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Solventa ya la auditoría federal por 2024; “no hay preocupación”, sostiene Abelina

La alcaldesa de Acapulco, Abelin López Rodríguez y el secretario de Administración y Finazas, Carlos Armando Morillón Ramírez en conferencia de prensa al anunciar que el Ayuntamiento ocupa el primer lugar en munipios menos endeudados, ayer durante la conferencia de prensa en la sala de Cabildos Foto: Jesús Trigo

Aurora Harrison

La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, aseguró que su gobierno ya entregó la información para solventar las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la cuenta pública del año 2024 por un monto de 206 millones de pesos. Por ello, afirmó que en su gobierno no hay motivo de preocupación en ese caso.
Este lunes en conferencia de prensa en la sala de Cabildo, junto al secretario de Administración y Finanzas, Carlos Armando Morillón Ramírez, nuevamente presumió que Acapulco está en primer lugar de los municipios menos endeudados del país, según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Afirmó que el patrimonio del municipio no se encuentra comprometido y lo dejará saneado.
El pasado 18 de febrero, El Sur informó que la ASF detectó una serie de irregularidades en la Cuenta Pública 2024 de Acapulco, que ascendía a un monto pendiente por aclarar de 206 millones 217 ml 857 pesos, entre ellas pagos de sueldos por encima del tabulador autorizado.
“Ya entregamos la información que se nos requiere, estamos en ese proceso, no tengo de que preocuparme, las cosas están ahí. El tema de obras es un proceso que no hay manera que tu puedas desviar el recurso, porque para hacer una obra el primer paso es subir el proyecto a la plataforma de Bienestar. Una vez que la validan sales a auditarla si el monto así lo requiere. No hay manera que tú puedas no hacer la obra”.
Del dinero público, informó que se construye la nave mayor del Mercado Central, que cuesta más de 200 millones de pesos, y el municipio tiene 153 millones de pesos de recursos propios para obras. Pero también han instalado mil cámaras de vigilancia, compraron 61 camiones recolectores de basura y equipo al cuerpo de bomberos, así como se remodeló, después de 25 años, la Secretaría de Seguridad Pública.
Adelantó que en un par de días, no precisó fecha, enviará la invitación a la Secretaría de Gobernación Rosa Icela Rodríguez para que la acompañe a la inauguración del Centro de Justicia Cívica y tomar protesta al consejo de paz.

Se cumple con pago de laudos

La alcaldesa habló de los laudos laborales del municipio. Dijo que hay juicios que llevan años, “(los que) venimos solventando quizá no como se quisiera de un jalón. Pero de que se vienen negociando, pagando y finiquitando se ha hecho; esto hay que decirlo, son juicios de muchas administraciones atrás, pero hemos hecho el pagado 60 por ciento de juicios laborales y hay que continuar pagando hasta donde el presupuesto alcance, porque no te puedes dedicar a pagar laudos, hay que atender otras cosas”.
Sobre las observaciones relacionadas con recursos ejercidos en la administración de la ex alcaldesa Adela Román Ocampo en obras de la ribera de La Sabana, declaró que es a otra instancia que le compete tomar decisiones, “lo que a nosotros nos tocó informar lo informamos”, porque no podían ser omisos.
Aseguró que “Abelina como tal no trae ningún aviador, que hay gente que no trabaja y que lleva años aquí, es otro rollo”, y pidió a los medios que informen si detectan que haya funcionarios que estén vendiendo plazas de base, “si hubiera datos de alguien de mis funcionarios compártanlo porque nuestra línea es no robar”.
De sus aspiraciones para buscar la candidatura a la gubernatura por Morena, respondió que en este momento seguirá trabajando por Acapulco, “llegará otro momento, en este momento hay que seguir, si bien estamos a punto de terminar Semana Santa, o este periodo vacacional, pero ya estamos trabajando para el Tianguis Turístico”.

Un municipio saneado

La alcaldesa informó que la única deuda registrada en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), es la del puente Bicentenario, de 327 millones de pesos. Se debe ya 141.2 millones de pesos; otra que tiene es al Fonacot, de 55 millones que se recibió sólo se deben 7.87 millones de pesos y los juicios laborales.
Otra de las deudas pendientes es en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), que asciende a 2 mil millones de pesos, aunque indicó que es un organismo público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, la considera porque es la presidenta del Consejo de administración, pero “así fue que recibí”.
“Es importante que los ciudadanos no se deben guiar y agarrar dádivas porque sale cara. Ahí está CAPAMA, que fue la cueva de Alí Babá y ahí está el montón de deudas, nosotros estamos saliendo de las deudas, vamos a dejar a los acapulqueños y acapulqueñas, un municipio saneado financieramente, por eso ya andan muchos con tanto amor para Acapulco” dijo la alcaldesa.
Precisó que en el momento que empiecen a “robar” será la primer en señarlo.
Sostuvo que “si bien que se ha podido avanzar un número, pero nos falta más, comparto que hay una nómina obesa” y que en la Sala de Regidores hay muchos trabajadores “no haciendo nada” y para eso se tiene que hablar con los sindicatos.
Indicó que para este año su gobierno va invertir 62 millones de pesos para la construcción de pozos en El Carrizo, Cacahuatepec, Cruces de Cacahuatepec, Papagayo Bella Vista, y aunque Fonatur tenga la franja turística su gobierno construye el acceso de playa El Morro por 27 millones de pesos.
Y en la Garita “vamos a intervenir, vamos hacer ahí para quitar la narrativa, ahí nació todo el mal” e indicó que el 30 por ciento del presupuesto para este año es para obras de agua y drenaje.
Durante su mensaje dijo “una cosa es la retórica de manchar mi imagen, y otra cosa es gobernar, quiero verlos, que hablen con honestidad”.
Recordó que al inició de su gestión en el 2021 el municipio estaba entre los ayuntamientos más endeudados. A cuatro años de su gobierno pasó del lugar 23 al primero entre los municipios con menor endeudamiento, según el informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
Explicó que a pesar de los dos huracanes Otis y John, su gobierno no solicitó íneas de crédito, y “hoy estamos en el primer lugar de los municipios menos endeudados del país; los datos hablan por sí mismos. La retórica para manchar mi imagen no cambia la realidad, gobernar requiere honestidad y responsabilidad”.
“Después de nosotros no vengan a robar, hoy hay un silencio. Me preocupa el silencio y hoy nadie habla. Sólo critican a Abelina, bendito Dios que me critiquen”. E indicó que los acuerdos en lo “oscurito también es corrupción”.
Por ello invitó a los acapulqueños a “dejar de recibir rotoplas que andan en estos días entregándoles desesperados porque buscan ser candidatos, desesperados, perdónneme, esa es la parte que tú ciudadano no puedes caer, porque eso nos llevó a tener ahora muchas obras que estoy pavimentando de hace 50 o 60 años, porque el político te entrega dádivas y todo feliz y el político robando. Lo digo con mis convicciones porque me puede, como abajo se burlan del pueblo”.
El secretario de Finanzas Carlos Armando Morillón Ramírez, precisó que la mejora financiera responde a un análisis técnico que considera ingresos municipales, obligaciones financieras, eficiencia recaudatoria y manejo responsable de la deuda, con base en información oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sostuvo, que la estabilidad en las finanzas ha permitido incrementar la recaudación y cumplir los compromisos heredados, implementar reestructuraciones favorables y políticas fiscales que fortalecen la inversión y el desarrollo económico local, además de que continuarán con los estímulos físcales.

 

Asesinan a cuatro integrantes del Cipog-EZ en Xicotlán, Chilapa; señala a Los Ardillos

Redacción

Chilpancingo

Sicarios presuntamente del grupo delictivo de Los Ardillos, asesinaron la mañana de este lunes a cuatro integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), en la comunidad nahua de Xicotlán, municipio de Chilapa, cuando se encontraban trabajando en una obra.
El dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo, declaró por teléfono que entre las víctimas está el ex coordinador de la Coor-dinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fun-dadores (CRAC-PF), y promotor del Cipog-EZ, Isaías Morales Lucas, para quien habían pedido desde hace dos años medidas cautelares, por amenazas de Los Ardillos, solicitud que no tuvo respuesta.
Isacar Villalva Rosario, y los hermanos Bernardino e Hilario Ocotlán son las otras víctimas de la organización que forma parte del Congreso Nacional Indígena surgida a instancias del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de Chiapas.
Plácido informó que los cuatro se encontraban a las 7 de la mañana trabajando como albañiles en una obra cerca de la carretera Chilapa-Hueycantenango, cuando hombres armados llegaron en una camioneta blanca blindada y “los rafaguearon” con armas de alto poder.
El dirigente indígena respon-sabilizó de la masacre de los cuatro vecinos de la comunidad nahua de Tula a los tres órdenes de gobierno “por su vinculación y la protección que brindan a Los Ardillos”.
Aparte, en un comunicado de prensa con el encabezado: “Mientras los pueblos construimos vida, los malos gobiernos nos ofrecen muerte y destrucción”, el Cipog-EZ denunció que los cuatro indígenas nahuas fueron atacados a 15 minutos del crucero del Jagüey, donde se encuentra un cuartel del Ejército por donde entraron y salieron los sicarios a bordo de una camioneta blanca blindada.
Las comunidades de Xicotlán y de Tula forman parte del Cipog-EZ y ambas han sido constantemente asediadas por ese grupo delictivo al que “hemos denunciado por muchos años, pero que sabemos que han sido protegidos por los tres órdenes de gobierno”, se denunció en el pronunciamiento.
“Nuestros cuatro compañeros habían llegado por la mañana a rea-lizar su trabajo de albañilería, cuan-do de pronto hombres armados en una camioneta blanca, blindada, abrieron fuego en contra de ellos, arrebatándoles la vida”, se añade.
“Ellos se dedicaban a la cons-trucción, al mismo tiempo formaban parte del sistema de justicia de la Montaña Baja de Guerrero; eran policías comunitarios de los Pueblos Fundadores y del Cipog-EZ, pues la tortura, descuartizamientos, desapa-riciones, asesinatos y demás aten-tados en contra de la vida a nuestras comunidades cometidos por Los Ardillos, los llevaron a ser defensores de la vida, de la tierra y del territorio”.
El Cipog-EZ recordó que en 2022 fue asesinado Guillermo Hilario Morales, promotor del Cipog-EZ, y tío de los hermanos Bernardino y Ernesto Hilario, que fueron ultimados ayer.
Se explicó en el comunicado que el crucero de El Jagüey está a menos de 15 minutos de Xicotlán.
“El Ejército no vio nada, como tampoco vio ni hizo nada en los más de 67 asesinatos de hermanos y hermanas de nuestras comunidades, que se suman de 2018 a la fecha”, denunció la organización.
Recordó que Isaías Morales Lucas, “fue uno de nuestros hermanos, promotor del Cipog-EZ, defensor de la vida, tierra y del territorio, y hoy también fue asesinado”.
La agrupación reprochó que llevaba dos años solicitando al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, resguardo para él, “pero le fue negado, y hoy ya no está con nosotros”.
El Cipog-EZ evocó el mensaje escrito en una lona que se desplegó en el 2022 a espaldas de Isaías Morales, en la que decía: “Nos están asesinando frente a la indiferencia del gobierno”, durante una protesta debido a que el 5 de noviembre de ese año Los Ardillos habían asesinado a Adán Linares, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales, a 100 metros de un puesto de control del Ejército, cerca de Chilapa.
“Hoy fue asesinado frente a la indiferencia del gobierno, quizás en 2022 quienes gobernaban eran unos, hoy son otros u otras; da lo mismo, el gobierno ha dejado claro que no le interesan los muertos de los pueblos, la violencia a la que son sometidos, ni hablar de la pobreza y miseria”.
Manifestó: “Los gobiernos nos han dejado claro que están con los delincuentes: El diputado del PRD Bernardo Ortega (fue diputado en la 63 legislatura que terminó en agosto de 2024), es hermano de Iván Ortega y Celso Ortega, líderes del grupo narcoparamilitar Los Ardillos, desde donde se construye una red criminal entre la clase política de Guerrero y Los Ardillos; derivado de esta red, presidentes municipales, policías municipales, estatales, ministeriales, están al servicio de Los Ardillos”.
Recordó que Celso Ortega “es el mismo que se aprecia en un video con Norma Otilia Hernández, ex-presidenta municipal de Chilpan-cingo y parte de Morena, quien le pregunta a Celso Ortega, cómo lo puede ayudar”.
El Cipog-EZ denunció: “La presidenta municipal de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, está vinculada con Los Ardillos, que extorsionan, cobran piso, secuestran, asesinan, torturan, desaparecen, queman negocios, transporte público, obligan a las personas a hacer bloqueos carreteros, siembran, procesan y venden drogas”.
Denunció que todo ello lo hacen “con total impunidad y protección de los tres niveles de gobierno. Es por lo anterior que responsabili-zamos a los gobiernos municipales, al estatal de Evelyn Salgado, y al subsecretario del gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, así como a la presidenta Claudia Sheinbaum por el asesinato de nuestros cuatro compañeros”.
Insistió: “Denunciamos frente al pueblo de México y al mundo que nuestro estado está controlado por el crimen organizado en alianza con los gobiernos y que éstos últimos sólo simulan orden, pero en realidad los rebasa y la sangre de nuestros muertos es una muestra más del desprecio por la vida que los malos gobiernos actuales practican y encubren”.
El Cipog-EZ llamó a las organizaciones de derechos humanos y a las organizaciones solidarias a exigir al gobierno mexicano “el alto a la guerra en contra de los pueblos de México”.

Los cuerpos de dos integrantes del Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ) asesinados mientras trabajaban en una obra en la comunidad nahua de Xicotlán en Chilapa Foto:?El Sur

Celebra Sheinbaum la “importante” ocupación hotelera en Acapulco

Juan Luis Altamirano

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que durante la primera semana de la temporada vacacional de Semana Santa, hubo una importante ocupación hotelera en Guerrero, concretamente en Acapulco, aunque no precisó el porcentaje de la misma.
“Guerrero, particularmente Acapulco también tuvo una ocupación hotelera importante” dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de este martes, además que señaló que en los principales destinos turísticos del país, la ocupación hotelera se encuentra en promedio de 80 por ciento.
“Hasta ahora, tenemos ocupaciones hoteleras del cerca del 80 por ciento en los principales destinos turísticos del país, desde Veracruz, Mazatlán tuvo una ocupación turística muy importante” indicó la presidenta.
De igual forma adelantó que para el próximo lunes la secretaria de Turismo del gobierno federal, Josefina Rodríguez Zamora, expondrá los resultados obtenidos en la temporada vacacional de los destinos turísticos.
“Estamos esperando al próximo lunes para que Josefina (Rodríguez Zamora), la secretaria de Turismo, nos pueda decir de las dos semanas, Semana Santa y lo que llamamos Semana de Pascua. Para que nos pueda dar un informe general de la ocupación hotelera en los distintos lugares” comentó Sheinbaum.
El sábado la ocupación hotelera fue de 94.6 por ciento en Acapulco, la más alta dentro de la temporada vacacional, con un promedio de 93 puntos porcentuales en todo el estado. El domingo, la ocupación tuvo un descenso al llegar a 86.3 por ciento sobre una base de 17 mil 002 habitaciones, mientras que el promedio estatal fue de 85.7 puntos de ocupación.
Los datos de la Secretaría de Turismo del estado muestran que el domingo, la ocupación hotelera de Ixtapa era de 85.4 por ciento, la de Taxco de 85.2, en La Unión alcanzó 84.8 y en Zihuatanejo llegó a 81.1 puntos de ocupación.

Pide organización de comerciantes indígenas espacios en la vía pública

Aurora Harrison

La integrante de agrupación de Artesanos Indígenas Radicados en Acapulco, Iris Rosas Sereno, declaró que los comerciantes semifijos no ganan lo suficiente para poder rentar un local, “porque van al día” en sus ventas, pidió al gobierno sensibilizarse y que les permitan tener un espacio en la vía pública con ciertas reglas.
Ayer en declaraciones en el Ayuntamiento, donde acudió a buscar una reunión de trabajo, luego de que el viernes comerciantes semifijos bloquearon la avenida Costera para pedir la renovación de sus permisos, dijo que “ojalá que pueda sensibilizarse la presidenta y llegar a acuerdos”, porque son unos 500 comerciantes que se verían afectados en diferentes zonas, como la Costera, la plaza Politécnica, La Quebrada y El Revolcadero.
De lo dicho por la alcaldesa Abelina López de que no se van a dar permisos en la vía pública, Rosas Sereno respondió: “si se busca un ordenamiento, hubiera sido antes de las vacaciones para crear ese orden, hacer un padrón real de compañeros que están ahí y no que nada más cuando es temporada de vacaciones lleguen los famosos golondrinos se instalen, gente que ni siquiera vende artesanías, sino que venden otros productos”.
El domingo la alcaldesa reiteró que la vía pública no es de nadie y el director Genovevo Pozos no tiene autorizado dar permisos, porque la vía es para transitar de manera libre.
Agregó era respetable lo que dijo la alcaldesa, pero se debe de platicar y definir bien, “porque también los compañeros tienen derecho constituconal al trabajo, siempre y cuando es un trabajo lícito, que es lo que ellos desarrollan y sobre todo que son nuestros paisanos, que de alguna manera gente que migra de su lugar de origen para poder sobrevivir”.
Sostuvo que los comerciantes indígenas trabajan por necesidad, van al día con lo que ganan, “no tienen la capacidad como para pagar un local, que les cuesta más de 10 mil pesos la renta, pero sí para someterse a algunas reglas que se les pueda implementar, como por ejemplo las medidas, poner las mesas de quita y pon, de tal manera que no se vea feo y no dar esa imagen que ellos dicen, para tener un orden”.
Informó que el gobierno municipal no les ha autorizado refrendar los permisos que año con año venían pagando, porque hay comerciantes que tienen muchos años, y “lo que se había acordado con otras administraciones era que tuvieran un lugar en específico, donde ellos puedan ofrecer su producto y no molestar al turismo”.
Por ello la propuesta que hacen los comerciantes es que les den un espacio en la vía pública y “sujertarse a ciertas reglas, y eso es lo que tenemos que sentarnos a platicar bien, porque no se puede hacer de tajo, porque afectarías a estas familias. Un local sale caro y más en la Costera, entonces por eso es no saturarla, que es lo que se cuida, porque no se puede acabar con la gallina de los huevos de oro”.

Desapariciones, lo que el Estado esconde

METALES PESADOS

Naciones Unidas ha dado un paso que el Estado mexicano ha evitado durante años: nombrar las desapariciones como posibles crímenes de lesa humanidad. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU afirma que existen indicios de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en distintas regiones y momentos del país, y ha pedido que el caso sea llevado con urgencia ante la Asamblea General. El dato que sostiene esa afirmación no es abstracto: más de 130 mil personas desaparecidas. Es una acumulación histórica que ninguna narrativa oficial ha logrado contener.
La respuesta del Estado mexicano ha sido inmediata y previsible: cuestionar el diagnóstico, rechazar la caracterización, insistir en que no existe una política de desaparición desde el aparato estatal. La discusión se desplaza así hacia el terreno más cómodo: las palabras. Pero mientras el gobierno disputa el lenguaje, las familias –organizadas en colectivos como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México– han dicho algo distinto: que la decisión del Comité abre una oportunidad histórica para reforzar la cooperación internacional frente a una crisis que el país no ha logrado ni ha querido resolver por sí mismo. No se trata de una confrontación entre soberanía e injerencia, sino de una diferencia más profunda: entre quienes buscan a sus desaparecidos y quienes administran el problema.
Esa diferencia no es menor. De un lado, las familias insisten en lo esencial: encontrar, identificar y regresar a casa a todas las personas desaparecidas. Del otro, el Estado responde con una defensa cerrada que interpreta el señalamiento internacional como un agravio. El desacuerdo no es sólo político: es ético. Porque lo que está en juego no es la reputación del Estado, es la posibilidad de denunciar a una maquinaria que ha producido más de 130 mil desapariciones.
Desde Ayotzinapa –ese punto de quiebre donde el país fue obligado a mirarse sin coartadas– sabemos que la desaparición no es únicamente la ausencia de un cuerpo. Es la producción de una zona de indeterminación en donde la verdad se dilata, se fragmenta, se vuelve inalcanzable. No obstante, lo que siguió a ese momento no corrigió esa lógica, la extendió. Las cifras crecieron, los registros se multiplicaron, los mecanismos institucionales se expandieron sin lograr revertir la tendencia. Y en ese proceso, algo más ocurrió: la carga de las búsquedas comenzó a desplazarse.
Hoy, una parte sustantiva de esa tarea recae en quienes no deberían estar haciéndola. Madres, padres, hermanos que buscan con sus propias manos lo que el Estado se niega a encontrar. No se trata de una metáfora: excavan, rastrean, recorren territorios hostiles, organizan brigadas, producen información a costa de sus vidas. Lo que debería ser una obligación institucional se ha transformado en una forma de trabajo no remunerado, sostenido por el duelo. Una economía del desgaste donde la persistencia de las familias suple la ineficacia o la renuncia de las autoridades.
Ese desplazamiento no es accidental. Es parte de una forma de administración de la tragedia. El Estado no desaparece de la escena: regula, acompaña, establece protocolos, produce registros. Pero al mismo tiempo permite –y en ocasiones normaliza– que la búsqueda recaiga en los cuerpos de quienes han perdido a alguien. La crisis, así, se expresa en el número de personas desaparecidas, pero sobre todo en la forma en que la responsabilidad se distribuye y se diluye.
Walter Benjamin escribió que hay experiencias que no logran transmitirse, que se quiebran en el momento mismo de ser vividas. Algo de eso ocurre aquí. La desaparición no sólo rompe vidas, rompe además la posibilidad de construir un relato compartido sobre lo que está ocurriendo. Pero esa fractura no es únicamente una consecuencia: es también una condición administrada. Expedientes que no avanzan, versiones que se contradicen, búsquedas que se postergan. Una verdad que nunca termina de fijarse.
Quince años después del inicio del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la advertencia del escritor Javier Sicilia sigue resonando con una claridad incómoda: la crisis no sólo no se ha resuelto, sino que ha escalado bajo gobiernos de distinto signo. PRI, PAN y ahora Morena han sido renuentes o aquiescentes a desactivar un mecanismo que produce muerte y desaparición con una regularidad que ya no puede explicarse como excepción.
En ese contexto, la discusión pública insiste en preguntarse si el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU exagera, si el término es adecuado, si el señalamiento vulnera la soberanía. Como si el problema fuera la palabra y no los hechos que intenta nombrar. Lo que el proceso abierto en Naciones Unidas ha puesto sobre la mesa no es una disputa terminológica. Es la posibilidad, cada vez más difícil de eludir, de reconocer que más de 130 mil desapariciones no son una simple crisis: son la evidencia de un aparato que ha operado con continuidad, tolerancia e impunidad entre sexenios.
Por eso la intervención internacional no debería leerse como una intromisión, sino como un síntoma. El momento en que lo que se intentó contener dentro del lenguaje doméstico deja de ser contenible. Y no es porque afuera se entienda mejor, es porque adentro se ha vuelto cada vez más difícil nombrarlo sin que se activen mecanismos de negación.
Lo verdaderamente inquietante no es que el mundo mire hacia México. Es que el Estado mexicano, incluso frente a una cifra que ya no admite eufemismos, siga discutiendo las palabras en lugar de asumir lo que esas palabras –y esos números– obligan a reconocer.

Semana Santa

 

 

Hay fechas que año con año nos remontan a algún momento lejano de nuestras vidas, se quedan guardadas en la memoria por aquellos ritos que las marcaron. Para muchas familias mexicanas, la Semana Santa es una de ellas: un tiempo que invita a hacer una pausa, a reflexionar y, sobre todo, a reencontrarnos con lo que realmente importa. En medio del ritmo acelerado de la vida pública y cotidiana, estos días nos devuelven a lo esencial: la familia, las raíces y esa posibilidad de mirarnos hacia adentro.
En mi caso, la Semana Santa tiene un recuerdo profundamente arraigado en Chilpancingo. Ahí, en la casa de mi abuela Chonita, se vivía algo que, con el paso del tiempo, he entendido como mucho más que una tradición: era una forma de construir comunidad desde lo íntimo. Cada año, sin excepción, la familia se reunía en lo que se le llaman los “días santos”. Llegaban mis tíos y tías, sus esposas y esposos, mis primos y primas; algunos incluso venían de otras ciudades porque sabían que esos días no eran negociables. Jueves, viernes y sábado eran sagrados, por supuesto que en un sentido religioso, pero también en lo familiar.
La casa de mi abuela se transformaba por completo. Desde temprano se sentía un ambiente distinto, como si todos entendiéramos que estábamos entrando en un tiempo especial. Como parte de la tradición, comíamos en petate todos juntos sin distinción de edad o género, era parte de la ofrenda durante estos días. En ese gesto sencillo había una enseñanza que a la fecha me resuena: la cercanía no necesita grandes montajes, necesita disposición.
La cocina era el corazón de todo. Se organizaban ollas y más ollas de comida que se preparaban entre todas y todos. Recuerdo perfectamente los guisos: habas, ejotes, nopales, huevo en salsa, huazontles –nunca carne, por supuesto– y las torrejas, que siempre eran esperadas. Cada platillo tenía detrás manos distintas, pero el mismo propósito de compartir. No era solo alimentar a la familia, era sostener un vínculo que nos llevara a la reflexión.
El ayuno también formaba parte de esos días, pero no se vivía como una imposición rígida, sino como resultado de una conciencia colectiva de que ese tiempo era para contenerse, para pensar, para ordenar, para ofrecer. Y aunque de niñas y niños quizá no lo entendíamos del todo, lo incorporábamos como algo natural.
Pero si hay un momento que permanece especialmente nítido en mi memoria, es el del sábado pasando el ayuno. Mi abuela nos llamaba a su altar. Ese espacio, sencillo pero cargado de significado, se convertía en el centro de un ritual muy particular. Nos pedía que nos hincáramos y con una cuerda empezaba la parte final de esa tradición. Uno por uno, nos decía tres cosas que debíamos mejorar si éramos nietos, las indicaciones eran tan claras como directas: no repruebes matemáticas, obedece a tus papás, no pelees con tus hermanos. Pero no era un listado genérico; era profundamente personalizado. Mi abuela tenía una memoria impresionante y una capacidad muy particular para identificar lo que cada quien necesitaba trabajar. A cada quien le tocaba lo suyo.
En ese momento, quizás no dimensionábamos la profundidad de ese ejercicio. Podía parecer una regañada estructurada, un llamado de atención más. Pero hoy lo entiendo distinto, era un acto de amor y cuidado. Una forma de decirnos que siempre hay algo que podemos hacer mejor, que el crecimiento personal no es opcional y que la familia también es un espacio donde se construyen responsabilidades.
Esa escena, repetida año con año en mi Chilpancingo, reunía a generaciones enteras de la misma familia, bajo una misma lógica: la de no conformarse, la de mirar hacia adentro con honestidad. Y lo más poderoso era que no se quedaba en palabras. El simple hecho de viajar desde distintos lugares, de organizarse, de cocinar juntos, de sentarse en el suelo, de escuchar y ser escuchados, implicaba ya un compromiso colectivo. También era un acto de fe católica, pues todo lo que se hacía era parte de una manda u ofrecimiento como sacrificio.
He pensado mucho en lo excepcional de esa experiencia. No era una tradición extendida, era algo muy propio de nuestra familia, de esa raíz que mi abuelita decidió sostener y transmitir. Hoy, desde la responsabilidad pública, esos recuerdos adquieren un nuevo significado. Porque si algo nos enseñaban esos días en familia, es lo relevante que es mantener la simbología, procurar que no se pierdan estas tradiciones, buscar tiempo a solas para estar en reflexión y tiempo para nuestros afectos. Nos hace mejores personas, nos ayuda a estrechar cariños, recomponer relaciones, jugar, divertirnos y sentirnos muy orgullosos de nuestro origen. Diría incluso que nos ayuda a reconocer en qué se puede mejorar, a escuchar, a corregir el rumbo cuando es necesario.
La Semana Santa, en ese sentido, no es solo un momento de pausa, es también una oportunidad para la autocrítica. Para preguntarnos, con la misma claridad con la que mi abuelita Chonita lo hacía, qué estamos haciendo bien y qué no. Qué debemos cambiar, qué podemos fortalecer, cómo podemos aportar a un entorno más justo y más solidario.
Con independencia de la religión, en un país que enfrenta retos complejos, hacernos estas preguntas de manera permanente resulta indispensable. No hay transformación posible sin un ejercicio honesto de revisión. No hay comunidad que se sostenga sin responsabilidad compartida. Y no hay proyecto colectivo que avance si no fomentamos la solidaridad entre nosotros.
En estos días, en medio de las exigencias del presente, vuelvo a esos recuerdos no solo con nostalgia, sino con una convicción más firme que nunca. Porque las grandes transformaciones no nacen únicamente de las decisiones públicas o de los momentos extraordinarios, sino de lo que hacemos todos los días. De esas prácticas que parecen pequeñas, pero que en realidad forman carácter, sostienen vínculos y construyen amor y solidaridad.
Ahí está la base de cualquier cambio profundo, donde se nos recuerda que la búsqueda y construcción de paz en un lugar, necesariamente inicia en el fuero interno, de conciencia y también en los cimientos que se construyen en cada familia.
Nos leemos el siguiente martes.

@EsthelaDamian

La gobernadora sí está en problemas

ESTRICTAMENTE PERSONAL

 

 

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, está cerca de que el escándalo por sus presuntos lazos familiares con el crimen organizado, la alcancen. Haberse divorciado el año pasado de Carlos Torres Torres, para controlar los daños que le había causado la cancelación de sus visas para entrar a Estados Unidos, no impide que se vea envuelta en la turbulencia político-jurídica que se avecina: existe evidencia de que su exesposo recibió –por un tiempo aún no precisado– 500 mil dólares mensuales de cárteles de las drogas.
Una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, hasta donde ha trascendido, señala únicamente a Torres Torres, pero no está cerrada. El divorcio fue un control de daños, pero no inmuniza a Ávila, que es una de las poco más de 100 políticas y políticos mexicanos a quienes la Administración Trump les ha cancelado la visa. Las de la pareja fueron suspendidas en mayo del año pasado, cuatro meses antes de su separación legal.
Las razones por las que se les cancelaron no son públicas, pero entre los causales que pueden llevar a que el Departamento de Estado las revoque, se encuentra haberse extralimitado en el plazo de autorización para estar en Estados Unidos, fraude, problemas de seguridad o actividad criminal. En su momento, la gobernadora aseguró que era solo un problema administrativo que estaba en vías de resolverse. Ávila tampoco dudó en respaldar a su entonces esposo, y en un mensaje en X señaló que siempre había actuado con integridad y “profundo compromiso por Baja California”.
Torres Torres era el coordinador de Proyectos Estratégicos de su gobierno, y la justificación contra el conflicto de interés era que no tenía salario. “Mi respaldo hacia él no es solo personal, es moral y político”, agregó la gobernadora cuando hizo pública la cancelación de sus visas. De acuerdo con fuentes diplomáticas estadunidenses, el caso en contra de Torres Torres señala que el dinero que recibía regularmente era para permitir al crimen organizado operar sin problema en Baja California.
La gobernadora, se puede argumentar, realizó un divorcio estratégico y preventivo. A la pareja se le ha relacionado con propiedades millonarias y cuentas bancarias que Ávila dice no tener. El caso contra su exesposo permitirá saber si la gobernadora dijo la verdad o mintió, de la misma manera que tendrá que explicar, llegado el caso, cómo no se dio cuenta de los nueve millones de pesos –el equivalente a 500 mil dólares a un tipo de cambio de 18 pesos por unidad– que recibía cada 15 días, como establece la investigación en Estados Unidos.
Ávila es una de las gobernadoras preferidas del régimen, tanto en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como en el de la presidenta Claudia Sheinbaum. Su nombre, sin embargo, ha sido recurrente en las reuniones de los enlaces de ambos países en el tema de la seguridad, donde se ha estado hablando de una solicitud de licencia. No existe una investigación en México contra ella, a diferencia de su exesposo, que de acuerdo con una investigación periodística de N+ Focus transmitida a finales de enero, lo están investigando desde septiembre por presuntamente ser parte de una red implicada en tráfico de armas, narcotráfico, extorsión y lavado de dinero.
El trabajo periodístico reportó también una denuncia presentada en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia en junio de 2025, que señala que Torres Torres recibía 150 mil dólares mensuales de Pedro Ariel Mendívil García, ex secretario del Ayuntamiento de Mexicali, a cambio de facilitar la operación del grupo criminal de Los Rusos, una célula vinculada al Cártel de Sinaloa. Esa carpeta de investigación imputa a cuando menos 20 políticos y empresarios por los delitos de recursos de procedencia ilícita y posibles vínculos con la delincuencia organizada.
Torres Torres siempre ha negado cualquier señalamiento criminal. Sin embargo, de acuerdo con información de inteligencia mexicana, tanto él como la gobernadora estuvieron involucrados en un conflicto en Baja California hace más de tres años por el reacomodo de cárteles en Tijuana, que impactó en el resto del estado. En términos estadísticos, la violencia en Baja California se agudizó desde noviembre de 2021, cuando Ávila asumió la gubernatura, y de acuerdo con fuentes del gabinete de seguridad en aquel año, se realinearon los cárteles de las drogas surgiendo los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación como las fuerzas de mayor presencia y control.
Un reporte que le mostraron al gabinete de seguridad durante una reunión en Palacio Nacional, mostraba la penetración del crimen organizado en el gobierno de Ávila, donde adjudicaban al entonces fiscal Ricardo Carpio, los problemas de la inseguridad por sus relaciones con miembros de los cárteles, entre los que sobresalía como su operador Pablo Edwin Huerta, El Flaquito, que había sido uno de los lugartenientes dentro del Cártel de los Arellano Félix. Ávila los promovió y mantuvo en el cargo hasta que fue imposible. Carpio renunció en 2023, tiempo después de que dos de sus ministerios públicos fueron detenidos en California con drogas.
López Obrador nunca quiso actuar en Baja California. Incluso, cuando su amigo, el antecesor de Ávila, Jaime Bonilla, lo buscó para informarle lo que estaba pasando en Baja California, lo ignoró. Bonilla la denunció en 2022 en el Senado, donde aseguró que la violencia en esa ciudad, en Mexicali, Rosarito y Ensenada, se debía a un pacto incumplido con el Cártel Jalisco Nueva Generación. La gobernadora siempre lo negó. Hace poco más de una semana, Bonilla fue sancionado por un tribunal estatal por violencia de género en contra de la gobernadora.
Sheinbaum no ha sido omisa como lo fue López Obrador. La investigación contra Torres Torres sigue caminando, y le ha enviado mensajes a Ávila para que resuelva sus problemas y ordene el estado. Primero fue con Mario Delgado, el secretario de Educación que es muy cercano a ella, para informarle que los estadunidenses estaban sugiriendo que pidiera licencia. Después con la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde.
No obstante, Ávila permanece estática, esperando quizás que se desvanezca el caso. Pero no va a ser así. Autoridades estadunidenses informaron de manera oficiosa a México los avances contra Torres Torres, y pidieron que actúe en su contra. Hacerlo, sin embargo, significará un desafío: cómo evitar que las acusaciones no salpiquen a la gobernadora.

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Una de los cuatro asesinados en el poblado de Xicotlán, municipio de Chilapa, mientras trabajaban en una obra como albañiles Foto: El Sur

Asesinan en pueblo de Chilapa a cuatro miembros de grupo ligado al EZLN

Asesinan en pueblo de Chilapa a cuatro miembros de grupo ligado al EZLN 

 

Les disparan con armas de alto poder cuando trabajaban como albañiles en una obra en Xicotlán, comunidad de ese municipio que pertenece al CIPOG-EZ. El dirigente Jesús Plácido señala al grupo delictivo Los Ardillos. Informa que entre las víctimas está el promotor de la agrupación indígena y ex coordinador de la CRAC-PF Isaías Morales Lucas, quien estaba amenazado y solicitaron para él medidas cautelares al gobierno, mismas que negó

 

 

Chilpancingo, Guerrero, 7 de abril de 2026. Sicarios presuntamente del grupo delictivo de Los Ardillos, asesinaron la mañana de este lunes a cuatro integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), en la comunidad nahua de Xicotlán, municipio de Chilapa, cuando se encontraban trabajando en una obra.

El dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo, declaró por teléfono que entre las víctimas está el ex coordinador de la Coor-dinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fun-dadores (CRAC-PF), y promotor del Cipog-EZ, Isaías Morales Lucas, para quien habían pedido desde hace dos años medidas cautelares, por amenazas de Los Ardillos, solicitud que no tuvo respuesta.

Isacar Villalva Rosario, y los hermanos Bernardino e Hilario Ocotlán son las otras víctimas de la organización que forma parte del Congreso Nacional Indígena surgida a instancias del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de Chiapas.

Plácido informó que los cuatro se encontraban a las 7 de la mañana trabajando como albañiles en una obra cerca de la carretera Chilapa-Hueycantenango, cuando hombres armados llegaron en una camioneta blanca blindada y “los rafaguearon” con armas de alto poder.

El dirigente indígena respon-sabilizó de la masacre de los cuatro vecinos de la comunidad nahua de Tula a los tres órdenes de gobierno “por su vinculación y la protección que brindan a Los Ardillos”.

Aparte, en un comunicado de prensa con el encabezado: “Mientras los pueblos construimos vida, los malos gobiernos nos ofrecen muerte y destrucción”, el Cipog-EZ denunció que los cuatro indígenas nahuas fueron atacados a 15 minutos del crucero del Jagüey, donde se encuentra un cuartel del Ejército por donde entraron y salieron los sicarios a bordo de una camioneta blanca blindada.

Las comunidades de Xicotlán y de Tula forman parte del Cipog-EZ y ambas han sido constantemente asediadas por ese grupo delictivo al que “hemos denunciado por muchos años, pero que sabemos que han sido protegidos por los tres órdenes de gobierno”, se denunció en el pronunciamiento.

“Nuestros cuatro compañeros habían llegado por la mañana a rea-lizar su trabajo de albañilería, cuan-do de pronto hombres armados en una camioneta blanca, blindada, abrieron fuego en contra de ellos, arrebatándoles la vida”, se añade.

“Ellos se dedicaban a la cons-trucción, al mismo tiempo formaban parte del sistema de justicia de la Montaña Baja de Guerrero; eran policías comunitarios de los Pueblos Fundadores y del Cipog-EZ, pues la tortura, descuartizamientos, desapa-riciones, asesinatos y demás aten-tados en contra de la vida a nuestras comunidades cometidos por Los Ardillos, los llevaron a ser defensores de la vida, de la tierra y del territorio”.

El Cipog-EZ recordó que en 2022 fue asesinado Guillermo Hilario Morales, promotor del Cipog-EZ, y tío de los hermanos Bernardino y Ernesto Hilario, que fueron ultimados ayer.

Se explicó en el comunicado que el crucero de El Jagüey está a menos de 15 minutos de Xicotlán.

“El Ejército no vio nada, como tampoco vio ni hizo nada en los más de 67 asesinatos de hermanos y hermanas de nuestras comunidades, que se suman de 2018 a la fecha”, denunció la organización.

Recordó que Isaías Morales Lucas, “fue uno de nuestros hermanos, promotor del Cipog-EZ, defensor de la vida, tierra y del territorio, y hoy también fue asesinado”.

La agrupación reprochó que llevaba dos años solicitando al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, resguardo para él, “pero le fue negado, y hoy ya no está con nosotros”.

El Cipog-EZ evocó el mensaje escrito en una lona que se desplegó en el 2022 a espaldas de Isaías Morales, en la que decía: “Nos están asesinando frente a la indiferencia del gobierno”, durante una protesta debido a que el 5 de noviembre de ese año Los Ardillos habían asesinado a Adán Linares, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales, a 100 metros de un puesto de control del Ejército, cerca de Chilapa.

“Hoy fue asesinado frente a la indiferencia del gobierno, quizás en 2022 quienes gobernaban eran unos, hoy son otros u otras; da lo mismo, el gobierno ha dejado claro que no le interesan los muertos de los pueblos, la violencia a la que son sometidos, ni hablar de la pobreza y miseria”.

Manifestó: “Los gobiernos nos han dejado claro que están con los delincuentes: El diputado del PRD Bernardo Ortega (fue diputado en la 63 legislatura que terminó en agosto de 2024), es hermano de Iván Ortega y Celso Ortega, líderes del grupo narcoparamilitar Los Ardillos, desde donde se construye una red criminal entre la clase política de Guerrero y Los Ardillos; derivado de esta red, presidentes municipales, policías municipales, estatales, ministeriales, están al servicio de Los Ardillos”.

Recordó que Celso Ortega “es el mismo que se aprecia en un video con Norma Otilia Hernández, ex-presidenta municipal de Chilpan-cingo y parte de Morena, quien le pregunta a Celso Ortega, cómo lo puede ayudar”.

El Cipog-EZ denunció: “La presidenta municipal de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, está vinculada con Los Ardillos, que extorsionan, cobran piso, secuestran, asesinan, torturan, desaparecen, queman negocios, transporte público, obligan a las personas a hacer bloqueos carreteros, siembran, procesan y venden drogas”.

Denunció que todo ello lo hacen “con total impunidad y protección de los tres niveles de gobierno. Es por lo anterior que responsabili-zamos a los gobiernos municipales, al estatal de Evelyn Salgado, y al subsecretario del gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, así como a la presidenta Claudia Sheinbaum por el asesinato de nuestros cuatro compañeros”.

Insistió: “Denunciamos frente al pueblo de México y al mundo que nuestro estado está controlado por el crimen organizado en alianza con los gobiernos y que éstos últimos sólo simulan orden, pero en realidad los rebasa y la sangre de nuestros muertos es una muestra más del desprecio por la vida que los malos gobiernos actuales practican y encubren”.

El Cipog-EZ llamó a las organizaciones de derechos humanos y a las organizaciones solidarias a exigir al gobierno mexicano “el alto a la guerra en contra de los pueblos de México”.

 

 

 

Redacción/ Foto:?El Sur