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“Sabemos quiénes son los que atacan y dónde están”, dice al gobierno el obispo Rangel

 

El obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, dijo que “desgraciadamente la violencia en Guerrero está aumentando cada día” y que es una “desgracia lo que está sucediendo en Guerrero”.
También coincidió con el recuento de El Sur en que los homicidios han aumentado en noviembre con relación a los que ocurrieron en octubre, como se publicó en la edición de este lunes.
El obispo fue consultado después del mediodía de ayer afuera del obispado de Chilpancingo, cuando salía de una reunión privada con feligreses.
Rangel Mendoza se reunió con sacerdotes de la zona centro del estado que se concentraron en el obispado de la capital, pero no informaron de los temas que trataron en el encuentro.
Después de la reunión, los reporteros le preguntaron por la actitud que ha asumido la iglesia frente a la violencia que se vive en distintas ciudades del estado.
“Sin duda, como iglesia, el señor arzobispo y yo hemos hecho muchas exhortaciones para dialogar y tratar con esas personas (los delincuentes), para por lo menos saber qué es lo que piensan “, dijo.
Agregó que el gobierno federal está equivocado, porque en vez de meter a miles del Ejército, mejor debería aumentar la inteligencia, “porque sabemos quiénes son los que atacan y dónde están, y los que buscan un baño de sangre”.
El obispo denunció que “desgraciadamente la violencia está aumentando cada día y cada mes, y eso es una desgracia que está sucediendo en Guerrero, sobre todo en ciudades como Chilpancingo, Chilapa, Iguala y Acapulco”.
Al respecto, dijo que el exhorto de la iglesia es dialogar, “o por lo menos saber qué es lo que piensan”, recomendó.
Agregó que en vez de meter a miles de miembros del Ejército en los operativos y planes de seguridad, mejor se debería aumentar la inteligencia, “porque bien sabemos quiénes son los que atacan y dónde están”.
Asimismo, se pronunció porque se realice una depuración del Ejército y la Policía Federal, “y no se diga la Estatal, porque hay muchos infiltrados, entonces yo pienso que sería una de las maneras de parar este baño de sangre que se está realizando en Guerrero”, dijo.
El obispo reconoció que los gobiernos federal y estatal equivocaron la estrategia y las maneras para parar “el baño de sangre que se está realizando en Guerrero”.
Propuso que el gobierno federal en vez de multiplicar los entes de presencia “pudiera multiplicar la inteligencia”.
Agregó que desgraciadamente hay corrupción y se filtran las noticias, “y hay intereses, pero la solución la tiene el gobierno en por lo menos en dos niveles, el federal y estatal”.
Al respecto señaló que existe en el estado un plano de la delincuencia con los focos rojos.
Cuando los reporteros le preguntaron por qué no han funcionado los seis planes y dispositivos de seguridad en el estado aplicados por parte del gobierno federal, dijo que si se trata de aumentar gentes para la seguridad, “no lo van a lograr, porque se tiene que dialogar con quien sea para lograr un plano de pacificación”.
Dijo que la experiencia que tiene es que, a veces, los gobiernos como tutelares de la ley no pueden transgredir sus principios, pero no para la violencia.
Añadió que en Guerrero se tiene que buscar la paz “con misericordia, y sobre todo apoyar el diálogo”.
Añadió que desgraciadamente en su diócesis hay municipios con mayor índice de violencia, “tenemos Chilpancingo, tenemos Chilapa, tenemos Iguala y desgraciadamente esto está sucediendo, pero yo siempre he dicho que el problema es la rivalidad entre las distintas bandas o grupos de narcotraficantes y el gobierno y la gente sabe quién está provocando todo esto”, dijo.
-Usted habla de depurar a los cuerpos policiacos, ¿esto debe llegar a la clase política? -pregunto un reportero.
-Sobre todo. Ya saben qué fama tienen los políticos de corrupción e impunidad, y, claro, que está bien infiltrada la política, porque hay intereses de por medio.
“Yo pienso que la única área que tenemos para castigarlos es el voto y que éste debe ser un premio de castigo a estos políticos corruptos”, dijo.
El obispo dijo también que a la iglesia le afecta el incremento de la violencia, porque se traduce en homicidios y que la mayoría de las víctimas son católicos, “y son vidas, yo siempre he dicho que el derecho fundamental que tenemos es la vida, y sobre eso se fundamenta todo”.
Dijo que lamenta las muertes por la violencia y que quien debe meter orden son las instituciones, en este caso el gobierno, y que es una obligación de él dar una respuesta para dar paz y seguridad.
-¿Usted percibió un incremento de la violencia y de los homicidios en el estado? -preguntó un reportero, en referencia a las cifras periodísticas.
-Ustedes saben que hace 6 o 7 días hubo 22 muertos en Chilpancingo, y claro que se está aumentando y yo seguidamente oigo las descargas y los balazos allí por (el fraccionamiento) Margaritas en donde vivo, continuamente, en donde pasa la autopista y seguidamente se están escuchando las descargas de las armas de grueso calibre.
-¿Se asusta usted? -se le preguntó al obispo.
-Pues claro que hasta un perro se asusta con todo esto. Claro que esto a toda la población nos asusta. Yo también me sumo a esto, necesitamos tranquilidad, porque ¿quién me asegura que si yo salgo no me va a tocar una bala perdida, como a estas dos últimas dos mujeres, que a una hirieron y a la otra tuvieron que dar a luz prematuramente? —preguntó en referencia a las dos mujeres víctimas de la balacera afuera de Aurrerá norte el sábado pasado.
“Es una desgracia, pero el gobierno sabe cuál es la solución”, insistió.
Otro reportero le preguntó si la solución debe ser una reunión con los capos de la droga, y el obispo dijo que la “iglesia siempre ha favorecido el diálogo, no tenemos exclusividad con quién nos vamos a reunir. Creo que es una libertad que tenemos como personas y como ciudadanos”.

Delicados pero estables, los dos jefes policiacos de la PIM atacados el martes




“Delicados pero estables” se encuentran el comandante y el jefe de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) que el martes por la mañana fueron atacados desde un vehículo en movimiento en el bulevar Vicente Guerrero, cerca de La Sabana.
La Fiscalía Regional de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) informó que el comandante José Gallardo Bernal y el jefe de sector de la PIM Lucas Pascual Calvillo ya fueron intervenidos en el hospital y aun cuando siguen delicados de salud los reportaron como estables y en recuperación.
El martes por la mañana, individuos armados con AK47 cuerno de chivo y rifles AR-15 atacaron al comandante Gallardo quien recibió una bala en el brazo y pierna derecha, así como en la espalda, y a Lucas Pascual, quien presentó fractura en la pierna, brazos y un rozón en la cabeza.
El fiscal regional de la PGJE, Enrique Gil Mercado, indicó que el estado de salud de los jefes policiacos es “delicado pero estable”.
Agregó que la camioneta X-Trail utilizada por los sicarios tenía un permiso provisional por 30 días expedido por el Ayuntamiento de Chilapa, y que ya solicitó la información oficial a la Secretaría de Administración y Finanzas estatal.
La camioneta se encuentra en la Fiscalía Regional y en el cristal trasero porta un permiso provisional por 30 días para circular sin placas del 27 de diciembre de 2006 al 27 de enero del año.
Dicho permiso tiene el folio 17479 expedido por el gobierno del estado de Guerrero y de la Dirección de Tránsito y Vialidad del municipio de Chilapa que gobierna la alcaldesa priísta Alicia Zamora Villalva.
El documento, firmado con plumón negro presuntamente por el director de Tránsito y Vialidad de ese municipio, Marco Álvarez Sánchez, señala como propietario de la X-Trail, modelo 2006, con número de serie JN8BT08T06W810799 a José Antonio García Torres, con domicilio en Calle 15, manzana 12 de la colonia Emiliano Zapata de Acapulco.
El comandante José Gallardo y el jefe de la PIM, Lucas Pascual, se encuentran internados en el hospital privado Magallanes.

Atacan con cuernos de chivo a un comandante y un jefe de la Policía Ministerial en La Sabana




foto El comandante de la Policía Investigadora Ministerial del sector El Coloso, José Gallardo Bernalm, y su jefe de grupo, Lucas Pascual Calvillo, fueron atacados a balazos desde una camioneta X-trail, por individuos que portaban armas largas AK-47 conocidas como cuerno de chivo y fusiles de de asalto AR-15.
Los hechos sucedieron en el bulevar Vicente Guerrero, cerca del poblado de La Sabana, ayer a las 8:40 de la mañana.
La forma como se perpetró el ataque tiene las características de la violencia atribuida al crimen organizado, y sería el primer atentado de la narcoviolencia en Acapulco en 2007.
El reporte de la Policía Investigadora Ministerial indica que los agentes resultaron con heridas de bala en el cuerpo, así como lesiones por el choque ocurrido luego de que perdieron el control del vehículo en que viajaban y se impactaron de frente contra la parte trasera de un camión de volteo estacionado.
Los policías fueron trasladados en una ambulancia de la Cruz Roja al hospital general Donato G. Alarcón y de ahí al hospital privado Magallanes, donde de inmediato fueron intervenidos.
Por la tarde, en la Fiscalía Regional de la Procuraduría General de Justicia y en el Ministerio Público de Renacimiento, que se hizo cargo de las diligencias, mencionaron que los policías seguían estables de salud.
Según el reporte de la Policía Preventiva Municipal, José Gallardo Bernal fue herido de bala en el brazo y en la pierna derechos, así como la espalda, pero no se precisa el número de impactos.
Mientras que Lucas Pascual Calvillo, que conducía el auto, tiene fracturadas las piernas y varios disparos.
Indica el reporte que en el momento del ataque los policías, que viajaban en un auto Tsuru color verde, perdieron el control del vehículo y se impactaron contra un camión de volteo.
Asimismo la camioneta X-trail, color arena, sin placas de circulación, fue abandonada por los sicarios en la calle Palma Sola, esquina con andador Ajoyotla, Sección 1 de ciudad Renacimiento, con seis impactos de bala en el parabrisas, aunque se dijo que los policías no repelieron la agresión.
En el cristal posterior, la camioneta llevaba un permiso de circulación a nombre de José Antonio García Torres, con domicilio en Calle 15, manzana 12, de la colonia Emiliano Zapata, emitido el 27 de diciembre de 2006 por la Dirección de Tránsito de Chilapa de Álvarez y sellado por el gobierno del estado.
Más tarde se supo que fue robada con violencia seis días antes de esa fecha, el 21 de diciembre a las 22 horas, en la delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal.
Según versiones extraoficiales, la camioneta X-trail alcanzó al Tsuru en el carril del bulevar Vicente Guerrero que va al crucero de El Cayaco y allí dispararon contra los policías ministeriales.
Tras el choque se indicó que los sicarios en la camioneta dieron vuelta en U y huyeron con dirección a Las Cruces. También que un auto de color amarillo iba tras la camioneta X-trail.
Vecinos del lugar declararon que dentro del vehículo chocado quedó prensado de las piernas Lucas Pascual Calvillo, mientras que José Gallardo, alto y robusto, salió por su propio pie y se sentó en la banqueta mientras llegaba la ayuda.
El agente del Ministerio Público de Renacimiento, Francisco Wences Martínez, acudió a lugar de los hechos a hacerse cargo de las investigaciones del caso.
En el lugar se encontraron ocho cascajos de bala calibre 7.62 de cuerno de chivo y nueve cascajos calibre 2.23 de AR-15.
Del ataque se integró la averiguación previa Tab/R/03/003/2007 contra quienes resulten responsables del delito de tentativa de homicidio en agravio de los policías ministeriales.

Atacan a balazos en Chilpancingo al hermano de un diputado del PRD; matan a su hijo de 7 años

Los agresores iban en una camioneta Jeep Cherokee con placas de Veracruz desde donde disp

foto Hombres armados a bordo de una camioneta Jeep Cherokee color blanco con placas de Veracruz atacaron ayer aquí al hermano del diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, ex alcalde de Quechultenango, Antonio Ortega Jiménez, matando al hijo de éste, Marco Antonio Ortega Blanco, de 7 años, que lo acompañaba a la hora de atentado, junto con otra persona que fue identificada como su chofer, Delfino Romero Bravo.

En los hechos, que ocurrieron a las 3 de la tarde a una cuadra de la sede del Congreso local, Antonio Ortega –que viajaba en una camioneta Pick-up Chevrolet de modelo reciente roja con permiso provisional a nombre de Fernando Bravo Valencia–, repelió la agresión.

Las autoridades ministeriales informaron que el atentado ocurrió a las 3:15 de la tarde en la avenida José Francisco Ruiz Massieu frente a la bodega de acero Dapsa, a una cuadra de la sede del Poder Legislativo y la dirección estatal de Tránsito.

En esta avenida –una de las más transitadas de la capital– la camioneta del hermano del diputado perredista fue interceptada por el Jeep Cherokee, de donde descendió un hombre y comenzó a dispararle con una pistola, señalaron testigos.

Peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, informaron que el calibre del arma utilizada por el agresor es 38 milímetros y los proyectiles impactaron en 12 ocasiones el parabrisas y la carrocería de la camioneta donde viajaba Antonio Ortega.

Las balas alcanzaron el camión 1669 de la empresa Coppel, que transitaba atrás de la camioneta agredida, pero sin herir a los tres trabajadores de esta empresa que según su versión se agacharon en cuanto escucharon los balazos y sólo vieron una camioneta blanca darse la fuga velozmente rumbo a la sede estatal del PRI.

Los testigos abundaron que al agresor se le encasquilló la pistola, y en ese momento Ortega dio marcha atrás a la camioneta, maniobra que provocó que impactara al camión de Coppel. Entonces, el hermano del diputado perredista repelió la agresión y su chofer corrió con el niño en sus brazos, abordó un taxi que lo llevó al hospital militar y dos horas más tarde el menor murió por el impacto de bala que recibió en la frente, informaron fuentes oficiales.

Las mismas fuentes señalaron que minutos antes del tiroteo, Antonio Ortega Jiménez había tenido una discusión con unos hombres en la colonia del PRI, que se presume fueron los mismos que le dieron alcance en la avenida José Francisco Ruiz Massieu.

Luego de la agresión, policías municipales y del estado, así como agentes ministeriales y de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) llegaron al lugar y comenzaron a circular varias versiones en el sentido de que los sicarios de la Cherokee habían huido rumbo al norte de esta capital, otras versiones señalaban que al poniente. Sin embargo, a pesar de que se aplicó una acción especial por ambas zonas no se encont a los agresores.

Los efectivos de las diferentes corporaciones policiacas se trasladaron a la ex sede del Instituto Federal Electoral (IFE), donde actualmente se encuentra un terreno baldío y las ruinas de lo que fue un hotel frente a la sede del Tribunal Electoral del Estado y de la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), donde presuntamente se había escondido Antonio Ortega.

No obstante la búsqueda no arrojó resultado alguno y los agentes regresaron al lugar de los hechos donde se realizaron las prácticas periciales.

En tanto, en la sede de la 35 Zonal Militar fue detenido por soldados el chofer de Antonio Ortega, quien portaba una pistola calibre 9 milímetros cuando llevó al menor herido en la cabeza.

Por la noche, Romero Bravo seguía detenido en las instalaciones de la 35 Zona Militar, y no había sido puesto a disposición de las autoridades ministeriales para que declarara sobre estos hechos, indicaron fuentes oficiales.