Insta Comité de la ONU a tratar en la Asamblea General las desapariciones en México
Ve el grupo de expertos “crímenes de lesa humanidad” y ataques generalizados y sistemáticos. Urge al secretario general a adoptar medidas para su prevención, investigación, castigo y erradicación. Es un informe “tendencioso”, sin “rigor jurídico” y las desapariciones forzadas las ejecuta el crimen organizado y no el Estado, replica el gobierno de Sheinbaum. La respuesta oficial “no está la altura de la crisis de desapariciones”, señala el Centro Prodh. Matan a activista buscadora en Salamanca
Ciudad de México, 3 de abril de 2026. El Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas solicitó al Secretario General de la ONU, António Guterres, que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para que ésta considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.
En su decisión, publicada este jueves, indica que la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
Advierte que, conforme a su evaluación, se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país.
El procedimiento, remarcó en un comunicado, es de carácter preventivo y tiene por objeto movilizar la atención y el apoyo internacionales, más no de establecer la responsabilidad penal individual.
Indicó que tomó nota de la postura del Gobierno de México en el sentido de que muchas desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado y, por lo tanto, no deben clasificarse como desapariciones forzadas con arreglo al artículo 2 de la Convención.
Sin embargo, señaló, en algunos de los casos denunciados ha recibido información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia.
“El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”, planteó Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité.
Reclama cambios estructurales
Existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen cometiéndose en México como crímenes de lesa humanidad, mediante “ataques” generalizados o sistemáticos en distintos lugares y momentos, dirigidos contra la población civil, con la complicidad o aquiescencia de autoridades en los ámbitos federal, estatal o municipal, advirtió un grupo de expertos de las Naciones Unidas.
En una decisión adoptada el 19 de marzo y difundida ayer, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) ubica el inicio de de esos ataques en 2006, con la aplicación de la política nacional de “guerra contra el narcotráfico” en el sexenio de Felipe Calderón.
Remarca que, “aunque la falta de medidas eficaces para prevenir las desapariciones forzadas en el territorio nacional y sancionar a los perpetradores ha contribuido a fomentar un clima de inseguridad e impunidad y a crear las condiciones en las que se pudieron cometer crímenes de lesa humanidad”, “no hay indicios fundados de que exista a nivel federal, una política para la comisión de tales actos, ya sea por acción deliberada u omisión”.
No obstante, considera la situación de las desapariciones forzadas no ha mejorado desde su visita al Estado Parte en 2021, a pesar de los esfuerzos realizados y las medidas adoptadas al respecto.
“Las autoridades responsables siguen sobrepasadas por la magnitud del crimen, y siguen siendo necesarios cambios estructurales para abordarlo y prevenirlo de manera eficaz y eficiente”, alerta.
Por ello, señala, es necesario que la ONU adopte medidas destinadas a apoyar al Estado mexicano en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen, por lo cual resolvió solicitar al Secretario General de la ONU, António Guterres, que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General.
“En virtud del artículo 34 de la Convención (para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas), el Comité no actúa como una comisión de investigación y no está obligado a llegar a una conclusión fáctica”, apuntó.
“Sin embargo, debe determinar, sobre la base de indicios bien fundados, si ha recibido información detallada y precisa de una fuente fidedigna de que han ocurrido hechos que caen dentro de su competencia”.
El gobierno de México califica de “tendencioso” el
informe del CED; señala “falta de rigor jurídico”
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) por omitir avances contra desapariciones forzadas desde 2018, año en el que arrancaron los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.
En un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores se califica de “tendencioso” el informe del CED, que pide llevar el caso de México a la Asamblea General de la ONU al considerar que hay indicios de que las desapariciones equivalen a “crímenes de lesa humanidad”.
Asimismo acusó de que existe evidencia de que al menos uno de sus integrantes trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano.
“México rechaza el informe del Comité por ser tendencioso y no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno de México, las cuales demuestran que los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni los avances institucionales logrados desde 2019 y en particular desde 2025.
La decisión del Comité es “parcial y sesgada”: Segob y SRE
“El procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar. Dicho marco no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia”, expone el comunicado conjunto, y agrega:
“Si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017 –administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– y se circunscribe a cuatro estados, la decisión del Comité es parcial y sesgada. Omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución”.
El propio Comité, sostienen Segob y la Cancillería reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión. “Dichos señalamientos reflejan la situación actual del país, diferente a la de periodos anteriores”, subrayan.
Señala “conflicto de interés”
de un integrante del CED
“Es de resaltar la falta de rigor jurídico en la argumentación del CED, así como la ligereza de sus premisas —incluyendo su interpretación del vínculo con el Estatuto de Roma, agravada por conflictos de interés de algunos de sus integrantes; en específico, existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano”, expone el comunicado conjunto.
El Gobierno de México, remarcan ambas dependencias, no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas.
Reprochan que no se tomaron en cuenta las reformas en la materia
Gobernación y SRE resaltan que en la actual administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo.
Señala que, fruto de un proceso dialogado y con participación de las familias, en julio de 2025 se apro-baron reformas sustanciales a la ley.
En ese contexto enlista las herramientas y obligaciones que el CED no consideró debidamente:
- La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. 2. La obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte. 3. La Base Nacional de Carpetas de Investigación.
- La Plataforma Única de Identidad. 5. La obligación de fiscalías especializadas estatales. 6. El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
- El robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo. 8. La obligación de registros oficiales con datos mínimos de identificación. 9. La coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la FGR. 10. La incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.
“Como ha reconocido el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, México mantiene una política de cooperación cotidiana con los sistemas internacionales y regionales, lo cual ha sido valorado por diversas agencias.
“México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”, sostienen Segob y Cancillería.
“Reafirmamos el compromiso absoluto de este gobierno con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de la búsqueda e identificación, y la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias, como parte central de la transformación nacional”, concluye el comunicado.
El Comité “está excediendo su mandato”: subsecretario
El CED se excedió al ampliar la definición de desaparición forzada y solicitar que la situación de México sea llevada de manera urgente a la Asamblea General, consideró Enrique Ochoa, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería.
“El CED está excediendo su mandato al presentar un informe con falta de rigor jurídico, ampliando indebidamente el alcance de la definición de desaparición forzada”.
“Nuestra cooperación con el Comité ha sido ejemplar e inmensa. Fuimos el primer país en aceptar una visita in situ en 2021 y hemos respondido a todas sus solicitudes de información”, destacó en redes.
El diagnóstico de la ONU no es postura política ni ataque a la soberanía: ONG
Colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas en la Ciudad de México rechazaron la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob) al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
“Para nosotras, el diagnóstico de la ONU no es una postura política ni un ataque a la soberanía; es el eco de nuestras voces y el reconocimiento de una tragedia que el Estado Mexicano se niega a encarar”, apuntaron colectivos de la CDMX en un comunicado.
Lamentaron que la SRE calificara el informe como “tendencioso”, “parcial”, “sesgado” y “falto de rigor” y condenaron que la respuesta pretenda minimizar la crisis de desapariciones y de identificación forense.
“El rigor jurídico está en las más de 133 mil sillas vacías en nuestras mesas y en los más de 83 mil cuerpos y restos que el Estado mantiene acumulados sin identificar”.
“El Estado presume leyes y comisiones que en el papel suenan bien, pero que en la práctica no encuentran a nadie”, apuntaron los colectivos.
En su respuesta, la SRE afirmó que el Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas.
Sin embargo, el CentroProdh señaló que las desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad se permiten en México con distintas formas de participación y aquiescencia de autoridades de los tres niveles de Gobierno.
“Desde que emitieron su informe sobre las cifras (de desapariciones) ellos determinan que el Estado no tiene corresponsabilidad y todo lo dejan a las ausencias voluntarias y a las desapariciones por el crimen organizado”, replicó la madre buscadora Jaqueline Palmeros.
La respuesta del gobierno “no está la altura de la crisis de desapariciones”: Centro Prodh
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) aseguró que la respuesta que dio el Gobierno mexicano ante la decisión de la ONU de llevar las desapariciones en México a la Asamblea General replica las denostaciones en las que los gobiernos del PAN y PRI incurrieron en el pasado.
La organización resaltó que el pronunciamiento de las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores es insuficiente ante la crisis que enfrenta el País en materia de desaparición de personas.
“La respuesta del Estado no está a la altura de la crisis que vive el País en materia de desapariciones y replica actuaciones previas de diversas administraciones que han denostado a organismos internacionales cuando han develado la realidad de las violaciones a derechos humanos en el país
“Hoy nos encontramos ante la evaluación reprobatoria más contundente del fracaso del Estado mexicano frente a la crisis de desapariciones, a lo largo de cuatro Gobiernos de tres partidos distintos”, se pronunció a través de redes sociales.
Este mismo jueves, la Segob y SRE aseguraron que el informe del Comité carecía de rigor jurídico y tendencioso; sin embargo, el Centro Prodh resaltó que la descalificación emitida no contribuye a una postura que refleje la atención a miles de familias que buscan a una persona en México.
“La disputa del diagnóstico y la descalificación del mensajero no está en línea con la respuesta necesaria para las decenas de miles de familias que buscan a un ser querido en México”, advirtió.
La organización expone que la decisión del Comité de Evaluación de llevar el caso de desapariciones a la Asamblea General se basa en años de análisis y solicitudes que le enviaron familias, colectivos y organizaciones.
A raíz de eso enlista los cuatro puntos claves de la determinación.
Colusión de autoridades: De acuerdo con el Centro Prodh, el Comité encontró un patrón de desapariciones forzadas, donde el crimen organizado convive con autoridades de diferentes niveles y órdenes de Gobierno.
“Señala que agentes estatales conocen previamente de la situación de riesgo real de estas desapariciones y su conducta es un reconocimiento que los actores estatales no interpretan como consentimiento”, indica.
Política de búsqueda ineficiente: Según la asociación civil, el Comité señala que el Gobierno mexicano no tiene una política integral para prevenir, erradicar y sancionar las desapariciones de personas.
Aún cuando las autoridades deberían buscar a los desaparecidos -añade- esta labor continúa recayendo en las familias. Asimismo, que no hay medidas eficaces para hacer frente a la crisis forense y a la impunidad.
“Señala que si bien la comisión de desapariciones no es parte de una política de Estado, reconoce que las acciones de México para atender esta crisis han resultado insuficientes”, denuncia.
Desaparición sistemática: El Centro Prodh añade que el Comité detectó que las desapariciones forzadas se cometen de forma sistemática y que se repite en distintas partes del territorio, con participación del Estado, de acuerdo con las normas internacionales.
“En ese contexto y conforme un análisis de las normas internacionales reconoce que las desapariciones forzadas se cometen como ataques generalizados o sistemáticos, es decir como un crimen de lesa humanidad, en diversas partes del territorio en los que existen distintas formas de participación del Estado”, añade.
La decisión del Comité, dice la organización civil, de llevar el caso a la Asamblea General pretende brindar cooperación técnica en las áreas de búsqueda, análisis forense e investigación y establecer un mecanismo eficaz para llegar a la verdad y dar asistencia y protección a las familias.
Existe 99% de impunidad en los casos de desaparición forzada en México, denuncian organizaciones
Diversas organizaciones civiles acusaron al Gobierno de utilizar la descalificación como una técnica para evadir su responsabilidad internacional ante la crisis de desapariciones en el País, y pidieron no rechazar la ayuda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Tras señalar 99 por ciento de impunidad y más de 83 mil restos sin identificar en México, asociaciones como Fundar, Data Cívica, Cepad e instituciones como la Universidad Iberoamericana señalaron que la Administración no puede escudarse bajo la soberanía para evitar el apoyo.
“La descalificación no es una estrategia de Estado (…) denostar al mensajero para evadir el mensaje es una práctica que México, en su aspiración democrática, no debería tomar. La soberanía se ejerce cumpliendo los tratados, no desacreditando las recomendaciones de los organismos de los cuales México es parte voluntaria”, indicaron a través de un comunicado conjunto.
Las organizaciones recordaron que, de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), la voluntad de un Gobierno no se mide por los marcos normativos para atender problemáticas, sino por la interrupción de violaciones a los derechos humanos.
Por eso, pese a la reforma en materia de desaparecidos y las herramientas legales de reciente creación, coincidieron en que, en la práctica, estas medidas son insuficientes.
“Mientras la cifra de personas desaparecidas continúa en aumento y la impunidad en dichos casos supere 99 por ciento, cualquier avance normativo es, en la práctica, insuficiente. Además, es importante recordar que el CED (Comité Contra la Desaparición forzada de la ONU) no ignora los esfuerzos por parte del Gobierno Federal, sino que señala que estos no han logrado revertir la crisis estructural”, expusieron.
Además, denunciaron que las fallas en la implementación de herramientas de búsqueda ha sido sistemática -por ejemplo- con el desaparecido Banco Nacional de Datos Forenses.
Colectivo halla osamenta
en Ixtlahuacán de los
Membrillos, Jalisco
En la quinta jornada de búsqueda en el Fraccionamiento Lomas de la Capilla, en el Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, el colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros logró que autoridades ministeriales realizaran un cateo en una finca previamente señalada mediante un reporte anónimo.
El inmueble estaba pendiente de ser revisado, ya que permanecía cerrado, pero ayer fue intervenido con la presencia de personal de la Fiscalía del Estado y de la Comisión de Búsqueda de Personas. Durante una primera prospección del terreno, las activistas localizaron un cuerpo en estado de osamenta, enterrado dentro de la propiedad.
Celebran misa en la Glorieta de los Desaparecidos, en Guadalajara
Como parte del ritual católico de Semana Santa, ayer se llevó a cabo una misa por las víctimas de desaparición en la Glorieta de los Desaparecidos, en Guadalajara, y se realizó el Lavatorio de Pies. La ceremonia dio inicio a las 18:30 horas y fue realizada por la Organización Religiosa Pastoral de la Misericordia.
Realizan buscadoras el calvario
de los siete templos por desaparecidos en NL
Como cada Jueves Santo desde el 2012, integrantes del colectivo Amores llevaron a los Siete Templos el calvario que viven por la desaparición de sus seres queridos.
Con mantas y retratos de sus familiares, 15 personas iniciaron su recorrido en la Catedral de Monterrey, luego de recordar el martirio, descrito en la Biblia, que sufrió Jesucristo un día antes de su crucifixión y cómo es similar al que ellas viven a diario por no saber de sus desaparecidos.
Secuestran y matan a la activista buscadora Cecilia García en Salamanca, Guanajuato
Cecilia García Ramblas, integrante del colectivo “Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos”, fue encontrada sin vida en Salamanca, Guanajuato, luego de ser reportada como privada de la libertad.
Según información proporcionada por colectivos y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), el cuerpo de la activista de 28 años fue localizado con signos de violencia en la comunidad de Puerto de Valle, en el Municipio del era originaria.
El 14 de marzo, fue reportada la sustracción de Cecilia de su domicilio, la localidad de Valtierrilla, en Salamanca, por presuntos hombres armados. Tan sólo cinco días después, el 19 de marzo, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) encontraron sus restos que, durante doce días permanecieron como no identificados.
Fue el pasado 31 de marzo cuando la Fiscalía realizó las indagatorias correspondientes, que confirmó que el ADN correspondía a la víctima.
“Ceci”, como la nombraban sus compañeras de búsqueda, se unió a las labores colectivas en 2021, luego de la desaparición de su hermano Miguel Ángel García Ramblas, el 27 de marzo de ese año, en la misma localidad donde fue encontrada su hermana.
Pese a que en 2025 halló los restos de Miguel, Cecilia siguió acompañando a las madres a las labores de búsqueda, marchas y reuniones con autoridades en Guanajuato.
A las condolencias se sumó la ONG Article-19, que, además, exigió justicia y que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.
“Este retraso refleja la negligencia institucional que enfrentan las víctimas y sus familias (…) Exigimos una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva, con perspectiva de género y enfoque diferenciado.
“También demandamos medidas urgentes de protección para colectivos de búsqueda y sus familias. Nombrar a Cecilia es exigir justicia”, publicó la organización en redes sociales.
Asimismo, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México pidió frenar las campañas de odio y desprestigio que han surgido en contra de Ceci a raíz del fallecimiento.
“Reprobamos las campañas de desprestigio y difamación que han surgido en contra de Cecilia tras su fallecimiento, así como los impactos que esta violencia genera en su memoria, en su familia y en las personas que le acompañaban. Consideramos fundamental que se respete su dignidad y su trayectoria como buscadora”.
Texto: Agencia Reforma y Redacción/Foto: Agencia Reforma
