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El gobierno, listo para enviar a la policía a restaurar la legalidad en Copalillo: Chavarría



El secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, dijo ayer que los hechos del lunes en Copalillo, en donde indígenas de diferentes partidos políticos desarmaron a policías preventivos municipales y desalojaron al alcalde Sergio Cenobio Morales de la sede alterna en que despachaba, “rebasa los límites de la tolerancia” y que el gobierno utilizará la fuerza pública a partir de este miércoles si en las próximas horas no encuentra respuesta al diálogo de parte de los inconformes.
Chavarría Barrera indicó que en el gobierno estatal “no nos gusta utilizar la fuerza pública, pero en última instancia es el recurso que tenemos para restaurar ahí la legalidad y la vida institucional del municipio”.
El funcionario afirmó no obstante, que buscaría el diálogo por última vez en las próximas horas, para explicar a los inconformes que deben esperar el dictamen del Congreso local, pero que una vez agotada esta instancia el gobierno enviaría a la fuerza pública para “garantizar la estabilidad” en ese municipio.
Chavarría informó que ayer el ambiente era de calma, pero que el conato de violencia del lunes “colocó en una situación de tensión al municipio”.
Entrevistado después de una reunión con el dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), Félix Moreno Peralta, en el restaurante El Parador del Marqués, el funcionario adelantó que ayer mismo buscaría al presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Carlos Reyes Torres, “porque es un asunto que le corresponde resolver al Congreso local. Entiendo que el asunto está en comisiones y no sé que avance tenga el dictamen”.
Y es que recordó que los inconformes demandan la desaparición de poderes, que en su momento él mismo les dijo que esa petición no procedía.
Añadió que de parte del gobierno estatal se va a insistir en el diálogo con los disidentes, pero advirtió que ante lo que se hizo ayer, que “está al margen de la legalidad, si no hay entendimiento, ni modo, vamos a tener que aplicar la ley”.
Explicó que hay “constancia” de que el gobierno del estado ha puesto por delante el diálogo, pero insistió que “lo que sucedió ayer ya rebasa los limites de esta tolerancia; hubo un exceso, se colocaron (los inconformes con el alcalde) por fuera de la legalidad, pero vamos a hacer el último llamado para ver si hay la posibilidad de una última reconsideración, y si no lo hay, el gobierno del estado tendrá que actuar conforme a la ley”, insistió.
Los indígenas de Copalillo que pertenecen al PRI, PRD, PAN, PT y PRS demandan que el Congreso local revoque el mandato del alcalde, a quien acusan de arbitrario y prepotente y de quien dicen que ostenta su cargo sin legitimidad pues era inelegible, toda vez que su credencial de elector no correspondía al municipio y además no fue encontrado en la lista nominal.
Analiza el Congreso local la desaparición de poderes en Copalillo: Ernesto Payán
El presidente de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, Ernesto Payán Cortinas, descartó ayer aquí que vaya a haber hechos de violencia en el municipio de Copalillo, tras los disturbios de este lunes cuando habitantes de ese lugar desarmaron a los policías y tomaron las oficinas donde despacha el alcalde Sergio Cenobio Morales, a quien acusó de no tener la capacidad para resolver ese conflicto político; asimismo anunció que se analiza la desaparición de poderes e instalar un consejo municipal.
En tanto el diputado priísta Fermín Gerardo Alvarado Arroyo secretario de esa comisión dijo que es responsabilidad del gobierno garantizar la seguridad en ese municipio y señaló que el ex alcalde priísta Eleazar Morales es quien ha ocasionado los problemas, “es extraño que un hombre cercano al secretario de Gobierno, Armando Chavarría esté ocasionando estos problemas”, dijo.
Desde enero el conflicto de Copalillo fue turnado a esa Comisión y ha citado al edil Cenobio Morales y los dirigentes del PAN de Copalillo, Efraín Palacios Ramírez; del PRT, Rubén Estrada Guadalupe; del PRI, Onésimo Santos Cruz y del PRD, Eleazar Santos Matías quienes exigen la desaparición de poderes en ese municipio.
Sobre los hechos del lunes, Payán señaló que desde la semana pasada se tenía aprobado un dictamen para que tomaran protesta tres regidores que no lo habían hecho, “pero con los hechos ocurridos en Copalillo nos lleva a suspenderlo y hacer una nueva evaluación, porque se podría desaparecer los poderes en ese municipio”.
“Hay una nueva petición la destitución o revocación de mandato del presidente municipal y ya no está dentro de nuestras facultades como Comisión, le competería a la Comisión Instructora; si se puede nombrar a un consejo municipal y ayer por la noche lo platiqué con los dirigentes del PRI, PAN, PRD y del PRT, les hice hincapié que si es una propuesta de un consejo municipal si le compete a la Comisión”, señaló.
Aseguró que en los cinco meses de ese conflicto, “ninguna de las partes demostró sensibilidad política, no demostraron que quisieran llegar a un acuerdo, ninguna de las dos partes tiene la razón y si se instala un consejo municipal la ciudadanía se merece otros personajes y otros liderazgos”.
Payán negó que el legislador del PRI e integrante de esa Comisión legislativa Fermín Alvarado esté protegiendo al edil, Sergio Cenobio, “no desde luego que no, con Fermín se ha tenido un trabajo coordinado en la Comisión y ha estado planteando que se aplique la ley, conoce de leyes y hemos llegado a acuerdos en varios dictámenes y no he visto una actitud de proteger al alcalde, no he visto eso o una actitud de esa naturaleza por parte de él”.
“De mi parte, lo que ha planteado la fracción parlamentaria del PRD y que sostiene que todos aquellos representantes populares que han sido electos se les respeten su encargo, por eso la preparación del dictamen para que se tomara protesta a los tres regidores, era una manera de contribuir a que esa comuna fuera la reconocida por el Poder Legislativo y por la ciudadanía”, dijo.
Indicó que este lunes por la noche sostuvo una reunión con los dirigentes que están impugnando al alcalde priísta, en donde percibió que no hay un ánimo de enfrentamiento o confrontación, “cuando menos de la plática que sostuve ayer con los dirigentes de Copalillo, creo que no habrá hechos de violencia, al menos esta Comisión ha cumplido con la ley. Como Comisión estamos evaluando la instalación de un consejo municipal, y ellos están valorando si quieren la desaparición de poderes o la destitución del alcalde”.

Buscará esta semana una mesa de diálogo con los opositores, anuncia Chavarría




El secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, informó que esta semana comenzará una iniciativa para promover una mesa de diálogo con los opositores a la presa La Parota y establecerá una agenda para “ver hasta dónde es posible llegar a un consenso”.
Dijo que no tiene previsto ningún lugar en especial, si en Chilpancingo o los Bienes de Cacahuatepec, para este primer encuentro porque lo importante será que estén de acuerdo ambas partes.
Al preguntarle si el principal objetivo de la mesa será convencer a los opositores de que se construya la hidroeléctrica, respondió que será parte de su labor “convencerlos, explicarles de las bondades del proyecto y ojalá lleguemos a un buen entendimiento”.
En entrevista antes del festejo del Día del Maestro en el Centro Internacional Acapulco, Chavarría destacó que la marcha de los opositores en Tlapa muestra que en el estado “hay libertad para que la gente se exprese a favor o en contra, a través de declaraciones y movilizaciones”.
Pero aclaró que “una competencia de marchas no nos ayudará a resolver el problema, necesitamos instalar una mesa de diálogo, una agenda de discusión”.
Al indicarle que en la marcha los opositores aseguraron que no son minoría, el funcionario estatal mencionó que ese asunto quedó resuelto en las asambleas que se hicieron en los núcleos agrarios y se demostró que la mayoría de los campesinos están a favor de la presa.
Al recordarle que antes los opositores hablaron de una mesa de diálogo, argumentó que no se puede hacer con condiciones “no le puedo decir al fulano: a ver ven a tal hora, lo quiero aquí y siéntese a dialogar, eso no es posible ni de un lado ni del otro”.
Afirmó que el gobierno estatal siempre ha tenido la disposición de dialogar, incluso “casi” tenían las condiciones para ello pero “se atravesaron dos acontecimientos” importantes para los opositores como el Foro Mundial del Agua y la visita del subcomandante Marcos.
Chavarría informó que el gobernador lo instruyó para que instalara la mesa y que espera en los próximos días platicar con los opositores.
Reconoció que en este conflicto el gobierno estatal no es imparcial porque ve con simpatía el proyecto que beneficiaría a los guerrerenses.
–¿Cómo establecerán un diálogo cuando ya hay una tendencia del gobierno a favor del proyecto?
–Eso no es impedimento para que quienes están a favor y en contra se sienten en una mesa de diálogo, hay que buscar los puntos de coincidencias, condiciones de la oposición y la simpatía para que dialoguen, buscar los puntos de encuentro y el mayor beneficio para los campesinos.
En otro tema, el funcionario indicó que están concientes que se cumplió el plazo que dio el gobernador al comienzo de su administración para empezar a ver resultados.
Dijo que respeta lo dicho por el dirigente nacional del PRI, Mariano Palacios Alcocer, que de acuerdo con una encuesta hay descontento entre la población por el gobierno estatal, pero, , la sociedad entiende que no se pueden hacer cambios rápidos y que valora el esfuerzo que hace el gobernador.

El narco, La Parota y El Capulín temas en la reunión de jefes policiacos: Chavarría




El secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, afirmó este viernes que en la reunión del Grupo Coordinación Guerrero (integrado por los mandos policiacos de los tres niveles de gobierno y el Ejército) se reconoció que la delincuencia organizada en el estado sigue siendo “un problema”, por eso se tomaron medidas para reducir hechos delictivos, aunque no las dio a conocer.
En lo social, dijo que en estos momentos Guerrero se encuentra “en general estable”, aunque con dos problemas “importantes, latentes” como la construcción de la presa La Parota y el conflicto de las tierras entre El Capulín y Moyotepec, pero no abundó sobre el tema.
La reunión se efectuó como cada mes, en las instalaciones de la Sexta Región Naval en el puerto de Acapulco y fue presidida por el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, a la cual asisten jefes de la policía municipal, estatal y federal, así como mandos militares de la Marina Armada, dijo el funcionario.
Entrevistado vía telefónica al salir del acto, Chavarría indicó que en la reunión se hizo una evaluación de la situación social y política del estado y de los hechos de violencia ocurridos.
Comentó que se evaluaron “las expresiones de violencia que ha habido en el último mes” y se acordó tener “una mayor comunicación, integración y sobre todo coordinación entre las distintas corporaciones policiacas para abatir índices delictivos” y no tenga mayor éxito la delincuencia organizada.
Afirmó que se tomaron medidas concretas para reducir los hechos delictivos pero “no es pertinente darlas a conocer”.
A pregunta expresa, el funcionario dijo que mensualmente analizan “los parámetros de los acontecimientos delictivos en Guerrero en especial los hechos violentos”.
Dijo que en este mes –en el que decapitaron a dos policías en Acapulco, uno de ellos un comandante de la Preventiva municipal– en general “va bajando el índice delictivo de delitos comunes” pero se reconoció que ha “habido poca efectividad relacionado con la delincuencia organizada, sigue siendo un problema”.
Dijo que existe tranquilidad en la mayoría de la población porque han ido disminuyendo los delitos del fuero común pero que en el otro tema, de delincuencia organizada se “siguen haciendo esfuerzos para combatir, pero es un problema”.

Por instrucciones de Zeferino, no nos involucramos en la elección: Chavarría



El secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, aseguró ayer que no habrá represalias para quienes bloquearon carreteras en diferentes regiones de la entidad este domingo, en apoyo a los detenidos en San Salvador Atenco, estado de México.
Por otra parte, Chavarría rechazó los señalamientos que ayer hizo la dirigencia estatal del PAN, sobre que la dirección de Transportes del estado entregó concesiones condicionadas para respaldar a los candidatos del PRD a diputados federales, senadores y al presidente de la República.
Consideró poco responsable la acusación de la dirigencia del PAN, porque no fundamentó sus señalamientos en contra de la administración estatal.
Invitó a la dirigencia de ese partido a presentar la denuncia correspondiente ante las instancias legales para que se realicen las investigaciones respectivas sobre el presunto condicionamiento de entrega de programas de interés social, como el caso de las concesiones entregadas en Zihuatanejo el 5 de mayo.
“Tenemos instrucciones del gobernador del estado de no involucrarnos en asuntos electorales y mucho menos utilizar los recursos públicos con estos fines”, dijo.
Señaló que el gobierno de Guerrero no tiene denuncias ni observaciones que involucren a las autoridades en cuestiones relacionadas con candidatos a cargos de representación popular y que únicamente se han hecho declaraciones de algunos partidos políticos a este respecto.
Entrevistado en el Ayuntamiento de Acapulco después de una reunión con el alcalde Félix Salgado Macedonio, Chavarría opinó que las declaraciones que hizo la senadora María Luisa Calderón Hinojosa sobre el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo son “sin fundamentos”.
Dijo que él conoce el estilo de la senadora por el tiempo en que él también fue senador “y siempre se daba a tener expresiones que como este caso no tienen un sustento”.
En entrevista con El Sur, la senadora afirmó que el actual gobernador “no es perredista y quisiera ser de otro partido” además de que en el estado hay un voto anti López Obrador y que el estado no aportara una cascada de votos a favor del candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador quien ya llego a su límite de crecimiento.
Las expresiones de la senadora fueron respondidas por Chavarría quien comentó que si López Obrador ya llegó a su techo entonces le van a hacer “un segundo piso”.
Consideró que lo más prudente es esperar los resultados de la elección del 2 de julio porque “finalmente la decisión la van a tomar los ciudadanos”.
Dijo que los grupos que mencionó María Luisa Calderón en la entrevista, son inevitables porque así es la democracia, “en todos lados hay sectores anti PRI, hay sectores anti PRD y hay algunos sectores anti PAN eso es inevitable”.
Dijo: “vamos a esperar el 2 de julio, va haber una votación muy importante pero yo tengo confianza en que Andrés Manuel López Obrador va a tener una votación importante en el estado”.
De que el gobernador quiera pertenecer a otro partido, Chavarría respondió que Zeferino “siempre ha manifestado su identidad, su simpatía con el PRD. Ha sido muy firme en sus convicciones y creo que eso nos consta a todos los guerrerenses”.
De las manifestaciones del pasado fin de semana a favor a los miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco que ocurrieron en diferentes regiones del estado, Chavarría indicó que “no va haber ninguna actitud de represalia hacia las gentes que participaron en este tipo de movimientos”.

El Congreso nombró al magistrado Román, no el gobierno: Chavarría



Teresa de la Cruz Chilpancingo

El secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera negó este viernes que haya habido intromisión del gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo en el Poder Legislativo, para que el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Edmundo Román Pinzón fuera electo como magistrado; dijo que fue “autónoma” la decisión que tomaron los diputados locales y que por tanto a la actual administración no le queda “más que respetarla”.
Rechazó que el enredo jurídico que ocasionó ese tema en la sesión de este jueves haya sido responsabilidad del gobierno, pues “nosotros damos nuestro punto de vista, fijamos una posición de lo que consideramos acerca del desempeño de los magistrados, esa es nuestra obligación, a eso nos faculta la ley, quien resuelve es el Congreso”.
Indicó que tampoco veía nada “extraño” en el documento que envió a los diputados para proponer a Román Pinzón, dijo que con éste “nosotros sólo ratificamos el nombramiento, porque es nuestra facultad”.
Consultado por reporteros este viernes al término del acto en que se conmemoró el 144 aniversario de la Batalla de Puebla, a preguntas sobre el procedimiento irregular en que se designó al actual presidente del TSJ como magistrado, Chavarría dijo que “ayer (el jueves) el Congreso local decidió sobre el asunto de los magistrados, ustedes saben que ahí hubo una discusión, hubo polémica, pero finalmente de manera mayoritaria, creo yo que el Congreso local decidió positivamente el asunto de los magistrados”.
Sobre si no es cuestionable el procedimiento, el funcionario contestó: “Hasta el día de ayer, él (Edmundo Román) era magistrado también, continuaba con su función de magistrado, él acudió ante la Comisión de Asuntos Políticos, para explicar la circunstancia que se había estado viviendo, y fueron los diputados que en el marco de su autonomía que les da un poder distinto, quienes resolvieron. Yo creo que hay que ser respetuosos de esta decisión”.
Enseguida el funcionario rechazó intromisión alguna de parte del gobernador en esa decisión, como afirmó el diputado del PRD, Ramiro Solorio en tribuna, y subrayó: “Nosotros ya hemos mencionado que el Poder Ejecutivo no tiene ninguna injerencia, ni intención de inmiscuirse en la vida interna de los dos poderes Legislativo y Judicial. Son ellos quienes en el marco de una autonomía toman sus propias decisiones y nosotros como Poder Ejecutivo estamos obligados a respetar sus resoluciones”.
También desmintió a la diputada perredista Roassana Mora Patiño con relación a que hubo un albazo al Poder Legislativo y destacó que “hasta donde tengo información fue un tema que se discutió, que se debatió amplia y libremente, hubo algunos diputados, la minoría, que cuestionó el resolutivo, pero finalmente la democracia es así, finalmente la mayoría es la que toma la decisión”.
Cuando otro reportero preguntó si era valido que el mismo día en que fue designado Román Pinzón como presidente del TSJ, se propusiera al Congreso como magistrado y no como presidente, el funcionario atajó: “Los procedimientos hay que preguntárselos al Congreso local no es un asunto que le compete al Ejecutivo”.
Tras recordarle que dicho oficio llevaba estampada su firma, el funcionario justificó: “Nosotros le hacemos el requerimiento al Congreso local, pero finalmente ellos son los que toman la decisión”. Indicó que si enviaron ese documento “es porque tenemos la facultad de ratificar un nombramiento, no hay nada extraño en eso; lo que hicimos fue ratificar un nombramiento que ya se había mandado con anticipación, ahora el nombramiento como presidente pues es algo que le compete al Poder Judicial”.
Descartó que con ese documento y el visible apresuramiento de la propuesta, el gobierno estatal haya ocasionado un enredo jurídico “yo la cosa la veo muy desenredada, no la veo enredada; finalmente es el Congreso quien tomas las decisiones”.
Señaló que tampoco tiene que ver con un desconocimiento de la ley, pues “nosotros damos nuestro punto de vista, nosotros fijamos una posición, de lo que consideramos acerca del desempeño de los magistrados, esa es nuestra obligación, a eso nos faculta la ley, ya quien resuelve sobre el particular es el Congreso”.
A pregunta expresa, contestó que el gobierno del estado no está poniendo en riesgo la división de poderes al hacer esas propuestas.
“Yo no sé quién hable de eso, yo lo que estoy planteando (es) que hay una división de poderes, nosotros somos respetuosos del Poder Judicial, del Congreso local, ellos toman sus decisiones y nosotros como Ejecutivo, lo que nos toca solamente es respetar lo que ésta dos instancia decidan sobre los temas en Guerrero”, indicó.
Sostuvo que si hay la propuesta de mantener a Román Pinzón como magistrado es porque “fue un juez destacado, con virtudes, seguramente con cualidades, por eso ha de haber sido nombrado presidente del TSJ, pero un interés particular de defender a alguien a ultranza sea quien sea, pues no es actitud del gobierno”.
En otro momento, Chavarría se deslindó de las consecuencias económicas que trae consigo la reinstalación de los magistrados que no ratificó Torreblanca Galindo, pero que ganaron sus jucios ante la Superma Corte de Justicia. Su argumento es que el gobierno sólo está cumpliendo con la ley, “nosotros planteamos nuestro punto de vista legal en términos de si un magistrado debe o no continuar en el uso de su ejercicio, es una facultad del Ejecutivo y esto lo enviamos, pero finalmente es el Congreso local el que toma la decisión”.
Respecto al papel de la Consejería Jurídica en el sentido de que sus dictámenes han sido rechazados por las instancias judiciales federales, indicó: “Ese es otro asunto, nosotros vamos a ser respetuosos del procedimiento judicial que se siga, hay un resolutivo, el Congreso local lo evalúa y toma sus decisiones; nosotros solamente cumplimos con la parte que nos corresponde”.

Chavarría: los hechos de Atenco, lección para privilegiar el diálogo en La Parota



Teresa de la Cruz Chilpancingo

El secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera consideró este viernes aquí que los actos de represión en Lázaro Cárdenas y San Salvador Atenco son “una lección” en el sentido de que los gobiernos deben usar como arma fundamental “el diálogo, el acuerdo y el consenso”, antes que la fuerza.
Chavarría descartó que en el caso del conflicto por la presa La Parota se vaya a utilizar ese método en caso de que haya resistencia de los comuneros opositores para concretar el proyecto; aunque señaló que “también el gobierno en algún momento tiene que ser vigilante y responsable de la aplicación de la ley”.
En declaraciones a reporteros al término del acto oficial por el 144 aniversario de la Batalla de Puebla, el funcionario indicó que los acontecimientos de violencia que han ocurrido en el país en los últimos días, han dejado “lecciones” a los gobiernos y se ha visto quién es el responsable de esos hechos.
En el caso del desalojo de los minero metalúrgicos de la Siderúrgica de Lázaro Cárdenas, Michoacán, responsabilizó al gobierno federal “por haberse inmiscuido en la vida interna de un sindicato” y que deja la lección de que “ningún gobierno federal o estatal debe involucrarse en la vida interna de los sindicatos porque sólo a ellos les compete la decisión de quien es su dirigente, de quién es su representante”.
En el caso de San Salvador Atenco, estado de México, Chavarría dijo que ese conflicto “aparentemente sencillo se complicó al participar el grupo de este pueblo y en mi opinión se desbordó. Es una lección que se da a nivel nacional en el sentido de que necesitamos privilegiar el diálogo, necesitamos privilegiar los acuerdos, el consenso”.
Señaló que la fuerza pública debe usarse “como última instancia, cuando todos los canales del diálogo y la discusión están agotados, porque también el gobierno en algún momento tiene que ser vigilante y responsable de la aplicación de la ley”.
Acerca de que si hay riesgo en La Parota de que ocurra un hecho así una vez que comience la CFE con los trabajos, respondió: “no lo creo ¿ehh?, en Guerrero estamos viviendo una circunstancia distinta; allí ha habido una consulta a los involucrados, la mayoría está a favor. El gobernador Zeferino Torreblanca ha planteado que esta consulta pueda ampliarse al conjunto de la sociedad; nosotros estamos en la idea de retomar el diálogo con los opositores”.
Aseguró que se ha tocado ese tema con el gobierno federal, pero “la posición del gobierno del estado es que no se utilice la fuerza pública para resolver un problema, un conflicto, una diferencia de opinión con los opositores”.
Recordó que tampoco han analizado solicitar al Ejército su intervención “le estamos apostando al diálogo, hacemos un llamado a los opositores para que establezcamos la mesa de diálogo, que estaba en vísperas de instalarse y que no se instaló porque se atravesaron dos acontecimientos: el Foro Internacional del Agua y la visita de Marcos a Cacahuatepec”.
Indicó que una vez que pasaron ambos actos espera “que las aguas vuelvan a su nivel, que podamos instalar las mesas de diálogo, luego elaborar la agenda y buscar los consensos que nos permitan salir fortalecidos en el estado de Guerrero”.
Sostuvo que la posición del gobierno “es hacer todo lo que sea posible para que este proyecto se concrete por considerar que es de amplio beneficio para el estado”.
Sobre el comunicado de los grupos armados que forman parte de la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), en el se declaran en alerta, Chavarría dijo que no conocía esa información “no he sabido eso, yo lo que he escuchado es la opinión de Marcos que ya dista mucho de ser un grupo guerrillero y escuché su opinión, su voz en términos de que iba a suspender su campaña, que iba a estar en San Salvador Atenco, afortunadamente no ha hecho acto de presencia ahí”.

La PGR se precipitó al vincular a policías de Petatlán con las ejecuciones, dice Chavarría



Teresa de la Cruz Chilpancingo

El secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, anunció ayer que en la sesión extraordinaria que tendrá en próximos días el grupo Coordinación Guerrero (integrado por las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno), se hará el deslinde de responsabilidades de los grupos policiales, para evitar que después de cualquier hecho violentos haya afirmaciones “precipitadas” como la que hizo la Procuraduría General de la República (PGR) –en un comunicado oficial el pasado martes–, al vincular a la policía de Petatlán con las ejecuciones de Coyuquilla Norte.
“Yo no estoy haciendo una defensa de nadie, simplemente creo que no se puede, de manera irresponsable y sin sustento, empañar la imagen de cualquier corporación policiaca, ahora si se tienen los elementos para hacerlo, pues que se actúe en consecuencia, yo lo que quiero es que no quede en declaración”, dijo.
En entrevista con reporteros, luego de tomar protesta al nuevo director estatal de Gobernación, Chavarría consideró –sobre la vinculación de los policías de Petatlán con las los ejecutados del domingo– que esa información “no es conveniente, porque no hay sustento para señalar que haya habido alguna relación o complicidad de la policía en estas cinco ejecuciones; sin embargo, se está investigando”.
Dijo que lejos de considerar que hubo un exceso en su información, la de la Procuraduría “fue una declaración precipitada; no creo que tenga los elementos hasta este momento y si los tiene, lo que se plantea es que se presenten las pruebas y que se actúe en consecuencia, pero nosotros ya hemos deslindado esa responsabilidad”.
Acerca de si notaba que dicha dependencia estaba justificado su incapacidad para atender el problema de violencia que vive Guerrero, contestó: “ustedes saben que la PGR se mueve con mucho hermetismo, ya saben cómo manejan estos asuntos, son atraídos por ellos a través de la SIEDO, lo manejan siempre con mucha discreción y yo se los digo con toda la franqueza, hay ocasiones en que ni siquiera tenemos acceso a esta información. Entonces la fuente que pudiese informar de ello es la PGR”.
–Y no es extraño que siendo herméticos en esta ocasión hayan difundido esos datos que incluso pueden ser pruebas ministeriales –se le inquirió.
–Quien señala tiene la obligación de comprobar ¿no? –respondió.
Sobre si el gobierno del estado va pedir una explicación a la PGR, porque ya una vez el titular de esa dependencia Daniel Cabeza de Vaca vinculó a los policías de Acapulco que participaron en la balacera de La Garita, con los grupos de delincuencia organizada, Chavarría contestó: “vamos a tocar este tema también en el grupo de Coordinación Guerrero, el de las corporaciones policiacas y vamos a hacer el deslinde de responsabilidades en la próxima sesión extraordinaria que tendremos”.
Recordó que la del viernes sólo fue una reunión en la que sólo se dio información al Consejo Estatal de Seguridad y se compartió a los medios de comunicación los resultados del programa de México Seguro en su primera etapa.
“Como ya no se llevó a cabo esta sesión privada del grupo Coordinación Guerrero es muy posible que se convoque a una sesión extraordinaria, para abordar los temas con profundidad”, adelantó.
Señaló que todavía no se tienen las causas del por qué ejecutaron a los cinco comerciantes; dijo que “hay una línea de investigación de que van a interrogar a la sexta persona que permanece con vida, para ver si a través de él se pueden recabar algunos datos, pero no tenemos más datos”.
A pregunta de un reportero acerca de que los familiares de los ejecutados en Coyuquilla deslindaron a éstos de nexos con grupos de la delincuencia organizada, Chavarría indicó que “los familiares muchas veces desconocen las actividades de algún miembro de la familia”.
“No se descarta (que pertenezcan al crimen organizado), pero tampoco podemos señalar que estaban vinculados a la actividad delictiva. Por eso se está llevando cabo la investigación, respeto mucho la declaración de los familiares, pero tenemos que esperar los resultados de las investigaciones”, aseveró.
Destacó que “por la forma en que fueron ejecutados, hay indicios de que puede ser personas presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada pero falta que se haga la investigación”.
Chavarría retomó el tema de los retenes y los filtros del México Seguro, mencionó que éstos se encuentran funcionando, pero reconoció que “tal vez haga falta un rediseño o tal vez se necesita modificar la estrategia de lo que se está haciendo. Esto a la luz de los nuevos acontecimientos”.
“Una cosa sí es cierta, no hemos estado cruzados de brazos, no hemos sido negligentes, estamos activos, estamos poniendo nuestro mejor esfuerzo y a pesar de eso no hemos tenido los resultados que quisiéramos, pero esperamos que pronto los tengamos”, señaló.
Negó que las cifras que presentaron en Acapulco, indiquen que el gobierno del estado y la federación estén dando palos de ciego, “se nota una disminución de los índices delictivos, aunque tenemos un fenómeno nuevo que es un asunto muy difícil de combatir; ojalá que de vez en cuando se pusieran en los zapatos de quienes estamos en esta circunstancia, porque no es un asunto tan sencillo”.
“Hay una circunstancia de la delincuencia organizada que se ha vivido en otros estados; lamentablemente se está expresando en Guerrero con más fuerza a la que estábamos acostumbrados; esto nos preocupa, estamos haciendo lo que nos corresponde, pero en algunos estados en donde se ha alcanzado la fase superior del programa México Seguro, que tiene que ver con el patrullaje del Ejército mexicano, en las calles, aún no se ha impedido que continúan las ejecuciones”, resaltó.
Agregó que eso además, “es muy difícil, sobre todo cuando las agrupaciones delictivas están en una confrontación; es muy complicado frenar este tipo de cosas, estamos haciendo lo que humanamente es posible, y tratar de salvaguardar la seguridad de la inmensa mayoría de la gente, pero de los que están involucrados en estas actividades es muy complicado”.
Se investiga si el ejecutado de Tlapa tiene que ver con el narco
Sobre el caso de un ejecutado en Tlapa, Chavarría aseguró que se están haciendo las investigaciones correspondientes, “todavía no se tiene el sustento para decir que sea algo relacionado con ola de violencia que estamos viviendo en Acapulco, la Costa Grande y de alguna manera en Tierra Caliente”.
Señaló que por las características que presentaba el cuerpo, se podía deducir que detrás de ese crimen está la delincuencia organizada, “pero falta que se haga la investigación correspondiente”. Dijo que esperaba que en el transcurso de ayer jueves hubiera algún reporte de la Procuraduría de Justicia.

Canaco: Zeferino “ha perdido el piso” pues no permite que llegue el Ejército al puerto



Xavier Rosado

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Acapulco, Abelardo Luna David, expuso que el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo “ha perdido el piso” al no escuchar el reclamo de los ciudadanos y no permitir que se refuerce la vigilancia en el puerto y otros destinos de Guerrero con la presencia del Ejército.
“Es preocupante que el gobernador suponga que tiene la facultad de ir en contra de lo que él mismo reconoce como el deseo de la mayoría”, declaró el empresario.
Destacó que aunque el secretario de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, dice que no existe una psicosis en el puerto, ya se ven los estragos de la violencia con las bajas ventas en los negocios en los recientes periodos vacacionales.
“No sé en qué momento el gobernador perdió por completo el piso o la idea de lo que es su función. El debe responder a la voluntad de todos los ciudadanos del puerto y cuando él supone que a pesar de lo que estamos diciendo como sociedad civil él puede decidir, está absolutamente fuera de lugar, la obligación del gobernador no es ser un tirano, solamente es ser depositario de la voluntad de la sociedad civil”, criticó.
Indicó que como sociedad civil, así como gremio empresarial, el deseo generalizado es la tranquilidad. “Queremos que las autoridades respondan a las expectativas que tenemos de ellos, por supuesto que vamos a apoyar toda aquella medida que nos dé tranquilidad, que incremente las posibilidades de desarrollo, de trabajo pero sobre todo que nos proporcione una vida en paz”, detalló.
“Me preocupa sobremanera que el gobernador reconozca que no le interesa lo que dice la gente, que él va a actuar por su libre albedrío, no es cierto, el está para responder, constitucionalmente tiene la obligación de rendir cuentas. Deseamos que las cosas se den en un ámbito de tranquilidad, volver a vivir en un Acapulco donde no haya rencillas, ni este tipo de excesos, que se terminen de manera inmediata porque ya llevamos demasiado tiempo viviendo con la violencia”, finalizó.

Se queja el director de Tránsito de San Marcos con Chavarría; no se han entregado concesiones



Karenine Trigo San Marcos

El director de Tránsito de este municipio, Nazario Ignacio Molina, se quejó ante el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, porque la Dirección de Transporte no ha liberado seis permisos a dos asociaciones de taxis en la cabecera municipal.
Entrevistado después de la plática con Chavarría, Molina explicó que la solicitud es porque a los dos sitios, el Taxistas Unidos de Costa Chica y el Fernando Sotelo, no se les han liberado seis permisos, tres para cada uno, mientras que a la Unión de Permisionarios y Choferes de Taxis, que representa Heriberto Heredia Bibiano, “a ellos ya se les liberó, y yo desconozco cuál es la razón, porque a los compañeros los han discriminado”.
Abundó que eso fue “supuestamente por no tener representante a nivel estatal, cuando había hecho una promesa Félix (González Figueroa) de que se iban a liberar, a buscar los mecanismos y hasta horita llevamos más de ocho meses sin respuestas”.
Denunció que las tres concesiones hechas a la organización Unión de Permisionarios y Chóferes de Taxis son propiedad de Heriberto Heredia Bibiano, pero salieron a nombre de sus colaboradores “hay tres prestanombres, uno a nombres de Joaquín Hernández González, pero en realidad esa placa pertenece a Heredia; él es uno de sus vaqueros que tiene cuidando su ganado, él no sabe ni manejar; otra de las personas es Juan Carlos Casarrubias Chávez, tesorero de Heriberto y vive en Teconanapa, no pertenece ni a este municipio, no puede ser posible, pero hay una concesión a nombre de esa persona”.
El funcionario municipal, abordó al secretario general de gobierno, después de la inauguración de las calles Ejido y 20 de Noviembre y Chavarría, después de escuchar la inconformidad, lo citó para el próximo lunes 8 de mayo a las 11 de la mañana en sus oficinas de palacio de gobierno.

No hay avances sobre las ejecuciones en Coyuquilla Norte, dice Chavarría



Karenine Trigo San Marcos

El secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, dijo ayer en esta cabecera municipal que sobre las ejecutados el domingo no tiene ninguna avance sólo lo que los medios informativos publicaron este lunes.
El funcionario visitó ayer esta ciudad donde inauguró la Oficina de Atención y Apoyo al Migrante, que es una dependencia del Ayuntamiento.
Al preguntarle sobre las ejecuciones en Coyuquilla Norte dijo: “lo que se ha manifestado es que seis personas que se encontraban en Petatlán, vendiendo aparatos electrónicos fueron detenidas por la policía preventiva de Petatlan, y luego, como se presumía que había delito de mercancía pirata, fueron consignados al Ministerio Público federal de Zihuatanejo, quedaron allí detenidos, después fueron liberados”.
Dijo que “el procurador, anda recabando la información para saber cuáles fueron los motivos, los fundamentos por los cuales los dejaron en libertad, después sucedió este acontecimiento violento de la ejecución de cinco de ellos”.
Señaló que familiares de alguno de los ejecutados ya había hecho contacto con las autoridades y sin decir el nombre de la víctima “tenemos conocimiento también de que ya unos familiares hicieron contacto sobre alguno de los que están ahí en el Semefo”.
“Necesitamos saber cuáles fueron los motivos o las causas, por los cuales fueron puestos en libertad”, indicó.
“En este momento no cuento con la información del Ministerio Público federal; espero que en el transcurso del día, o seguramente el procurador ya la tiene, él ya nos dirá cuáles fueron los motivos para que quedaran en libertad ese mismo día”.
–¿En caso de que se demostrara una vinculación, el gobernador le pediría al presidente Fox que se depure la PGR?
–No hay que adelantar juicios, si la investigación resultara de esa naturaleza, pues ya veríamos qué se hace, pero no hay que adelantar juicios, hasta no conocer la versión oficial de la agencia del Ministerio Público federal.