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Huyeron los sospechosos de matar a los dos niños de Tixtla: Nogueda

 

 Teresa de la Cruz  Chilpancingo  

Mientras que los padres de los dos niños asesinados a pedradas en Tixtla exigieron a la Procuraduría General de Justicia que se agilicen las investigaciones y se detenga a los “verdaderos culpables”, el subprocurador de Averiguaciones Previas, Antonio Nogueda Carbajal, aseguró que la indagatoria concluyó y “tenemos nombres, pero no se ha localizado a los responsables porque abandonaron la zona centro”.

Angel Gática García padre de Daniel y Fernando Gática Coctecón, quienes fueran asesinados a pedradas en Tixtla el sábado 22, en conferencia de prensa expuso que a       cuatro días de que ocurrieron los hechos “no hay ningún detenido, nadie nos dice cómo van las investigaciones”.

Acompañado de su esposa, Norberta Coctecón Suárez así como de su abogado, Héctor Coctecón Aguilar, contó que los menores de 11 y 9 años fueron asesinados el pasado sábado por dos hombres, con el objetivo de robarles los chivos que pastoreaban a medio kilómetro de Tixtla.

Descartó que la muerte de sus hijos tenga que ver con alguna venganza, “sólo fue para robarles los animales, se tiene la pista de dos personas que vio el abuelo de los menores, pero no los logró identificar”.

Gática García mencionó que “no es la primera vez en Tixtla roban ganado, ahí hay asaltos, violaciones, roban en casas, pero los hechos no se denuncian por temor”. Y aseguró que en el caso de los niños la población está consternada, “incluso organizan una marcha en Tixtla para manifestar su rechazo”.

Luego pidió al procurador Jesús Ramírez Guerrero que “se agilicen las investigaciones. Queremos que presenten a los verdaderos culpables, no queremos chivos expiatorios”, el mismo llamado hizo también al gobernador René Juárez.

Por su parte, el subprocurador de Averiguaciones Previas dijo que el móvil del asesinato de los niños fue el robo, y aseguró que la investigación “está concluida, tenemos los nombres de tres responsables, pero no se les ha podido localizar porque abandonaron la zona centro, se les ha buscado”.

Indicó que los responsables fueron identificados, porque uno de ellos “dejó una credencial tirada” en el lugar de los hechos, “pero no se han podido localizar”.

Nogueda Carvajal señaló que el problema de abigeato “no es algo grave”, aunque expuso que se han registrado otros casos en la misma ciudad de Tixtla, “donde también       robaron ganado y dejaron amarrados a los niños que pastoreaban, otro más fue en Zumpango, a principios de enero”.

Insistió el subprocurador que no es grave el problema por robo de ganado, “pero sí       vamos a poner atención ahora que mataron a dos menores”.

Podría salir libre el que mató a su esposa embarazada en Zihuatanejo

Brenda Escobar Zihuatanejo La hermana de una mujer embarazada que hace más de un año fue asesinada y cuyo cuerpo putrefacto fue encontrado en playa La Ropa, exigió justicia para su consanguínea, pues teme que el homicida quede libre porque aún no ha recibido sentencia.

Catalina Hernández Robles fue asesinada el 14 de marzo de 2003, de una puñalada en el pecho. Su cuerpo fue encontrado a unos metros de la planta tratadora de aguas negras de playa La Ropa, en estado de putrefacción.

La víctima tenía seis meses de embarazo y la autopsia reveló que sería una niña.

El trabajador del Servicio Postal Mexicano, Juan Carlos González Zárate, esposo de la mujer, Catalina Hernández, fue detenido pocos días después por la Policía Judicial del Estado, y se le responsabilizó de la muerte.

Ayer, Josefa Hernández, hermana de Catalina, acudió ante los medios de información para pedir que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Raúl Calvo Sánchez, “esté al pendiente del caso, porque ya pasó un año y todavía no sentencian al asesino de mi hermana”.

Expresó su temor de que por medio de malos manejos legales su ex cuñado obtenga su libertad, “me han dicho unos licenciados que como ya tiene más de un año preso y no le han dado sentencia su abogado lo puede sacar fácil, y su abogado ha dicho que tienen mucho dinero para comprar la justicia”.

Dijo que la juez segunda penal, Leodegaria Sánchez Nájera, “no ha dictado sentencia condenatoria porque tiene mucho trabajo, y lo que yo quiero es justicia para mi hermana, para su hija que no nació y para su niño de 2 años que dejó huérfano, por eso le pido al señor Raúl Calvo que atienda el caso y que no permita que con dinero se quede sin castigo la muerte de mi hermana”, expresó.

Exigencia de castigo durante el sepelio del farmacéutico de Iguala ejecutado

 Trascendió que se detuvo la madrugada del martes a cuatro presuntos secuestradores del farmacéutico en Iguala

 Oracio Lagunas Ramírez Iguala

Mientras familiares del empresario farmacéutico Domingo Mendoza Guzmán –ejecutado la semana pasada– reclamaron justicia divina durante el sepelio, la dirigencia estatal del PRD pidió castigo a los autores materiales e intelectuales de la ejecución “porque de continuar, se regresaría a épocas en que se desaparecía a personas, se secuestraba y asesinaba con total impunidad”.

Por otro lado, este martes trascendió de manera extraoficial que durante la madrugada de este martes, fueron detenidas cuatro personas supuestamente vinculadas con este homicidio. Los responsables de la detención habrían sido integrantes del grupo antisecuestro de la Policía Judicial del Estado (PJE), dirigido por el comandante Jesús Román Rodríguez.

El cuerpo de Mendoza Guzmán salió de su casa en la colonia Juan N. Álvarez, a las cuatro y media de la tarde del martes y en el momento en que el féretro era subido a la carroza fúnebre, un mariachi entonó El Rey, lo cual provocó el llanto de su viuda, hijos y otros familiares venidos de Oaxaca, de donde era originario.

En la parroquia de la colonia Villa de Guadalupe se ofició una misa de cuerpo presente. Durante el trayecto se sumaron a la procesión el regidor de Gobernación, Joaquín Moreno y el presidente del PRD municipal, Fernando Durán Chávez.

Los esperaba otro grupo de familiares y de integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, entre ellos el presidente Martín Mora Aguirre, Guillermo Sánchez Nava, Alberto Ramírez Suárez, el diputado local Rodolfo Tapia Bello, entre otros.

Luego de la misa, el cuerpo fue trasladado al panteón municipal. Allí la madre del dueño de la cadena Farmacias Mexicanas, Reinalda Guzmán Cruz, con llanto en los ojos clamó por justicia divina, y dijo que perdonaba a los responsables de la desaparición y luego ejecución de su hijo menor.

Luego, el primo del empresario Jorge Guzmán, dio las gracias a los presentes y dijo que la víctima, al igual que la mayor parte de su familia, llegó a Iguala, procedentes de Oaxaca con la intención de trabajar, “porque somos hombres de trabajo y de bien”.

Luego, Alberto Ramírez Suárez, pidió permiso a los familiares para ceder la palabra a Martín Mora, porque Mendoza Guzmán, “fue un destacado fundador del partido en este municipio” y se le tenía que rendir tributo.

“Mi respeto a quien fuera fundador del PRD en el municipio de Iguala. Desgraciadamente pierde la vida en una trágica muerte que nos consterna a todos los ciudadanos y que ya no habrían de suceder jamás”, apuntó el dirigente estatal, y dijo que en este homicidio, “sicarios vestidos de policías son los que agreden quitándole la vida a uno nuestros compañeros”.

Agregó que Domingo Mendoza era “un hombre trabajador, metido en lo suyo y dejaba sus labores para dedicar unas horas a combatir la injusticia en este estado, pero ahora es víctima de esa injusticia”.

El dirigente estatal aseguró a los familiares que exigirán justicia para encontrar no sólo a los asesinos materiales, sino también a los autores intelectuales. “Desde aquí le reclamamos a la Procuraduría de Justicia para que se aboque a encontrar a los asesinos de Domingo”, expresó.

Después de ello, Ramírez Suárez dio lectura a un comunicado de condolencias enviado por la senadora Leticia Burgos Ochoa, en el cual lamentaba el deceso del farmacéutico y anunció que solicitará a las autoridades de la Procuraduría de Justicia y a la Procuraduría General de la República “para que pronto se esclarezca este crimen y dar con los responsables”.

Al finalizar, integrantes de la Legión de Cristo, de la cual era miembro Mendoza Guzmán, entonaron el canto de los Cruzados de Cristo, el cual fue seguido por muchos de los presentes.

Acusan al cura de Zapotitlán y Acatepec de matar a golpes a un indígena en 1995

El párroco Adrián Ramírez Ventura ha señalado por golpear a campesinos, cobrar tarifas elevadas por servicios religiosos y emborracharse antes de oficiar misa, y aún así el gobierno estatal no ha procedido a expulsarlo del pueblo, denuncia ex alcalde en un documento

 Zacarías Cervantes Chilpancingo A pesar de que el sacerdote que oficia en Zapotitlán Tablas y Acatepec, Adrián Ramírez Ventura, ha sido acusado de golpear a indígenas, e incluso en 1995 uno de ellos falleció por los golpes, y que el cabildo y las autoridades comunales que fungían ese periodo acordaron expulsarlo, a la fecha el ministro sigue oficiando en ambos municipios.

Las irregularidades y atropellos que ha cometido el clérigo datan de 1993, cuando llegó a los municipios de Zapotitlán y Acatepec, según se detalla en una minuta de acuerdos que firmaron en 1996 los integrantes del cabildo, presidido por Antonio González García, así como representantes de Bienes Comunales y 172 “principales” del municipio de Acatepec.

En dicho documento se señala que en octubre de 1995, el sacerdote Ramírez Ventura golpeó “salvajemente” al campesino Rafael Santiago Marcelino, quien posteriormente falleció a consecuencia de los golpes en la comunidad de El Llano, municipio de Acatepec.

Se indica que, también en estado de ebriedad, golpeó “salvajemente”               en 1996 al indígena Angelito Toribio, en la comunidad de Barranca Piña, también de ese municipio.

El clérigo es acusado, asimismo, por el ex presidente municipal Antonio González de tener una adeudo con la comuna que presidió en el trienio de 1993 a 1996, de 8 mil pesos.

Según el ex alcalde, el sacerdote pidió el dinero prestado para el obispo de Tlapa, Alejo Zavala Castro, para una supuesta obra, pero dijo que el recurso nunca fue devuelto.

Otras de las quejas en contra del párroco es que desde el púlpito agrede verbalmente a las autoridades municipales y a sus propios feligreses, a quienes califica de “ignorantes pendejos”.

Debido a ello, los integrantes del cabildo, presidido por González García, así como las autoridades comunales y 172 “principales” de los pueblos acordaron expulsarlo de su demarcación en marzo de 1996, pero el párroco sigue en la región y cometiendo arbitrariedades, dijo González García.

El la minuta de acuerdos se señala que el clérigo Ramírez Ventura, cuando visita las localidades, “antes de oficiar misa se embriaga con los fiscales, mayordomos y con los principales, y ya en estado de embriaguez pierde totalmente el sentido y en forma descontrolada lanza una serie de improperios, insultos, palabras obscenas, y en ocasiones ha llegado hasta a golpear a los fiscales, principales o mayordomos”.

En el documento se agrega que en 1994, el religioso agredió verbalmente e intentó golpear al entonces presidente municipal Antonio González García, pero que intervino la Policía Municipal.

Otro de los señalamientos es que Ramírez Ventura no tiene una tarifa fija por sus servicios, pues las misas, los bautizos y confirmaciones “las cobra a su antojo”, desde 30 y hasta 200 pesos, “aunque a veces sólo balbucea palabras que no se entienden por su estado de embriaguez”.

El ex alcalde González García informó que ya en el 2000, Ramírez Ventura provocó un conato de violencia al tratar de apropiarse por la fuerza del templo mayor de Acatepec, mientras que en 2002 corrió a los misioneros Clariteanos que hacen trabajo social en las comunidades de ese municipio.

“Estos misioneros entraron en conflicto con el señalado sacerdote y con el obispo de Tlapa, pero la gente de las comunidades luchó porque los misioneros se quedaran en las localidades de Yerba Santa y Plan de Gatica”, dijo el ex alcalde.

Indicó que a pesar de que estas denuncias se presentaron en su momento ante el gobierno estatal, ante el obispo Alejo Zavala, a la Secretaría de Gobernación y ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, “nuestros documentos fueron a dar al cesto de la basura, el gobierno no quiere un enfrentamiento con el obispado de La Montaña, por lo que la gente de Acatepec ha tenido que tragarse su coraje e indignación”.

Pudo ser venganza el asesinato de los tres campesinos de Tierra caliente

Raymundo Benítez sostenía un pleito legal por unos terrenos con un líder priísta, según fuentes extraoficiales

Gregorio Urieta Cutzamala Según fuentes extraoficiales, pudo ser una venganza el asesinato de tres campesinos en la comunidad de El Pochote, en Tierra Caliente, el domingo, quienes fueron interceptados por varias personas encapuchadas.

Por los hechos aún no hay detenidos.

Raymundo Benítez Arias, su esposa Zenayda Avilés Rodríguez y su caporal Toribio Díaz Jiménez fueron acribillados por tres personas cubiertas del rostro, quienes les dispararon con armas de grueso calibre.

De acuerdo con versiones recogidas en el ayuntamiento de Cutzamala, el móvil del crimen puede ser la venganza, pues señalan que a principios de los noventa se presentó un problema por la posesión de tierras entre Raymundo Benítez Arias y otro campesino de la comunidad de Pinzán Gacho, al que apodaban Pinzán Gacho, líder priísta del lugar.

“Iba y venía de Chilpancingo, donde se la pasaba en los tribunales y nunca le pudieron quitar sus tierras. Era un líder movido, muy reconocido. Y entonces fue asesinado. La gente siempre le echó la culpa a Raymundo; quién sabe si él haya sido”, dicen las fuentes.

De acuerdo con esas versiones, “Pinzán Gacho tenía dos o tres hijos que en ese entonces tenían 12 años. Ellos vieron morir a su padre. Los adolescentes se fueron a Estados Unidos y nadie volvió a saber de ellos”.

Pueblos violentos

Casi colindantes con el estado de México, El Pochote, La Cantina y Tlanexpa son pueblos muy violentos. Constantemente suceden asesinatos y agresiones, incluso las venganzas son frecuentes por pleitos familiares.

Es por ello que el alcalde Isidro Duarte Cabrera solicitó, la semana pasada, al secretario de Seguridad Pública su autorización para establecer un destacamento de la Policía Motorizada, el cual estaría ubicado en la comisaría municipal de Zacapuato.

De ello el alcalde indicó que “sólo falta ponernos de acuerdo con la SSP para ver qué ponemos cada quien” para solventar la presencia de los policías en esta zona.

Se niegan a hablar probables testigos del asesinato del ex del Grupo Tigre

* Vieron una discusión entre varios

Jorge Nava * Después del asesinato del ex policía judicial que perteneció al Grupo Tigre, en el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa, José Luis Montero Pérez, las autoridades que investigan se han enfrentado con el hermetismo de quienes vieron una discusión entre varias personas, en un predio localizado cerca del punto conocido como la Curva del Capitán.

Ayer, el agente determinador del Ministerio Público adscrito en la colonia Jardín, Pedro Loyo Malabar, acudió al lugar de los hechos para efectúar una inspección ocular, encontrándose cuatro casquillos percutidos por arma de fuego. El sitio, en donde ocurrió el homicidio, se encuentra cerca de la colonia precarista Rubén Jaramillo, lugar en que los colonos se resisten a comentar qué vieron la tarde del martes, cuando de tres disparos mataron a Montero Pérez.

Montero Pérez perteneció al Grupo Tigre, grupo creado en el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa, para detener a secuestradores, pero Rosa Guadalupe Hernández Moreno, con quien vivió en la calle Vicente Guerrero, número 43, de la colonia Centro, declaró que era comandante de la Policía Auxiliar del Estado y también se desempeñaba como abogado.

El médico forense diagnóstico que Montero Pérez murió de una hemorragia provocada por herida de arma de fuego, penetrante y saliente de cráneo y tórax.