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La reforma a las leyes secundarias busca destruir al INE, advierte Manuel Añorve

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El senador por Guerrero, Manuel Añorve Baños, aseguró que la alternativa propuesta a la reforma electoral, busca atacar directamente al Instituto Nacional Electoral (INE,) y es resultado de una venganza por su rechazo en la Cámara de Diputados.
“Solo diré de este Plan B, que esta reforma no sólo viola la Constitución, sino que busca ensañarse contra una institución ciudadana que nació sí, como se ha dicho aquí, después de la caída del sistema de 1988, para en los años 90, la sociedad en su conjunto, organizada, creó el INE, creó el IFE y después el INE, y por supuesto todo el andamiaje democrático que ha permitido elecciones confiables”.
Desde la tribuna del Senado, en la sesión de este jueves, Añorve criticó la rapidez con la que se aprobó el dictamen por parte de integrantes de ese cuerpo legislativo, señalando que se destruye trabajo realizado por años.
“Lamentablemente en la mayoría parlamentaria estoy viendo que muchos de ustedes que la integran son luchadoras y luchadores sociales, pero que también entiendo que hay consigna y que aprobarán ciegamente estos dictámenes. Dictámenes que destruyen sin razón lo que a los mexicanos nos costó mucho trabajo, como lo he dicho, construir en más de 30 años de lucha”.
En la última sesión del periodo ordinario de la Cámara de senadores, el guerrerense comentó que los argumentos serían ignorados por la mayoría parlamentaria a pesar de que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, les argumentó sobre el dictamen.
Indicó que se aprueba una reforma que daña la base institucional de la democracia mexicana y aseguró que en un futuro será la historia quien “se los va a cobrar” y les juzgará.
“Quiero decirles que todas las victorias no son para siempre ni las derrotas son para siempre, esto lo sabemos los que hemos ido a la lucha electoral, que no estamos en las listas plurinominales, que hemos ido a combatir en tierra electoralmente y que se gana y que se pierde, pero también tengo que decirles, por supuesto que existe un temor fundado, porque saben que si no controlan el INE, en las próximas elecciones van a perder muchísimos espacios y lo van a perder porque también haya mucho compromisos incumplidos de la Cuatro T que han socavado la confianza ciudadana”.
El representante del Grupo Parlamentario del PRI reiteró que en la campaña federal de 2018 se dio el compromiso de bajar el precio de los combustibles y la energía eléctrica, además de un sistema de salud eficiente y un crecimiento económico.
“En campañas se los voy a recordar, se repitió hasta el cansancio ‘primero los pobres’, pero este gobierno no ha podido y no ha querido detener la inflación que sigue creciendo diariamente y que hace que la gente ya que no le alcance para nada, el crecimiento de la canasta básica, la leche, el huevo, por supuesto el pollo, el salario se disminuye y no hay posibilidades de hacerle frente con el salario que se tiene”.

 

Los 43 en el Palacio Nacional

Con el dolor a cuestas por el asesinato de su hijo Julio César Ramírez Nava, en la trágica noche de Iguala, don Tomás Ramírez libró una descomunal batalla contra la enfermedad
y el olvido gubernamental. Se fue en el amanecer de este sexenio exigiendo justicia y castigo a los responsables por este crimen abominable. Doña Bertha, la madre aguerrida de Julio César, en medio de tantas precariedades y sufrimientos es un ejemplo de dignidad y reciedumbre.

Este lunes 3 de diciembre será una fecha memorable para el país, por el encuentro histórico que protagonizarán las madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional.
Este momento es de suma trascendencia, no sólo por la carga simbólica que conlleva el movimiento de los 43 padres y madres que cimbraron las estructuras de un poder presidencial omnipotente y arrogante, sino porque es un giro total en la nueva forma de ejercer el poder público tendiendo la mano a quienes han luchado con toda su fuerza para exigir a las autoridades que cumplan su responsabilidad de investigar estos hechos atroces y dar con el paradero de sus hijos. Es muy significativo que el nuevo presidente coloque como primera acción de su gobierno la firma del decreto presidencial para alcanzar la verdad y acceder a la justicia sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Las madres y padres de familia tuvieron que padecer 50 meses para establecer un acuerdo con el titular del Poder Ejecutivo que de cara a la nación se compromete a investigar estos deleznables hechos. También tuvieron que dar la batalla en diferentes frentes: en el plano internacional solicitaron la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la valiosa contribución del Equipo Argentino de Antropología fForense para dilucidar la inconsistencia de la “verdad histórica” y el apoyo invaluable de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Fue determinante su acuerpamiento como un colectivo ejemplar que logró conformar la comuna de Ayotzinapa entre los padres y madres de familia y el apoyo incondicional de los estudiantes. En estos cuatro años han logrado constituir un referente nacional de las luchas más emblemáticas de los últimas cinco décadas. El movimiento que generaron en torno a esta causa fue inédito porque lograron romper ese muro infranqueable impuesto por una figura presidencial intocable, blindada por el aparato represivo del Estado y por la parafernalia mediática que con un discurso hueco propalaban una imagen falsa de las autoridades federales.
Como país nunca hubiéramos imaginado que 43 padres dedicados al trabajo del campo y 43 madres entregadas a las labores domésticas y a la atención de sus hijos lograran irrumpir en la escena nacional como actores con gran autoridad moral cuyas acciones de protesta y sus denuncias públicas emitidas con un lenguaje sencillo y punzante lograron convocar a un gran número de organizaciones sociales y civiles a lo largo y ancho del país.
Se transformaron en el emblema de la protesta social; en el número que condensa el quiebre de un sistema corrupto y en el punto de coincidencia de una abigarrada fuerza social cuyas luchas han sido forjadas a lo largo de los años, con el costo de muchas vidas peleando incansablemente desde las trincheras de la resistencia.
Desde el momento en que las madres y padres decidieron emplazar a los candidatos a la Presidencia de la República para que públicamente fijaran su postura sobre el caso Ayotzinapa, optaron por colocar en la agenda de los candidatos el caso de los 43. Fue en Iguala donde el entonces candidato de Morena, compartió la tribuna con una amplia delegación de madres y padres de familia, quienes le pidieron que fijara su posición sobre el tema. Desde esa fecha López Obrador asumió el compromiso de investigar a fondo el paradero de los 43 estudiantes. Este compromiso lo ratificó el 26 de septiembre, cuando se cumplía el cuarto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes. El candidato electo instruyó al hoy subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas que se conformara un equipo de trabajo con los representantes legales de las madres y padres de familia para trazar las principales líneas del decreto presidencial que se fue afinando a lo largo de dos meses para que hoy culmine este esfuerzo con la firma del mismo.
Hay muchas expectativas de que se pueda emprender con el nuevo gobierno una ruta de trabajo que tome en cuenta la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito Judicial, con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia sobre el caso de Iguala. Tanto los dos informes del GIEI, como el último informe elaborado por el Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH y el exhaustivo informe que recientemente presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abonan para que el nuevo diseño de la Comisión de Investigación pueda profundizar en las diferentes líneas, tomando en cuenta la opinión de los familiares de las víctimas, así como sus representantes legales y la misma CNDH.
Será determinante la asistencia y cooperación de la CIDH y la oficina de la ONU en México, así como el apoyo de los expertos internacionales para que coadyuven en el esclarecimiento del caso. El mismo subsecretario Alejandro Encinas ha manifestado su compromiso de dar cumplimiento al mandato presidencial de atender el caso de Ayotzinapa con el fin de dar con el paradero de los 43 estudiantes. En diferentes foros ha dicho que no va estar de “florero”, ni se va a prestar para componendas. Impulsará las líneas de investigación trazadas por el GIEI y estará muy atento a las propuestas y opiniones que emitan los familiares de los estudiantes.
Las madres y padres han sido muy claros y contundentes, reconocen en primer lugar la apertura, el compromiso y la sensibilidad del nuevo presidente de la República. Se han sentidos escuchados y valorados. Ellas y ellos han manifestado que por primera vez sienten que se les reconoce y respeta como personas con dignidad, sin embargo, han subrayado que la confianza se va a ganar en la medida que se avance en las investigaciones y haya resultados tangibles y científicos. Han reiterado que no se van a poner obstáculos, ni proteger a funcionarios, mucho menos limitar espacios o lugares para indagar el paradero de sus hijos. Estarán muy atentos en este nuevo proceso de investigación, serán partícipes y cooperadores con el Ministerio Público, por lo mismo estarán vigilantes de todas sus actuaciones. Sabrán respetar su investidura y autonomía, pero siempre y cuando vele por el derecho de las víctimas. El discurso d el presidente Andrés Manuel López Obrador en su toma de posesión, centrado en lo que definió como un cambio de régimen político y que lo sintetiza como la Cuarta Transformación, tiene en el caso de Ayotzinapa la prueba de fuego. Su proclama de “no tengo derecho a fallarle al pueblo de México” es un compromiso muy profundo en el que la mayoría de los mexicanos y mexicanas ponen sus esperanzas para que acabe la corrupción y la impunidad que son la causa principal de la desigualdad económica y social, de la inseguridad y de la violencia que padecemos.
Para las y los guerrerenses, este mensaje presidencial conlleva la transformación de estructuras gubernamentales que están ancladas en la corrupción y coludidas con organizaciones delincuenciales y por lo mismo tiene que haber cambios sustantivos en las instituciones del estado. No podemos quedarnos con la mera retórica y las autoridades locales deben entender que no pueden continuar con las mismas prácticas que reproducen la corrupción y que protegen intereses ilícitos dentro del aparato gubernamental. No podemos aceptar que los ciudadanos y ciudadanas sigamos relegados de los derechos básicos y sobre todo resignarnos a padecer el flagelo de la violencia a causa de la incapacidad de las autoridades y la complicidad que existe con grupos de poder fáctico, al no querer desmantelarlos y por el contrario permitir que se asuman como amos y señores en varias regiones del estado.
Las autoridades están obligadas a rendir cuentas y a terminar con el maridaje que se ha reproducido a lo largo de los años entre la clase política y las élites económicas. Tiene que haber una depuración a fondo de las corporaciones policiales y de la misma Fiscalía General del Estado. No podemos seguir arrastrando vicios y tolerando abusos y acciones ilícitas de las autoridades. Los colectivos de las víctimas de la violencia tienen que ser atendidos y escuchados con la misma presteza y compromiso como lo está haciendo el nuevo presidente de la República. El electorado de Guerrero votó por un cambio que por la vía de los hechos es un mandato del pueblo para que las autoridades se alineen a este clamor y coloquen en el centro de su acción política el respeto irrestricto a los derechos humanos. Los familiares de las víctimas de la violencia no sólo han perdido a sus seres queridos, sino que también perdieron la confianza en las autoridades del estado que las han estigmatizado e ignorado, y a pesar de ello siguen en la primera línea dando la pelea, poniendo en riesgo sus vidas, con el único fin de que haya verdad y justicia y se acabe este sistema corrupto. El gobierno de Guerrero tampoco tiene derecho a fallarle al pueblo.

 

Protestan maestras en el Palacio de Gobierno; piden el pago de salario a una inspectora

Maestras de jardines de niños del sector 03, de la parte rural de Acapulco y Coyuca de Benítez, protestaron afuera del Palacio de Gobierno para exigir que la inspectora general de los planteles, Judith Margarita Torres Ponce, sea atendida por el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Los manifestantes pidieron el pago retroactivo de tres años de salario para la inspectora, que tiene a cargo 116 jardines de niños públicos y 27 privados, a los que asisten más de 9 mil alumnos.
En declaraciones la inspectora, quien la semana pasada estuvo en huelga de hambre de tres días, explicó que desde hace tres años fue enviada de Ometepec a Coyuca de Benítez con el nombramiento, pero nunca recibió el sueldo correspondiente.
Dijo que acudió a la Ciudad de México, pero en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) le dijeron que a partir de abril recibirá su salario completo, pero le corresponde al gobierno estatal resolver la deficiencia y el pago retroactivo, porque la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) fraccionó su plaza.
Torres Ponce se movilizó en compañía de 70 maestras de escuelas públicas, para protestar en Palacio de Gobierno y denunciar que la SEG se niega a pagarle como inspectora general de Preescolar, con la tabulación adquirida después de que se hiciera efectivo su cambio de zona, por baja de jubilación.
Explicó que las autoridades de la SEG, que encabeza José Luis González de la Vega Otero, le negaban su derecho a cambio por jubilación directa de otra inspectora, por lo que solicitó la intervención del presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Recordó que antes de llegar a este puesto se desempeñaba como inspectora general del sector 08 de Costa Chica, con sede en Ometepec, y tuvo que solicitar la intervención del gobierno federal para poder ser atendida en Guerrero.
Después de la Ciudad de México, ahora enfrenta que la SEG se niega a pagarle los tres años cuatro meses que ya laboró en el sector 03 de Acapulco, bajo la justificación de que no hay dinero y que “la ley establece que no se puede pagar”.
“Las autoridades del estado no atiende a una persona que no cuenta con influencias”, comentó.
Este lunes fue atendida en Palacio de Gobierno por el secretario técnico del gobernador, Andrés González Saavedra, y de Atención Ciudadana, Miguel Silva, que se comprometieron a que el secretario de Educación la atendiera este martes.
La maestra afectada señaló como responsables directos de la falta completa de su pago al secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, y al subsecretario de Educación Básica, Emiliano Díaz Román. A quienes les recordó que el sector 03 ha sido uno de los que mejor trabaja en el estado de Guerrero, inclusive no han protestado con bloqueos en las calles. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

 

Anuncia Beatriz Mojica la adhesión del ex dirigente de PVEM en Ometepec

Durante una reunión con militantes y simpatizantes del PRD, MC y PAN, Beatriz Mojica Morga anunció la adhesión del ex dirigente del PVEM en Ometepec, Gonzalo Gallardo García, quien junto con su estructura se suman al proyecto de la perredista para llegar al Senado de la República.
Por otra parte, se comprometió a impulsar desde el Senado “un nuevo modelo de seguridad, que le ponga atención a las partes productivas, que las poblaciones con altos indicadores de inseguridad sean apoyadas, para que se puedan fortalecer las economías” locales.
La candidata a senadora de la coalición Por México al Frente recorrió el mercado de Ometepec, donde saludó a locatarios y después se reunió con dirigentes de la coalición en ese municipio, donde agradeció el apoyo de Gallardo García, así como de la secretaria de Igualdad de Género del PRD, Rogelia González Luis; la coordinadora de las campañas federales en Ometepec, Coral Mendoza; el presidente del PRD municipal, Alfonso Santiago Corona; la presidenta de Movimiento Ciudadano, Yadira Valverde, y el dirigente municipal de Acción Nacional, Jesús Montes.
“Quienes nos hemos salido del Partido Verde Ecologista de México para venir a acompañar este proyecto que encabeza Beatriz Mojica Morga, lo hacemos plenamente convencidos de que estamos haciendo lo mejor para Guerrero y para México”, afirmó el ex alcalde de Copala, Gallardo García.
Al hacer un balance de su recorrido por las siete regiones, la candidata explicó que encontró en la población “mucha desesperanza e inquietud, ante un gobierno federal y estatal que no han sabido responderle a la gente” que ha denunciado la desaparición de los programas sociales, como el apoyo a madres solteras, discapacitados y de uniformes escolares.
La ex secretaria general del PRD calificó como grave que se hayan cancelado los recursos para la prevención del delito y anunció que impulsará la iniciativa Cero Impunidad, para que los funcionarios públicos que estén vinculados con la delincuencia sean castigados.
Reiteró que se deben ampliar las redes de comunicación, en carreteras y espacios públicos, así como explicó que es un compromiso que llegue el Ingreso Básico Universal a cada integrante de las familias guerrerenses.
“El Ingreso Básico Universal es un programa que realmente va a ayudar a las familias a salir de la pobreza y no, como lo hace ahora Prospera, mantenerlas en ella”.

 

Morena analiza cambiar el género de los candidatos donde hay violencia, informan

La dirigencia de Morena analiza la posibilidad de realizar cambios de género en las candidaturas, en aquellos municipios del estado que se han identificado como de mayor incidencia delictiva, informó este domingo la secretaria de la Mujer del Comité Ejecutivo Estatal de ese partido, Estela Araceli Gómez Ramírez.
La dirigente femenil de Morena reconoció, asimismo, que se buscan cambios de mujer por hombres en las candidaturas en los municipios donde se considera que las mujeres aún no tienen capacidad de gobernar. Dijo que esto ocurre regularmente en la Montaña.
Gómez Ramírez ofreció la mañana de este domingo una conferencia de prensa, en las instalaciones del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), acompañada por la aspirante a la candidatura para la alcaldía de Chilpancingo, Silvia Alemán Mundo.
En esta conferencia de prensa, las mujeres de Morena hicieron un llamado, asimismo, a las de los distintos partidos políticos, para conformar redes de protección y de defensa de los derechos políticos de las mujeres.
La secretaria de la Mujer de la dirigencia estatal de Morena, aseguró que en su partido se ha respetado el género indicado de manera inicial en todos los municipios, pero que por la violencia que ha cobrado la vida de algunas mujeres de distintos partidos, como en Chilapa, el Consejo Nacional analiza hacer ajustes en un número no especificado de municipios.
Sin embargo, Gómez Ramírez consideró que el mapa de riesgo propuesto por el gobernador Héctor Astudillo a las dirigencias de algunos partidos, “no es funcional”, y dijo que en su partido exigen que, en todo caso, se garantice la seguridad y el derecho político de todas las mujeres, en un ambiente de paz.
Además, reprochó que las mujeres siempre han dicho a los gobiernos de los tres órdenes dónde hay riesgo y no las han escuchado.
A su vez, Silvia Alemán Mundo hizo un llamado a las mujeres de todos los partidos, para crear un frente común y exigir el cumplimiento de sus derechos y garantías a las autoridades.
Asimismo, en cuanto al mapa de riesgo, cuestionó si en realidad en Guerrero hay un lugar seguro a dónde poder ir.
Por otra parte, Gómez Ramírez admitió que también se podrían realizar ajustes en los municipios, donde durante la elección del 2015 la planilla la encabezó una mujer y no se tuvo la respuesta esperada.
Además, la dirigencia de Morena tiene considerado realizar el cambio de una mujer por un hombre en los municipios de población indígena, donde la designación se realiza mediante el mecanismo de usos y costumbres.
La dirigente de las mujeres de Morena aclaró que en los municipios grandes permanecerá el género como se ha indicado por el Consejo Nacional de ese partido.
En cuanto al botón de pánico que se propone para las mujeres candidatas, Gómez Ramírez dijo que en realidad este mecanismo se necesita para todas las mujeres y no sólo para las mujeres políticas.
“Estamos exigiendo seguridad para todas la mujeres, haya los botones que haya, y existan los mapas que existan; mientras el gobierno no deje de ejercer corrupción, y de responder con oportunidad a las necesidades y a las problemáticas reales nada va a avanzar y nada va a caminar”, dijo la líder de Morena.

 

Bloquean calles de la capital trabajadores de la SEG que exigen reconstrucción de oficinas

 

Trabajadores de oficinas centrales de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), agremiados en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), bloquearon la avenida Ruffo Figueroa para exigir la reconstrucción de las instalaciones.
Unos 200 trabajadores comenzaron a llegar a las oficinas centrales de la SEG, ubicadas en la colonia Burócratas, desde las 9 de la mañana, debido a que los representantes de ocho delegaciones los citaron para que estuvieran presentes en una reunión con el subsecretario de Administración y Finanzas, Jorge Alfonso Peña Soberanis; el encuentro se acordó el 30 de enero pasado, con el objetivo de que las autoridades informaran cuándo comenzará la reconstrucción de las instalaciones.
Sin embargo, los secretarios generales de las delegaciones sindicales D-III-(16)-02, Jorge Antonio Cisneros Salinas, y D-III-05, Albertano Rentería Valle, informaron que las autoridades pidieron que se cambiara la reunión a las 11 de la mañana, lo que causó la molestia de los trabajadores. Algunos se retiraron del lugar, aunque la mayoría decidió esperar y más tarde protestar, porque Peña Soberanis se comunicó de manera telefónica con los representantes para decirles que estaba retenido en sus oficinas, por integrantes de la Coordinadora Estatal de Docentes Idóneos del Estado de Guerrero (CEDIG) que protestaron en su oficina.
Luego de esperar a Peña Soberanis por más de media hora, los inconformes decidieron bloquear de manera total el paso vehicular en los dos sentidos de la avenida Ruffo Figueroa, donde colocaron una lona en la que exigieron al gobernador Héctor Astudillo Flores la rehabilitación de las oficinas centrales.
Antes de decidirse a protestar, los trabajadores le reclamaron a los representantes que aceptaran el cambio de hora de la reunión y les señalaron que “aquí no son nadie, aquí manda la base”; también se quejaron porque en la reunión pasada las autoridades llegaron a las 9 de la mañana, a pesar de que la cita era a las 11, por lo que sólo los dirigentes estuvieron presentes. La contrariedad de los hechos llevó a los trabajadores a desacuerdos, pero se mantuvieron unidos en la manifestación.
El secretario técnico de la SEG, Jorge Sotomayor Landeta, llegó al lugar para informar que Peña Soberanis no tardaría en acudir y llevar a cabo la reunión pactada frente a los presentes, por lo que pidió que se retirara el bloqueo pero los inconformes se negaron, con el argumento de que su presencia no era una garantía de que serían atendidos y amagaron con protestar hoy en la capital si el subsecretario de Administración y Finanzas no se presentaba.
El bloqueo fue total, aunque los trabajadores permitieron el paso a habitantes de la comunidad Los Tepetates del municipio de Ayutla, que protestaron en la Secretaría de Salud para exigir mejor atención de ese servicio público; mientras avanzaban, los pobladores y maestros intercambiaron aplausos y expresaron al unísono “el pueblo unido jamás será vencido”.

Podría comenzar en 2019: Peña Soberanis

A la 1:35 de la tarde, Peña Soberanis llegó al lugar y de inmediato se disculpó por no ser puntual, haciendo referencia a la protesta de los maestros idóneos; entonces los trabajadores le reprocharon que cambió la hora del encuentro, a lo que el funcionario replicó que fueron los dirigentes quienes pidieron que la reunión fuera a las 11 de la mañana. Los inconformes le pidieron que señalara a los representantes y el funcionario fijó su mirada en Cisneros Salinas y Rentería Valle.
Pese a que Peña Soberanis pidió que la reunión fuera en el estacionamiento de las oficinas centrales, para que se liberara el paso vehicular, los manifestantes se negaron y exigieron que presentara el informe prometido. De acuerdo con el funcionario, antes de comenzar la reconstrucción es necesario demoler el edificio A, la inversión podría ser de 4 a 6 millones de pesos y para ello se hará una licitación, esta etapa podría comenzar en junio o julio de este año.
En cuanto a la reconstrucción Peña Soberanis dijo que es necesario que se haga una solicitud al Congreso local, para que el costo de la reconstrucción de las oficinas centrales se incluya en el presupuesto de 2019, ya que si se lleva a cabo con recursos extraordinarios éstos pasarán a ser responsabilidad del funcionario que lo apruebe, es decir, no es una opción viable.
Puntualizó que la SEG paga 4 millones 100 mil pesos anuales para rentar unas 15 oficinas alternas ubicadas en distintos puntos de la capital; también dijo que los trabajadores podrían ser reubicados en los edificios útiles de las oficinas centrales, pero después de que concluya la demolición y se limpien los escombros.
Los trabajadores se quejaron porque desde 2015 pidieron la reconstrucción y reclamaron al funcionario que la SEG no pidió que se incluyera en el presupuesto de años pasados. Entre reclamos y posturas encontradas, los inconformes agradecieron la presencia de las autoridades, así como el informe y dijeron que las bases discutirán su postura.
Peña Soberanis se comprometió a tener mesas de diálogo permanentes con los trabajadores, no sólo los dirigentes, y en dos semanas será el próximo encuentro.

 

Protestan indígenas de Chilapa en la capital; seis maestros maltratan a los niños, señalan

Habitantes y padres de familia de la comunidad Ahuixtla, municipio de Chilapa, marcharon y bloquearon los dos sentidos del bulevar río Huacapa, frente a Palacio de Gobierno, para exigir el cambio de seis maestros de la primaria bilingüe Benito Juárez.
Esta es la cuarta ocasión en que los padres de familia de la primaria, acompañados por autoridades comunitarias de Ahuixtla, se manifiestan para exigir al secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, que intervenga para a cambiar a seis de los maestros, a quienes acusan de dividir a la comunidad y maltratar a alumnos.
Este lunes por la mañana, los padres de familia, acompañados por habitantes de la comunidad, marcharon por el encauzamiento del río Huacapa, desde la Comercial Mexicana hasta Palacio de Gobierno, para exigir al gobierno del estado su intervención.
En una primera consulta, el encargado de dar a conocer las peticiones, Margarito Cruz Nava, explicó que seis maestros habían determinado, de manera irregular y sin consultar a las familias, el cambio de zona escolar de la escuela.
Señaló que la decisión se tomó de manera irregular, sin consultarlos e inclusive se falsificaron firmas para realizar el trámite correspondiente, para lograr el cambio de la escuela.
A las 11 de la mañana llegó un grupo de poco más de 200 indígenas a Palacio de Gobierno, en donde bloquearon los dos carriles del bulevar río Huacapa, para exigir la intervención del gobierno.
Llegaron con pancartas y mantas, en las que se leían: “ Queremos maestros para nuestros hijos”, “somos muchos para seguir luchando, para el cambio de los profesores” y “ya basta con los maestros que no saben trabajar”.
Por otra parte, un padre de familia, quien no quiso dar su nombre, explicó que se solicitó al gobierno del estado su intervención para que sean cambiados seis maestros de nivel primaria e inclusive del director, porque no cumplen con su horario laboral y además maltratan a los niños.
Recordó que desde el 6 de febrero no se han impartido clases en la escuela bilingüe, en la que se atienden a 142 alumnos, y sólo se atiende el nivel primaria.
Recordó que la única opción que se les había ofrecido, a través del delgado de los Servicios Educativos, Jerónimo Maurilio Morales, era que se forzaría a los maestros para regresaran y cumplieran con su carga laboral.
A pesar de esto, la postura de los padres de familia es definitiva y exigen que los maestros sean removidos de los seis grupos, a los que acusan de no hacer bien su trabajo en la comunidad.
Al lugar llegó el secretario técnico de la Secretaría de Educación Guerrero, Jorge Sotomayor Landeta, quien intentó disuadirlos de la movilización, diciéndoles que se establecería una mesa de trabajo, siempre y cuando se retiraran de la protesta, porque ya serían atendidos.
Ante esto, se registró una discusión en la que se insistía en que se quitaran, pero como medida de presión los manifestantes acordaron que sólo se retirarían del lugar hasta que se les diera una solución a su petición.
20 minutos después de su llegada se les atendió, y cuatro horas después levantaron el bloqueo instalado, bajo la promesa de que se les solucionará la petición planteada sobre los cambios de los maestros.

 

Piden padres y maestros de la primaria Plan de Ayala, en Acapulco, que se construyan ocho galeras para clases

El director de la primaria Plan de Ayala, de la colonia Emiliano Zapata, de Acapulco, Ángel González Castrejón, exigió a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) destinar dinero para la construcción de ocho galeras o enviar un número similar de toldos, para que los estudiantes de la escuela tomen clases bajo mejores condiciones en la cancha donde se encuentran.
Mientras, los padres de familia demandaron al director utilizar 100 mil pesos destinados para la construcción de una barda de 35 metros, en la rehabilitación de los ocho espacios faltantes, para que los alumnos tomen clases y que los padres ya no tengan que cooperarse.
A las 10 de la mañana, el director ofreció una conferencia de prensa en la escuela, para demandar a la SEG el envío de ocho toldos o algún material para terminar de construir los espacios de las clases, porque los padres de familia estaban sufragando los gastos.
Recordó que escuela resultó afectada desde el sismo del 19 de septiembre y por los riesgos está en proceso de demolición. Después del sismo, los estudiantes comenzaron a tomar clases en el patio del plantel, hasta la primera semana de enero, cuando debido al intenso ruido y polvo provocado por la demolición de los edificios, las clases fueron suspendidas y los toldos reubicados en la cancha rápida de futbol del parque de la colonia Zapata.
El director y los padres indicaron que la SEG envió 10 toldos, lo que es insuficiente para los 18 grupos que tiene la primaria y para los 543 estudiantes que ahí asisten. Por esa situación, los padres comenzaron a cooperarse para acondicionar los espacios, pero no todos cooperaron.
El padre de familia Miguel Ávila Reynoso, a nombre de otros, dijo que estaban inconformes en que el dinero sea para la construcción de una barda, porque las condiciones en que estaban sus hijos eran precarias y que eso es la prioridad.
El padre también recordó que en la cancha donde están instalados de manera provisional no hay baños, que ya habían aportado mucho dinero, pero que ya no podían con los gastos y que por ello se tenían que usar los 100 mil pesos.
El maestro Adolfo Radilla Mendoza respondió al padre de familia con el oficio donde la SEG estipula que los 100 mil pesos deben de ser utilizados para la construcción de la barda y no para otra actividad, que por eso no lo harían, pues si los desviaban serían sancionados.
Por esta situación, la tesorera de los padres de familia del turno vespertino, Carmen Mireya Díaz Herrera, dijo que ella estuvo en una reunión donde las autoridades les solicitaron a los directores las prioridades del centro de trabajo, pero pese a que urgía mejorar las condiciones del espacio provisional, el director lo destinó a la barda.
La conferencia de prensa se convirtió en una confrontación verbal entre padres de familia, el director y el maestro presente, por el uso del dinero. A los padres de familia se les preguntó si ya habían solicitado el cambio del uso del dinero a la SEG, e indicaron que no porque no sabían del recurso.
Por último, el padre de familia Paulo Chávez Cruz solicitó también seguridad pública o vigilancia privada para el espacio donde los estudiantes toman clases, debido a que la zona es peligrosa.

 

 

Protestan estudiantes de Economía en la Coordinación Zona Sur de la UAG; piden que no los cambien de campus

Alumnos de la Escuela Superior de Economía, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), protestaron en las oficinas de la Coordinación General de la Zona Sur para exigir que no sean trasladados al Campus Llano Largo, pues eso les va generar un “fuerte gasto económico”, cuando la mayoría son de escasos recursos.
Desde las 10 de la mañana alrededor de 50 alumnos protestaron en las oficinas y manifestaron que quieren concluir su estudios en la escuela de Economía, ubicada en Ruiz Cortines, pues ahí iniciaron y, además, los que van egresar están haciendo su servicio social en dependencias céntricas.
Los jóvenes en un oficio argumentan que el cambiarse a Llano Largo implicaría más gasto y hay alumnos que trabajan y estudian, por lo que implicaría dejar una de la dos cosas.
El estudiante e integrante de la comisión que representa a los estudiantes de Economía, Eduardo Arteaga Mejía, manifestó que “a futuro el campus va ser para bien de los estudiantes, pero que sea para las nuevas generaciones, las que ya sepan que van estudiar allá”. Indicó que lo que piden es concluir sus estudios donde están actualmente. Indicó que la molestia fue porque la dirección les informó que a partir del 12 de febrero se tenían que presentar en el Campus Llano Largo.
Una comisión de alumnos se reunió con el coordinador de la Zona Sur, Efrén Arellano Cisneros, por cerca de una hora, y al salir el estudiante Arteaga Mejía informó que no habrá clases hasta que haya un acuerdo y que pidieron hablar con el rector Javier Saldaña, para exponerle sus argumentos para no ir al Campus de Llano Largo, entre ellas, que generaría más gastos porque muchos estudiantes son de comunidades alejadas y les va a ser imposible irse hasta allá.
Agregó que les han informado que va desaparecer el turno vespertino e insistió el estudiante en que nada más piden terminal la licenciatura donde empezaron, para que no aumente la deserción en la escuela. Mientras que el coordinador Efrén Arellano dijo que el rector Javier Saldaña se ha preocupado porque los diferentes programas estén en las mejores condiciones, tengan una mejor infraestructura y mayores espacios de esparcimiento, y eso lo tiene el campus Llano largo.
Indicó que la UAG ha estado creciendo y se tienen algunos programas educativos con poco espacio, como son las instalaciones donde se encuentran Economía, Derecho y Sociología, “están en un lugar muy reducido, no caben, eso está impidiendo el crecimiento de los programas y reciben muy pocos alumnos”.
Añadió el funcionario universitario que el campus Llano Largo tiene la finalidad de que estos programas educativos tengan la posibilidad de crecer.
Agregó que en el caso de Economía se tiene un edificio moderno y ya hay grupos de esa escuela en el campus. Sobre lo alejado del campus, dijo que la mayoría de las universidades tienen sus campus a orilla de la ciudad, porque es ahí donde tienen la posibilidad de crecer y el crecimiento de ese lugar en el futuro va permitir que las autoridades vayan viendo la posibilidad de buscar convenios para que el costo no sea muy alto. Añadió que ahí ya está funcionando Ciencias Ambientales, Nutrición, Economía y Deportes, entre otras.

 

Demandan alumnos del módulo del IIEPA en Atoyac que no trasladen los cursos en Acapulco

Alumnos del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), demandaron al rector Javier Saldaña Almazán que el módulo ubicado en Atoyac continúe, como ha sido desde hace nueve años.
Aseguraron que la pretensión de llevárselo del director Raúl Fernández Gómez es por venganza política, al ver disminuida su fuerza política, luego de las elecciones de consejeros en junio pasado.
En una visita a la Redacción de El Sur, una comisión de alumnos advirtió que dan 48 horas de plazo a las autoridades universitarias, para dar una solución o llevarán a cabo otras acciones.
El alumno Misael Mendoza Hernández dijo que no han tenido clases y la obra de construcción del edificio que les están construyendo por parte del Ayuntamiento se detuvo, pues se ha dicho que no harán algo para tenerlo como elefante blanco.
Mendoza Hernández manifestó que ya han agotado todo el diálogo para que el módulo de Atoyac del IIEPA no se cierre y el director lo traiga a Acapulco, pues ellos quieren que continúe en ese municipio, porque ya tiene nueve años y no cuentan con suficientes recursos para trasladarse al puerto para tomar clases.
Señaló que la intención del cierre es por cuestiones políticas del director Raúl Fernández, debido a la disminución política del grupo al que pertenece.
Afirmó que ya han hablado con el rector Javier Saldaña, con el secretario general, Alfredo Olea; con el coordinador de la Zona Sur, Efrén Arellano Cisneros, y no han visto una solución al problema; que ellos lo que piden al rector es que las clases se sigan impartiendo en Atoyac, como desde hace nueve años y no porque políticamente ya no le sirve al director, se lleve el módulo de Atoyac.
Agregó: “Podemos creer que se está cobrando una factura, porque siente que es un grupo que ya no tienen controlado y por eso prefiere traérselo a Acapulco”. El estudiante Misael Mendoza indicó que este miércoles se reunieron con el coordinador de la Zona Sur, Efrén Arellano, quien les comentó que “va a trasladar este problema al Consejo Universitario, a través del rector, para ver si de esta manera se le puede dar una salida”.
Añadió que los 45 alumnos de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública están desesperados, porque están perdiendo el semestre debido a que los maestros no van a darles clases y “nosotros no podemos acceder a cumplirle el capricho que tiene el director, de traernos nada más así, porque no le convenimos a sus intereses”.
Añadió Misael Mendoza que hasta la reunión con Arellano Cisneros se agotó el diálogo y exigen una salida urgente, “damos 48 horas para que resuelvan de manera favorable nuestras peticiones, y si no se da esa situación favorable, nos vamos a ir a tomar otras acciones más radicales, como los bloqueos. Casi tenemos el plan B”.
Indicó que han ido tres veces a Rectoría, donde en una de esas ocasiones los atendió el rector Javier Saldaña, pero “no nos dio una salida favorable, que les dijo que iba a negociar con el otro grupo, para ver qué salía y nos iba dar una respuesta en cinco días. Ha pasado un mes y no hay respuesta favorable”.
Lamentó que el rector esté dejando en el mando de la situación al director, “cuando él, como cabeza principal no ha puesto fin a está problemática y deja que decida el director Raúl Fernández”.
Señaló el alumno que hay preocupación por parte de los estudiantes porque la obra de lo que sería su nuevo edificio se encuentra parada, por lo que actualmente toman clases en las instalaciones de la preparatoria.