Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan) y asesor de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, declaró por teléfono que los documentos de los hackers Guacamaya que señalan la existencia del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) en el 27 Batallón de Iguala, confirman lo que han venido señalando los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, de que en esas instalaciones hay información suficiente para esclarecer el caso.
“Definitivamente, esa información ya la teníamos nosotros. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encontró varios documentos relacionados con el caso Ayotzinapa que fueron obtenidos por el Cerfi con sede en Iguala”, declaró el abogado.
Añadió que, incluso, por eso los padres de los 43 estudiantes desaparecidos han estado pidiendo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que les abran los archivos de ese Centro, pero que el Ejército ha negado la existencia del Cerfi.
El abogado denunció que ha habido negativa de la Sedena para proporcionar la información que hay en ese Centro, “la poca información que ha salido es lo relacionado a una intervención telefónica que ellos (los del Cerfi), hicieron justamente el 26 de septiembre a las 10 de la noche, supuestamente al teléfono de Francisco Salgado Valladares (comandante de la Policía Municipal de Iguala) que este Centro intervino a las 10 de la noche.
Rosales Sierra agregó que por eso han estado pidiendo que los militares acudan al Ministerio Público para que se pueda “diligenciar” esta intervención telefónica y saber quién la llevó a cabo, cómo y por qué razones y todos los datos concernientes a ello, “pero el Ejército se ha negado, como ha negado la existencia de este centro”, reprochó el abogado.
El activista informó que tienen datos de que los militares estuvieron vigilando desde este Centro la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Sin embargo dijo que todavía no han determinado si van a aportar estos documentos como elementos probatorios en contra del Ejército en el expediente del caso Iguala, “porque primero habríamos de ver de qué forma se aporta al proceso”.
Sin embargo, dijo el documento no es tan relevante para el proceso del caso Ayotzinapa porque los datos que ya tienen con respecto a la participación del Ejército son más importantes, “nosotros ya tenemos el dato preciso de qué es lo que intervino, y ahora lo único que se dice que ese Centro es uno de los cinco que existen en el país, digamos que esa es la novedad, pero nosotros lo que tenemos son datos concretos de qué hizo ese centro la noche del 26 el Ejército mexicano a través de ese Centro”.
Rosales Sierra agregó que cuentan con al menos dos o tres datos precisos de lo que habría hecho el Ejército esa noche a través de ese Centro, pero insistió que el problema es que se niega a aceptar que exista esta instancia dentro de esas instalaciones y de su estructura.
“Pero que bueno que ahora sale a la luz y se hace público para que la gente sepa que efectivamente existe este Centro de Fusión de Inteligencia y que el Ejército está obligado a proveer toda la información que se generó ahí y que nosotros ya sabemos de lo que se hizo y estamos seguros de que existe más información respecto a lo que ocurrió el 26 de septiembre del 2014”.
El abogado informó que lo que aporta ahora el grupo de activistas de hackers Guacamaya es que el Centro de Inteligencia es un complejo militar tecnológico con muchas capacidades para monitorear y hacer trabajo de inteligencia, razón de lo cual nos da cuenta que el 26 de septiembre no pudo escapar nada al control del Ejército.
“Es decir, que el 27 Batallón estuvo al tanto de todo lo que estuvo ocurriendo y que seguramente sabe lo que pasó con los estudiantes y tiene información sumamente relevante de ello y la exigencia es que se pueda aportar esa información, que es lo que nosotros venimos exigiendo para que se aclare el caso”.
