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El acuerdo es coordinarse con la PF y el Ejército, no replegarse, dice la Tecampanera

 

La Policía Comunitaria Tecampanera informó que ayer a Teloloapan no habían llegado los policías federales que se anunciaron, y reiteraron su postura de no dejar las armas ni su movimiento porque sería un “suicidio” para ellos.
En declaraciones por teléfono la tarde de ayer uno de los fundadores y coordinadores del movimiento de autodefensa de Teloloapan, que pidió el anonimato, dijo que uno de los acuerdos a los que se llegó con el gobierno estatal en la reunión del viernes es trabajar en coordinación con la Policía Federal, y que los agentes federales se pondrían a disposición del pueblo, pero no habían llegado a esa cabecera municipal.
Agregó que otro de los acuerdos es colaborar para capturar a los integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana, a quienes responsabilizan del secuestro y asesinato de tres herreros, así como de los asesinatos, levantones y extorsiones ocurridos en la zona.
Reiteró que no dejarán las armas ni su movimiento como lo ha pedido el gobierno, “no dejaremos las armas, porque dejar las armas sería como un suicidio para nosotros. Tenemos que defender a nuestras familias y a nuestro pueblo porque esos criminales no perdonan”.
Otro de los comunitarios al que se consultó por separado dijo que pedirán que la Base de Operaciones Mixtas (BOM) incluya a la Policía Federal, vayan a las comunidades de Totoltepec, Alahuixtlán y La Magdalena como lo han solicitado, ya que esa zona es ocupada por delincuentes para moverse entre la región Tierra Caliente, la zona Norte y el Estado de México.
Ante la condición que pone el gobierno estatal de que se replieguen y dejen las armas para que llegue la Policía Federal y las Bases de Operaciones Mixtas advirtió, “pues entonces no van a llegar porque la comunitaria no se va a disolver ni a replegarse, porque eso implicaría que toda la ciudadanía estaría de nuevo desprotegida contra los delincuentes”.
Dijo que el acuerdo es trabajar de manera coordinada con el Ejército, la Policía Federal y la Estatal, “o le seguimos nosotros nada más como hasta ahora”.

Matan a balazos a un hombre y una mujer en la parte alta de Costa Azul

Una mujer y un hombre fueron asesinados a balazos en la colonia Hermenegildo Galeana, ubicada en la parte alta del fraccionamiento Costa Azul.
El doble crimen ocurrió a las 3:39 de la tarde en la calle 15 de Junio, de la colonia referida. En esa zona la mayoría de las viviendas están construidas de madera y de lámina de cartón.
Una versión policiaca indica que al parecer dos hombres armados primero mataron a la mujer y después persiguieron a balazos al hombre, hasta alcanzarlo para quitarle la vida.
Los cuerpos fueron hallados a cinco metros de distancia, tendidos en la terracería de la vialidad. El hombre estaba atrás de una piedra.
La mujer vestía un short de mezclilla y blusa negra. El hombre usaba una playera y short blanco.
Los peritos encontraron 18 casquillos percutidos dispersos de un arma .9 milímetros.
Después de las diligencias, los policías ministeriales ordenaron el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos a las instalaciones de Semefo.
La zona fue resguardada por marinos, policías estales, ministeriales y municipales. No hubo detenidos.
En lo que van del año van hasta ayer 894 muertes violentas presuntamente relacionadas con el crimen organizado, de acuerdo con un recuento de El Sur.

Hallan muerto a un maestro de Xolapa

Un maestro de la comunidad de Xolapa, ubicada en la zona rural, fue hallado muerto y en descomposición en la colonia Teconote, asentada en la comunidad referida.
De acuerdo con la información recabada, el cuerpo fue hallado el pasado domingo en la comunidad mencionada, dentro de un arroyo. El viernes pasado viernes sus familiares respotaron la desaparición ante el Ministerio Público de Chilpancingo.
El comisario de la comunidad de Xolapa, Misael Bellos, avisó del hallazgo a la funeraria Acapulco para hacer los trámites, sin embargo los familiares manifestaron su inconformidad con la policía ministerial porque quería conocer la causa de la muerte de su familiar.
La víctima se llamó Arquímedes, de 50 años, y era maestro de la comunidad de Xolapa.

Identificados

Eran un chalán de camión urbano y un albañil dos de las víctimas asesinadas entre el sábado y domingo pasado.
La primera víctima se llamó Rufino, de 36 años, y era chalán de un camión urbano. Tenía cuatro días de haber salido de la cárcel, ubicada en Las Cruces. Él murió ejecutado el domingo en esa colonia.
La otra víctima se llamó Bulmaro, de 19 años y era albañil. En este caso el joven fue asesinado a balazos en la colonia Revolución el sábado en la noche.

 

Marchan 3 mil ciudadanos en Teloloapan, paralizan la ciudad y cierran la carretera para exigir seguridad

Más de 3 mil policías comunitarios de la Tecampanera, del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), de la autodefensa de Cuetzala, comerciantes, transportistas, amas de casa y niños marcharon la mañana de ayer en esta cabecera municipal, hicieron un mitin en el Zócalo y paralizaron la ciudad con dos bloqueos en la carretera federal en las salidas hacia Iguala y Arcelia, que seguían hasta las 11:50 de la noche.
Las autodefensas de Teloloapan, Apaxtla y Cuetzala, municipios de la zona Norte que colindan con la región de Tierra Caliente, pidieron a los gobiernos del estado y la federación que se investigue al alcalde de Arcelia, el priista Adolfo Torales Catalán, quien envió a transportistas a bloquear la carretera este lunes cuando supo que la comunitaria tecampanera iba a protestar.
Acusaron al priista de proteger al grupo criminal La Familia Michoacana, al que responsabilizan de los secuestros, levantones, asesinatos y extorsiones ocurridos en esa región.
Fuentes del movimiento informaron que comunitarios de Teloloapan desarmaron a policías estatales alrededor de las 6 de la tarde, no se precisó a cuántos pero según esta versión los agentes quisieron pasar el bloqueo del lado de Iguala y les quitaron las armas.
La protesta de ayer fue también para exigir seguridad, paz y tranquilidad a los gobiernos estatal y federal, la presentación con vida de los tres herreros secuestrados el viernes en la comunidad de Totoltepec, Teloloapan, y la llegada de la Marina y la Policía federal.
Reclamaron al gobernador Héctor Astudillo Flores que en un año de gobierno no ha cumplido su promesa de campaña de llevar paz a este municipio.

La marcha

A las 11:20 de la mañana más de 3 mil comunitarios salieron en marcha del crucero el Caracol en la desviación hacia el municipio de Apaxtla y la carretera hacia Iguala, a unos 300 metros del retén militar.
Caminaron por la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano y entraron al Zócalo por la avenida Club de Leones a la plaza Eutimio Pinzón del Zócalo, frente al Palacio Municipal donde hicieron un mitin.
El contingente era encabezado por mujeres que cargaban una lona con el texto: “Los ciudadanos de Teloloapan apoyamos a los comunitarios en la lucha por la paz y la tranquilidad de Teloloapan”. También se leyeron cartulinas en las que se pide paz y tranquilidad al gobierno y otras: “Ya no queremos más secuestros, extorsiones ni levantones”.
La mayoría iba armada con rifles, pistolas, retrocargas y escopetas de bajo calibre, algunos con chalecos tácticos y antibalas, con carrilleras de cartucho de las armas usadas, radios de comunicación y pocos llevaban el rostro cubierto.
En el recorrido algunos comunitarios armados detuvieron para su revisión a personas que vieron grabando o tomando fotografías con teléfonos celulares, a los cuales cuestionaban el motivo y ante la sospecha de que fueran halcones (informantes) de la delincuencia.
Se demandó al gobierno estatal que presente con vida a los tres herreros secuestrados el viernes en la comunidad de Totoltepec, Teloloapan contratados por el Ayuntamiento y por quienes los delincuentes piden 2 millones de pesos de rescate.
Ante la movilización de comunitarios y la amenaza de una irrupción de sicarios de La Familia Michoacana que se difundió en redes sociales, unas 30 escuelas, 2 mil comercios, el mercado municipal, los bancos, gasolineras y el transporte público de la cabecera suspendieron actividades, lo que dejó las calles desiertas durante el día.

El alcalde de Arcelia tiene vínculos con la delincuencia, denuncian

En el mitin en el Zócalo frente al Ayuntamiento uno de los oradores de la policía Tecampanera, que omitió su nombre, pidió a los gobiernos estatal y federal que se investigue al alcalde de Arcelia, el priista Adolfo Torales Catalán.
“Exigimos la investigación de las autoridades del municipio cercano de Arcelia donde ha sido el presidente municipal quien ha coordinado las acciones para repeler cualquier situación que perjudique a ese cártel (La Familia Michoacana), porque es de la delincuencia organizada”, señaló.
“Ya no más secuestros, ya no más extorsiones, exigimos la investigación del presidente de Arcelia que es quien coordina las acciones para poder repeler cualquier acción que atente en contra de los intereses del grupo delictivo asentado ahí”, insistió.
Demandó una policía efectiva “un Ejército que actúe, una Policía Estatal que verdaderamente coadyuve en los esfuerzos que hacemos los ciudadanos porque a Teloloapan lo está cuidando el mismo Teloloapan”.
Pidió que se instalen bases de la policía y del Ejército en las comunidades de Totoltepec y Alahuixtlán, esta última pegada al municipio de Ixcapuzalco y que son considerados en este momento por los comunitarios las zonas de mayor riesgo.
Dijo que las policías comunitarias asentadas en los municipios de Apaxtla, Cuetzala y Teloloapan han dado muchos más resultados que las corporaciones policiacas y militares en varios años.
Advirtió al gobierno estatal y federal que no dejarán las armas y seguirán defendiendo a sus familias y lo que es de ellos.
Otro comunitario que tomó el micrófono criticó al gobierno de Héctor Astudillo Flores “que se comprometió a traer paz para Guerrero y hasta el momento no la veo, y creo que nadie de los que está aquí vivimos en paz”.
Dio a conocer que hace poco más de tres meses en una propiedad de su familia fueron hallados los restos de dos cuerpos, de los cuales creen que uno es de su cuñado. Lamentó que desde ese tiempo el gobierno estatal ni el federal mediante la Procuraduría General de la República (PGR), hayan emitido los dictámenes periciales para confirmar si son o no los restos de su familiar secuestrado en Teloloapan.
Uno más dijo al gobernador que “ya no queremos sus despensas, sus migajas y su frijol podrido, queremos que nos mande seguridad, que nuestros hijos se paseen en las calles y que sean dignos de ir al mercado porque las mujeres ya no quieren salir por miedo”.
Otro de los oradores expuso que en Teloloapan todas las familias, al menos uno de sus integrantes, han sido víctimas de la delincuencia organizada con un secuestro, extorsión, asesinato o desaparición, “ya basta, de Teloloapan no van a llevarse a nadie más”.
Exhortó al gobierno estatal y federal a que “intervengan en este municipio y rescaten con vida a los compañeros que nos han quitado de nuestro municipio”.
Criticó la falta de resultados del Ejército y dijo que no necesitan “damas de compañía” en las operaciones porque “las palmadas en la espalda y las bendiciones nos las dan nuestras familias y Dios… necesitamos que actúen con nosotros y que nos apoyen en esta lucha que como pueblo hemos emprendido. Teloloapan ya no quiere más desaparecidos, no quiere secuestros ni extorsiones, queremos un pueblo en paz”.

El Bloqueo

Al anunciar los bloqueos a la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano en las salidas hacia Iguala y Arcelia, uno de los oradores y coordinadores de la comunitaria Tecampanera advirtió que estos serían permanentes y por tiempo indefinido “hasta que el gobierno del estado envíe una mesa de negociación, hasta tener acuerdos firmados en papel, ya no más promesas del gobierno del estado de que nos van a venir a apoyar, el día de hoy necesitamos compromisos claros y que podamos contar ya con la presencia de la Marina y de la Policía Federal para que ayuden y coadyuven en este esfuerzo ciudadano”.
A la 1:30 de la tarde unos mil comunitarios dispersos en cuatro puntos bloquearon la carretera federal 51 Iguala-Ciudad Altamirano en el tramo de Teloloapan a Arcelia, a unos 500 metros de la cabecera municipal, cerca de la entrada a la brecha de terracería que lleva a la comunidad La Magdalena, que según los pobladores es ocupada por el grupo criminal para colocar retenes, secuestrar y extorsionar.
Otro grupo cerró en la salida a Iguala a poco menos de un kilómetro antes de llegar a la cabecera municipal, cerca del retén militar.
En ambos bloqueos cerraron la circulación vehicular con camionetas particulares, algunas blindadas y con el uso de camiones de carga que pasaron por el lugar y que atravesaron en la carretera. Sólo se permitía el paso a ambulancias y vehículos con personas enfermas.
En el bloqueo los inconformes exigieron presencia de funcionarios del gobierno del estado para firmar una minuta de acuerdos, en la que se comprometan a garantizar la seguridad en el municipio, a enviar soldados de la Marina y policías federales porque no hay Policía Municipal ni Estatal, y “el Ejército no actúa”.
Ante los bloqueos decenas de vehículos particulares, del transporte público y de carga quedaron varados en la salida hacia Iguala y hacia Arcelia.
Uno de los comunitarios consultado a las 11:50 de la noche informó que el cierre de la carretera federal continuaría hasta tener una respuesta por escrito del gobierno del estado a su pliego de peticiones.
Informó que ya estaban en pláticas con un funcionario del gobierno del estado y estaban dejando pasar cada dos horas a algunos de los vehículos varados.

A tres años del crimen, exige la familia de Rocío Mesino al fiscal Olea investigar su asesinato

 

A tres años del asesinato de la líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino, las investigaciones se encuentran en cero y el caso permanece en la impunidad.
La hermana de la víctima, Norma Mesino, denunció este lunes que el gobierno se niega a investigar la línea política como el principal móvil y que a los familiares les han negado el derecho a copias del expediente.
El de Rocío Mesino es uno de los 13 asesinatos de líderes sociales que se cometieron durante el 2013, cuando gobernaba Ángel Aguirre Rivero, mismos que no se han investigado porque el responsable “fue el Estado”, declaró Norma Mesino.
Rocío Mesino fue asesinada cerca de la comunidad de Mexcaltepec, municipio de Atoyac, el 19 de octubre del 2013, cuando acompañada de familiares, entre ellos su hermana Norma y unos 60 trabajadores, supervisaba la rehabilitación de un puente colapsado por las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid de ese año.
“Nosotros como organización y como familia hemos aportado todo lo que nos correspondía en la denuncia ante el Ministerio Público, pero aun así hubo mucha presión de parte de los ministeriales”, denunció Norma Mesino.
Dijo que el de su hermana no es un caso aislado y que hay responsables materiales e intelectuales, “es un caso que estaba muy preparado y las personas que hicieron este trabajo lo hicieron con toda la impunidad y con el respaldo de la policía municipal, Ministerial y del Ejército”.
Recordó que el lugar en donde la asesinaron está a sólo cinco minutos de donde había un cuartel del Ejército, en lo que antes era el Instituto del Café.
También declaró que el día de los hechos, cuando pasó por ese lugar, unos cuatro minutos después, les pidió a los militares que instalaran un retén, “pero no lo hicieron y los asesinos pasaron libremente”.
Aseguró que desde el principio ha visto todo el respaldo del gobierno a quienes cometieron el crimen, como también se está viendo ahora con la Fiscalía, “por eso le exigimos a este gobierno que no solamente se interese por investigar los casos de los últimos 11 meses que le corresponden, como dijo el fiscal, los casos de ejecuciones extrajudiciales no prescriben”, expresó.
Con el de Rocío Mesino, en el gobierno de Aguirre Rivero, sólo en el 2013, se cometieron 13 asesinatos de dirigentes sociales. Los más emblemáticos son los del dirigente de Unidad Popular de Iguala (UP), Arturo Hernández Cardona, y dos de sus compañeros; el del dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Raymundo Velásquez Flores y dos de sus compañeros; el del dirigente de la Organización de Productores de la Costa Grande (OPCG), Luís Olivares Enríquez, y su esposa.
Norma Mesino criticó que el fiscal Xavier Olea Peláez haya dicho que no está investigando el caso de su hermana porque no ocurrió durante este periodo o no es reciente, “él está al frente de una institución que debe procurar justicia y darle seguimiento a los casos y no fomentar la impunidad”, dijo en referencia a las declaraciones del fiscal la semana pasada en el sentido de que no hay “nada nuevo” en el caso y que carece de un “presupuesto razonable” para darle seguimiento.
“Nosotros le contestamos que él está obligado a darle seguimiento al caso, porque es un funcionario público y está cobrando un salario que le llega de los impuestos de los ciudadanos”, dijo.
Denunció que las declaraciones del fiscal reflejan que este gobierno “viene a cerrar los pactos de impunidad”.
Mesino Mesino insistió que tres años después el caso de su hermana está igual, en ceros, “y por lo pronto nosotros hacemos responsable a este fiscal porque desde la Fiscalía se nos está cerrando el derecho a la justicia”.

La línea política

Agregó que no hay duda que el responsable del asesinato de su hermana “fue el Estado”, por ser el responsable de la seguridad y la procuración de justicia y porque “la línea principal es el ámbito político, pues Rocío afectó intereses de políticos corruptos de la región pero con respaldo, amigos e impunidad que les dan en el gobierno del estado”, acusó.
Además, explicó que el gobierno también es responsable porque el asesinato sucedió en un contexto de linchamiento y cuando se quería acabar con la lucha social y quitar de en medio a todo activista social con el que no pudieran negociar”, manifestó.
Añadió que tres años después, la Fiscalía ni siquiera les ha concedido el derecho de tener una copia del expediente, y que tampoco saben qué juzgado lleva el caso, aunque recientemente les informaron que el expediente lo tienen en el Ministerio Público de Chilpancingo y no en los de la Costa Grande “para no ser manoseado”.
Para integrar el expediente que la entonces Procuraduría General de Justicia elaboró, citó a declarar a los ex presidentes municipales de Tecpan, Nadín Torralba Mejía, y de Heliodoro Castillo, Olaguer Hernández Flores, pero nunca se conoció el contenido ni los avances de las investigaciones.
Un año después del homicidio, agentes ministeriales detuvieron a Joel Hernández López, chofer de Norma Mesino, acusado por el homicidio. Sin embargo ella denunció que se trató de una represión en contra de la OCSS puesto que su colaborador fue torturado “de manera cruel”.
Joel fue liberado 8 días después por la presión de los organismos de derechos humanos.
Sin embargo, la Procuraduría no investigó al ex alcalde de Atoyac, el perredista Armando Bello Gómez, a quien la familia de Mesino señaló directamente por los desencuentros que siempre tuvo con Rocío. El ex edil, incluso, después fue electo consejero del PRD.

Rocío presagió su muerte

El 19 de octubre del 2013, Rocío se levantó temprano, serían entre las 6 o 6 y media de la mañana. Sus familiares recuerdan que la vieron alegre y entusiasmada, pero a las 8 y media cuando desayunaban, una preocupación se le vino de pronto: “fíjate, mientras unos están planeando como sacar adelante su proyecto de vida, otros, ahorita, están planeando como matarnos”, le expresó a Norma.
Cinco horas después, (a la una de la tarde) un pistolero le pegó un tiro por la espalda y cuando ya se retiraba todavía regresó y le disparó dos más para asegurarse que no quedara viva.
El día que la mataron, durante el desayuno, Rocío platicó con sus hermanas Norma y Eugenia sobre la situación de violencia que se estaba viviendo en el municipio. Un día antes habían asesinado a unos campesinos en la comunidad de El Paraíso.
“Me comentó que cómo era posible que con los problemas que había dejado la tormenta Manuel y que estábamos en una situación muy devastadora en el municipio, todavía había quienes estaban pensando en asesinar”, recuerda Norma que le dijo esa mañana.
“Me dijo: tú no sabes, imagínate tú estás haciendo un proyecto de tu vida y otros están planeando en asesinarte”.
Le mencionó el caso de los asesinados en El Paraíso: “imagínate esas personas ni se imaginaron que los iban a matar cuando otros estaban planeando cómo matarlos”.
Rocío estaba apresurada porque quería que se terminara la construcción del puente de Mexcaltepec, que comunica a 18 pueblos de la Sierra de Atoyac y que habían quedado incomunicados al caerse la estructura con las lluvias de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.
Después del desayuno Rocío se paró y les dijo que se adelantaba a Mexcaltepec. Allí Roció tenía instalado un comedor popular y le daba de comer a más de 150 campesinas y campesinos que estaban trabajando llenando bolsas de arena para hacer un puente provisional parecido al de Coyuca de Benítez para que pudieran pasar los vehículos con medicinas y alimentos a esos pueblos.
A las 9 de la mañana salió muy rápido a Mexcaltepec.
“Yo me quedé con mi hermana (Eugenia) porque teníamos que llevar la comida, ella se adelantó. Estaba entusiasmada porque ese día íbamos a hacer pozole para las personas que estaban trabajando”, recuerda.
Sin embargo, cuando Norma llegó a Mexcaltepec a las 12 del día, no encontró a Rocío, quien llegó como a las 12: 30.
“Estábamos leyendo un periódico local cuando nos percatamos que llegaron dos hombres arriba del puente, en ese rato no había ninguna de las personas que andaban con Rocío, pues los mandó a llenar bolsas con arena porque ella quería terminar el puente ese día, por eso se quedó sola con nosotras”, refirió.
Aproximadamente a la 1:20, uno de los hombres armados se acercó y le preguntó si había paso en el puente y ella le dijo que no, que dejara su moto, “yo te la cuido”, le ofreció.
El hombre de unos 30 años, claro y con bermuda, hizo el intento de ir a la cocina, y cuando Rocío se encaminaba hacia el puente, el desconocido alcanzó a Rocío, sacó el arma y le disparó; “yo lo único que oí fue un grito de una persona que dijo: cuidado Rocío, fue cuando regresé a ver, pero ya el arma estaba disparando”.
Norma recuerda que el hombre estaba temblando con el arma en la mano y empezó a amenazar a todos; a ella, a su hermana, a un tío enfermo que estaba con ellas y a unos 8 niños.
“Yo fui a donde estaba Rocío y la quise abrazar pero el hombre me puso el arma en el pecho y entonces lo que hice fue arrodillarme hacia dónde estaba Rocío”.
El hombre armado se encaminó hacia donde estaba su compañero, arriba del puente, pero al momento regresó y le dio otros dos disparos a Rocío donde estaba tirada en el suelo, “fue algo muy impactante para nosotros”.
Después el pistolero salió corriendo mientras su compañero, que estaba arriba, apuntaba con su arma al resto de los acompañantes de Rocío, quienes no pudieron hacer nada.

Actividades por su aniversario

A partir de este martes comienzan las actividades por el tercer aniversario. A las 9 de la mañana hay un acto en el río de Mexcaltepec, en el que estará la feminista Edna Obrador, quien hará un ritual ancestral por la vida para “despedir ante los 4 puntos cardinales” a Rocío, porque en las pasadas lluvias el puente que ella gestionó en el 2013 nuevamente se colapsó.
También este mismo día los familiares y seguidores de Rocío develarán un mural que fue hecho en la comunidad de Mexcaltepec por grafiteros solidarios que vinieron de la Ciudad de México y del estado de México.
Asimismo, a las 5 de la tarde comienza el acto cultural denominado “por la justicia, el rocío de la esperanza y el ángel de la justicia”, que también será para exigir justicia por el asesinato de Miguel Ángel, el hermano de Rocío, “que lleva 11 años de impunidad”, dijo Norma Mesino.

Informará hoy el fiscal Olea al CEE del PRD sobre el asesinato de Chavarría

Este martes el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD se reunirá en privado con el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, para que éste informe sobre la situación que guarda la investigación del asesinato del que fuera presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera.

Como cada semana, ayer la dirigencia del PRD sesionó en sus oficinas que se encuentran frente al mercado municipal Baltazar R. Leyva Mancilla, donde se presentó la primera propuesta del partido para la redistritación local y se acordó también una reunión con el fiscal para tratar el caso del diputado asesinado hace siete años, el 20 de agosto de 2009 afuera de su casa en el sur de esta ciudad.
Consultada vía telefónica, la secretaria de Derechos Humanos del CEE, Yenedith Barrientos Santiago, explicó que en la sesión de ayer se planteó la necesidad de que la dirigencia se reúna con Xavier Olea luego de que el domingo se publicó un comunicado de la FGE en el que se informa de presuntas irregularidades en la investigación del asesinato del presidente del Congreso.
En ese comunicado, titulado “Información sobre situación actual y esquema de acción de la Fiscalía General de Guerrero sobre el caso Chavarría”, la institución reconoció que el Estado mexicano incumplió su obligación de investigar, lo que dio lugar a que no se garantizara “un debido proceso jurídico”.
También reconoció que hubo un entorpecimiento doloso en las investigaciones y responsabilizó de ello al ex fiscal especial José Fernando Monreal Leyva, nombrado en 2009 para el caso por el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo junto a Jesús Miranda Rodríguez.
Ante la revelación de la FGE, Barrientos Santiago dijo que la Secretaría de Derechos Humanos propuso buscar un encuentro con el fiscal, a fin de que amplíe la información difundida en el comunicado.
Explicó que el CEE estuvo de acuerdo y ayer mismo la secretaría que ella encabeza se contactó con Xavier Olea y programaron la reunión para hoy a la 1:30 de la tarde en las instalaciones de la FGE.
Comentó que en la reunión la dirigencia pedirá que se informe el estado que guarda la investigación del caso, además de que exigirán castigo a los autores materiales e intelectuales de ese crimen, que el pasado sábado cumplió siete años de haberse cometido.
“Lo que tenemos que hacer como dirigencia es la exigencia del esclarecimiento del caso. Por eso acordamos sacar una audiencia para que nos reciba el fiscal y ese es el tema único, queremos saber cuál es el procedimiento que se le ha dado al caso, también que nos hable de las probables anomalías, eso es lo que solicitaremos y lo más sustancial es que se esclarezca el caso”, explicó.
Indicó que lo que les informe el fiscal será notificado a la familia de Armando Chavarría.
Respecto a por qué no invitaron a la viuda, Martha Obeso Cázares, o a alguno de los hijos del diputado, comentó que el procedimiento es institucional y por eso asistirá sólo la dirigencia, sin embargo aclaró que sí le informarán a la familia lo que el fiscal exponga.
Por su cuenta, el secretario general y representante ante la Junta Local de Vigilancia del Instituto Nacional Electoral (INE), Demetrio Saldívar Gómez, dijo que en la sesión de ayer se presentó a los integrantes del CEE la primera propuesta de redistritación elaborada por el PRD.
Dijo que para esta primera propuesta se consideró la situación regional del estado, la cultura que los municipios comparten, sus vías de comunicación, la integración de las comunidades indígenas y otros aspectos, ajustándose a los ocho criterios que establece el INE.
El secretario general del partido comentó que en esa primera propuesta se privilegia la afinidad de los municipios y los criterios poblacionales, porque “no pueden estar regiones distintas en un mismo distrito, como se pretende con Tierra Caliente y Costa Grande”.
Indicó que probablemente el miércoles cada partido presentará su propuesta tanto en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) como en la Junta Local de Vigilancia del INE.
Dijo que se buscará el consenso para impulsar un escenario único. “Se debe privilegiar al electorado, para que los ciudadanos puedan acceder al centro de votación, que el traslado de la paquetería sea rápido, lo mismo que la emisión de los resultados”.

Las diferencias de Zeferino con Chavarría, base de la petición para que la CIDH investigue el asesinato


En el Amicus Curiae (Amigo de la Corte) que la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) presentó en noviembre pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que ésta investigara el asesinato del diputado Armando Chavarría, también remarcó las diferencias que tenía con el entonces gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
En este documento entregado a la CIDH en noviembre del 2015 se destaca que el desacuerdo que desencadenó la renuncia de Chavarría Barrera como secretario de Gobierno en la administración zeferinista “se dio con motivo de la instalación de las Bases de Operación Mixtas (BOM) que el gobernador Torreblanca en acuerdo con el presidente Felipe Calderón decidieron instalar en Ayutla de los Libres”.
El entonces secretario de Gobierno consideró que con este operativo detonaría la represión en contra del movimiento social y de los defensores de derechos humanos en la región.
Asimismo, destaca que el diputado perredista Armando Chavarría Barrera, ejecutado el 20 de agosto del 2009 afuera de su casa en esta capital, era considerado “como el más viable candidato de su partido (el PRD) a gobernador del estado en las elecciones de 2011”.
En el escrito se subraya, además, que los familiares de la víctima siguen sin tener acceso a las copias del expediente y que no existe una investigación oportuna, transparente, inmediata, seria e imparcial en la jurisdicción penal ordinaria mexicana para esclarecer los hechos.
La secretaria técnica de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCI), a través de la cual fue presentado el amicus curiae, María Magdalena López Paulino, declaró vía telefónica ayer que este escrito sigue vigente a nueve meses de que fue presentado.
El documento denominado “Armando Chavarría Barrera P-1459-15 en contra de los Estados Unidos Mexicanos” fue presentado por la UAG a la CIDH “en calidad de amicus curiae, con el objetivo de lograr una justicia transicional integral para este caso”.
Fue presentado por la institución educativa debido a que Chavarría Barrera fue egresado de la Escuela de Economía de la casa de estudios, y durante su época estudiantil fue líder de la Fede-ración Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG).
La UAG elaboró un análisis del estado que hasta noviembre del 2015 guardaba el caso del asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, con el objeto de “abordar, en particular, la obligación incumplida del Estado mexicano de investigar este caso”, dice el documento.
El amicus curiae fue firmado por el rector Javier Saldaña Almazán y en él la institución pide que la CIDH le otorgue la admisibilidad de manera pronta, “para que las víctimas indirectas tengan acceso a la verdad, la justicia y la reconciliación”.
Además se establece que la petición tiene la intención de fortalecer la búsqueda de la verdad en el caso del diputado Armando Chavarría, cuyo asesinato cumple siete años el próximo sábado 20.
El documento subraya que este caso al igual que otros de dirigentes sociales y de activistas, permanece en la impunidad.
En el escrito se establecen las diferencias que había entre el político perredista con el entonces gobernador Torreblanca.
Dice, por ejemplo, que Chavarría Barrera renunció a la Secretaría de Gobierno el 6 de mayo del 2008 “por notorias diferencias político ideológicas con el gobernador”, y que el desacuerdo que desencadenó la renuncia “se dio con motivo de la instalación de las Bases de Operación Mixtas (BOM) que el gobernador Torreblanca en acuerdo con el presidente Felipe Calderón decidieron instalar en Ayutla”.
El documento sigue: “Armando Chavarría rechazó esta decisión porque consideró que detonaría la represión en contra del movimiento social y de los defensores de derechos humanos en la región, por lo cual renuncia y se incorpora a la campaña política de su partido, que lo llevó a ser diputado local en la LIX Legislatura y coordinador de la bancada perredista del estado, además de presidente del Congreso de Guerrero”.
Asimismo, destaca que era considerado como “el más viable” candidato de su partido (el PRD) a gobernador del estado en las elecciones del 2011.
También señala que en esos días Chavarría Barrera trabajaba en la construcción de las alianzas con otros partidos políticos para lanzar una candidatura fuerte que posibilitara ganar la elección, proyecto que venía consolidando y que, a la vez, preparaba un acto masivo para el 27 de agosto, en el cual tenía previsto hacer públicas sus aspiraciones políticas, pero fue asesinado siete días antes.
En la petición de la UAG a la CIDH dice que es imprescindible el esclarecimiento del caso, porque al momento de que fue ejecutado Chavarría Barrera era el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado y estaba considerado como el candidato más fuerte y viable para las elecciones a gobernador.
Asimismo dice que el caso es paradigmático, ya que el asesinato ocurrió a plena luz del día y frente a la casa de la víctima, pero que aún existe un retardo injustificado en las investigaciones.
También destaca que existen muchas irregularidades en el procedimiento de investigación.
Según el escrito, una de ellas tiene que ver con la custodia, recolección y manejo de evidencias de la ejecución, “mismas que no fueron resguardadas, con su consecuente omisión en la determinación de responsabilidades de los funcionarios públicos involucrados con las irregularidades”.
Menciona que otra irregularidad es el retraso injustificado y la inexistencia de avances sustanciales en las investigaciones, “lo que da por resultado que no se garantice un debido proceso jurídico”.
Menciona que el caso nunca fue resuelto, “y en algún punto Alberto López Rosas, procurador de Justicia –el primero de los designados a ese cargo por el gobernador Angel Aguirre–, anunció que el expediente de la investigación del homicidio de Armando Chavarría se había perdido durante el cambio de administración”.
Recuerda que por este caso, dos ex miembros de la Policía Investigadora Ministerial fueron arrestados, “pero los cargos en su contra no han sido revelados”, cuestiona, en referencia a los agentes Rafael Romero y/o Felipe Romero Romero y Jorge Luis García Jacinto, presos en los penales de Puente Grande Jalisco y de Tepic, Nayarit.
“Los familiares siguen sin tener acceso a las copias del expediente, no existe una investigación de manera oportuna, transparente, inmediata, seria e imparcial en la jurisdicción penal ordinaria penal mexicana para esclarecer los hechos mencionados”, denuncia.
Insiste que por estas causas el Estado mexicano ha incumplido este derecho en perjuicio de las víctimas indirectas de este caso, a las que se les ha negado el derecho a la verdad histórica de lo sucedido ese 20 de agosto de 2009.
“Es visible que el Estado mexicano ha incumplido la convencionalidad en el caso del Lic. Armando Chavarría Barrera, ya que no ha investigado de manera seria, precisa y transparente este caso, por lo que ha violentado la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, advierte.
Concluye que “a la luz de los derechos humanos, este caso permanece en total impunidad, y la impunidad es contraria a los derechos humanos, es denegación a la justicia e impide acceder al derecho a la verdad”.
Al respecto la UAG pide a la CIDH que le otorgue el per saltum a este caso, le conceda la admisibilidad, adjunte el memorial al expediente del caso y “adopte las posturas establecidas en el presente escrito”.
La secretaria técnica de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, María Magdalena López Paulino, declaró vía telefónica que aun cuando no existe respuesta a este tipo de escritos, espera que el organismo internacional admita el caso para su investigación.

Dar resultados en la investigación del asesinato de Ambrosio Soto, pide Movimiento Jaguar

El coordinador estatal de Movimiento Jaguar, Mario Hernández Herrera, llamó al gobierno federal y estatal a dar resultados de las investigaciones por el asesinato del presidente municipal de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte.
Afirmó que el alcalde de Pungarabato dejó en manos de las instituciones su seguridad, “confió tan bien y terminó siendo asesinado”.
En conferencia de prensa en el hotel Casa Inn de Acapulco, acompañado de regidores y presidentes municipales de la corriente perredista a la que pertenecía Ambrosio Soto, Hernández Herrera reclamó que en Chiapas “cuando el gobierno tiene voluntad de resolver, lo hace”, en referencia a que ya fueron detenidos siete presuntos implicados en el asesinato del alcalde de San Juan Chamula.
Hernández Herrera dijo que en una reunión de trabajo de la comisión política de Movimiento Jaguar, acordaron hacer un llamado al presidente Enrique Peña Nieto; al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; a la procuradora general, Arely Gómez González, y al gobernador Héctor Astudillo Flores.
En un comunicado que leyó, externó que en Movimiento Jaguar, “queremos resultados serios, profundos, fuera de especulaciones”.
Criticó que no hay resultados “ni indicios de que se lleven a cabo investigaciones en la región”, sin embargo reconoció que por los medios de comunicación se enteró que desde el domingo entraron agentes de la policía investigadora ministerial a Michoacán.
Agregó que existe la duda sobre si la PGR atrajo el caso o está en la procuraduría estatal.
Hernández Herrera reprochó las declaraciones del gobernador Héctor Astudillo Flores de que la región de Tierra Caliente es “atendida”, cuando la población de esa zona sigue manifestando temor, lo que “contradice lo que las autoridades dicen”.
Sostuvo que cuando el gobierno “tiene la voluntad de resolver, lo hace”, como fue el caso del alcalde de San Juan Chamula en Chiapas, donde ya hay detenidos. Lo que consideró como justicia “selectiva”.
Informó que el Movimiento Jaguar realizará una campaña denominada “Bocho Soto por la Reconciliación del Estado”, para que no quede impune el asesinato, además de buscar reuniones con dependencias federales de seguridad y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Hernández Herrera expuso que son dos presidentes municipales de Movimiento Jaguar los que han sido amenazados, uno de ellos Ambrosio Soto. El otro alcalde es el de Huamuxtitlán, Mario Flores García.
Recordó que el 25 de abril de este año fue el ultimátum que dio el crimen organizado para que Flores García renunciara, sin embargo se mantiene en su cargo. Pero a pesar de pedir medidas cautelares “a la fecha no se le ha mandado seguridad”.
Recordó que el alcalde de Pungarabato señaló públicamente al grupo de los Caballeros Templarios de amenazarlo y se reunió con las autoridades.
“Ambrosio creyó en las autoridades, Ambrosio confió en las instituciones, por confiar en las instituciones, que se confió tan bien y terminó siendo asesinado”, expresó.
Hernández Herrera reconoció que sí hubo medidas cautelares para Soto Duarte, pero no se le dio seguimiento a la investigación de las amenazas.
Con el vocero de la Coordinadora de Presidentes Municipales del PRD y alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, no han sostenido reuniones, indicó.
“Lo único que fue, fue una plática con compañeros de nosotros que estuvimos el día del sepelio”. Agregó que “diferentes frentes” buscan el esclarecimiento del caso.
Manifestó que han pedido una reunión con el CEN del PRD.
Puntualizó que si se requiere secrecía en la investigación, ellos como Movimiento Jaguar lo acatarán, “pero a la fecha no hemos tenido ningún resultado”.
Al acto, lo acompañaron el presidente municipal de Atlamajalcingo, Felipe Vázquez Neri, así como síndicos y representantes de otros municipios.

Critica el Ayuntamiento que la Fiscalía no haya actuado antes del asesinato de policías

El secretario general del Ayuntamiento de Acapulco, Daniel Meza Loeza, declaró que le llama la atención que la Fiscalía General del Estado (FGE) señale que existen evidencias de la participación de los tres policías viales asesinados con grupos de delincuencia, y “no se haya hecho nada con antelación”.
Lo anterior, en respuesta a lo dicho por el fiscal Xavier Olea Peláez, quien en conferencia de prensa en la capital del estado declaró que los agentes asesinados, Víctor José Herrera Enriques, Nery Hernández Reséndiz y Julio Eduardo García Nava, realizaban actividades de “halconeo” para grupos del crimen organizado, que su muerte está relacionada con el reacomodo de los grupos delincuenciales que operan en el municipio.
En tanto, el presidente municipal Evodio Velázquez Aguirre, en declaraciones después que terminó la sesión de Cabildo, respecto al tema dijo: “No tengo interés en entrar en confrontación con el fiscal, pero sí aclarar puntualmente lo que este gobierno está haciendo y, sobre todo, determinación al respecto en materia de seguridad pública”.
Abundó que el secretario general del Ayuntamiento, Daniel Meza, y el secretario de Seguridad Pública municipal, Max Sedano Romano, darían un posicionamiento respecto del comunicado que leyó el fiscal Olea Peláez, donde hacía el señalamiento de que los tres policías viales asesinados trabajaban para grupos de la delincuencia organizada.
“No voy a entrar en provocación alguna, que quede bien claro”, reiteró el alcalde Velázquez Aguirre e insistió en que “si hubiese algún tema de esa naturaleza no entraré en confrontación, ni tampoco en confusión de ninguna manera”.
Velázquez Aguirre adelantó que este jueves habrá una reunión de seguridad en la Novena Región Militar, con el Grupo de Coordinación Guerrero, “y vamos a tomar determinaciones y el gobierno municipal, en voz del presidente, llevará la voz de redoblar esfuerzos y fortalecer estrategias más vigorosas y sobre todo coordinadas”.
Después, en la sala de Cabildo, salió Meza Loeza, sin el secretario de Seguridad Pública ya que justificó que atendía temas de su área, y leyó el posicionamiento del municipio y dijo: “Llama la atención que después de los homicidios referidos, se señale la existencia de evidencias de la participación de los elementos asesinados con grupos delictivos, y no se haya hecho nada con antelación por parte de la dependencia de esta situación”.
“Con esto queremos decir que no basta con hacer un señalamiento una vez que sucede el caso, sino que si se tiene conocimiento de un hecho delictivo, se tiene que actuar en consecuencia y actuar en el momento, nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad en materia de prevención, pero no es la tarea de investigación, sin embargo, que esto se pudiera dar con antelación para tomar las medidas pertinentes”.
Meza Loeza reiteró que el gobierno municipal ha dicho que si existen “responsabilidades por la comisión de una conducta delictiva de cualquier integrante o funcionario de la presente administración, se aplique todo el peso de la ley, tal y cual lo ha venido reiterando el presidente municipal”.
El funcionario municipal dijo que “la primera autoridad del municipio en su momento declaró, con toda responsabilidad y con pleno conocimiento de las atribuciones de cada instancia, que la encargada de señalar las causas y culpables de los crímenes cometidos, es como lo ratifica el propio fiscal, la dependencia que él mismo encabeza”.
Meza Loeza reconoce que al gobierno municipal le corresponden las tareas de prevención en materia de seguridad pública, “acción que en ningún momento hemos evadido, sino por el contrario, trabajamos desde el combate del origen social de la conducta delictiva hasta la coordinación con los otros niveles de gobierno, en la estrategia de combate al crimen planteado en el Grupo de Coordinación Guerrero”.
En ese “espíritu” de colaboración, que hay entre cada instancia de seguridad, aseguró que no sólo prosigue el proceso de evaluación y certificación de cada policía, sino también “hemos señalado y lo reiteramos que ante la existencia de responsabilidades por la comisión de una conducta delictiva de cualquier integrante o funcionario de la presente administración, se aplique todo el peso de la ley, tal y cual lo ha venido reiterando el presidente municipal”.
Meza Loeza precisó que después del ataque de dos policías viales, ocurrido el pasado viernes en avenida Constituyentes, los policías se “están agrupando, están trabajando los viales de manera conjunta con la policía urbana, elementos que están certificados, que están armados porque deben defenderse ante esta situación, detalles que no puedo comentar por la propia seguridad de ese dispositivo, pero es lo que se está haciendo”.

Informa el fiscal de la detención de cinco presuntos asesinos del médico del IMSS

El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, informó ayer de la detención de cinco presuntos responsables del asesinato del médico y jefe de traumatología del Hospital regional Vicente Guerrero del IMSS, Ramón Javier Ayerdi.
También dijo que se investiga el asesinato de la ex regidora del PVEM, Esther Orea Vargas, ocurrido el miércoles en Iguala.
En breves declaraciones al término de la conferencia de prensa en la Fiscalía regional de Acapulco, Olea Peláez indicó que ”sí, hay una investigación, estamos en el sigilo de la investigación. No puedo, desafortunadamente, no puedo señalar lo que se está haciendo, hay gente, hay homicidas y estamos haciendo las investigaciones”.
Del secuestro del ex alcalde de Cualac, Rolando Sánchez Sosa, sólo se limitó a decir que “está la gente de antisecuestros allá (en Cualac) y no puedo señalar más”. Un día antes señaló que el ex alcalde había sido liberado.
Sánchez Sosa fue levantado el martes a las 5 de la tarde por hombres armados, cuando se dirigía de Huamuxtitlán a su casa en Cualac.
En relación con el cierre de los cuatro restaurantes Los Buzos por ataques de delincuentes, el fiscal agregó que no conoce más casos de amenazas a restaurantes de la ciudad y que tampoco hay denuncia de los dueños en la Fiscalía General del Estado..
En la conferencia de prensa en la que el fiscal no admitió preguntas, informó de forma breve y rápida de la detención de cinco integrantes del Cártel Independiente de Acapulco (Cida) como presuntos responsables del asesinato del doctor y jefe de traumatología del Hospital regional Vicente Guerrero del IMSS, Ramón Javier Ayerdi.
Sin informar el móvil del homicidio, indicó que ayer en la madrugada, en coordinación con la Policía Ministerial y la Policía Federal, “detuvimos a los asesinos del doctor Ayerdi (en Acapulco). En atención a que se están llevando las investigaciones por el momento no puedo decirles los nombres de estos sujetos”.
Abundó que hoy la Fiscalía dará a conocer mediante un comunicado los nombres de los inculpados. “Creo que esto es un éxito en virtud de que en muy pocos días logramos la detención de estos tipos”.
El 11 de marzo, el doctor fue asesinado cuando conducía su camioneta Mazda negra tipo CX-5 entre las calles Puebla y Michoacán, de la colonia Progreso. Según los reportes, un hombre a bordo de una motocicleta le disparó en seis ocasiones.
Al salir de la fiscalía regional, Olea Peláez fue abordado por reporteros y se le preguntó porqué no fue acusado el canadiense Walter Suk del delito de trata de personas, a lo que respondió que la fiscalía lo había acusado de delitos de abuso sexual y corrupción de menores de edad.
Reiteró que se solicitó la negativa de la fianza para que el inculpado enfrente el juicio detenido y no en libertad, además de que no salga del país.
Indicó que en el estado puede ver “algunos” casos de tratas de blancas, pero que desconoce cuántos hay; “en la etapa que llevo yo tenemos muy pocas investigaciones al respecto”, pero no dio más detalles y subió a su camioneta.

Ejecutan a un matrimonio dueño de una taquería en Ciudad Renacimiento

Un matrimonio propietario de una taquería semifija en Ciudad Renacimiento, acribillado a balazos y el ataque contra un sitio de taxis del Maxitúnel, fue la violencia de ayer en la ciudad.
En el asesinato del matrimonio, por medio de una llamada anónima fueron alertados los efectivos de las diversas corporaciones policiacas.
El reporte fue a las 3:45 de la tarde, en la calle Juan R. Escudero, a unos metros del bulevar Vicente Guerrero, frente al laboratorio Doctor Galo Soberón y Parra, que depende de la Secretaría de Salud del estado.
Fuentes policiacas informaron que fueron dos los agresores que mataron a balazos a los propietarios de la taquería, y que uno de ellos portaba una arma larga R-15.
El hecho violento ocasionó pánico entre los transeúntes, comerciantes y pacientes del hospital tras escuchar las detonaciones de las armas de fuego.
Las víctimas fueron atacadas cuando ya habían terminado la venta de los tacos de guisado en una concurrida vialidad y cerca del hospital Donato G. Alarcón.
La mujer estaba acarreando los utensilios a una camioneta Ford tipo Lobo, con placas de circulación HE-35701, cuando fue atacada. Ella quedó boca arriba y tenía en una mano billetes de 50 y 20 pesos, y en la otra una bolsa verde, al parecer con tacos de guisado.
El hombre fue atacado a balazos en su carrito de tacos y el cuerpo quedó boca abajo. Los agresores le dispararon con arma .9 milímetros.
Se observó que los propietarios de ese carrito de tacos y el otro estuvieron retirando los distintos objetos para culminar la venta de ayer. Los otros dueños de los carritos ya habían cerrado.
Las eran Nicolasa Tonalzin Panchito, de 50 años, y Lucio Corraltitlan Yetli, de 60, propietarios de una taquería semifija. Los familiares acudieron al sitio y lloraron por la pérdida de sus seres queridos.
Los peritos encontraron nueve casquillos percutidos de una arma R-15 y cinco de un arma .9 milímetros.
Después de la diligencias, el Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a las instalaciones de Semefo.
La zona fue resguardada por policías del estado, ministeriales y municipales, pero no hubo detenidos.
En lo que va del año en Acapulco suman ya 241 personas asesinadas en hechos violentos en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, con base en un recuento de lo publicado en El Sur.

El otro ataque

En otro caso, hombres armados dispararon al aire frente al sitio de taxis azules con blanco ubicado en la avenida Cuauhtémoc, a la salida del Maxitúnel. En el ataque no hubo taxistas heridos ni muertos.
Fuentes informaron que el hecho ocurrió a las 10 de la mañana y en el lugar fueron hallados cinco casquillos percutidos calibre .9 milímetros. Luego de la balacera los taxistas continuaron brindando el servicio de trasporte público que va de ese sitio hasta la Base Naval.
El hecho violento ocasionó una fuerte movilización policiaca en la vialidad, y de inmediato los castillos fueron retirados por la autoridad.
El 11 de abril de 2015, un taxista fue asesinado a balazos en dicho sitio por dos hombres que circulaban en una motoneta.