Con la presencia de representantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) opositora, el pleno del Congreso local aprobó ayer por mayoría de votos un exhorto al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión para que analicen la reforma educativa.
Sin embargo, se rechazó que el Legislativo solicite al titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) que abstenga de cualquier represalia en contra de los maestros y maestras que se oponen a la reforma.
Este jueves los diputados locales celebraron las dos últimas sesiones correspondientes al tercer periodo ordinario, en las que dieron primera y segunda lectura al dictamen por el que pidieron se analizara la reforma educativa, y en ambas estuvieron maestros de la CETEG encabezados por la profesora Antonia Morales Vélez.
En la exposición de motivos, la coordinadora de la fracción del PRD, Erika Alcaraz Sosa, se explica que es conveniente hacer un llamado al gobierno federal y al Congreso de la Unión a que se reactive la comunicación y reinicien las mesas de trabajo ya concertadas con la Secretaría de Gobernación (Segob).
El dictamen es resultado de las tres solicitudes que el Congreso recibió de las dos fracciones de la CETEG y de la Dirección Colectiva Estatal de las Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales, que solicitaron su intervención ante las autoridades federales y estatales, tras el despido de 951 maestros y retenciones salariales.
El exhorto está dirigido al presidente Enrique Peña Nieto y a las cámaras de Diputados y de Senadores, para que de manera conjunta se analice la reforma educativa en las mesas de trabajo instaladas por la Segob, la de Educación Pública (SEP) y representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
La intención, se lee en el dictamen, es que se aborde el asunto relacionado al proceso del cese y la situación salarial de los maestros y solucionar el conflicto social en Guerrero.
El exhorto fue aprobado por mayoría de votos.
El petista Jesús Martínez Martínez, que preside la Comisión de Derechos Humanos propuso un exhorto al gobernador Héctor Astudillo Flores a fin de que gire instrucciones al titular de la SEG, José Luis González de la Vega de abstenerse de cualquier represalia, ya sea psicológica, laboral, administrativa o económica contra los maestros que se oponen a la reforma.
En la exposición de motivos se lee que la reforma educativa “no sólo es regresiva en la protección de garantías básicas”, sino que viola tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y laborales, que deja en condiciones de vulnerabilidad a los maestros a quienes, aseguró, se les niega el derecho de audiencia y a objetar cualquier etapa de su evaluación.
“Con la reforma educativa el Estado legaliza una relación laboral que deja atrás el derecho conquistado de la seguridad en el empleo, lo que viola garantías consagradas en el artículo 123 constitucional. El principio básico de la Carta Magna es que cualquier modificación no puede orientarse más que hacia una progresividad de los derechos consagrados, es decir, no se pueden aprobar cambios regresivos a garantías ya conquistadas”, expone el documento.
Pese a la argumentación, la propuesta fue rechazada por las fracciones del PRI y PVEM, que hacen mayoría en el Congreso.
En respuesta los maestros gritaron consignas como “va a caer, va a caer, la reforma va a caer” y se retiraron tras dialogar con la presidenta de la Comisión de Gobierno, la priista Flor Añorve Ocampo a quien agradecieron la apertura y acordaron continuar las reuniones.