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Critican diputados subejercicio en apoyo a los pueblos indígenas y afromexicanos

El diputado del PRI Rafael Navarrete cuestiona a la secretaria de Asuntos Indígenas y Afromexicanos Reyna Mejía por la falta del nombramiento del Subsecretarío de Asuntos Afromexicanos Foto: Jessica Torres Barrera

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Durante la comparecencia de la secretaria para el Desarrollo de las Comunidades y Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Reyna Mejía Morales, los diputados locales le preguntaron por qué no ha propuesto nuevos programas que permitan ampliar la atención y la asignación de un mayor presupuesto, y por qué se cumplió un año de gobierno sin nombrar titular de la subsecretaría de Asuntos Afromexicanos.
También, a la titular de la Secretaría de la Juventud y la Niñez, Jessica Maldonado Morales, la expusieron que para el ejercicio fiscal 2023 de 36 millones que se le destinarán sólo operará sus programas con 4 millones, lo demás es para burocracia.
La tarde del jueves, en la sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso local, comparecieron ante comisiones las titulares de la Secretaría para el Desarrollo de las Comunidades y Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Reyna Mejía Morales, y de la Secretaría de la Juventud y la Niñez, Jessica Maldonado Morales.
La diputada local por el PRI, Julieta Fernández Márquez, preguntó a Reyna Mejía por qué no ha propuesto a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, nuevos programas que permitan ampliar la atención y la asignación de mayor presupuesto, y por qué reportó un subejercicio del 30 por ciento a pesar de los pocos recursos que cuenta su dependencia.
Reyna Mejía respondió que el 30 por ciento del presupuesto lo ejercerá en lo que resta de este año, y precisó que está trabajando en un programa especial para la atención de los pueblos indígenas y afromexicanos a través del Subcomité Especial alineado a los planes nacional y estatal del desarrollo y a la agenda 2030, del que no detalló más.
La morenista Marben de la Cruz Santiago, le preguntó cuántas veces se ha reunido el Subcomité Especial, y qué acciones han surgido o qué agenda se ha construido en él, además, cuánta población indígena y afromexicana hay en las cárceles del estado.
Reyna Mejía expuso que se han reunido en seis ocasiones, tres sesiones ordinarias y tres extraordinarias. Dijo que de acuerdo a sus estadísticas al corte de octubre de este año, hay una población de 444 personas indígenas y 42 afromexicanas en los penales del estado.
El priista Rafael Navarrete Quezada, le reprochó que a un año de gobierno aún no se ha nombrado un subsecretario de Asuntos Afromexicanos como sí lo hubo en los gobiernos de Ángel Aguirre Rivero y de Héctor Astudillo Flores.
“No sé cuál es la explicación y no sé si tenga una ruta de solución porque claramente no se está haciendo nada de los afros, pero si empezamos porque ni siquiera tenemos una subsecretaría… me queda muy claro que aspirar a otras cosas es más complicado”, expuso.
La secretaria de Asuntos Indígenas y Afromexicanos sostuvo que está en proceso la actualización del nuevo organigrama, en el que se pretende crear una subsecretaría, una dirección general y una jefatura de departamento para la atención del pueblo afromexicano, la cual no existía como tal, y aseguró que en 2023 ya estarán en función.
Navarrete Quezada replicó que le resultaba triste que por el organigrama no se haya nombrado esa subsecretaría, cuando existía el antecedente en dos administraciones anteriores, y señaló que ella “debió haber nombrado a quién encabezará la subsecretaría”, agregó que la vería dentro de un año para ver si era cierto que ya había un subsecretario afro.
El diputado por Morena, Masedonio Mendoza Basurto, preguntó cómo atendió a los 25 mil guerrerenses de la Montaña que cada año salen a trabajar a los campos agrícolas y qué se hace para apoyar el rescate de las lenguas indígenas.
Mejía Morales expresó que a los jornaleros agrícolas se les ha brindado una atención integral a través de una comisión intersectorial que les ha dotado insumos alimenticios, que los han apoyado con intérpretes en las cuatro lenguas indígenas, con asesorías jurídicas, atención médica, traslado de fallecidos, y talleres para el fortalecimiento de la medicina indígena y tradicional.
Comentó que han implementado talleres para promover la preservación de las lenguas maternas en diferentes municipios como Xochihuehuetlán, Huamuxtitlán, Alpoyeca, Copanatoyac, Tixtla, Copalillo y Chilpancingo.
La secretaria para el Desarrollo de las Comunidades y Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Reyna Mejía Morales, destacó en la síntesis de su informe que en Guerrero según el Censo de Población y Vivienda 2020, hay 515 mil 487 hablantes de lengua indígena: náhualt, ñuu savi, me’phaa y nn’anncue ñonmdaa.
Aunque dijo un millón 198 mil 362 se reconocen como indígenas, que representa el 33.84 por ciento de la población del estado; y 303 mil 923 personas que se consideran como afromexicanos, que representa el 8.55 por ciento, concentrados en Acapulco, Chilpancingo, Cuajinicuilapa, Ometepec, Florencio Villarreal y Tecoanapa.
Sostuvo que integró un Subcomité Especial de Pueblos Indígenas y Afromexicano, conformado por veinticuatro dependencias estatales y federales que implementaron programas; impartieron talleres de capacitación y sensibilización a servidores públicos municipales y autoridades comunitarias, para erradicar los matrimonios forzados entre menores de edad, justificados bajo los usos y costumbres.
Mencionó que en el ejercicio presupuestal se invirtieron 6 millones 520 mil 97 pesos, de los cuales, para el Programa Defensa y Acompañamiento Jurídico para el Bienestar de los Pueblos Indígenas y Afromexicano se invirtió 2 millones 163 mil 247 pesos en asesorías jurídicas y representaciones legales; se invirtió 2 millones 992 mil 300 pesos en el Programa Transformando el Desarrollo de las Culturas e Identidades de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, que promovió y difundió la cultura indígena y afromexicana en todas sus expresiones.
Además, dijo que para el Programa para Impulsar la Participación y la Representación de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, se ejerció una inversión de 380 mil 250 pesos, para celebrar dos foros de consulta y análisis para el diseño del Programa de Desarrollo Integral para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
Por su parte, la diputada local perredista, Jennifer García Lucena, preguntó a la titular de la Secretaría de la Juventud y la Niñez, por qué para el presupuesto del 2023 se destinarán 36 millones a su dependencia, de los cuales, 32 millones están destinados para gastos de la secretaría, y sólo 4 millones para la inversión en sus programas.
También le preguntó qué ha hecho para atender a los jóvenes que están en el contexto de violencia, cuando muchos caen en las filas de la delincuencia organizada y cuáles son las medidas preventivas que brinda su secretaría.
Jessica Maldonado reconoció que sí trabajará el próximo año sólo con 4 millones de pesos para la operatividad de su dependencia. Mencionó que ante el contexto de violencia que sufre Guerrero, implementaron una estrategia de prevención para el consumo de drogas y alcoholismo con conferencias y una escuela para padres en la región Montaña y Costa Chica.
Aseveró que atendió con servicios de salud mental y en apoyo con fundaciones a jóvenes en situaciones de drogadicción y alcoholismo, destacó que contribuyó de manera directa al vincularlos con la Secretaría de Educación si los jóvenes deciden seguir estudiando y le dan el acompañamiento directo para el ingreso a la escuela, y si la o el joven decide trabajar lo vinculan con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para darle un empleo formal.

Secretaría de la Juventud apoya emprendimiento

La secretaria de la Juventud y la Niñez, Jessica Maldonado Morales, manifestó en la síntesis de su informe que con los 2 millones de pesos presupuestados este año, invirtió un millón correspondiente al remanente del ejercicio fiscal 2021 y otro millón más que gestionó de inversión estatal directa para beneficiar a mil 112 jóvenes con el Programa de Equipamiento a cinco Casas de Estudiantes, y la reactivación de la casa del Estudiante Guerrerense en la Ciudad de México. Enfatizó que fortaleció la cultura emprendedora, al poner en marcha el programa “Foros de fomento al empleo y emprendimiento juvenil” a través de la convocatoria “Juventud que emprende”, contando con una inversión de 480 mil pesos, teniendo una cobertura estatal que benefició a 20 hombres y 26 mujeres.
Añadió que invirtió un millón cuarenta mil pesos, con la activación del programa Eventos Regionales para el Desarrollo de la Juventud y la Niñez, mismos que se integra por diversos componentes: entregaron a mil 517 jóvenes métodos anticonceptivos, información preventiva y aplicando 240 pruebas gratuitas de detección de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)
Además, con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social vinculó a 3 mil jóvenes en puestos de trabajo formal y a 6 mil 256 jóvenes con las Ferias de Empleo, consolidando 800 nuevos ingresos en vacantes ofertadas por el sector privado.

 

El Congreso local sólo ha resuelto 30% de iniciativas de leyes y decretos: PRD

El diputado perredista, Sebastián de la Rosa Peláez, reclamó en tribuna que el Congreso local sólo haya resuelto el 30 por ciento de las iniciativas de leyes y decretos que se han presentado, de los cuales “muchos fueron descargados indebidamente” sin ser dictaminados, por lo que afirmó que la actual legislatura es improductiva.
Reclamó también que el Congreso local no esté cumpliendo los plazos que establece la ley y que precisamente “la instancia hacedora de las leyes no las están cumpliendo”.
Ayer en el Congreso local se realizaron dos sesiones, la primera para instalar el periodo ordinario de sesiones y la segunda fue una sesión ordinaria a la que asistieron 30 diputados.
El diputado perredista presentó en tribuna un recuento de los asuntos e iniciativas que el Congreso ha atendido desde que inició la legislatura hasta el 20 de diciembre del año pasado. Son mil 41, de las cuales 277 fueron iniciativas de ley y decretos.
De la Rosa Peláez dijo que de los 277 iniciativas de leyes o decretos presentadas ante el pleno y turnadas a comisiones, sólo se han resuelto o dictaminado 76 asuntos, lo que representa el 30 por ciento del total.
El perredista insistió en que los trabajos de la legislatura se deben agilizar, y transparentar los procesos legislativos para que los ciudadanos conozcan cómo se desahogaron los asuntos que llegan al Congreso local.
Pero además, precisó que de los 76 asuntos resueltos, la “mayoría” son los que las comisiones “indebidamente, han descargado como asuntos totalmente concluidos”, pero no han recibido dictamen.
En ese sentido dijo que no se trata del número de iniciativas o asuntos descargados sino de cuántos fueron dictaminados.
Recordó que la ley no establece que las comisiones pueden descargar los asuntos sin dictaminar. Lo que sí precisa es que todos los asuntos deben ser dictaminados a favor o en contra “y esta legislatura se los ha permitido, a pesar de que el procedimiento no es el legal”.
Dijo que si los asuntos no se dictaminan y son descargados, las comisiones y principalmente quienes las presiden, están cometiendo irregularidades.
Y los exhortó fraternalmente para que dictaminen los asuntos, “no cuesta nada, si no están de acuerdo con los temas o todavía no les dan la línea de cómo deben dictaminar los asuntos, pues sencillo, dictamínenlos en contra pero dictaminen”.
Contrario a lo que se dijo al concluir el primer año de trabajo de la actual legislatura, en el sentido de que esta es productiva, ayer el diputado perredista dijo que el balance que se hace a partir de los resultados deja ver que no lo es, y por el contrario afirmó que “a estas alturas es ya rezago legislativo”.
Mientras el diputado perredista hablaba en tribuna, desde su curul, el priista Héctor Vicario Castrejón le dijo que parecía “disco rayado” cuando De la Rosa Peláez pidió que se dictaminaran todos los asuntos que están pendientes como las propuestas para eliminar el fuero.
La ley orgánica del poder Legislativo en su capítulo séptimo habla de los plazos para emitir dictamen. El artículo 279 dice que las iniciativas y proyectos turnados a comisiones deben ser dictaminados en un plazo “no mayor a 30 días hábiles”.
En el mismo artículo se precisa que sólo se puede disponer de un plazo mayor cuando el tema sea transcendente o complejo, pero el plazo no debe exceder los 15 días hábiles y se deben solicitar a la Mesa Directiva en los primeros 10 días después de que reciben la iniciativa.

La sesión

La fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC) presentó un exhorto al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal Rafael Pacchiano Alamán, para que en coordinación con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el estado Karen Castrejón Trujillo, realicen las “acciones necesarias para la recuperación y conservación del parque nacional El Veladero”.
El coordinador de los diputados del PVEM, Eduardo Ignacio Neil Cueva Ruiz, propuso una adición a la propuesta en el sentido de hacer un llamado a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para que valore la viabilidad de incluir el parque El Veladero dentro del registro del sistema nacional de áreas naturales protegidas.
Ignacio Neil Cueva dijo que el parque El Veladero es un motín político cada proceso electoral, por lo que debe ser una área protegida.
En la sesión, el diputado priista Samuel Reséndiz Peñaloza presentó una iniciativa con proyecto de decreto para incluir en la ley número 1212 de salud estatal que las vacunas para prevenir la influenza epidémica, el dengue o las hepatitis y las relativas al virus del papiloma humano (VPH) sean obligatorias.
En la propuesta el diputado argumentó que el VPH debe ser obligatoria y aplicarse universalmente a niñas de quinto grado o bien de 11 años “no escolarizadas”.
El priista Víctor Manuel Martínez Toledo presentó un exhorto al presidente de la República Enrique Peña Nieto para que instruya al delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), “para que coordine acciones” con las autoridades estatales y municipales para el establecimiento de un programa emergente de verificación a estaciones de servicio de combustibles por la posible venta de “combustible adulterado”.