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Las alertas por violencia de género han dado resultados, afirma la activista Marina Reyna

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La feminista Marina Reyna Aguilar confirmó que el organismo que opera las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), ha uniformado las medidas que tendrían que ser específicas para cada territorio del país; incluso, recordó que la primera vez que se notificó de la declaración de alerta en Guerrero, llevaba el nombre de otro estado.
Sin embargo, añadió que no comparte que se desacredite un mecanismo único en el mundo para atender una problemática tan grave como es la violencia feminicida, herramienta legal de la sociedad para obligar al Estado a hacer su trabajo.
En consulta telefónica opinó sobre la afirmación en Acapulco de Leticia Bonifaz Alfonzo, una de las expertas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU (CEDAW, por sus siglas en inglés), de que las AVGM no funcionan, porque se aplican las mismas medidas como solución en cada declaratoria, cuando las condiciones de cada lugar son diferentes.
La también peticionaria de la AVGM por violencia feminicida en Guerrero (2017), afirmó que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), usa el mismo formato para hacer las declaratorias. Se vio en Guerrero en 2017, cuando la Secretaría General de Gobierno no aceptó la primera notificación porque estaba dirigida a otra entidad federativa, aunque el documento se refería a Guerrero.
Pero añadió que el mecanismo es distinto a la operación que hacer la instancia responsable de seguimiento de las alertas: Conavim.
Discrepando de la especialista, Marina Aguilar señaló que si bien las AVGM incluyen medidas de prevención, no son mecanismos preventivos, sino de carácter emergente, para atender una problemática que ya existe.
Informó que las AVGM ya son parte de la agenda de la CEDAW que ha dado recomendaciones al Estado mexicano, para que las instituciones que tienen la obligación que darles seguimiento con recursos bien empleados, de manera transparente, que tengan impactos.
“Para nosotras este mecanismo es muy valioso, único en el mundo para atender una problemática tan grave como es la violencia feminicida; en ese sentido me parece que lo que se tienen que hacer es mejorar la operación mecanismo, para tener mayor impacto en la implementación de las medidas, para dar atención al problema”.
Como peticionaria de la primera de dos alertas declaradas en el estado, Reyna Aguilar también es integrante del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) integrado por la Conavim para evaluar los alcances del programa de cada alerta.
Aunque no puede hablar de las reuniones internas, mencionó que se hace una evaluación general de todas las obligaciones que tienen las autoridades, también de la aplicación de los recursos que se destinan para el cumplimiento de los programas de la Alerta, donde se estructuran los trabajos, con qué recursos, cuándo se van a hacer, y se señala quiénes son los responsables”.
“Al final, quien le da vida a un mecanismo son las instituciones, desde quien coordina, quien ejecuta desde la obligatoriedad del Estado en los tres niveles de gobierno para dar cumplimiento. Si no sería letra muerta”.
Añadió que el mecanismo también considera que haya sanciones por obstrucción de cumplimiento y en el acceso a la justicia, porque se transgreden derechos de la población que de por sí está vulnerada, pero la Conavim tampoco ha entrada a esa etapa del proceso, “son temas a revisar que tienen que ver con la mejora de las alertas. Ahora solo se revisan el programa”.

 

Las Alertas de género, mecanismo que hace rato no funciona: Leticia Bonifaz, integrante del CEDAW

Daniel Velázquez

Las Alertas de violencia de género no funcionan porque lo que se ha hecho es uniformar criterios para su declaración y se aplican las mismas medidas como solución, cuando las condiciones de cada lugar son diferentes, señaló la integrante del Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), Leticia Bonifaz Alonzo.
El jueves, como parte del Congreso Internacional de Derechos Humanos por el 75 aniversario de la declaración universal de derechos humanos, se realizó el panel La protección integral de los derechos humanos: igualdad, inclusión y no discriminación, en el que participaron Bonifaz Alonso y el integrante del Foro Permanente de Afrodescendientes, de Naciones Unidas, Pastor Elías Murillo.
En la ronda de preguntas, una de las asistentes preguntó su postura sobre las Alertas de Violencia de Género. Bonifaz Alonzo dijo que su postura la conocen muy bien en el Instituto Nacional de las Mujeres porque “un mecanismo que pudo funcionar bien hace rato que no funciona, son como llamadas a misa”.
Mencionó que los factores que juegan en contra de este mecanismo son el tiempo que lleva para declararse, la poca eficacia de las medidas que se determinan y la no diferenciación entre estados de cuál es el problema. “En síntesis, la sociedad civil pide una alerta, le dan mil vueltas, al final se declara, dos, tres cuatro años después, cuando el tema ya rebasó al estado y luego, las razones por las que se pide se van uniformando y las respuestas se van uniformando, entonces sea Veracruz, sea Tabasco, sea Nayarit, se Tamaulipas la respuesta es la misma y te ponen una lista como de soluciones que no son necesariamente las soluciones”.
Agregó que se ha vuelto “una cosa repetitiva y de machote y así las cosas no van a funcionar. Es indispensable que repensemos cuál va a ser este mecanismo, porque la Alerta siempre estuvo pensada como preventiva, intervengo cuando va en aumento (la violencia hacia la mujer) y no cuando ya todo se consumó, no está funcionando, ojalá encontremos ese mecanismo”.

Visibilizó el Covid-19 formas
de violencia en hogares

En su exposición Leticia Bonifaz habló sobre lo que se ha avanzado en derechos a favor de la mujer. Uno de ellos es el reconocimiento de todas las formas de violencia que sufren las mujeres. Citó que en 1979 cuando se crea la CEDAW no se hablaba de la violencia hacia la mujer porque esa conducta se tenía naturalizada, y hoy se discute ese problema y se plantean posibles soluciones como la aplicación de “un protocolo facultativo específico para combatir violencia contra las mujeres”.
Agregó que la pandemia de Covid-19 dejó como resultado que se pudo ver qué estaba pasando en el interior de cada hogar. Aunque las formas de violencia en los países no varían, sí debe haber diferencia en el actuar del estado, “que sepa una mujer que su denuncia tendrá respuesta y se va a reducir el margen de impunidad”.
También señaló que se debe trabajar en la evaluación de la presencia de más mujeres en la actividad política, porque el hecho de que más mujeres lleguen a cargos de representación popular no significa el avance de la agenda feminista, pues llegan mujeres que mantienen el esquema patriarcal: “presencia de mujer no te garantiza perspectiva de género, y se trata de que las mujeres lleven la agenda feminista, agenda de derechos humanos de las mujeres porque si no de otra manera sólo tienes a una mujer que puede representar los mismos intereses de toda la vida del patriarcado”.
Otra de las acciones que va a impulsar la CEDAW es que se mida la eficacia de los ordenamientos jurídicos que se incluyen en las legislaciones locales como mecanismo inmediato contra malas conductas, pero que en la realidad no tienen impacto en la inhibición de esos comportamientos. “Es una salida fácil pues se avanza en el punitivismo cuando tenemos el amplísimo margen de impunidad, es un contrasentido, sabemos que no se sanciona, pero seguimos aumentando la sanción a los delitos, es una salida fácil y falsa”.
El integrante del Foro Permanente de Afrodescendientes de Naciones Unidas Pastor Elías, habló sobre la inteligencia artificial y el sesgo racista que esta nueva tecnología tiene que afecta los derechos de los afrodescendientes e indígenas.

 

Comunican feministas recomendaciones de la CEDAW; piden armonizar leyes sobre derechos de mujeres

 

En su segunda conferencia de prensa informativa, integrantes de organizaciones feministas dieron a conocer las recomendaciones de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) en cuanto a participación política y vida pública, marco legislativo y la definición de discriminación contra la mujer, y Acceso a la justicia.
En la conferencia en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), estuvieron presentes la presidenta de la Asociación Guerrerense Contra la Violación hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar; la representante de Aliadas por la Justicia, María Luisa Garfias Marín; y la presidenta de Kinal antzetik Guerrero, Hermelinda Tiburcio Cayetano, quienes insistieron en que es necesario que las autoridades federales, estatales y municipales armonicen las leyes y asuman sus responsabilidades en cuanto a derechos de las mujeres.
Garfias Marín dijo que, a pesar de las reformas a las leyes locales y federales para que se incluyera la paridad, a la fecha, en el Congreso del estado, luego de las elecciones hay 18 diputadas, es decir 39 por ciento del total de los legisladores, cifra que no se acerca a la paridad.
Además, resaltó que es necesario que las autoridades tipifiquen la violencia política de género como delito en las leyes, porque es real que las mujeres son violentadas y cuarteadas en su derecho a participar en este ámbito.
Por su parte, Reyna Aguilar resaltó que es importante que la Fiscalía General del Estado (FGE), la Policía Municipal, la Estatal y la Federal sean capacitadas en cuanto a derechos de la mujer, con el fin de eliminar el trato discriminatorio.
En la materia, la CEDAW emitió 11 recomendaciones entre las que resalta que todos los casos de violencia contra las mujeres sean investigados y que los autores sean procesados y castigados adecuadamente.
Sobre la mujer que fue hallada asesinada en Iguala, Tiburcio Cayetano dijo que hay muchos casos de mujeres asesinados con presunciones de feminicidios que no han sido registrados, principalmente de mujeres indígenas.
Citó el caso de una mujer que, hace cinco días fue asesinada en una comunidad de Ometepec y era trabajadora del Programa de Inclusión Social (Prospera) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); acusó a la dependencia federal de “esclavizar” a los trabajadores y dijo que los casos de feminicidios sólo trascienden mediante los medios de comunicación.
Reyna Aguilar indicó que de enero a la fecha, con el caso que citó Tiburcio Cayetano suman 140 mujeres asesinadas en Guerrero con presunción de feminicidio, y las autoridades deben implementar acciones de prevención y atención de acuerdo con las circunstancias.

 

Sí aplican autoridades estatales las recomendaciones de la CEDAW, responde la titular de la Semujer

La titular de la Secretaría de la Mujer (Semujer), Mayra Pineda Martínez, aseguró que las autoridades estatales sí están aplicando las recomendaciones de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), y dijo que no conoce las declaraciones que hizo la presidenta de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar.
En conferencia de prensa el lunes, Reyna Aguilar denunció que el gobierno incumple estas recomendaciones y que eso se refleja en el aumento de las cifras de feminicidios y desapariciones de mujeres.
En declaraciones después del abanderamiento y pase de revista del Grupo de Operaciones Especiales Jaguar, la secretaria de la Mujer dijo que existe una agenda nacional y en el estado, “que no ha parado, estamos dando respuesta y ya les platicaré, porque son importantes las acciones de igualdad que se llevan a cabo a través del sistema de igualdad para las mujeres y los hombres”.
Aseguró que no ha escuchado las críticas que hizo Marina Reyna, “ella siempre ha sido una mujer respetuosa de todas las acciones que se realizan, no sé si lo dijo, pero por supuesto que platicaremos con ella, porque forma parte de las comisiones que tenemos para prevenir sancionar, atender y erradicar la violencia en el estado”, expresó.
Siempre desconociendo las declaraciones que se hicieron en la conferencia de prensa del lunes con respecto al incumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW, Pineda Martínez añadió, sin embargo, que la opinión no solamente de Reyna Aguilar, sino de las dirigentes de todas las organizaciones, es importante para la dependencia.
“No hay simulación, eso sí te lo puedo reafirmar”, insistió la funcionaria.
En la conferencia de prensa, Reyna Aguilar también denunció que no funciona el banco de datos de las víctimas, pero la secretaria de la Mujer aseguró que ésta es una situación en la que se va avanzando en todo el país, “la situación de datos no impera solamente en el estado de Guerrero como una cuestión que tiene oportunidades de mejora, es en todo el país en donde se está haciendo un esfuerzo importante para mejorar el banco de datos, y en Guerrero se está haciendo lo propio”, aseguró.
Informó que en breve habrá un cambio en la situación del banco de datos, “muy a favor de las mujeres”, pero dijo que esto lo tendrá que informar la instancia correspondiente.
Cuando el reportero insistió en que son declaraciones que se hicieron en conferencia de prensa y que están publicadas, insistió que, “tendría yo que analizar esa declaración, yo no puedo opinar respecto a las posturas ciudadanas de personas, yo necesito analizar lo que está aconteciendo, pero ellas (las que declararon) son parte de las comisiones como ciudadanas y como impulsoras de muchos temas en el estado de Guerrero, y ya lo platicaremos para poder consensuar”.
Con respecto a la iniciativa de ley que abre la posibilidad de la interrupción del embarazo sin necesidad de que lo avale un Ministerio Público en caso de violación, que está detenido en el Congreso local, la funcionaria declaró que ha dialogado con los diputados y que es un asunto que ya forma parte de la agenda legislativa.

 

Piden feministas al gobierno aplicar recomendaciones de la CEDAW ante aumento de feminicidios y desapariciones

Feministas exigieron a las autoridades que apliquen las recomendaciones emitidas por la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), ya que la falta de protocolos se refleja en el aumento de las cifras de feminicidios y desapariciones de mujeres.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa en la capital, la presidenta de la Asociación Guerrerense Contra la Violación hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar; la integrante de esa organización, Mayeli Tinoco Reyna; la representante legal de Mujeres Guerrerenses por la Democracia, Olimpia Jaimes López; y la madre de una víctima de desaparición, Guadalupe Jerónimo Vicario, informaron que el 6 de julio pasado el Estado mexicano estuvo en Ginebra, Suiza, en la sustentación de la CEDAW con una delegación de autoridades y grupos defensores de los derechos de las mujeres.
La CEDAW es una de las convenciones más importantes a nivel internacional y emitió recomendaciones que las autoridades federales no difunden, por lo que las feministas se dieron a la tarea de traducirlas y difundirlas.
Ayer se llevó a cabo la primera de cuatro conferencias, sobre las recomendaciones en cuanto a Género y violencia contra las Mujeres, Trata y explotación de la prostitución y Defensoras de derechos humanos.
Reyna Aguilar leyó un comunicado en el que informó que a la CEDAW le preocupan los altos niveles de inseguridad, violencia y crimen organizado en México.
En 2017, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 29 mil 168 asesinatos, de los cuales 671 fueron feminicidios.
Guerrero registró 219 asesinatos de mujeres, de los cuales 13 fueron clasificados como feminicidios, mientras que, “nosotras, de enero a la fecha… hemos registrado 137 homicidios dolosos contra mujeres con presunción de feminicidio”.
Por otra parte, expuso que las desapariciones de mujeres han aumentado, según datos de las fiscalías estatales en el país; de enero de 2014 a junio de 2016, se reportó la desaparición de 10 mil 157 mujeres en 12 estados, la mayoría menores de edad.
Entre 2008 y 2017, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas reportó que 625 mujeres fueron encontradas sin vida luego de la denuncia de su desaparición.
Sin embargo, “no existe, ni a nivel nacional ni estatal, un registro oficial, sistemático y unificado de las mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas, y hay una falta de armonización de la legislación para tipificar, investigar y sancionar la desaparición, de mecanismos de búsqueda efectivos y barreras para los familiares cuando inician la búsqueda, promueven la investigación y exigen acceso a la justicia”. En ese sentido afecta a los procesos el uso limitado de estadísticas, el Banco Estatal de Datos en Guerrero no funciona.
La CEDAW emitió 17 recomendaciones al respecto, en las que resalta “simplificar y armonizar procedimientos a nivel estatal para activar el Protocolo Alba y Alerta Amber y para acelerar la búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas y adoptar políticas específicas y protocolos para mitigar el riesgo asociado con la desaparición de mujeres y niñas, tales como los feminicidios y la trata de mujeres y niñas para explotación sexual y trabajos forzados”.
Reyna Aguilar recordó que el 18 de julio de 2016, en un acto protocolario en casa Guerrero se instaló el Comité Técnico para la Implementación del Protocolo Alba, pero a la fecha “no funciona”, y también es necesario que los Ayuntamientos asuman su responsabilidad.