El dirigente del sector pesquero en Petacalco, municipio de La Unión, Gilberto Barrera Reyes se quejó de que han pasado 22 días desde que en una reunión el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame se comprometió a ofrecerles asesoría jurídica, para reclamar una indemnización a la empresa propietaria de una pipa de doble remolque que volcó y derramó combustóleo en el brazo izquierdo del río Balsas, “pero no ha habido ningún avance porque ni siquiera ha iniciado el estudio ambiental al que también se comprometió”.
En una llamada telefónica Barrera Reyes dijo, “estamos desesperados porque nos hemos comunicado con la persona que el secretario Florencio Salazar designó en la Semaren para que estuviera al tanto del estudio ambiental, que haría el despacho contratado por el gobierno del estado para determinar el nivel de afectación en el mar y en la bahía de Petacalco, y nos dice que no hay nada todavía, que no hay avances”.
“Nosotros queremos hacerle saber al gobernador que también le hicimos una petición de audiencia por escrito en la que le decimos que queremos hablar con él para plantearle cómo está la situación en el sector pesquero y la CFE, por las afectaciones de la termoeléctrica”.
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Trabaja la Comisión de Atención a Víctimas con 3 mil ciudadanos en Guerrero, informa
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) atiende en el estado 256 casos de víctimas, lo que representa alrededor de 3 mil personas en Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Tierra Caliente y la sierra, informó el director general de la Asesoría Jurídica Federal, Rubén Vasconcelos Méndez.
Indicó que el número de víctimas que auxilia la CEAV en comparación con los hechos violentos que ocurren en el estado es mucho menor, y consideró que uno de los factores es que no hay una cultura de la denuncia en las víctimas de delitos federales como el secuestro ligado al narcotráfico, desaparición forzada y trata de personas.
Ayer el funcionario asistió a la reunión del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho del Estado de Guerrero en el restorán del Grand Hotel, donde expuso el trabajo que realiza la dependencia.
En declaraciones dijo que la CEAV atiende en el estado 256 casos de víctimas, de las cuales 127 tienen representación jurídica por parte de la dependencia.
Indicó que las 3 mil víctimas son por delitos federales, “donde hemos concentrado nuestra atención”.
Recordó que el 90 por ciento de los delitos son del fuero común y corresponde atenderlos al estado, y el resto, 10 por ciento son federales.
Comentó que entre los casos que atienden están el de Los Otros Desaparecidos de Iguala, el de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y sus familiares y el del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo atacados del 26 y 27 de septiembre en Iguala.
Precisó que el caso de las 50 desapariciones denunciadas en Chilapa no lo atiende la CEAV sino la Fiscalía de Búsqueda de la Procuraduría Genera de la República (PGR).
Informó que en todo el país la dependencia atiende mil casos de personas desplazadas por situaciones de violencia, pero a pesar de que en Guerrero hay desplazamientos no atiende ninguno, y recordó que el desplazamiento no está tipificado como un delito pero sí es una violación de los derechos humanos.
Vasconcelos Méndez comentó que la Asesoría Jurídica tiene 66 asesores que atienden a víctimas en 16 estados de la República donde ya opera el nuevo sistema penal acusatorio que entrará en vigor el 14 de junio en todo el país.
En los casos locales deberán existir asesores jurídicos para velar por los intereses de la víctimas, dijo.
El 22 de enero el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles, informó de la creación de 100 nuevas plazas de defensores públicos en el Instituto de la Defensoría Pública, el cual sustituirá a la Dirección General de la Defensoría.
Indicó que, “si un asesor jurídico no está presente en una audiencia relevante, inicial o intermedia en su fase escrita se puede declarar nula, porque los derechos de las víctimas no están protegidos”.
El funcionario llamó al estado a comprometerse con los recursos para la ayuda y la atención de la víctimas.