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Morena, ¿organización terrorista?

La protección política y legal que ha tendido el gobierno sobre Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses acusados de haber recibido ayuda de Los Chapitos, miembros del Cártel de Sinaloa, para ganar las elecciones para gobernador en 2021 a cambio de facilitarle sus actividades criminales, abre una puerta muy peligrosa para la presidenta, Morena y todo el movimiento obradorista, porque el partido en el poder podría ser declarado una organización terrorista. Y con ello, los partidos de la coalición gobernante, los empresarios que aportan recursos, las empresas y bancos que tengan relación con Morena, serían cómplices y sufrirían las mismas sanciones.
El planteamiento tiene como fundamento la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos a finales de abril donde señala que Los Chapitos movilizaron a sus sicarios para que robaran urnas, secuestraron e intimidaron a los candidatos de oposición, a cambio de garantizarles “impunidad” en Sinaloa, nombrar en puestos a personas que les indicaron, y recibir protección para el tráfico de drogas. La acusación establece la relación de Rocha Moya con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, tiempo antes del proceso electoral, que es la parte central de su primera imputación.
La acusación es más grave de las que en años previos formularon en Estados Unidos contra algunos exgobernadores mexicanos y contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, porque lo que describe no son actos individuales, sino toda una operación del gobierno estatal al servicio de Los Chapitos que, además, se encuentra dentro de un nuevo paradigma: la designación de que los cárteles mexicanos son organizaciones terroristas extranjeras, que tiene implicaciones significativas para terceros, incluido Morena.
Existe un precedente histórico en España, con el partido Batasuna, que había sido parte de la coalición Herri Batasuna en el País Vasco, y que fue ilegalizado en 2003 al aplicarse la Ley de Partidos, luego que el Tribunal Supremo determinó que era el brazo político de ETA, la organización separatista señalada como un ente terrorista. Tras ese fallo, el gobierno de Estados Unidos, que había designado a ETA una organización terrorista en 1997, agregó a la lista a Batasuna. El Departamento de Estado la mantuvo en la lista hasta su disolución en 2013.
La acusación contra Rocha Moya y nueve sinaloenses involucra a todo el aparato del régimen, aunque en el pliego sobre el cual pidieron su captura con fines de extradición, cuidan de no ahondar en Morena, ni en la persona que por dedazo lo designó candidato, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pero Morena es el elefante en la sala de la imputación, no solo porque el aparato del partido fue instrumental en la elección, sino porque puede establecerse una correlación de complicidad con los sicarios de Los Chapitos que actuaron en paralelo al no sufrir ningún candidato de Morena ni promotores de voto agresión del Cártel de Sinaloa, y por la forma como se validó la elección.
Las denuncias que se presentaron en su momento, registradas también por el Instituto Nacional Electoral, incluso la petición de anulación, llegaron al Tribunal Electoral de Sinaloa que las desestimó porque, afirmó, no afectaban el resultado de la elección. La magistrada que presentó el dictamen de validación de la elección de Rocha Moya fue Aída Inzunza, hermana del senador Enrique Inzunza, uno de los 10 sinaloenses acusados por el Departamento de Justicia. Teóricamente Morena, al menos en Sinaloa, podría perder el registro como partido, porque una de las tres razones para tomar esa medida –que nunca se ha aplicado–, es incurrir en violaciones graves, reiteradas y sistemáticas de la ley electoral.
Las denuncias presentadas en 2021 nunca pidieron la cancelación del registro. Pensar en algo así, parece inútil. Si en el pasado, con órganos electorales autónomos no sucedió, ahora, donde ya no existe autonomía sino colonización, no hay independencia de magistrados y consejeros sino subordinación, y existe un Poder Judicial a la medida del régimen, es imposible.
Pero la cerrazón en México no evita la posibilidad de que de mantenerse la protección política y jurídica de Rocha Moya y los otros nueve co-acusados, Estados Unidos decida dar un nuevo paso, quizás no ahora, sino más cerca de las elecciones intermedias del próximo año. En este mapa, los riesgos son muy altos para quienes en unas semanas sean nombrados como los representantes de Morena para defender al régimen en los 17 estados donde habrá gubernaturas, y para los partidos coaligados, el Verde y el PT, porque serían automáticamente cómplices de una organización terrorista.
Morena se encuentra en ese umbral, aunque objetivamente hablando, no parece ser un escenario próximo. El gobierno de Estados Unidos está apretando al gobierno a actuar, pero como demuestra la acusación del Departamento de Justicia, sigue buscando que quien tome la iniciativa y actúe sea la presidenta Claudia Sheinbaum. Solicitar la extradición fue abrirle las condiciones para que, de manera soberana, tomara la decisión de capturar a los 10 sinaloenses, conforme al Tratado de Extradición, esperar las pruebas que corresponden a ese segundo tiempo procesal, y que un juez, primero, y después la Secretaría de Relaciones Exteriores, determinaran si lo que aportó Washington justificaba la extradición.
Sheinbaum habría ganado tiempo dentro de la ley para ir abriendo espacios en México dentro del obradorismo, y evaluar la siguiente decisión. Sin embargo, hizo lo peor posible, en términos legales: exonerar a Rocha Moya y a los otros nueve co-acusados, y decidir, cuando menos hasta este momento, que no los extraditará. No se arropó en los tiempos legales, sino se fugó hacia delante, acusando una conspiración internacional que quiere acabar con su gobierno. La victimización es una estrategia, pero en este caso juega con fuego. El señalamiento del Departamento de Justicia no toca a su gobierno; ni siquiera al de López Obrador. Es muy específico en Sinaloa.
Pero el problema de fondo no es jurídico, sino político, y no es local, sino nacional. La escalada esta semana desde Washington es el termómetro del enfado del gobierno de Estados Unidos. La acusación se centró en la elección de 2021, donde Morena aparece en la tramoya de la estructura político-criminal en Sinaloa. Para medir su alcance tiene que verse el contexto geopolítico: el realineamiento de gobiernos afines a Trump, con muy pocos fuera de su órbita ideológica, como México. Morena, en esta línea de pensamiento, es un estorbo.

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Lucía Solla Sobral: una nueva formación

Las novelas son, sí, antes que nada, entretenimiento. Placer y diversión para hacer la vida más amplia, con más dimensiones. No solamente una sola vida, una única vertiente y forma de ver el mundo sino casi tantas como hay libros. Lo cual no quiere decir que el placer no forma, que no construya sueños y dibuje formas de vivir la vida.
Ha habido muchísimas novelas que cambian a las personas, obras que después de leerlas son un parteaguas en su existencia. También hay historias que han cambiado generaciones, Las penas del joven Werther, de Goethe, por ejemplo, llevó a muchísimos jóvenes al suicidio, pues en la novela, el protagonista al no poder estar con su amada decide, en un acto fetichista, ponerse frente a un espejo y dispararse en la cabeza.
Las novelas, pues, marcan las vidas de generaciones, y en ese placer, en esa diversión se ejemplifican modelos de vida muy propensos a ser imitados para quienes leen. Así, durante buena parte de finales de los siglos XVIII y XIX se escribieron novelas para un nuevo grupo que ascendía cada vez más en la sociedad, el cual estaba compuesto en su totalidad por mujeres de una nueva clase, burguesas: no aristócratas y no campesinas; es decir, saben leer sin tener una alta formación. Para este nuevo grupo nació lo que hoy devoramos: la novela. Muchas de ellas sobre temas románticos, la gran mayoría aleccionaban sobre la forma de encontrar marido, casarse y tener hijos. Se crearon obras fundamentales, muchas veces moralinas, otras irónicas, pero todas crearon un camino que en muchos sentidos aún sigue la literatura.
Otro género importante de la novela, un poco más reciente, es la de formación, en la cual sobre todo un joven escritor/intelectual en ciernes atraviesa diferentes caminos tortuosos en camino de convertirse en aquel sueño casi imposible de convertirse en el gran poeta y escritor.
En el XIX casi siempre las mujeres terminaban muertas por su “exceso” de libertad sexual e intelectual. Con el paso de los años esto ha ido cambiando, pero no tanto como se pensaría. Por eso la más reciente y novela debut de Lucía Solla Sobral (Marín, 1989) ha sido un fenómeno de ventas en su natal España, en donde ya va en la vigésima edición, y poco a poco a ha ido conquistando más fronteras, dentro de las cuales México no es la excepción.
La novela tiene el afortunado y violento título Comerás flores. Las alusiones al matrimonio y a la belleza romántica explotan en ese ejercicio de fagocitarlas.
Cuenta la historia de una joven española de clase media, recién graduada y quien trae aún bastante atravesada la muerte de su padre. Dice en la primera página: “El día en que mi padre murió, hacía sol y yo tenía hambre”.
La protagonista vive esos primeros días de duelo la experiencia de tener un primer trabajo que, aunque no le encanta es lo que estudió; comparte el departamento con una amiga que además es quien le da el músculo para atreverse en todo lo que ella carece del impulso, de la fuerza o la personalidad para hacerlo.
También parte de su formación, desde luego, es emocional, sentimental, amorosa y erótica. El mundo ha cambiado para las mujeres así que no tiene ninguna prisa por encontrar al hombre de su vida, por enamorarse, casarse, vivir con él y tener hijos. Va por la vida sin ningún apuro, pero, por supuesto, es una novela y algo tenía que suceder: conoce a alguien. Un hombre guapo, rico y como ninguno antes le había gustado con quien tiene muchísimo en común salvo una diferencia: que él le lleva 20 años.
En un principio no plantea ningún problema, pero van sucediendo desacuerdos que prefiero no decir para no arruinar la trama. Sin embargo, la riqueza, la belleza de esta novela, consiste en plantear una nueva narrativa de ser mujer, de habitar el mundo sin que haya lecciones sino vida, mucha vida llena de placer, desencantos y flores.

Lucía Solla Sobral, Comerás flores, Barcelona, Libros del Asteroide, 2025. 244 páginas.

Vigilan muchos pero llegan ayer pocos al Acamoto

Un despliegue operativo de 853 agentes de diferentes corporaciones de seguridad, 174 radiopatrullas, 58 motocicletas y el apoyo de grúas, filtros de revisión y policías antimotines, vigilan desde ayer a los asistentes a la concentración del Acamoto. Desde su entrada en la caseta de La Venta de la Autopista del Sol y en las avenidas de la ciudad, especialmente en la Costera, los motociclistas mantuvieron el orden ante la rigurosa vigilancia que incluyó medidas de seguridad en hoteles como el Fiesta Americana, que instaló vallas metálicas Foto: Carlos Carbajal

Desde ayer vigilan rigurosamente el Acamoto 853 agentes en casetas y vías

Además se dispondrá de 174 radiopatrullas, 58 motocicletas y el apoyo de grúas, filtros de revisión y policías antimotines. Autoridades de seguridad dan el arranque de la operación en el Asta Bandera de la Costera. Aún no llega el grueso de motociclistas que son revisados rigurosamente

Jacob Morales Antonio

Un despliegue operativo de 853 agentes de diferentes corporaciones de seguridad, 174 radiopatrullas, 58 motocicletas y el apoyo de grúas, filtros de revisión y policías antimotines, esperan a los asistentes a la concentración del Acamoto 2026.
La mañana de este jueves, las autoridades que conforman la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, dieron el arranque de la operación al pie del Asta Bandera de la avenida Costera, para luego hacer un recorrido con más de 40 patrullas que fue del Asta Bandera al Centro de Convenciones, donde el convoy retornó y se dirigió hasta Caleta para regresar al punto de partida.
Durante el trayecto de 10 a 11:30 de la mañana, en las hospederías como Emporio, Playa Suites y Amares algunas motocicletas estaban estacionadas en la calle, otras más a la espera de ser ingresada a las áreas de estacionamiento.
En el hotel Fiesta Americana de la Condesa, los trabajadores colocaron vallas para evitar el paso de los motociclistas hasta el área de recibimiento. En ese lapso eran escasos los motociclistas en las calles.
Luego una parte del convoy se dirigió a la caseta de La Venta de la Autopista del Sol, donde se instaló un filtro de revisión de todos los visitantes que llegaban en sus motocicletas, a quienes se les pedía la licencia de manejo, el tarjetón y comprobar la posesión de la unidad. Luego de mostrarlos a las autoridades, quienes los anotaban en una lista, los dejaban continuar.
El secretario de Seguridad Pública de Acapulco, Federico Argumedo Rodríguez, en declaraciones en el Asta Bandera informó que en la operación que comenzó este jueves y terminará el domingo, participarán agentes de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública federal, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Estatal, la Fiscalía del Estado, y la Policía Municipal, además de la colaboración de la Cruz Roja.
En total dijo que la operación integra 853 agentes, 174 radiopatrullas, 58 motocicletas, así como grúas que trabajarán de forma coordinada para salvaguardar la integridad de residentes y visitantes y preservar el orden público, así como fortalecer la seguridad vial peatonal.
Dijo que este despliegue es parte de los acuerdos establecidos en la Mesa de Estrategia de Seguridad de Acapulco, y se hace de forma interinstitucional. La operación estará en accesos a la ciudad, casetas de peaje, avenidas principales, la zona turística y puntos de alta concentración, con filtros de revisión y puestos de atención ciudadana.
Agregó que también se mantiene una coordinación permanente con los sistemas, C4 y C5 de video, vigilancia y monitoreo en tiempo real, fortaleciendo la capacidad de reacción y atención de las autoridades.
“Es importante señalar que este despliegue especial no implica descuidar la seguridad cotidiana de las familias acapulqueñas, paralelamente las instituciones continuarán realizando labores de vigilancia y proximidad social en colonias, comunidades rurales y destinos de zonas del municipio”, subrayó.
El secretario enfatizó que cerrar vialidades, conducir bajo el influjo de bebidas alcohólicas o sustancias ilícitas, no usar casco de seguridad y no traer la documentación en regla, son faltas que ameritan una sanción.
Recordó que a pesar de que Acapulco es un puerto hospitalario y abierto al turismo. Esta hospitalidad implica respeto a la ley, al reglamento de tránsito y a la convivencia pacífica. El secretario respondió que estarán pendientes y trabajarán para evitar que los motociclistas cierren la avenida Costera.

La operación y puestos de control en la autopista

En la caseta de La Venta de la Autopista del Sol se encuentra el último puesto de revisión y control de la Guardia Nacional, así como de agentes de Tránsito del Estado, quienes solicitan a los motociclistas la licencia de conducir, la tarjeta de circulación, así como la póliza de seguro.
El comandante del 49 Batallón de la Guardia Nacional, coronel del Estado Mayor, Everardo Osorio Vélez, informó que son 10 filtros de revisión los que hay, desde que los motociclistas salen de la Ciudad de México, y los instalados en los accesos a la ciudad.
En el caso de la Guardia Nacional, indicó que hay 500 agentes destinados exclusivamente a la operación, y advirtió que

 

No andar con armas, pide el gobierno a desplazados que vuelven a sus pueblos

No andar con armas, pide el gobierno a desplazados que vuelven a sus pueblos

 

El subsecretario Rodríguez Cisneros llama a vecinos de Xicotlán a no con-frontarse con los agentes de seguridad. Convoca el obispo de Chilpancingo a “todo el pueblo de Dios” a donar ropa y alimentos para los desplazados de Chilapa. No se resolverá la violencia si no se desarticula al “grupo delictivo”, dice el Cipog-EZ en referencia a Los Ardillos

 

 

Ciudad de México y Chilpancingo, Guerrero, 15 de mayo de 2026. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez informó que familias desplazadas luego de ataques de grupos delictivos en Chilapa, comenzaron el regreso a sus comunidades.

En un mensaje en redes sociales, la secretaria compartió un video en el que dice que con el apoyo del gobierno federal se dio el retorno de las personas desplazadas a sus comunidades, luego de seis días de bloqueos y enfrentamientos en el municipio de la parte baja de la región Montaña.

En el video se observa que agentes de las Fuerzas Armadas llevan objetos a un camión de carga, colchonetas y bolsas con las que salieron los pobladores.

El martes la presidenta Sheinbaum informó que luego de seis días de bloqueos y ataques con drones y explosivos, que provocó el desplazamiento de cientos de personas en pueblos de Chilapa, la secretaria Rodríguez se trasladaría a Guerrero para resolver la situación.

Ese día el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch indicó que los ataques en Chilapa serían por un conflicto entre los grupos criminales Los Ardillos y Los Tlacos, y aunque el funcionario negó rotundamente diálogo con ellos, Gobernación expuso que había comunicación por separado con esos grupos para lograr la paz en la región.

La tarde del martes se quitaron los bloqueos y para el miércoles la secretaria Rodríguez en compañía de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda acudieron a la comunidad de Alcozacán para hablar con los pobladores y conocer las necesidades, ademas de brindar servicios médicos, alimentos y seguridad.

La comunidad de Alcozacán fue mencionada por el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) como un lugar de refugio para las personas desplazadas de Tula y Xicotlán, luego de los ataques realizados pro grupos criminales.

También el miércoles, Rosa Icela Rodríguez y Evelyn Salgado visitaron la comunidad de Coatzingo, también en Chilapa para mantener presencia institucional, además que se reanudaron clases, servicio médico y entrega de medicinas.

Según el CIPOG-EZ, Coatzingo fue la comunidad en la cual integrantes del grupo de Los Ardillos se mantuvieron mientras realizaban ataques a los pobladores de la comunidad de Tula.

Luego del anuncio del retorno por Rosa Icela Rodríguez, en un comunicado la Secretaría de Gobernación informó del retorno de 118 personas, incluidos niños y personas adultas mayores a la comunidad de Xicotlán además de la entrega de artículos de primera necesidad.

“Con el apoyo del Ejército mexicano la Guardia Nacional, el Gobierno del estado de Guerrero, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría de Gobernación dio inicio el retorno de las familias desplazadas a sus comunidades en el municipio de Chilapa, Guerrero, luego de garantizar un esquema de seguridad y vigilancia en la zona”, indicó Gobernación.

 

Anuncian censo de viviendas afectadas y la entrega de enseres

 

La dependencia informó que se brindó asistencia psicológica por la Comisión de Víctimas y mantener mesas de diálogo para garantizar el retorno de forma permanente y en condiciones de seguridad.

“Comenzará el censo de las viviendas que resultaron afectadas, para apoyar en la reconstrucción y se darán enseres a quien los necesite. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional establecerá un corredor seguro para libre tránsito de la población hacia la cabecera municipal, así como para el ingreso de suministros a sus localidades” indicó Gobernación.

Tras la información brindada por el gobierno federal el gobierno del estado representado por el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que comenzó el regreso de las familias desplazadas de Chilapa con el acompañamiento de autoridades federales y estatales.

La representación estatal indicó que soldados del Ejército, Guardia Nacional y Policía del Estado hicieron recorridos de prevención en las comunidades, para la verificación de que viviendas, escuelas y centros de salud no tuvieran daños ni afectaciones.

“Venimos a protegerlos y a ayudarlos. El estado es su aliado y vamos a permanecer acompañándolos para que puedan vivir en paz en sus hogares”, dijo el subsecretario Rodríguez Cisneros.

En las acciones de vuelta para los pobladores de Chilapa participa el subsecretario de Gobernación César Yáñez, el secretario de Seguridad estatal, Daniel Ledesma Osuna y personal tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional como de Guardia Nacional, Derechos Humanos y de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.

 

Acompaña el subsecretario a la reinstalación de los desplazados

 

El subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros pidió a la población de Xicotlán, no confrontarse con los agentes de seguridad y evitar andar en el poblado y sus alrededores con armas.

Rodríguez Cisneros acompañó a retornar a Xicotlán a los pobladores que días antes fueron desplazados por los ataques armados del grupo criminal de Los Ardillos.

En un video se observa al funcionario en la cancha central del Xicotlán dando indicaciones a los pobladores, y pidiendo a todos “portarse bien”.

“Sean amigables con la autoridad, cualquier abuso de algún elemento ustedes no intenten confrontarse con ellos. Todos ellos tienen un mando, tienen un jefe que los manda, van a estar supervisando, seguro van a pasar por aquí, van a hablar con su comisario y si hay alguna algún señalamiento también se tiene que revisar”, dijo.

Agregó, “todos hay que portarnos bien, ¿están de acuerdo?, nada de andar en los cerros armados, de momento no hay que hacerlo y nunca nada que por los cerros andar con la 22, la escopeta, no se puede porque ahorita está la autoridad”.

Durante su mensaje estuvo acompañado del subsecretario de gobernación federal, César Yáñez Centeno; del Secretario de Seguridad Pública estatal, Antonio Ledezma Osuna, así como mandos del Ejército y la Guardia Nacional.

“Hay muchos hombres y muchas mujeres uniformadas trabajando para que ustedes estén en paz en sus hogares, a nombre del gobierno de México, de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y del gobierno del estado de Guerrero, de la maestra Evelyn Salgado Pineda. Les decimos a ustedes bienvenidos a sus hogares y vamos a estar con ustedes de manera permanente, muchas gracias a todos, pásenla muy bien”, dijo el subsecretario.

En su mensaje aseguró que derivado de los recorridos que hicieron constataron que no hubo ninguna vivienda afectada y que todos los animales de granja estaban a salvo.

 

 

 

 

 

Llama obispo a “todo el pueblo de Dios” a donar ropa y alimentos para los desplazados de Chilapa

 

El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa emitió el miércoles un exhorto a los párrocos, rectores de templos, vicarios parroquiales, religiosas, religiosos “y a todo el pueblo de Dios realizar una ayuda humanitaria en alimentos y ropa, a través de Cáritas Parroquiales, para las comunidades filiales de la parroquia de la Candelaria en Atzacoaloya.

A esa parroquia pertenecen las localidades de Chilapa que sufrieron violencia del 6 al 11 de mayo pasado del grupo delictivo de Los Ardillos.

Por separado, organizaciones sociales de Puebla llamaron a los tres órdenes de gobierno, “a diseñar e implementar medidas eficaces de protección y seguridad para las comunidades afectadas y las personas desplazadas por la violencia”.

La diócesis Chilpancingo-Chilapa publicó un mensaje en su página en el que informó que en el transcurso de los últimos años, “varias de las comunidades filiales de la Parroquia de la Candelaria en Atzacoaloya se han visto necesitadas de nuestra solidaridad cristiana”.

Derivado de ello exhorta, “a que desde ahora podamos realizar ayuda humanitaria en alimentos y ropa, y una vez que se haya recibido lo pertinente desde cada Parroquia hacerlo llegar con el responsable de Cáritas en cada Decanato, para que éste pueda hacer llegar la ayuda humanitaria a la administración de la mencionada parroquia, Arístides Iglesias Jijón”, recomienda el obispo González Hernández.

Agrega: “quiero pedir, a su vez, a la Cáritas Diocesana permanezca atenta para atender los comunicados y envíos de ayuda humanitaria que podrán ser remitidos desde Cáritas Nacional”.

Refiere que la misión de la Cáritas Parroquial, “nos invita a reconocer a Cristo Vivo en el hermano que sufre, en las familias dolientes, en quien necesita no sólo ayuda material sino también cercanía, escucha y consuelo”.

Agrega que en esta actividad “de ofrecimiento de ayuda humanitaria, se fortalece nuestra vocación como discípulos” y llamó a construir el tejido social “y a ser testimonio de un amor que transforma la indiferencia en solidaridad”.

 

El ecosistema de derechos humanos de la Universidad Iberoamericana de Puebla

 

Por separado, las agrupaciones, Clínica Jurídica Minerva Calderón; Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría; Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga, Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, se pronunciaron ayer en un comunicado porque los gobiernos federal y estatal diseñen “medidas eficaces de protección y seguridad para las comunidades afectadas y las personas desplazadas por la violencia”.

Refieren que el ecosistema de derechos humanos de la Universidad Iberoamericana de Puebla “llama a las autoridades a garantizar condiciones de seguridad para las comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero”.

Contextualiza que en los días recientes comunidades del estado de Guerrero y diversas organizaciones de la sociedad civil han denunciado ataques armados por parte de grupos criminales en contra de habitantes de comunidades indígenas de Tula, Acahuehuetlán y Xicotlán, provocando el desplazamiento forzado de al menos 800 personas, el homicidio de cinco (los vecinos aseguran que son seis) habitantes, así como la quema de viviendas y el uso de drones explosivos contra la población”.

Refieren que el desplazamiento forzado “es una grave violación a los derechos humanos e impacta de manera diferenciada a los pueblos indígenas, afectando el vínculo comunitario y espiritual que sostienen con el territorio”.

Denuncian que el asedio constante de grupos criminales organizados desde hace más de una década no es un hecho aislado, “sino que es parte de una condición de inseguridad agravada en años recientes frente a los procesos iniciados por las comunidades para garantizar seguridad y justicia”.

Después de contextualizar el ambiente las agrupaciones llamaron a los tres órdenes de gobierno “a diseñar e implementar medidas eficaces de protección y seguridad para las comunidades afectadas y las personas desplazadas”.

 

 

 

 

 

La operación del gobierno en Chilapa no resuelve el problema de violencia: Cipog-EZ

 

El dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, declaró ayer por teléfono que la operación de los gobiernos federal y estatal en las comunidades nahuas de Chilapa, no resuelve el problema de fondo, “porque no vienen a perseguir, detener, ni a desarticular al grupo delictivo que nos ha estado atacando”.

El martes pasado el Gobierno federal anunció una aparatosa operación integrada por 690 soldados del Ejército, 400 efectivos de la Guardia Nacional y 200 de la Policía Estatal, además de cinco helicópteros, ambulancias y personal médico.

A tres días de que se anunció en las comunidades nahuas de Chilapa que han venido siendo atacadas por el grupo delictivo de Los Ardillos, Plácido Galindo informó que en la reunión del miércoles en la que estuvo la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, no firmaron ningún compromiso para garantizar la seguridad de las familias de los pueblos atacados.

“Nomás fueron palabras, no firmaron las autoridades ni los representantes de los desplazados ningún documento, fue solamente una visita de cortesía para decirles a las víctimas que les van a abrir las escuelas, a mandar maestros y que van abrir hospitales, pero estas demandas ya están establecidas en convenios firmados anteriormente y que no se han cumplido”, denunció Plácido Valerio.

Recordó que en convenios como éste, anteriormente, los gobiernos estatal y federal se han comprometido a construir un banco del Bienestar en Alcozacán, además, un centro de salud ampliado y un mercado interno, “pero de todo lo que se comprometieron anteriormente no han cumplido nada a las comunidades, y ahora vienen con lo mismo”.

Con respecto al problema de violencia, concretamente, el dirigente del Cipog-EZ señaló que la operación que se anunció “no garantiza la solución del problema de fondo”.

Declaró que es insuficiente y que no resuelve el problema de la violencia de fondo; “para resolverlo se tiene que desarticular a ese grupo y detener a los cabecillas para garantizar la paz”.

Agregó que también se tiene que aplicar, como en otros estados del país, una operación Enjambre contra las autoridades municipales que están vinculadas con el crimen organizado “y que han estado apoyando al grupo delictivo que ha estado atacando a las comunidades nahuas”.

Reprochó que, al respecto, no hay una postura firme de los gobiernos federal y estatal para combatir al crimen organizado, “para ellos nomás es dialogar y dialogar, pero las ejecuciones y desapariciones siguen, porque las acciones sólo son mediáticas”, denunció.

 

 

 

 

 

Ya no quieren estar en sus pueblos pero no tienen a dónde ir, dicen desplazados de Chilapa

 

La violencia provocó que la gente ya no quiera estar en sus pueblos, “la verdad ya no queremos vivir aquí, pero no tenemos a dónde ir”, dijo una pobladora de Xicotlán, municipio de Chilapa, del grupo de 118 habitantes según el gobierno federal, que regresaron a la comunidad, luego de que las autoridades federales y estatales les prometieron seguridad y paz.

El miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que habrá presencia permanente del gobierno federal en Chilapa; mientras que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez visitaron las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, donde se comprometieron a garantizar la seguridad y fortalecer la paz.

Aunado a la promesa de las autoridades, ayer, personal de la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Gobernación y el gobierno del estado visitaron nuevamente Coatzingo, donde se encontraban refugiados pobladores de Xicotlán, a quienes trasladaron en camionetas Urvan oficiales de regreso a su localidad.

Los pobladores llegaron a las 11:30 de la mañana a la cancha de Xicotlán ubicada a espaldas de una sede de la Secretaría del Bienestar en la carretera federal, escoltados por soldados del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

A pesar de que durante todos estos días vecinos de las comunidades desplazadas y el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) insistieron en que fueron Los Ardillos los que atacaron a la localidad de Tula desde Coatzingo, algunos pobladores de Xicotlán dijeron que abandonaron sus hogares porque fueron atacados por Los Tlacos, el grupo delictivo rival.

Uno de los habitantes, quien se reservó su identidad, dijo que Los Tlacos y el Cipog-EZ son, “los mismos criminales”, que los ataques armados en Xicotlán iniciaron porque los pobladores se negaron a sumarse a la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores.

Indicó que se negaron a sumarse porque no coinciden con las prácticas de la organización que también comete crímenes, al igual que Los Ardillos, y por ello fueron agredidos.

Otra vecina, quien también pidió reservar su identidad, abundó que el Cipog-EZ convocó a los hombres a sumarse a la Policía Comunitaria, pero la realidad es que pretendían obligarlos. Como madre de familia le pidió a su esposo que no accediera, debido a que, si algo le llegara a pasar, nadie más responderá por ella y sus hijos.

Esta es la primera vez en más de una semana que pobladores de Xicotlán dan esa versión que coincide con las declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum el martes pasado, dijo que “aparte de que hay población que no tiene nada qué ver” con la delincuencia organizada, la violencia “sí se deriva de dos grupos criminales, que son Los Ardillos y Los Tlacos”.

 

Resguardo policiaco, sí; comida y atención médica, no

 

Los vecinos regresaron a sus casas poco a poco, con cautela, pero sobre todo con miedo.

Francisco Tlalcorral Ocotlán se refugió los últimos días en Coatzingo, pero su esposa y sus dos hijos fueron los primeros en salir de Xicotlán y llegaron a Alcozacán. Luego de que personal de gobierno le informó que ya era seguro volver a su casa, Francisco se trasladó primero a Alcozacán, donde se reencontró con su familia.

Después volvió a Xicotlán para asegurarse de que no hubiera ningún sicario en su casa. Abrió uno a uno los cuartos que dejó cerrados con candados y los encontró vacíos, tal como los dejó. Sus hijos y esposa “no quisieron venir, están teniendo miedo… ya ahorita les voy a avisar que no hay nadie y entonces pueden venir”.

Relató, “salimos por el miedo, no porque queríamos, teníamos que salir, hasta ahorita que pudimos regresar, los animalitos no comen, no toman agua”; le preocupaba que a alguna de sus gallinas, guajolotes o cerdos “les hubiera tocado la desgracia”, de morir por una bala perdida.

A pesar de la presencia de militares y policías, para Francisco todavía hay desconfianza y miedo. La incertidumbre es latente, por eso “le pedimos al gobierno que nos ayude, nosotros cómo le vamos a hacer, ya llegamos y si ya nos vieron otra vez van a empezar a tirarnos, vamos a tener que volver a correr”.

Mientras Francisco revisaba su casa, su hermana María Octaviana también llegó a la suya, pero antes de constatar que no hubiera nadie lo primero que hizo fue alimentar a sus animales, perros, gallinas, pollos, guajolotes y cerdos que llevaban tres días sin agua ni comida.

“Es miedo lo que pasa”, expresó al tiempo que repartía masa para los animales que se paseaban entre sus pies de un lado a otro. María Octaviana recordó que antes de abandonar su casa para refugiarse dormía sentada con el temor de que, en cualquier momento las balas atravesaran su hogar.

Contó que cuando decidió huir convenció a Francisco de irse juntos, pero de otro hermano, Bernardo, no saben nada todavía, no han podido localizarlo, le llaman a su celular y no contesta. Con la presencia de los uniformados, María Octaviana volvió a Xicotlán para “ver mi casita cómo está, llegué a mi casa, gracias a Dios, pero qué voy a hacer, Diosito que me cuide”.

A las 2 de la tarde trabajadores de la Secretaría de Bienestar llegaron a la casa de María Octaviana para hacer un registro de cuántas personas se encontraban ahí y constatar que se reinstalaron.

En tanto que, en la cancha, personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría del Bienestar también dialogaron con otros pobladores, hicieron un registro de las personas que regresaron, así como de personas que no han sido localizadas por sus familiares, como es el caso de los hermanos Tlalcorral Ocotlán.

A la cancha llegaron más cobijas y colchonetas, también una ambulancia del gobierno del estado a la que una madre de familia  llevó a su hijo de dos años para ser atendido porque tenía fiebre, pero los paramédicos no llevaban ningún medicamento; le indicaron que el pequeño podría tener una infección estomacal y le dieron recomendaciones, nada más.

La madre optó por un remedio casero, tomate verde con aceite rosado para bajarle la fiebre a su hijo y permaneció en la cancha, junto con otras familias, porque se les informó que llegarían más refugiados, sin embargo, hasta las 4 de la tarde no llegó nadie más.

A pesar de que las autoridades ya sabían que en Xicotlán no hay ninguna tienda abierta y los refugiados llegaron a sus casas, donde ya no tenían comida, tampoco se instaló ningún comedor comunitario.

“Vamos a comer sopa”, exclamó una niña, emocionada y dando brincos de felicidad, al ver a policías estatales calentando agua en las oficinas de la Secretaría del Bienestar y sí, los oficiales prepararon comida, pero sólo para ellos.

En Xicotlán algunas mujeres se dedican a tejer a mano adornos para bolsas y carteras, estos bordados típicos, que en la capital llegan a costar entre 100 y 150 pesos, a ellas los acaparadores se los pagan en apenas 40 pesos, de esto y de sus siembras es de lo que viven.

 

Las escuelas permanecen cerradas

 

Xicotlán cuenta con el Centro de Educación Preescolar Vicente Guerrero, la primaria Francisco I. Madero y la Telesecundaria Albert Einstein, las tres escuelas se encuentran alrededor de la cancha donde se concentraron los pobladores que regresaron ayer.

De acuerdo con los vecinos, los planteles llevan más de una semana cerrados, los alumnos no han tenido clases y los maestros no se han comunicado, no han podido acudir por la situación de inseguridad en la zona.

Mientras las autoridades educativas ajustaban el calendario escolar y luego se retractaron, en Xicotlán, al igual que en las otras comunidades bajo asedio del crimen organizado, las clases ya se habían suspendido y aún no hay una fecha determinada para que se reanuden.

 

 

 

 

 

Atacan otra vez a balazos y con explosivos a Huitzapula, Atlixtac; vecinos piden ayuda urgente

 

Vecinos de San Pedro Huitzapula Norte, municipio de Atlixtac, volvieron a pedir ayer ayuda de manera “urgente” a los gobiernos federal y estatal, debido a que en la mañana de este jueves reiniciaron los ataques a balazos y con artefactos explosivos que lanza desde drones el grupo delictivo que los ha venido atacando.

Mediante un mensaje de voz enviado a los medios de comunicación a las 11 de la mañana de este jueves, una mujer, llorando, dijo que “día y noche” el grupo atacante ha estado disparando “y ya hay personas heridas de bala, por favor, ayúdennos”, clamó.

En esa comunidad ha querido entrar la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que no está reconocida por las casas de justicia de la institución comunitaria original y que, los pobladores, señalan como vinculada con el grupo criminal de Los Ardillos.

En el mensaje de voz la mujer que clama el apoyo de los gobiernos federal y estatal refiere que los tiroteos comenzaron desde las 4 de la tarde del martes pasado, “pero dejan de disparar un rato y después reinician, esas personas tienen sus trincheras en el cerro, ya nos rodearon y ahorita ya bajaron del cerro y antier quemaron dos casas”, denunció en su mensaje enviado a los medios de comunicación a las 11 de la mañana de este jueves.

Informó que los niños y las mujeres pasaron la noche del miércoles en la Comisaría municipal, pero que el martes durmieron en el monte, pero como ese día llovió regresaron al pueblo y el miércoles durmieron en la Comisaría municipal.

Sin embargo, dijo que desde que llegaron los niños y adultos de más de 80 años no han comido, “y así están hasta ahorita”, aseguró ayer en su mensaje difundido a las 11 de la mañana.

En su mensaje de voz la mujer denunció que han pedido el apoyo de las autoridades federales y estatales mediante el número de emergencias 911 pero no les han hecho caso.

El caso de la agresión a los pobladores de San Pedro Huitzapula Norte es igual al que sufrieron los habitantes de las comunidades nahuas de Chilapa, que estuvieron sufriendo los ataques durante seis días sin la ayuda de los gobiernos federal y estatal.

Los pobladores han denunciado que los agresores se hacen llamar policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), la institución comunitaria se ha deslindado de este grupo, y en las redes sociales los vinculan con el grupo delictivo de Los Ardillos.

 

 

 

 

 

Exige ex comisario de Palantla, Chilapa, a la secretaria Rosa Icela que también los atienda

 

El ex comisario municipal y dirigente de la comunidad de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, Constantino Calvario Merino reclamó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que también visite ese pueblo en donde hay víctimas de la violencia.

En una llamada por teléfono a El Sur denunció, además, que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) suspendió el apoyo de la canasta básica a 15 familias víctimas de la violencia de ese pueblo.

El pueblo de San Jerónimo Palantla ha venido siendo atacado desde el 2015 y los pobladores señalan a los policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y al Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ), aunque la dirigencia de las dos agrupaciones ha negado ser los responsables.

San Jerónimo Palantla se encuentra a unos 45 minutos de Alcozacán, la comunidad donde la CRAC-PF tiene su Casa de Justicia.

Calvario Merino dijo que también ese pueblo ha sido atacado, hay víctimas de la violencia y debe ser visitado por la secretaria Rosa Icela Rodríguez para que en una mesa escuche las demandas de las víctimas.

Dijo que piden que, como en Alcozacán, y en Coatzingo, se instale una mesa de diálogo en San Jerónimo Palantla en la que reciban la información de los muertos, heridos, desaparecidos y desplazados para que les den apoyos.

“No puede ser que el Gobierno se reúna nomás con una parte y a la otra la dejen desprotegida”, reprochó.

Recordó que como las comunidades que ahora están siendo atendidas por parte del Gobierno federal debido a la violencia, también San Jerónimo Palantla ha sido víctima de esa violencia y requiere de la misma atención.

Denunció que no sólo no escuchan a los pobladores de esta localidad, sino que el Gobierno les está retirando la ayuda y que desde hace dos años la CEEAV ha excluido de la lista de víctimas a 15 familias.

Informó que la mayoría son familiares de asesinados, otros sobrevivientes de atentados y algunos son heridos en agresiones armadas.

 

 

 

 

Juan Luis Altamirano, Zacarías Cervantes, Redacción y Alina Navarrete Fernández/ Foto: Gobierno del estado

 

La FGR abre nueva línea contra la Fiscalía de Chihuahua por invadir competencia federal

Agencia Reforma

Ciudad de México

La Fiscalía General de la República indaga a autoridades de Chihuahua por presuntamente haber invadido la competencia federal, al perseguir delitos de delincuencia organizada y celebrar tratos con otro país, en el caso del narcolaboratorio descubierto el mes pasado con el apoyo de agentes de la CIA.
En un comunicado, la dependencia federal explicó que esta nueva línea de investigación se suma a la que ya seguía por delitos de seguridad nacional, en una carpeta de investigación en la que hasta el momento ha interrogado a 40 de los 47 servidores públicos citados a declarar.
“Se estima relevante comunicar que el contenido normativo de la Ley General de Salud da competencia exclusiva a la Federación para investigar, perseguir y sancionar delitos cuando existan elementos para presumir la participación de la delincuencia organizada, como es el caso de un laboratorio clandestino de sustancias ilegales”, indicó.
“La FGR también precisa que la conducción de la política exterior, al igual que las funciones en materia de seguridad nacional, son atribuciones exclusivas del Gobierno de la República y a las entidades federativas les está prohibido celebrar alianza, tratado o coalición con cualquier otro estado o país.
“Dichas circunstancias abrieron una nueva línea de investigación, con el fin de determinar si con motivo del operativo realizado los días 17 y 18 de abril, la Fiscalía General del Estado, dependiente del Gobierno del Estado de Chihuahua, invadió la competencia federal y si es que ha continuado infringiéndose el diseño constitucional de atribuciones federales”.
La FGR integra dos carpetas de investigación, una sobre la posible responsabilidad de los servidores públicos que permitieron la participación de los agentes de la CIA, y otra por delitos contra la salud contra los propietarios del narcolaboratorio.
La Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos inició la indagatoria por posibles delitos en materia de seguridad nacional y la invasión de competencias federales.
La Fiscalía precisó que la otra indagatoria sobre el narcolaboratorio es integrada por la Fiscalía Federal de Chihuahua y se inició por una llamada telefónica de la Fiscalía Estatal, el 18 de abril pasado, después de que ya había ejecutado el operativo en el que intervino el sitio de producción de drogas.

La FGR señala que no recibió cadena de custoria

La FGR acusó a la Fiscalía de Chihuahua de incurrir en irregularidades en el caso del narcolaboratorio porque no les entregó los indicios ni las sustancias ni el inmueble intervenido por agentes estatales, es decir, la cadena de custodia.
La dependencia señaló que fuerzas federales mantienen bajo resguardo el predio en el que se producían drogas y todavía no es desmantelado porque las sustancias ilegales y objetos encontrados se encuentran en proceso de destrucción y traslado.
“Los elementos ministeriales federales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal, con el apoyo de fuerzas federales, al arribar al lugar, no recibieron con cadena de custodia de parte de las autoridades locales, ni el área abierta ni los indicios ni las sustancias localizadas; tal irregularidad fue registrada dentro de la propia carpeta federal, decretándose el aseguramiento correspondiente, previa elaboración de acta circunstanciada en la que constan diversas anomalías”, apuntó.

Asegura Sheinbaum que no intervino en la solicitud de juicio político contra Maru Campos

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ella no intervino en la solicitud de Morena de juicio político contra la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
Durante la conferencia mañanera, la Mandataria federal aseguró que se enteró el martes por la noche de la petición de Morena.
“Lo de Morena es decisión de Morena, nosotros no intervenimos en eso, es una decisión del partido político, incluso yo me enteré ayer en la noche que estaban convocando, no hay relación en ese sentido, Morena tiene autonomía para desarrollar sus actividades”, dijo Sheinbaum.
En tanto, luego que la Gobernadora chihuahuense cuestionara las críticas de Morena, la Presidenta afirmó que la Fiscalía General de la República deberá determinar quién fue responsable de la operación de agentes de la CIA en un operativo en ese estado.
“Y el otro tema lo está investigando la Fiscalía, es cierto, la Fiscalía de Chihuahua es de las pocas fiscalías que no son autónomas, pero la Fiscalía tiene que decir hasta dónde llegan las responsabilidades y cuáles son las responsabilidades y de quién en el marco de la investigación que están haciendo”.
“No me corresponde a mi decir quién es responsable o especular si alguien estuvo o no informado, eso lo tiene que decir la Fiscalía”.

El Congreso de Chihuahua bloqueará cualquier intento de desaforar a la gobernadora: PAN

El líder del panismo, Jorge Romero, aseguró que una intentona de Morena por desaforar a la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se atoraría en el Congreso de esa entidad.
“Morena amenaza con más cosas y creen que nos da miedo, pero no vamos a dejar de hablar de lo que como oposición tenemos que denunciar”, planteó.
“Hasta que lo haga una Fiscalía, no se puede hablar de ningún juicio de procedencia. Pero suponiendo que se animaran, que nos dieran ese regalo, de animarse para que no haya un solo espacio en donde en el PAN no gritemos que así las gasta la 4T, si eso sucediera, al final se traslada al Congreso estatal, en donde, puedo asegurar, no va a proceder un desafuero contra Maru”.
El PAN tiene 13 curules en el Congreso estatal: Morena 12, el PRI 3 y MOC dos, de suerte que el partido de la 4T no tendría mayoría como para empujar el desafuero de la de Gobernadora.

Legisladores cruzan acusaciones por los casos contra Rubén Rocha y Maru Campos

Dos Gobernadores, dos partidos en bronca y, otra vez, un senador morenista imputado que sigue dándole la vuelta a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Diputados y senadores de Morena alzan el puño, llaman “traidora a la patria” a la Gobernadora de Chihuahua, la panista María Eugenia “Maru” Campos, y convocan desde la tribuna a una Marcha por la Seguridad de Chihuahua y la Defensa de la Soberanía Nacional.
En la otra esquina del ring, los legisladores del PAN que reclaman la desaparición de Poderes en Sinaloa, cuyo Gobernador, Rubén Rocha Moya, debió solicitar licencia después de que la justicia estadounidense lo vinculara con el Cártel de Sinaloa.
Para “rectificación de hechos”, la senadora presidenta de la Permanente, Laura Itzel Castillo, concede la palabra a la panista Kenia López, que desde que asumió las riendas de San Lázaro el 1 de septiembre de 2025 no se subía a la tribuna a dar la pelea.
“Es evidente que aquí hay dos tipos: los políticos corruptos que están del lado del narcotráfico, los que defienden los cárteles, los que se benefician de la muerte, la desaparición y el consumo de drogas. Y hay otro tipo de políticos: como la Gobernadora Maru Campos, que claramente defiende a las familias de Chihuahua”.
Por Morena, el senador Gerardo Fernández Noroña sostuvio que los panistas “están muy asustados porque se ha convocado una manifestación al pueblo de Chihuahua el próximo sábado exigiendo que la Gobernadora Campos deje de mentir y deje de acusar, (y porque) el 60 por ciento del pueblo rechaza la participación de potencias extranjeras en asuntos internos de nuestro País”.
El senador morenista Óscar Cantón Zetina aseguró que María Eugenia Campos no escapará de la acción de la justicia: “Está acusada de traición a la patria, esta acusada de violentar todo el sistema jurídico nacional”, dijo.
Luego de que la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, convocara a la militancia de su partido a una marcha el sábado en Chihuahua para exigir juicio político contra la Gobernadora panista, María Eugenia Campos, tras la intervención de agentes de la CIA en un operativo antinarco, las bancadas guindas en el Congreso respaldaron el llamado.

Pide MC en el Congreso al IEPC investigar actos anticipados de campaña de morenistas

La diputada de Movimiento Ciudadano, Erika Lührs Cortés, en tribuna Foto: Jessica Torres Barrera

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

La diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Erika Lührs Cortés, propuso exhortar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), a investigar actos anticipados de campaña en la entidad por el proceso electoral de 2027.
Al presentar su propuesta, la emecista advirtió que en ciudades como Acapulco y Chilpancingo se observan bardas pintadas, propa-ganda, distribución de folletos, eventos públicos y difusión de mensajes con contenido político-electoral vinculados con nombres e imágenes de actores políticos, pese a que el proceso electoral 2026-2027 iniciará formalmente hasta septiembre de 2026.
Lührs Cortés consideró que dichas prácticas generan una “inequidad estructural” en el proceso, al beneficiar a aspirantes con mayor capacidad económica, y afectan a partidos y actores políticos que respetan los tiempos legales.
“Esta realidad no admite relativización: la ventaja acumulada mediante meses de propaganda anticipada no puede ser compensada una vez que el proceso electoral inicia formalmente, por lo que la intervención oportuna de las autoridades electorales es indispensable para garantizar la competencia en condiciones de igualdad. La inequidad generada por la propaganda anticipada tiene consecuencias graves para la calidad de la democracia guerrerense”, explicó en tribuna.

Expresiones desde el gobierno para apoyar a un partido significa mal uso de recursos públicos

Criticó también la designación de Ariadna Montiel Reyes, la secretaria del Bienestar federal, como presidenta nacional de Morena. Consideró que hay riesgo de utilizar los programas sociales con fines electorales y recordó que la Constitución de la República prohíbe a servidores públicos utilizar dinero público para influir en la competencia.
“La designación de Ariadna Montiel, ex secretaria de Bienestar federal, como nueva dirigente nacional de Morena, ha generado señalamientos de múltiples fuerzas políticas en el sentido de que los programas sociales podrían ser utilizados como herramienta electoral rumbo a 2027.
“El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido precedentes claros al respecto, determinando que expresiones realizadas desde espacios gubernamentales que generan apoyo a partidos políticos y desincentivan el apoyo a la oposición configuran infracción al principio de imparcialidad y uso indebido de recursos públicos”.
En su exhorto propone que al IEPC investigar las pintas para determinar si se trata de actos anticipados de campaña.
Además, pidió que el IEPC entregue al Congreso un informe detallado sobre las denuncias recibidas desde enero de 2025, las medidas cautelares dictadas y las sanciones impuestas.
El exhorto también solicita a la FEDE informar si existen investi-gaciones abiertas relacionadas con propaganda anticipada y analizar si las conductas denunciadas podrían configurar delitos electorales por el posible uso indebido de recursos públicos.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia del Congreso, que preside el morenista Carlos Eduardo Bello Solano.
El pasado 30 de abril, durante la quinta sesión ordinaria del IEPC, los representantes de MC y PAN, solicitaron al consejo general revisar e investigar el origen de las pintas en bardas y colocación de espectaculares, la mayoría con nombres de morenistas que buscan un cargo, como posibles actos de campaña anticipada.
Dicha solicitud aún no ha procedido por falta de pruebas, mientras que el presidente estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, anunció que el Comité Ejecutivo Nacional hará las denuncias correspondientes ante el Instituto Nacional Electoral (INE) .
Algunos de los morenistas que tienen pintas con su nombre son la senadora Beatriz Mojica Morga, el diputado local Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, la ex consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián Peralta, y el delegado de los programas del Bienestar Iván Hernández Díaz.

Morena, PT y PVEM prometen más filtros para evitar la intromisión del crimen organizado en candidaturas

Érika Hernández / Agencia Reforma

Ciudad de México

Morena, PVEM y PT prometieron que tendrán filtros más rigurosos para evitar que sus candidatos a Gubernaturas, Alcaldías y diputaciones tengan nexos con el crimen organizado o estén involucrados en actos de corrupción.
Al reactivar las negociaciones rumbo a la elección del 2027, los dirigentes de los tres partidos coincidieron en que la encuesta podría ser el primer filtro y solicitarán de forma oficial información a autoridades sobre si los aspirantes están en alguna carpeta de investigación.
“En la encuesta se verá el saldo positivo de la opinión que la ciudadanía tiene sobre nuestros representantes, y, por otro lado, la petición formal a las autoridades de que estos perfiles no tengan ningún elemento cuestionable. Que nos puedan alertar de algún perfil que pueda tener algún antecedente que nos permita corregir una decisión antes de tomarla.
“En el camino, seguiremos explorando antes de tomar decisiones sobre qué otros mecanismos más fuertes nos permitan blindar o valorar la opinión de la ciudadanía y la opinión también formal de las autoridades”, informó Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.
Argumentó que garantizan a los ciudadanos que no habrá candidatos “que manchen los principios e ideales” de la coalición.
La dirigente del PVEM, Karen Castrejón, reconoció que sí están preocupados, por lo que tienen que buscar todos los mecanismos posibles para “blindar” el proceso contra la intromisión del crimen.
Por ejemplo, expuso, en la selección de candidatos deben ir más allá de los requisitos que establece la ley, que sólo habla de la carta de antecedentes no penales.
Recordó que en otras elecciones para ser candidatos, especialmente a Alcaldes, en algunas entidades pedían permiso al crimen organizado o esos grupos ponían a los candidatos, por lo que sí deben hacer una revisión rigurosa.
“Buscar esos perfiles que no tengan relación ver no sólo con lo que marca la ley, sino, lo hemos platicado, una solicitud a la propia UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), a la Secretaría de Seguridad, estos mecanismos de confianza que existen incluso para entrar a estas dependencias. Vamos a buscar los mecanismos idóneos. Hoy tristemente ha estado manchado todo el País y todos los partidos políticos en el pasado”, asumió la senadora.
Por su parte, la recién nombrada presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó que han sido claros en que los candidatos serán “hombres y mujeres honestos”.
“Estaremos muy pendientes de que así sea, es un acuerdo unánime, y además estamos convencidos en este momento es lo que suma a nuestro país, hemos trabajado porque nuestros representantes sean hombres y mujeres y por eso los mecanismos que hemos establecido nos permiten tener esa certeza”, añadió.
Reactivan negociaciones para determinar en dónde competirán como coalición en 2027

Este miércoles, los tres partidos reactivaron formalmente las negociaciones para determinar en qué estados, alcaldías y distritos irán en coalición rumbo a la elección intermedia de 2027.
De acuerdo con los dirigentes, en esta primera plática con la nueva dirigente nacional morenista únicamente se confirmó que van en unidad, y que en aquellas entidades donde no logren la alianza no habrá fractura.
“Queremos ratificar que la coalición está más sólida que nunca, esto que quede claro: la decisión de ir en coalición ya está tomada, no vamos a dar marcha atrás”, indicó el líder del PT, Alberto Anaya. La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones aseguró que en el proceso interno los aspirantes de partidos aliados serán incluidos. Por ello, anunció, en las próximas semanas lanzarán la convocatoria para que el registro de aspirantes inicie el 22 de junio.

Monreal pide un periodo extraordinario para analizar la fecha de la elección del PJ

Nadia Rosales / Agencia Reforma

Ciudad de México

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), emplazó a la Comisión Permanente a decidir, la próxima semana, la realización de un periodo extraordinario de sesiones.
“Uno de los temas fundamentales, donde todos coincidieron, fue la no concurrencia, es decir, no llevar a cabo el mismo día de junio de 2027 la elección de diputados y Gobernadores, con la elección del Poder Judicial, fue una petición unánime.
“Lo escuché y lo respeté. En gran parte tienen razón y obviamente haremos nuestra parte en la deliberación que sostendré estos días con coordinadores de grupos parlamentarios y también con la Consejería Jurídica de la Presidencia. Lo veo positivamente”, dijo tras reunirse con los consejeros del INE.
Monreal indicó que lo ideal sería aprovechar esta reforma para cambiar las reglas electorales y evitar el uso de acordeones.

Consejeros del INE, firmes

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se mantienen firmes en su demanda de posponer la elección judicial para que no sea concurrente con las elecciones intermedias.
Alrededor del mediodía, la presidenta Guadalupe Taddei y sus colegas Martín Faz, Arturo Castillo, Arturo Chávez, Blanca Cruz y la Secretaria Ejecutiva, Claudia Espino, arribaron a la Cámara de Diputados para reunirse con el líder de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.
Faz expuso que la intención es presentar ante el jefe de la bancada morenista un análisis técnico sobre los riesgos operativos de que se empate la elección de jueces, ministros y magistrados con los comicios de 17 Gobernadores y 500 diputados federales.
“Nuestra propuesta es hacer que las elecciones del Poder Judicial se puedan posponer, que no haya concurrencia. Los riesgos lógicos y operativos de ella son altos y tenemos todo un análisis de carácter técnico para ello, entonces esperamos que tenga buenos efectos esta reunión”, indicó.
Indicó que sobre la mesa hay dos ofertas: la primera es que se aplace tan sólo unos meses en 2027 o bien que se retrase incluso un año y con ambas pudieran estar de acuerdo.
“Mientras se posponga, por las complicaciones técnicas y logísticas(…) porque implica un desdoblamiento de operatividad y logística que puede estresar de manera innecesaria al sistema y al modelo nacional electoral y puede producir muchas problemáticas”, añadió.
En tanto, Taddei se limitó a decir que acuden con el ánimo de participar en la discusión.

El planteamiento formal
de Guadalupe Taddei

En reunión con Ricardo Monreal, líder de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, 10 de los 11 Consejeros del INE y la Secretaria Ejecutiva, Claudia Espino, plantearon formalmente la necesidad de postergar la elección judicial hasta 2028.
Según la presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, este ajuste permitiría un ahorro de alrededor de 2 mil millones de pesos.
El consejero Martín Faz agregó que además la modificación de la fecha evitaría complicaciones técnicas y logísticas, y reduciría el estrés innecesario al que someterían al sistema nacional electoral.
Al finalizar el encuentro, Taddei estimó que realizar la elección judicial junto con los comicios de 2027 dispararía el costo a 21 mil millones de pesos, destinando 8 mil millones exclusivamente a la selección de jueces y magistrados.
En contraste, trasladar el proceso judicial a 2028, reduciría ese gasto específico a solo 6 mil millones.
“Casi 21 mil millones de pesos (costarían los dos procesos) es el estimado que acabamos de entregar ahorita, este estimado se hace con el costo del proceso recientemente concluido más la inflación correspondiente”, abundó Taddei.