Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La Comisión de Hacienda del Congreso local planteó a presidentes municipales y representantes de diferentes municipios, escenarios y criterios para que puedan seguir cobrando el impuesto de Derecho de Alumbrado Público (DAP) e “impuestos adicionales” que ya recaudaban y que fueron declarados inconstitucionales Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que de esa manera los ingresos propios de los ayuntamientos no se vean afectados.
Ayer se realizó la primera reunión de diputados integrantes de la Comisión de Hacienda con alcaldes; sin embargo, de los 25 ediles convocados solo acudieron nueve, lo que generó molestia y reclamos del presidente, el perredista Bernardo Ortega Jiménez, y de la vocal la priista Alicia Zamora Villava.
En esta reunión, el secretario técnico de la Comisión de Hacienda César Ramos Castro explicó que, en su momento, lo que la SCJN declaró inconstitucional, no fue el cobro del DAP, sino que no estaba justificado. En casos como el de Puebla, los municipios especifican cuánto gasta en el pago de la energía eléctrica, en el mantenimiento a poste o la pintura, incluso cuánto cuesta el trabajo del personal que hace este trabajo.
De esta manera, Puebla logró que la Corte aceptara el cobro del alumbrado en el estado vecino.
En el caso de Guerrero se aplicará el mismo criterio, pero a diferencia del caso de Puebla en el estado, para las leyes de ingresos de cada municipio no se establecerán porcentajes o montos del cobro de este impuesto y eso dependerá de los convenios que firmen los ayuntamientos con la CFE.
César Ramos explicó a los ediles que el Congreso no aprobará en la Ley de Ingresos de los municipios una cuota fija o única para cobrar el DAP, y lo que plantean es dejar abierta la posibilidad a que los ayuntamientos acuerden junto a la CFE cómo se cobrará a cada grupo de usuarios.
Ramos Castro expuso que lo que se busca es que dicho cobro se realice “con justicia social” y será responsabilidad de cada ayuntamiento que en el convenio que firmen con la CFE puedan establecer las cuotas de este impuesto que pagarán diferentes sectores de usuarios, como los comerciales o domésticos.
César Ramos explicó que la CFE ya tiene un catálogo de cobro, en el que tienen diferentes grupos y en casos como los de negocios que ya pagan una tarifa diferente por el uso de la energía eléctrica con un fin comercial, podrían cubrir parte importante del monto total que el municipio paga por alumbrado público.
Entonces, entre el resto de los usuarios que utilizan un servicio doméstico -que son la mayor parte de la población- y que su cuota es más baja, se dividiría la otra parte del monto por alumbrado público que paga el municipio, y al dividirse entre un universo de usuarios más amplio, el monto que se vería reflejado en sus recibos de luz podría ser mucho menor al que históricamente se ha pagado.
Con este criterio, la Comisión de Hacienda, plantea que este cobro se realizará con “justicia social” porque a pesar de que se pagará este derecho de alumbrado público, las cuotas podrían ser diferenciadas para que “pague más el que más tiene”.
Sin embargo, el asesor y los diputados reconocieron que este modelo de cobro será efectivo en tanto no haya un pronunciamiento en contra por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En la reunión que se realizó en la explanada de la sede del Poder Legislativo, integrantes de la Comisión de Hacienda se quejaron de la falta de interés en los temas que impactan directamente en las finanzas y la capacidad de atención de las demandas de los ciudadanos.
El presidente de la Comisión de Hacienda, el perredista Bernardo Ortega Jiménez, dijo que habrán de “anotar la indiferencia con la que nos tratan y con esa misma indiferencia serán tratados” y recordó que también el año pasado hubo poca presencia de alcaldes a las reuniones convocadas por el mismo colegiado, “al rato que no se estén quejando los alcaldes, porque no vamos a responder a sus expectativas”.
La vocal de la comisión, la priista Alicia Zamora Villalva dijo que “nos preocupa que hay cierta indiferencia de los alcaldes por hacer un trabajo coordinado y de colaboración” con el Congreso.
También se informó que los conocidos como “impuestos adicionales” que los municipios ya cobraban incluyéndolos en el impuesto predial también fueron declarados inconstitucionales por la SCJN, y que ahora deberán ser desglosados.