Aguirre, que es apoyado por el grupo del también ex alcalde Modesto Brito González, quien aspira de nuevo a la candidatura para ese cargo en las elecciones de octubre.

* Se instalaron 42 de 46 casillas: Custodio Rivera

El secteraio de Asuntos Indígenas del Comité Ejecutivo Estatal del PRD y representante regional del candidato Hermilo Mejía, Custodio Rivera Galindo, informó que en La Montaña, no se entregó la papelería para la elección interna en los municipios de Zapotitlan Tablas y Atlixtac, porque no hubo medios para el traslado de los materiales.

Señaló que a la región estaban destinadas 46 casillas, y sólo se instalaron 42. Otras dos no se instalaron en Tenango Tepexi, municipio de Tlapa de Comonfort, por falta de funcionarios, y en Xaltapláhuac, por el cambio de lugar sede del ámbito territorial.

En Xalpatláhuac quedaron fuera de la elección más de 200 perredistas, a quienes mandaron a votar a Lagunilla, municipio de Metlatónoc, a muchas horas de distancia. Además, el padrón de esta casilla estaba rasurado, porque sólo incluía a 51 afiliados.

Responsabilizó de estas irregularidades a la Secretaría Nacional de Asuntos Electorales y a la Secretaría Estatal de Organización.

Custodio Rivera consideró que el ambiente en las elecciones perredistas de este domingo fue de “total confusión” en la región: “Le daban a cada quien un manojo de boletas. La mayoría de la gente en La Montaña no sabe leer ni escribir y no sabía qué hacer con las boletas”, expresó, y puso el caso de Metlatónoc, donde el 80 por ciento de la población mayor de 15 años no sabe leer y escribir.

* El comisario ejidal abrió la casilla sin representantes, señalan

Maricela Santos * Seguidores de los candidatos de Nueva Izquierda, Jesús Ortega para presidente nacional del PRD y Sebastián de la Rosa para presidente estatal, interpusieron en Tres Palos una inconformidad, acusando a los cívicos de aquella zona de haber embarazado una urna.

Esto luego de que los cívicos que apoyan a Martín Mora Aguirre para presidente estatal y a Beatriz González Hurtado para presidente del CEM y que encabeza en aquella zona el comisario ejidal, Manuel Baltasar Avila Sierra, abrieron la votación desde las 8 horas sin que estuvieran presentes los representantes de otras planillas, con el argumento de que era mejor iniciar la jornada temprano porque no habían dormido ya que la casilla y la papelería les fue entregada casi a las 7 de la mañana de ayer luego de esperar toda la noche.

Fue alrededor de las 9 horas cuando llegaron al lugar los representantes de Sebastián de la Rosa y de Miguel Flores Leonardo –candidatos a las dirigencias estatal y municipal respectivamente– así como del candidato del FODEG a presidente del Comité Municipal, José Luis Morales Torres, quienes se inconformaron e incluso corrieron la voz de que la propia González Hurtado se había llevado la urna lo que fue descartado por el presidente de la casilla, Avila Sierra.

El escrito de inconformidad fue presentado ante Avila Sierra por Leonel Olea Olea como representante de Jesús Ortega, Ernesto Oela Trujillo por parte de Sebastián De la Rosa y Roberto Leonel Olea Zequeida, en representación de Flores Leonardo.

El resto de la jornada en el lugar fue tranquila, pero montó vigilancia en el lugar Martín Hernández candidato a secretario general del CEM perredista en el puerto, de la planilla que encabeza Serafín González Terrazas para presidente.

Sólo cerca de las 16 horas, cuando suspendieron la elección en la colonia Nicolás Bravo –también de la zona rural– se presentó al lugar un grupo de Policías Preventivos buscando una Golf roja, porque el felixista Bulfrano Salgado Romero les había denunciado que se habían robado la urna de aquel lugar en una Golf azul y otra roja, las cuales relacionaban con el comisario ejidal, quien se negó a la revisión porque no había delito electoral alguno como decían los preventivos, “porque se trata de una elección interna”.

En Nicolás Bravo la votación inició cerca de las 14 horas, y se suspendió dos horas después tras un acuerdo de los representantes de planilla, porque no llegó ningún funcionario de casilla con nombramiento. La tendencia favorecía a los felixistas.

Como a las 8 de la noche no terminaba el conteo de votos en la casilla de Tres Palos, pero los presentes aseguraban que todo estaba tranquilo.

Aurelio Peláez * La jornada electoral del PRD en Acapulco fue un proceso casi ajeno al ciudadano común. En la zona urbana la causa fue que no se instalaron las casillas. Cuatro de los cinco precandidatos a la presidencia municipal, Alberto López Rosas, Alberto Mojica Mojica, Benjamín Sandoval Melo y David Sotelo Rosas, no votaron porque no se instalaron las casillas donde les tocaba sufragar.

En el área del centro de la ciudad no se instalaron las mesas electorales. “Dijeron que iban a instalar una casilla del PRD, pero no hubo nada”, comentó un policía acerca de la interrumpida jornada electoral perredista en la calle Velázquez de León. “Aquí iban a estar los del PRD, pero se fueron”, dijo una encargada de local respecto a la votación que no se efectuó en la zona del edificio de la CROM, por allá en el Malecón.

La casilla de Sandoval Melo tenía que ser instalada por el rumbo de la gasolinera de la avenida Universidad. No llegó la papelería a tiempo y los funcionarios levantaron un acta para anular cualquier posible votación fantasma en esa urna. El asunto fue que luego la papelería llegó, pero ya no se pudo votar.

Así, el temor a un posible fraude o a una maquinación tipo PRI ganó en el celo perredista, que ante la tardanza para instalar las mesas electorales decidieron no esperar, y anular de antemano la votación, que nunca se dio.

Alberto López Rosas, que debía sufragar en Mozimba, allá por la unidad habitacional José López Portillo, esperó hasta las 5 de la tarde a que se instalara su casilla, la cual aguardó desde las 9 de la mañana.

Alberto Mojica Mojica buscó su casilla y, al no encontrarla, se dirigió a los sitios donde estaban anunciadas otras tres. Pero no logró su objetivo.

Hubo más. Mario Velasco, el polémico consejero municipal, ni siquiera intentó votar. Su casilla de las elecciones constitucionales, la 99, no fue concentrada en ninguna de las del PRD. “Nos quedamos 300 perredistas fuera de esta elección”, se quejaba.

Y no era la Operación Ratón Loco, que en la vieja cultura priísta consistía en esconder las casillas para que sólo los militantes priístas pudieran votar. En la elección del PRD sencillamente no las hubo.

Así, la franja urbana de la ciudad estuvo ajena a la pasión perredista, que se esperaba igual o mejor a la protagonizada hace tres semanas por el PRI. No hubo paseo de camisas amarillas o banderas a favor de algún precandidato. Por lo demás, era casi imposible, tomando en cuenta que en la entidad hubo casi 4 mil candidatos registrados a diversos cargos de ese partido, desde presidente estatal hasta los presidentes de comités de base.

Además, el perredista común, el que pudo votar, debió escoger entre una decena de opciones por cada una de las ocho boletas electorales que recibió.

“Esperamos que esto no afecte la campaña del PRD para la presidencia municipal”, confió López Rosas. “Yo creo que las irregularidades que hayan habido no tienen por qué afectar la imagen del partido”, dijo Sandoval Melo.

El caso es que la elección de su dirigencia, en todos sus niveles, coloca en una situación difícil al PRD en el estado, y sobre todo en Acapulco, donde en un par de semanas habrá de elegir a su candidato a la alcaldía a partir de una encuesta, que –visto como están las cosas– parece una salida idónea ante la incapacidad perredista para organizar sus propias elecciones internas.

 

* Beatriz González, Joel Mendoza, José Luis Morales y Miguel Flores, plantean una dirigencia provisional colegiada en Acapulco

Nelly Bello * Por la entrega de papelería incompleta y la impugnación de casillas por algunas irregularidades, el proceso electoral interno del PRD podría quedar anulado.

En dos conferencias de prensa nocturnas, dirigentes y candidatos a la dirigencia municipal coincidieron que las irregularidades logísticas y técnicas del Comité Auxiliar del Servicio Electoral (CASE) en Acapulco podría llevar a que el dictamen sea de nulidad.

Incluso el candidato a la secretaría general en la fórmula del ex regidor Joel Mendoza Maciel, Pablo Pacheco informó que de acuerdo a funcionarios del Servicio Electoral el 95 por ciento de las casillas habían sido impugnadas por los militantes.

La presidenta del Comité Ejecutivo Municipal (CEM) Rosario Herrera Ascencio informó que los problemas técnicos y operativos se derivaron de la falta de prevención por parte del CASE en el estado, pues desde el sábado estaba enterado de la falta de papelería, “cuando en otras ocasiones la papelería se entrega con 72 horas de anticipación” al proceso.

Señaló que “por respeto a la militancia” el proceso para la selección del dirigente estatal y municipal debía ser repuesto, pero aseguró que esperara al dictamen del CASE que prevé sea de nulidad.

Insistió en que el Servicio Electoral deberá dar una explicación “institucional y oficial” de los motivos por los que no entregó a tiempo y completa la papelería, pues el CEM merece la información.

Una hora después del cierre oficial de casillas, los candidatos a presidir el CEM acapulqueño Beatriz González Hurtado, Miguel Flores Leonardo, José Luis Morales Torres y Joel Mendoza Maciel, dieron una conferencia de prensa para expresar su inconformidad por el proceso y las irregularides de las que culparon a Herrera Ascencio y el dirigente estatal René Lobato Ramírez.

Morales Torres –y los demás coincidieron en sus mensajes– dijo que “la militancia paró el fraude” y al rechazar la instalación de casillas “dijo basta a las mentiras y simulación que pretendían”.

Culpó al CEM y al CEE porque “mostró su incapacidad para celebrar elecciones” y auguró que un comité municipal destrozado por resultados irregulares no garantiza el triunfo en las elecciones constitucionales del 6 de octubre.

González Hurtado también criticó el proceso, pues dijo que la militancia tuvo mayor dignidad al regresar en algunos casos el paquete electoral completo antes que prestarse a la simulación.

Propuso una dirección colegiada provisional que funja hasta enero o diciembre del 2003 debido al proceso electoral que se avecina.

Mendoza Maciel tomó la palabra y detalló que podría fungir hasta antes del proceso electoral y acusó a los dirigentes felixistas de favorecer con todas las irregularidades a sus candidatos oficiales Serafín González y Hermilo Mejía.

Morales Torres propuso que el comité provisional fuera nombrado por la base militante.

Flores Leonardo también habló a favor de la cancelación del proceso y cedió la palabra a uno de sus simpatizantes para que diera lectura al listado de irregularidades que habían detectado sus representantes de casilla. Pablo Pacheco, su compañero de fórmula, informó que el SE le había dicho que el 95 por ciento de las casillas fueron impugnadas, sin embargo la versión no fue rectificada o confirmada por el presidente del organismo municipal René Hernández de la Rosa.

Leyeron un documento en el que señalan que hubo robo y quema de urnas, papeletas de otros distritos, operaciones carrusel, acarreo a favor de la candidata a la dirigencia nacional Rosario Robles Berlanga y urnas embarazadas. Asimismo, el caso de la casilla instalada en los Manantiales a las 7:30 de la mañana, aseguró que el secretario de Desarrollo Social del ayuntamiento de Acapulco, Israel González Nava había “robado” las urnas y “coacionado el voto” en ese poblado.

Cuando terminaba la conferencia –ofrecida en la sala de espera del CEM– uno de los militantes reprochó a los candidatos el fomentar la provocación al acusar a personajes, incluso defendió a González Nava y retó a Flores Leonardo la presentación de pruebas. Sin embargo Mendoza Maciel prefirió dar por terminada la conferencia.

González Nava, allí presente, también tomó la palabra. Tres de los candidatos se habían retirado del lugar, sólo quedaba Morales Torres a quien le negó la versión y acusó al otro candidato de acusar sin pruebas ni fundamento.

Minutos después de esa conferencia, Herrera Ascencio y los candidatos a presidente y secretario general del PRD porteño, Serafín González Terrazas y Martín Hernández, negaron la versión de los otros candidatos, de que el CEM y el CEE haya preparado la entrega tardía para favorecer a alguien en especial.

Herrera Ascencio se dijo inconforme por la forma como se estaba gestando el proceso y exigió una explicación del SE.

Explicó que los candidatos desconocían el estatuto al afirmar que el CEM fue culpable de la inoperancia del SE, pues aseguró que este es un órgano autónomo, similar en funciones al Instituto Federal Electoral.

* Militantes del PSN encabezados por su presidenta estatal intentaron sufragar en la elección perredista

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Un Comité Auxiliar del Servicio Electoral (CASE) rebasado, cientos de rasurados entre ellos la senadora Leticia Burgos Ochoa, militantes del PSN que querían votar, casillas instaladas hasta el mediodía, fueron algunos de los incidentes que ayer marcaron la elección interna del PRD.

El CASE no sesionó en todo el día. Todos sus integrantes, incluido el presidente Francisco Javier Vergara Martínez, salieron a las regiones a entregar paquetería electoral, con contratiempos como que en la Costa Chica y en la Zona Centro la mayoría de las casillas apenas a las 12 del día se estaban instalando, mientras esperaban militantes molestos, de los cuales muchos optaron por retirarse.

Esa misma situación ocurrió aquí en la capital del estado, donde todas las 14 casillas quedaron instaladas a las 10 de la mañana. Una de ellas, la que se instalaría en la avenida Alemán, junto a la clínica del IMSS, se trasladó al barrio de San Antonio.

En ese lugar eran las 9 de la mañana y la casilla no llegaba. Temprano estuvo el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Humberto Zazueta, quien esperó una hora para sufragar.

Y como muchos de los electores presentes tenían problemas para identificar a sus candidatos, Zazueta les dijo que mejor optaran por votar sólo para elegir al presidente nacional del PRD y al presidente estatal.

Mientras que la senadora Leticia Burgos Ochoa no pudo votar en la casilla ubicada en la Plaza Primer Congreso de Anáhuac, porque no apareció en el listado electoral perredista.

El aparente rasuramiento del padrón también afectó al candidato a presidente del Comité Ejecutivo Municipal de Tixtla, Luis Muñoz Vázquez –quien fue postulado por el FODEG y apoyado por el alcalde perredista Jorge Vargas Alcaraz. Muñoz Vázquez– que no pudo votar en la casilla instalada en el barrio de San Lucas,.

Pedro Nava, uno de los dirigentes del FODEG y candidato a secretario general en la fórmula que encabeza Bertoldo Martínez Cruz por la presidencia estatal, dijo que la casilla ubicada en el poblado de Mazatlán –a 20 minutos de esta capital– no se instaló y que la gente debería acudir para hacerlo a Petaquillas, que está en las afueras de la ciudad.

Consideró que por esta anomalía la elección “está siendo amañada por el CASE” para favorecer a Hermilo Mejía Estrada, al que llamó “candidato del presidente estatal, René Lobato Ramírez”. Dijo que por el rasuramiento el FODEG impugnaría la elección y pediría su anulación.

Y en la casilla ubicada en la colonia Azteca, la presidenta estatal del PSN, Maricela Gutiérrez Hernández, junto con unos seis de sus seguidores querían votar, pero tras la revisión de la lista le dijeron que no estaba inscrita.

Dijo que eso mismo le había ocurrido en la elección del PRI y que tampoco había aparecido en el padrón. Cuando vio a los reporteros se retiró del lugar y no quiso responder por qué si pertenece a otro partido pretendía votar en la elección perredista. Tampoco dijo por quién votaría.

A la 1 de la tarde, el senador Armando Chavarría Barrera votó junto con su esposa Martha Obeso en la casilla instalada en la colonia Cooperativa de Vivienda. Allí dijo que esperaba que la elección fuera transparente y se quejó del rasuramiento de militantes como en el caso de su compañera del MDS Leticia Burgos Ochoa.

Asimismo, indicó que sus dos hijos en edad de votar tampoco pudieron hacerlo por no aparecer en el padrón, pese a que sí se afiliaron al PRD.

También dijo que existe disposición de reconocer los resultados de quien salga triunfador en la elección a presidente estatal, siempre y cuando no hubiera incidentes violentos, o que fuera una generalidad que las casillas no se hubieran instalado.

Del CASE, no hubo quién diera declaraciones sobre las irregularidades denunciadas ayer mismo en la elección perredista.

Nelly Bello * Hasta la una y media de la tarde fue entregado el último paquete de la papelería electoral correspondiente a la última casilla que aprobó el PRD para su elección de renovación.

Desde su comienzo, el proceso electoral en Acapulco presentó irregularidades. La papelería electoral llegó a oficinas a las 2 de la mañana, seis horas antes del arranque oficial, y fue entregada en su totalidad doce horas después, es decir a las 2 de la tarde.

Algunos militantes hablaban de 33 por ciento de casillas instaladas y el resto impugnadas con actas levantadas por tardía llegada, y otras que no se situaron en el lugar destinado oficialmente.

A las diez y media de la mañana, la dirigente municipal Rosario Herrera Ascencio citó a reunión extraordinaria a diputados locales, regidores, candidatos o sus representantes, para definir posturas. Y es que sólo llegó 40 por ciento de las boletas para la elección para los comités de base.

Estuvo el precandidato Alberto López Rosas, la síndica Adela Román, los candidatos Maribel Ramírez, Serafín González y Miguel Flores, el candidato a la secretaría general del CEE, Adolfo Plancarte; miembros del CEM, y los tres funcionarios del CASE.

No estuvieron todos los representantes y al comienzo llegó también el dirigente estatal René Lobato Ramírez, quien aprovechó el momento para hacer un llamado al Servicio Electoral.

Todos los que estuvieron en la reunión acordaron continuar la elección con las deficiencias en papelería, Herrera Ascencio informó que sólo pedirían la reposición del proceso de comités de base, pero “desconozco si será al 100 por ciento o sólo en los ámbitos territoriales donde no llegó la papelería”.

Lobato Ramírez reconoció “las serias irregularidades” logísticas y técnicas que el PRD tuvo en las elecciones para renovar sus dirigencias y órganos de gobierno.

La primera denuncia en las instalaciones del Comité Ejecutivo Municipal (CEM) fue porque los representantes de la candidata a ese puesto Beatriz González Hurtado llegaron a las seis de la mañana para auxiliar a los miembros del CASE, y armaron los paquetes de sus casillas.

De acuerdo a pobladores de Tres Palos cuando la urna abrió –de las pocas en todo el proceso– a las ocho de la mañana ya llevaba algunas boletas dentro. Sin embargo, no fue impugnada.

Pasadas las ocho de la mañana, el tumulto frente a la puerta del CASE, el enojo de los perredistas y la falta de boletas para la elección de comités de base provocaron una reunión express para definir si continuaban con la elección.

Pero, minutos después de terminada, el candidato al CEM por el FODEG, José Luis Morales Torres, reprochó a Lobato Ramírez “la reunión secreta” y que hayan excluido a sus representantes.

González Hurtado se encontraba también en el lugar para vigilar la entrega de la papelería y negó la acusación de los vecinos de Tres Palos. Reviró al decir que se trataba de declaraciones sin fundamento de los militantes del M-27, porque se trata de un poblado donde tiene presencia y, dijo, no la ha perdido.

Casi a la una de la tarde llegó la primera urna, se trató de la casilla del poblado Los Organos, donde los militantes rechazaron participar porque las boletas estaban mal foliadas, y los pocos que esperaron hasta esa hora para votar estaban rasurados.

Minutos después, los representantes de la casilla 232, a instalar en Santa Cruz, también entregaron al SE la papelería completa, pues el candidato Joel Mendoza impugnó la llegada tarde y que el lugar donde se pretendía instalar no era el asignado oficialmente.

Vía telefónica, Lobato Ramírez se enteraba de más irregularidades. Las papeletas para la elección de delegados estatales y los comités de base en el distrito 26 aparecieron en Coyuca de Catalán.

Otras dos casillas fueron impugnadas: la 272, ubicada en El Roble, por llegar tarde e incompleta, y la 252, localizada en calle Niños Héroes esquina con Baja California, donde votaría el diputado federal y precandidato a la alcaldía, David Augusto Sotelo Rosas.

En total fueron siete casillas que no se instalaron por impugnación y once impugnadas por papelería revuelta, rasuramiento de militantes, irregularidades como acarreo, inducción al voto y embarazo de urnas.

Las elecciones del PRD

En días pasados acaparó la atención en los medios el llamado que hizo Martín Mora a Hermilo Mejía (candidatos a presidente estatal del PRD) para debatir sobre el orden que propone para el PRD contra su slogan de campaña “mi corazón late a la izquierda”. La propuesta fue buena, pero considero que el tema de debate no fue el apropiado porque de haberse realizado no existían posibilidades reales de profundizar en propuestas. Creo que más bien era una provocación para descalificar a Mejía y evidenciar la ignorancia del otro con relación al significado del orden.

La Real Academia de la Lengua Española define el orden como la colocación de las cosas en el lugar que respectivamente les corresponde. Hermilo desde su inicio de campaña planteó cinco estrategias fundamentales: unidad, institucionalidad, organización, capacitación política y legalidad. Entender a Mejía en el contexto del orden y su relación con estos cinco ejes es bastante claro en su discurso del 13 de febrero con que arrancó su campaña. Propuso que la unidad sea el llamado a evitar fisuras, ordenar las filas del PRD y dar paso a una etapa de reconciliación. Martín Mora mal interpretó lo de ordenar las filas; el orden en la unidad implica una etapa de reconciliación política de todas las fuerzas para la consolidación del partido; el concepto de orden es un elemento político que hoy Hermilo Mejía introduce en Guerrero, y que es sumamente necesario retomarlo y debatirlo. Es obvio que no estamos en una escuela, y mucho menos tradicional y positivista, donde predomina el autoritarismo. En el argot político del PRD hemos escuchado la palabra cerrar filas, y el término ha connotado llamados a la unidad, y hasta ahorita nadie se ha escandalizado, por el contrario, muchos y muchas hemos respondido al llamado, sin embargo, ya no basta con cerrar filas, ahora deben de ser ordenadas, es decir, colocar la unidad en su justo lugar. La unidad no puede ni debe ser coyuntural, si no una práctica en el PRD, como dice Rosario Robles “unidad en la acción”.

La institucionalidad con orden, dice Hermilo, “será nuestro modo de actuar, pues a fuerza de cumplir con nuestras normas le concederemos mayor peso a las decisiones del partido que a las decisiones de corriente. Será la nuestra una dirigencia para todos, una dirigencia colectiva, una dirigencia que defienda a la militancia con toda su fuerza moral, pero también una dirigencia que no tolere ninguna acción violatoria del estatuto.

“Fomentaremos una cultura de respeto a las instancias del partido, para que inspiremos orden, certidumbre y disciplina”. ¿No necesitamos una institucionalidad con orden? En el PRD se ha mal interpretado por algunas gentes lo que es democracia e institucionalidad, por su práctica política denota la libertad de hacer cada quien lo que quiera, y esto significa la anarquía pura.

La organización con orden implica el acercamiento y la comunicación entre las instancias del partido, con una estructura que permita generar los movimientos para cumplir con el programa del PRD, esta organización requiere de esquemas muy claros de funcionalidad política y hasta técnica.

Hermilo considera que la organización y la formación política deben ser las tareas sustantivas del partido. Impulsar la formación política en orden es crear las escuelas de capacitación para formar nuevos cuadros y un nuevo perfil de partido.

La legalidad fue un tema de debate entre la actual dirigencia, existían dos posiciones, avalar las invasiones, tomas de tierra, plantones, etcétera, con el argumento de que esta lucha social le dio vida al PRD; o apegarse al Estado de derecho respetando los intereses o derechos de terceros y el bien común y encontrar los puntos de equilibrio entre la justicia y la legalidad. Finalmente nos pronunciamos por la legalidad porque este partido tiene que ser serio y responsable, sin renunciar a la lucha de los más necesitados, por los cauces legales.

La defensa de la legalidad conviene a todos, generar una cultura de su defensa requiere de promoción, es una oportunidad que se le presenta al PRD porque en Guerrero existe una tendencia muy marcada hacia la denuncia por toda la serie de atropellos que vivimos los ciudadanos en este estado con la impartición de justicia en los tres poderes de Gobierno. Dice Hermilo Mejía: “Guerrero aspira a la legalidad, a la democracia, a la justicia, y al cambio. El PRD debe ser el instrumento que haga posibles estos anhelos”.

No dudo que Martín Mora tenga también algunas propuestas, pero es evidente que no las concibe con el orden que Hermilo plantea, y sería un error de su parte entenderlas al estilo de Porfirio Díaz. Su slogan de campaña lo basó en una frase: “Mi corazón late a la izquierda” que dice mucho y dice nada, pues a todos los seres humanos en este planeta nos late a la izquierda, gente con partido y sin partido, y al final de cuentas ni la gente ni la militancia del PRD se guía por los latidos del corazón, sino por sus principios y por su ideología, y hay a quienes el corazón les late a la izquierda pero son de derecha, y el latido no es lo fundamental. Si su campaña la hubiera enfocado más a sus propuestas que a la descalificación, centraríamos más la atención del debate, y tendríamos mucho de que hablar, hubiese sido más productivo.

El PRD está obligado a generar confianza a la ciudadanía, certidumbre de que es un partido de izquierda, y que seguirá defendiendo las causas justas de los guerrerenses.

Rafael Segovia afirmó en 1994 que los partidos estaban lejos de la nueva cultura política, porque “se han distanciado día tras día de nuestra forma de comportamiento cívico, a riesgo de que los electores hartos de los juegos cerrados de los clanes políticos regresen a la abstención y a la indiferencia”.

Los perredistas necesitamos erradicar la cultura de la descalificación; la diatriba no daña la imagen de uno sino la de todos; la técnica del rumor puede ser una buena estrategia interna para ganar adeptos, pero mala como para perder las elecciones constitucionales. Juzgue la militancia del PRD con un voto razonado, y haga valer sus derechos estatutarios y defina cuál es su mejor opción para la dirigencia estatal el próximo 17 de marzo.

Sentencia contra las policías comunitarias:

golpe de Estado contra el pueblo

 (Segunda y última parte)

 Los representantes que acudieron el 26 de febrero a la cita del director de Gobernación en Chilpancingo, además del informe que explica y justifica la necesidad de la Policía Comunitaria, entregaron a las autoridades de Guerrero su fundamentación jurídica en los siguientes términos.

Jurídicamente, la ley si nos reconoce tanto en la seguridad e impartición de justicia comunitarias con base en usos y costumbres de los pueblos, así como en otras distintas formas de organización social. Las normas en las cuales nos basamos son:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 2, 27, 39, 115, y 133.

Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales Constitución Política del Estado de Guerrero, Artículo 10.

Ley orgánica del municipio libre, artículos 115 y otros.

En un apartado III de su documento exponen la forma en que operan las policías comunitarias y los problemas por los que atraviesa sus sistema: tanto la seguridad y justicia comunitarias que ofrecemos los pueblos a la ciudadanía en general carecen de apoyo en recursos económicos y equipo necesario para su mejor funcionamiento. Los integrantes de la Coordinadora y el Comité Ejecutivo prestan un servicio social gratuito en sus funciones, porque es un compromiso (comunitario).

La delincuencia se siente protegida por la no aceptación por el gobierno del (sistema) de seguridad y justicia comunitarias y con ella se integran las (averiguaciones) demandas en contra de los integrantes de la seguridad y justicia comunitarias.

Es un gran sacrificio y desgaste de nuestros pueblos y comunidades, que no ven otra salida para protegerse de la delincuencia. Es una desgracia que combatir la delincuencia de manera eficaz sea considerada ilegalidad.

Ya lo dijo el Agente Titular del Ministerio Público de San Luis Acatlán: la ley protege al delincuente, y no podemos hacer más.

Pero en todo tiempo esta organización indígena ha mantenido informadas a las autoridades de sus acuerdos, ha reportado resultados, ha solicitado y a veces obtenido apoyos y promesas de ellos, han dado aviso al Ejército de algunas operaciones para evitar sorpresas.

Para la entrevista del 21 de febrero, entregaron al Gobierno de Guerrero una larga lista de acciones de coordinación con el Ejército y el propio gobierno, destacando, con el Ejército el 10 de noviembre de 1996, firman un minuta de acuerdos en la comunidad de Horcasitas, Guerrero, con el comandante Jaime Eduardo Castro Ojeda, representante de la Subsecretaria de Protección y Vialidad; el 27 de febrero de 1997 presentan una solicitud de capacitación de las policías comunitarias, al Coronel. Evaristo Chávez M., del 48 Batallón de Infantería y al día siguiente le entregan los datos de esas policías. Los días 4 de mayo, 22 de julio y 12 de agosto de 1998, invitan a una reunión al Coronel Juan Manuel Corona Armenta del 48 Batallón de Infantería y le presentan solicitudes de capacitación para las policías comunitarias. El día 14 de enero del 2000, hacen una invitación al mismo militar para que asista a su asamblea regional, cosa que también hacen con el mayor Luis León Aponte, secretario de Seguridad, de gobierno. En octubre de este año, vuelven a solicitar capacitación a personal del mismo batallón.

En vísperas de los últimos incidentes, el 15 de enero de este año, entregan una lista de las policías comunitarias solicitando impartan otro curso a un representante del General Adelfo Castillo López del mismo Batallón y el siguiente día 21 le reportan un recorrido de la policía por la comunidad de El Rincón. Todos estos reportes y buenas relaciones con el Ejército las hicieron con la conciencia de que estaban ejerciendo un derecho, reconocido de hecho, por el gobierno, con que tuvieron múltiples relaciones y también presentaron un listado de estas:

Relaciones con el gobierno: ya está dicho que para constituir su cuerpo de seguridad pública, según usos y costumbres, invitaron a su asamblea a las autoridades correspondientes, por tres veces sucesivas, sin ser atendidos. Como están seguros de ejercer un derecho, tomaron el acuerdo de instrumentarlo sin la presencia de esas autoridades, y no obstante en todo momento han buscado la coordinación y el buen entendimiento. En la documentación presentada refieren que el 14 de enero de 1997 solicitaron material para la policía al gobierno de Aguirre Rivero a través de sus secretarios de Gobierno y de Seguridad. El propio gobernador entregó armamento y prometió dotarlos de más. En abril de 1999, se giran órdenes de aprehensión contra miembros de las policías comunitarias bajo el mismo esquema de denuncias presentadas por delincuentes aprehendidos y sancionados por las policías comunitarias, acusándolas de las sanciones recibidas como si fueran delitos de particulares. El día 16 de ese mes presentaron al gobernador Juárez Cisneros la solicitud de cancelación de esas órdenes de aprehensión.

En julio del 2000 se volvieron a girar órdenes de aprehensión contra miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades y de las policías comunitarias, se pide al gobernador su cancelación y se tiene una reunión en el Tribunal Superior de Justicia donde se firma una minuta de acuerdos. En octubre se solicita al gobernador apoyo económico y en noviembre se toman acuerdos para coordinarse con la PGJ y la Secretaría de Gobierno, al tiempo que se solicita al presidente del Congreso local su intervención para cancelar las órdenes de aprehensión. El 4 de noviembre de este año, las policías comunitarias, obtienen el reconocimiento público por parte del Cabildo de San Luis Acatlán.

En mayo de 2001 se vuelven a repetir las órdenes de aprehensión, nuevamente se negocia su cancelación y se solicita a Xóchil Gálvez la cancelación definitiva.

En resumen, han sido múltiples las gestiones y solicitudes que ha realizado la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas, tanto para ser reconocida su función, como la de defenderse de las reiteradas órdenes de aprehensión emanadas de delincuentes que acuden al Ministerio Público, o que son inducidos por caciques y judiciales para denunciar a su eficiente sistema de procuración de justicia, muchos de ellos sin saber y ni estar de acuerdo con ello, han desistido de las demandas que mañosamente les hacen firmar. Con estos antecendentes, se presentó el último intento gubernamental por liquidar esa institución indígena. Ellos informaron al gobierno y a la opinión pública que: el día 11 de los corrientes aproximadamente a  las 12:50, con lujo de violencia, empujones e insultos y de manera arbitraria violando todos los derechos humanos seis agentes de la Policía Judicial adscritos a la Agencia del Ministerio Público aprehendieron en el interior de nuestras oficinas y sin mostrar orden de aprehensión y/o cateo a Leandro Calleja Natividad, Valentín Laureano Arellano, Efrén Cortés Clemente, Alfonso Bello González y Celestino Bravo Carvajal, quienes hasta el día 10 de febrero fungían como integrantes del Comité de Autoridades Municipales.

El día de sus detención realizaban la entrega formal de las oficinas a los nuevos integrantes del Comité. Su detención ocurrió (según les indicaron después de detenidos) en relación a la causa penal instruida en su contra por el supuesto delito de privación de libertad personal en agravio de Constantina Morán Ramírez y su esposo Silvino Encarnación, vecinos de Yoloxóchil.

Constantina presentó la denuncia en el Ministerio Público porque su esposo se encuentra en proceso de reeducación, en trabajo social a favor de las comunidades, por haber cometido los delitos de intento de homicidio, lesiones y amenazas en agravio de sus propios familiares María Bartola Francisco (Madre), Cecilia Gabino González (Tía), Leobardo, José Luis y Eloy Encarnación Gabino (hermanos), a este individuo se le denunció varias veces antes en el Ayuntamiento y nunca lo detuvieron hasta que la policía comunitaria procedió a detenerlo y se le informó al Ayuntamiento y ahí mismo nos dijo que era sujeto de alta peligrosidad.

El día 12 por la mañana siendo las 11:30 horas concentramos un gran número de personas de diferentes pueblos, 1000 aproximadamente, para exigir
la liberación inmediata y absoluta de los cinco ex comisarios ante la Agencia del Ministerio Público, de manera pacífica y respetuosa, una comisión de ciudadanos solicitó a su titular Felipe Quintero Campos que se presentara ante la asamblea a informar de sus actuaciones a lo cual se negó de manera prepotente y con un rotundo no y arribó un grupo de judiciales a provocar a esa comisión. La asamblea propuso que se les tomara una declaración pública a los detenidos y se ordenara su liberación (pero) el Titular, el secretario de acuerdos y el defensor de oficio acudieron al Cereso a tomar la declaración y aproximadamente a las 15:30 (los detenidos) salieron del reclusorio habiéndoseles decretado la libertad provisional bajo caución.

Los comisionados se presentaron entonces a la asamblea que estaba en espera de los resultados y esta volvió a pedir que el titular del MP y el juez le tomaran una declaración publica a los ex comisarios y de nuevo se negaron y el propio Agente del MP dio inicio a un enfrentamiento al empujar a un ciudadano y provocó un clima de tensión durante 20 0 30 minutos, los agentes de la Policía Judicial comenzaron a cortar cartucho y apuntaron sus rifles R-15 en contra de la gente e incluso hicieron un disparo en el interior del MP, estuvo a punto de generarse un enfrentamiento entre la Policía Comunitaria y la Policía Judicial ya que estos quisieron proteger la huida de los funcionarios, mientras los ciudadanos (la multitud) rodeaban toda la manzana para evitar la fuga.

En ese momento la población civil desarmó a un judicial quitándole un rifle R-15 dejándolo en poder de los comisarios. Cabe sañalar que la Policía Comunitaria en todo momento se mantuvo al margen, pero en ese momento intervinieron para mantener la seguridad y afortunadamente el incidente no pasó a mayores. Esta situación se destrabó aproximadamente a las 18:30 con la presencia del subprocurador de Justicia de la región de Costa Chica, Héctor Justo y el presidente de San Luis Acatlán, C. Abdías Acevedo Rojas con los cuales pudo lograrse una negociación, que se terminó hasta la 1:30 de la madrugada del día siguiente. Se levantó un acta y se determinó citar a los diferentes agraviados para ver si en verdad los detenidos han cometido los delitos. La cita fue para el día 15 de febrero.

Este escrito dado a los medios y a las autoridades termina con sus planeamientos: A) la justicia indígena es competencia de los comisarios que integran las Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, todos ellos electos en asamblea regional de pueblos.b) la seguridad indígena es competencia de la Policía Comunitaria, que también es electa en asamblea regional.

Conociendo estas funciones, el Congreso del Estado de Guerrero insistió en excluir a la Policía Comunitaria de la nueva ley de Seguridad Pública, argumentando que está fuera de la ley. Sin embargo estamos dentro de la ley al aplicar el Convenio 169 de la OIT que el Artículo 133 de nuestra carta magna erige como ley suprema de la nación.

Después de esos acontecimientos, el día 21 de febrero la Secretaría General de Gobierno dirige un citatorio a Bruno y Cirino Plácido Valerio y al Presbitero Mario Campos Hernández, titulándolos como asesores de la Policía Comunitaria, no lo dirige a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Montaña y Costa Chica de Guerrero, como debió hacerlo y señala el día 26 de febrero y el tercer piso del Palacio de Gobierno, en Chilpancingo, para una reunión con el propósito de definir la situación de la Policía Comunitaria. Se dice que deberán acompañarse de los integrantes del Consejo Regional de la Policía Comunitaria.

La coordinadora preparó este amplio informe con la idea sana de entregarlo al gobernador y al Congreso, con la idea de que se buscaría la forma de legalizar y concertar con esos pueblos su sistema de impartición de justicia.

Esperaban cuando menos la asistencia del secretario general de Gobierno pero se encontraron simplemente con el Director de Gobernación quien acompañado de un magistrado les explicaron lo ilegal que era su organización indígena y, en pocas palabras, que estaban violando la ley y que serían desarmados sus cuerpos de seguridad.

El magistrado les entregó sus razonamientos jurídicos por escrito. Días antes el Ejército realizó recorridos por la región, aunque no se atrevió a desarmar a las policías. El pasado sábado 1 de marzo, los pueblos realizaron asambleas para resolver que haría ante la amenaza del gobierno y resolvieron correr el riesgo a ejercer lo que consideran es su derecho. A este sistema de impartición de justicia indígena se sumaron dos municipios más.

Jeanette Leyva Reus * La titular de la Secretaría de Fomento Turístico, Guadalupe Gómez Maganda, y el director general de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Acapulco (OCVA), Carlos Velázquez Cerda, regresan hoy de Miami, Florida, donde participaron en el Seatrade Cruise Shipping Convention, donde expusieron los atractivos de este puerto, el cual el próximo año será sede de ese encuentro.

La convención internacional, que reúne a empresas navieras, se llevó a cabo del 11 al 15 de este mes.

Allí Gómez Maganda y Velázquez Cerda asistieron como invitados, al habérsele otorgado a Acapulco la sede del encuentro para el 2003, que será del 27 al 30 de abril.

Dicha convención atraerá a más de 500 expositores, de destinos turísticos y de empresas navieras, y la finalidad es que los cruceros vuelvan a tener al puerto en su itinerario.

La convención es organizada por la empresa Florida Caribean Cruise Association, la cual tiene entre sus miembros a varios grupos navieros.

Este día, la titular de Sefotur y el director de la OCVA confirmarán la fecha en que se llevará a cabo la convención en el puerto.