Exigen familiares del preventivo su libertad inmediata

 En el proceso hay lagunas e irregularidades creadas por el MP, pues está presionado por el Ejército, asegura. El sólo defendió su vida, afirma la esposa del agente

 Teresa de la Cruz Chilpancingo

Mientras que familiares del policía preventivo que asesinó a un militar durante un tiroteo del viernes exigieron su “libertad inmediata”, su abogado, José María Gómez Caña, aseguró que el caso “tiene fondo político porque está lleno de lagunas e irregularidades”, mismas que creó el Ministerio Público por “presión” de las autoridades militares.

Entrevistada en su domicilio ubicado en la colonia del PRI, la esposa del policía preventivo detenido, Angel Martínez Durán, Cándida Campos Galicia, dijo que es “injusto” el proceso judicial que las autoridades aplican contra su esposo porque       “él sólo defendió su vida”.

Campos Galicia aseguró que no entiende porqué culpan de homicidio a su esposo “si todas las versiones de los testigos –taxistas, pasajeros y el policía que lo acompañaba– coinciden en que disparó en defensa propia”.

Acompañada de la madre de Angel Martínez Durán, quien apenas en julio del año pasado ingresó a la corporación de la Policía Preventiva Municipal, Campos Galicia exigió “la libertad inmediata” de su esposo porque “él estaba en servicio y si disparó fue en cumplimiento de su deber, además si el no hubiera actuado quizá el militar hubiera matado a algunas personas inocentes”.

Aseguró que el director de la Policía Preventiva Municipal, Erit Montúfar Mendoza, “nos apoya con el abogado, pero parece que hay presiones de los militares porque ahora dicen que el militar nunca disparó, que la prueba de Harrison salió negativa”.

Mencionó que ha solicitado la ayuda de los policías municipales y “ellos me han dicho que están dispuestos a apoyar a mi esposo, con marchas o con paros laborales, porque es una injusticia lo que hacen con él”.

Campos Galicia agregó que “si se llegara a culpar a mi esposo, la consecuencia inmediata será la inseguridad porque los policías no van a querer actuar, van a pensar antes de querer actuar en contra de una persona armada”.

Por su parte, el abogado del policía detenido, José María Gómez Caña, aseguró ayer que el caso más que difícil es “político” porque está inmerso en una serie de “irregularidades” que el Ministerio Público creo por “las presiones de las autoridades militares”.

Entrevistado en su oficina, Gómez Caña enfatizó que “por la declaración de los testigos queda claro que inevitablemente el militar sí disparó, pero hay manoseo en el caso por parte de las autoridades militares, incluso tengo conocimiento de que en el Semefo –Servicio Medico Forense– hubo gente del Ejército Mexicano”.

La consecuencia directa de que esa “gente extraña haya tenido acceso durante la práctica de la necropsia, es que hoy el informe pericial dice que el militar nunca disparó y no estaba en estado de ebriedad”, aseveró Gómez Caña.

Resaltó que “el caso parece difícil, pero es por las lagunas que creó el Ministerio Público y es que no recibieron la declaración del policía que acompañaba a Angel Martínez Durán y tampoco citaron a declarar a los pasajeros de uno de los taxis, sobre quienes disparó el       militar”.

“Quienes sí declararon y reconocen que escucharon tres disparos de pistola y uno de escopeta son dos militares que se encontraban en una de las torres del 41 Batallón de Infantería –ubicada a unos 150 metros de donde ocurrieron los hechos–”, dijo Gómez Caña.

Agregó que algunos agentes del Ministerio Público también asumieron una actitud “déspota para quedar bien con la Sedena –Secretaría de la Defensa Nacional– y es que en la reconstrucción de los hechos llevaron al policía esposado y de modo humillante hicieron que actuara lo ocurrido”.

Señaló que por la declaración preparatoria del policía municipal, que hizo derivado de la causa penal 84-1/2004, “se percibe que se trató de un homicidio imprudencial porque se le fue un disparo cuando cayó al suelo, luego de que el militar le había disparado”. Y de ser calificado así por el juez –según Gómez Caña– el policía “podría ser liberado bajo fianza”.