Resolución o administración de conflictos. El caso de Capulín Chocolate

El estado de Guerrero sin duda se destaca por la fuerte existencia de conflictos comunitarios de diversa índole. Algunos tienen su fuente en la lucha por la tierra y se vislumbran como conflictos agrarios, otros tienen como base distintas ideologías políticas o filiaciones partidistas, otros la pertenencia a diferentes credos religiosos y muchos más tienen su fundamento en causas sociales. Simplemente en la región de La Montaña, la Procuraduría Agraria informa que ha documentado la presencia de 47 conflictos agrarios, destacando entre ellos el de Acatepec y Zapotitlán Tablas, el de la comunidad de Xitopontla con los pequeños propietarios de Olinalá, entre muchos otros.

Desde hace varios meses un conflicto comunitario visible es el de Capulín Chocolate, comunidad ubicada en el municipio de Marquelia. En agosto del año pasado, estalló un conflicto que inicialmente parecía ser de intolerancia religiosa, toda vez que un grupo de 12 familias pertenecientes a los testigos de Jehová denunciaban ser obligados por los católicos de la comunidad a desempeñar cargos religiosos. Conforme nos fuimos adentrando y fue avanzando el conflicto resultó evidente que no se trata de intolerancia religiosa sino del incumplimiento de los usos y costumbres comunitarios, siendo la base del problema que un sector de la comunidad, concretamente las familias pertenecientes a la religión testigos de Jehová, se niegan a cumplir con los cargos comunitarios.

El conflicto se polarizó a tal grado que las partes solicitaron la intervención del gobierno del estado, mismo que se vio obligado a intervenir mediante el establecimiento de una mesa de diálogo entre las partes. Como resultado de ello el 17 de septiembre de 2003 en asamblea general de ciudadanos de Capulín Chocolate, en la que estuvieron presentes el licenciado Javier Bataz Benítez, subsecretario de Gobierno para Asuntos Religiosos, el ingeniero René González Justo, presidente municipal de Marquelia, y otras autoridades, se llegó al acuerdo de que las dos partes convenían que lo mejor era la reubicación de las 12 familias señalando el 22 de noviembre de ese mismo año como fecha para que las mismas ya tuviesen otro lugar de residencia.

Al vencerse los plazos establecidos en la citada acta de asamblea, misma que cuenta con las firmas de los funcionarios antes señalados, los ciudadanos de Capulín Chocolate dirigieron una carta al gobernador, solicitándole información acerca del cumplimiento de los acuerdos, en el entendido de que dichas autoridades se encargarían de la ubicación y traslado de las 12 familias inconformes.

El 28 de octubre del mismo año las autoridades de la comunidad fueron citadas a una reunión en la Secretaría General de Gobierno, en la que estuvieron presentes el subsecretario de Asuntos Religiosos, el subsecretario de Seguridad Pública, el subprocurador de Asuntos Penales y el director general de Gobernación. Las autoridades fueron informadas que se revocaban los acuerdos contraídos en la comunidad de Capulín Chocolate, argumentando que no tienen validez porque las autoridades firmaron bajo presión.

A partir de ello, las autoridades estatales simplemente han dejado transcurrir el conflicto, propusieron elaborar un borrador de reglamento comunitario en el que se establecieran claramente los derechos y deberes de los ciudadanos, sin embargo a la fecha dicho documento no ha llegado a manos de la comunidad.

El caso de Capulín Chocolate representa un ejemplo latente de que al parecer las autoridades sólo atienden los conflictos cuando los mismos se polarizan y llegan al extremo de riesgo ya sea porque está a punto de cobrar vidas o en su defecto porque ya hubo enfrentamientos.

A la fecha los ciudadanos de Capulín Chocolate han enviado una misiva más al gobierno del estado en torno a la necesidad de revivir el diálogo, el problema comunitario continúa y el incumplimiento de los acuerdos lo único que han logrado es auspiciar el estado de conflicto.

Muchos conflictos viven la misma condición de desatención o administración, corriendo el riesgo de que los mismos se prolonguen sistemáticamente y sigan generando un costo social y de vidas permanente, como al día de hoy ha acontecido con el problema agrario de Zapotitlan Tablas y Acatepec, el cual comienza una vez más a dar visos de resurgimiento.

Estos casos son muestra clara de que en ocasiones las autoridades lejos de comprometerse con las partes y propiciar salidas, tal parece que se dedican al intervencionismo que no aporta salidas de fondo sino solamente coyunturales, generando una administración y no una resolución de los conflictos.