Lourdes Chávez

Chilpancingo

El aval de los congresos locales a la continuidad del Ejército en labores de seguridad pública hasta 2028 envía un mensaje de impunidad a los perpetradores de los crímenes, del pasado y el presente, sobre todo, preocupa que en esta coyuntura diputados ignoren a las víctimas para congraciarse con el presidente, denunció el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
“Se da un discurso falaz aquí (en Guerrero) de que el Ejército es diferente, cuando sabemos que hay mandos que cometieron graves violaciones a derechos humanos, que han sido condecorados y que siguen encubiertos, como ahora sucede con Ayotzinapa”, señaló Barrera.
Como referencia, señaló la cancelación por la Fiscalía General de la República (FGR) de 21 órdenes de aprehensión relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural, de las cuales 16 son contra militares.
Entrevistado vía telefónica, sobre la defensa del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a la reforma del Senado al artículo quinto transitorio constitucional, en materia de Guardia Nacional, en la tribuna del Congreso local y las posturas de las fracciones políticas, Barrera Hernández señaló que nadie puso en primer plano a las víctimas de desaparición forzada, de los crímenes del pasado, como de hechos más recientes.
Recordó el “papel lamentable” del Ejército en graves violaciones a los derechos humanos y que ahora las autoridades, a tabula rasa, hablan de un Ejército moderno, que no viola los derechos humanos, “como si fuera otra institución”.
Aclaró que la milicia no rinde cuentas a las autoridades civiles y tiene vetos en cuanto a los agentes de Ministerio Público, que no se atreven, regularmente, a investigar a militares, “es una estela de impunidad que persiste en Guerrero, desde los años cruentos de guerra sucia, y los años trágicos de la desaparición de los 43 normalistas”.
Asimismo, refirió las ejecuciones arbitrarias de 11 indígenas y actos de tortura en la comunidad mixteca de El Charco, hace dos décadas, “causó terror en las comunidades y no se investigó ni se encarceló a nadie. Las viudas siguen cargando con el estigma de que sus esposos eran guerrilleros, de que ellos estaban cometiendo delitos”.
Del acto político en el Congreso, enfatizó que nadie recordó los hechos atroces cometidos por militares, en un recinto donde los representantes populares deben proteger los derechos de la población más vulnerable.
“Los posicionamientos dejaron fuera a las víctimas. No hubo cuestionamiento sobre el proceder el Ejército en Guerrero, tampoco retomaron las recomendaciones de mecanismo de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en materia de seguridad pública). Más bien, el Congreso está flaco de conocimientos en jurisprudencia, que le den sustento a su quehacer como legisladores y legisladoras”.
Añadió: “Están carentes de una visión de Estado. Responden a intereses facciosos políticos para congraciarse con el poder, para mantenerse dentro del presupuesto, para aplaudir a quien en este momento tiene en sus manos el control de la seguridad interior (el presidente Andrés Manuel López Obrador)”.
Consideró que no están a la altura de los sentimientos de la nación, que proclamó José María Morelos. “Es en verdad lamentable esta comparecencia, porque pisoteó, se ignoró los sentimientos de las víctimas. Subieron a un pedestal a los militares, con una afirmación letal, para madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa: que han quedado atrás noches oscuras, como la de Iguala”.
Además, lanza una bofetada a madres y padres, usurpó la función del juez que debe pronunciarse en el caso y de la misma Comisión para la Verdad y la Justicia (Covaj) para el caso Ayotzinapa, denunció.